Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03345-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03345-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03345-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03345-00
Demandante: Laura Lorena Serna Castañeda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA)
Temas: Tutela contra autoridad pública. Examen de estado previsto en la
Ley 1905 de 2018. Tarjeta profesional de abogado.
Subsidiariedad.
Decisión: Declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Laura Lorena Serna Castañeda en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 29 de abril de 2026, Laura Lorena Serna Castañeda presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, trabajo, debido proceso, igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y libre
desarrollo de la personalidad; así como los principios de transparencia y confianza
legítima.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución No. URNAR 1766 del 5 de febrero de
2026, emitida por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), «por ser contrario al
ordenamiento jurídico» y, en consecuencia, como restablecimiento del derecho,
disponer su recalificación conforme a criterios objetivos, técnicos y debidamente
estandarizados del examen de idoneidad, garantizando el reconocimiento de todos
los efectos jurídicos, administrativos derivados de dicha situación, desde el
momento en se interpuso el recurso de reposición.
3. Adicionalmente, peticionó ordenar a la corporación mencionada lo
siguiente:
i) Emitir una respuesta expresa, clara, de fondo y congruente respecto de cada
uno de los aspectos planteados en el recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación y, además, que, previo a un análisis probatorio y conforme a las normas
aplicables, reconozca que las respuestas que seleccionó en el examen de
idoneidad 2025-2 se ajustan a derecho y las tenga como correctas para efectos
de la aprobación de este.
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ii) De forma subsidiaria, peticionó ordenar a la corporación mencionada adoptar
medidas alternativas idóneas y eficaces para garantizar sus derechos, tales
como: mantener el estándar de calificación que se aplicó en el examen de
idoneidad anterior, consistente en umbral mínimo de aprobación, de tal manera
que para el examen correspondiente al periodo «2025-1», establezca como
puntaje aprobatorio un mínimo de treinta y una (31) respuestas correctas. En ese
sentido, una vez verificado que cumple con el puntaje requerido, se reconozca la
aprobación de la evaluación de idoneidad y se adelanten las actuaciones
administrativas necesarias para la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
iii) Por último, solicitó ordenar a la entidad precitada adoptar e implementar un
sistema de estandarización de los puntajes de futuros exámenes de idoneidad,
basado en una escala nacional común, con parámetros estadísticos previamente
definidos (media y desviación estándar), garantizando su aplicación uniforme,
estable y consistente en el tiempo, sin variaciones arbitrarias entre cada
aplicación, de conformidad con criterios técnicos y psicométricos que aseguren
la comparabilidad, objetividad y equidad de los resultados.
4. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la accionante afirmó que el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA), a través de la Resolución No. URNAR25-227 del
22 de agosto de 2025, la admitió para el examen de estado (aplicación 2025-II),
previsto en la Ley 1905 de 2018 y convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-12298
de 2025.
5. El 26 de diciembre de 2025, le fue notificado, mediante correo electrónico,
el resultado de la prueba a través de la Resolución URNAR25-401, en la cual obtuvo
un puntaje total de 50.793, siendo calificado como desaprobado, pues, según lo
dicho por la accionante, la media para aprobar era de 55.26 a pesar de no estar
establecida en un acuerdo o resolución, sino «disponerse» el día de publicación de
los resultados.
6. Inconforme con esta decisión, el 16 de enero de 2026, interpuso recurso de
reposición, en el que solicitó la «revisión de 3 respuestas, las cuales eran
cuestionables».
7. El 9 de febrero de 2026, le fue notificada, mediante correo electrónico, la
Resolución No. 1766 de 2026, mediante la cual se confirmó el acto administrativo
anterior, es decir, «que no aprobó el [examen] para la obtención de la tarjeta
profesional».
8. Como fundamento de la vulneración, la accionante afirmó que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNA), al establecer la media en 55.26 para aprobar el examen de
idoneidad, «puso en riesgo los parámetros y las reglas de la prueba», puesto que
«la media se convierte en colectiva, dependiendo del número de asistentes y el
resultado personal deja de obedecer del conocimiento propio, convirtiéndose este
en un mecanismo excluyente porque eleva progresivamente el estándar,
convirtiéndolo en un sistema dependiente del rendimiento colectivo», lo cual puede
elevar progresivamente el umbral de aprobación y alejarlo de un estándar objetivo
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y estable, afectando la consistencia de las reglas, la comparabilidad entre pruebas
y la previsibilidad del proceso evaluativo.
9. Aunado a ello, adujo que el número de aspirantes y el volumen de
evaluados en el examen tiende a incrementar constantemente por el crecimiento
anual de los egresados del programa de derecho, lo cual no solo amplía el tamaño
de la muestra, sino que también modifica su composición estadística, introduciendo
variaciones en la distribución de puntajes, lo que impacta directamente indicadores
como la media y, de contera, el puntaje de aprobación.
10. De otra parte, sostuvo que la Resolución No. 1766 de 2026 carece de una
debida argumentación normativa, ya que no brindó una respuesta concreta y de
fondo. Además, señaló que este no constituye un acto administrativo completo y no
resuelve de manera definitiva la situación jurídica, por lo que «tampoco podría sería
susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo».
Agregó que no se respetaron las reglas de la convocatoria ni se emitió una
respuesta concreta frente a las observaciones del examen.
11. Aseguró que la corporación accionada le causó un perjuicio al no resolver
de fondo el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación impidiéndole la
aprobación del examen y la expedición de la tarjeta profesional, lo cual le ha
impedido acceder a mejores oportunidades laborales y ha limitado el desarrollo de
su proyecto de vida.
12. Por otra parte, manifestó que la acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que no busca controvertir la legalidad de un acto administrativo
definitivo, sino uno de trámite y lo que se cuestiona es la omisión de una respuesta
de fondo por parte de la autoridad, lo cual vulnera sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso. Además, señaló que en dicho acto se «estipuló» que
no admite recursos y tampoco pueden «demandarse a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho».
13. Finalmente, mencionó las sentencias C-301 de 2023, SU-067 de 2022 y SU-
128 de 2024, en los que la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a
escoger profesión u oficio, el principio de confianza legítima y el condicionamiento
de superar el examen establecido en la Ley 1905 de 2018 para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
Intervenciones1
14. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) indicó que mediante la Resolución URNAR25-401 del 26 de diciembre de
2025 se publicaron los resultados individuales, estableciendo que la media del
puntaje nacional correspondió a 55,26196. En el caso de la accionante, obtuvo un
puntaje de 50,79365, equivalente al percentil P18, resultado que no superó la media
nacional exigida legalmente para aprobar el examen.
15. Señaló que la accionante interpuso recurso de reposición solicitando la
revisión de tres preguntas del examen, frente a lo cual se solicitó concepto técnico
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El 5 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura.
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al ICFES. Explicó que el ICFES indicó que el examen fue construido conforme a la
metodología de Diseño Centrado en Evidencias (DCE), mediante un proceso
técnico y disciplinario riguroso, y que el procedimiento de calificación correspondió
a un sistema de calificación directa aplicado uniformemente a todos los examinados.
Con base en dicho concepto, indicó que profirió la Resolución No. 1766 de 2026,
mediante la cual resolvió no reponer el acto recurrido.
16. Ahora bien, aseveró que la presente acción no satisface el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que las pretensiones están dirigidas a que se declare la
nulidad de la Resolución No. 1766 de 2026, se recalifique el examen y se produzcan
efectos administrativos, asuntos que corresponden a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
17. Agregó que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional para cuestionar criterios técnicos de construcción, validación y calificación
del examen de Estado, ni para desplazar las competencias del juez natural.
Asimismo, indicó que la Ley 1905 de 2018 prevé la posibilidad de presentar
nuevamente el examen en futuras convocatorias, circunstancia que descarta la
configuración de un perjuicio irremediable.
18. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que no existe vulneración de
derechos fundamentales, porque la Ley 1905 de 2018 establece que el examen se
aprueba únicamente cuando el resultado supera la media del puntaje nacional de la
respectiva prueba, por lo que cada aplicación tiene una media propia e
independiente. En cuanto a la pretensión relacionada con la expedición de la tarjeta
profesional, indicó que la accionante ni siquiera ha presentado solicitud de
expedición de tarjeta profesional y que no cumple con las exigencias normativas
para otorgar dicho documento. En esos términos, solicitó declarar improcedente la
acción o, en se defecto, negar el amparo invocado, al no haberse vulnerado ninguno
de los derechos fundamentales reclamados por la demandante.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface el requisito
de subsidiariedad para controvertir las resoluciones mediante las cuales se calificó
el examen de Estado y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicho
resultado, o si la accionante dispone de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para
la protección de los derechos invocados.
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Procedibilidad de la acción de tutela
21. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por no haberse
acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con
los argumentos que a continuación se exponen:
22. En el presente asunto, se observa que la accionante pretende la nulidad de
la Resolución No. URNAR 1766 del 5 de febrero de 2026, emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNA), mediante la cual se confirmó la Resolución URNAR25-401,
que determinó que la accionante no superó la media nacional exigida legalmente
para aprobar el examen de Estado. Asimismo, se observa que solicitó la adopción
de medidas encaminadas a modificar el resultado obtenido en la prueba.
23. Para sustentar sus pretensiones, la accionante manifestó que la entidad
accionada, al fijar en 55,26 la media requerida para la aprobación del examen de
idoneidad, «puso en riesgo los parámetros y las reglas de la prueba», toda vez que
«la media se convierte en colectiva y el resultado personal deja de obedecer al
conocimiento propio, convirtiéndose en un mecanismo excluyente porque eleva
progresivamente el estándar, transformándolo en un sistema dependiente del
rendimiento colectivo». A su juicio, este mecanismo puede incrementar de manera
progresiva el umbral de aprobación y apartarlo de un estándar objetivo y estable,
comprometiendo la consistencia de las reglas de evaluación, la comparabilidad
entre distintas aplicaciones del examen y la previsibilidad del proceso evaluativo.
Adicionalmente, afirmó que la Resolución No. 1766 de 2026 carece de una debida
argumentación normativa, ya que no brindó una respuesta concreta y de fondo
frente a los aspectos planteados en el recurso de reposición.
24. No obstante, se observa que estos cuestionamientos buscan discutir la
legalidad de los criterios adoptados por la corporación precitada para la calificación
de la evaluación de idoneidad, para lo cual la accionante dispone de otro mecanismo
idóneo y eficaz de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
cual es procedente cuando la persona considera lesionado un derecho subjetivo,
por lo que aquella deberá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para que el juez ordinario sea el que examine la legalidad de los actos
administrativos cuestionados y determine si hay lugar a declarar su nulidad y, de ser
procedente, adoptar las medidas de restablecimiento del derecho que
correspondan.
25. En efecto, las resoluciones cuestionadas no constituyen simples
actuaciones de trámite ni comunicaciones carentes de efectos jurídicos, sino
decisiones administrativas mediante las cuales la autoridad accionada definió de
manera concreta la situación particular de la demandante frente al cumplimiento de
los requisitos exigidos para la aprobación del examen de Estado previsto en la Ley
1905 de 2018. A través de dichos actos se estableció el resultado obtenido por la
accionante en la prueba de idoneidad y, posteriormente, se resolvió el recurso de
reposición formulado contra esa determinación, agotando la actuación
administrativa correspondiente y consolidando una decisión susceptible de producir
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efectos jurídicos directos respecto de su aspiración de acceder a la tarjeta
profesional de abogado.
26. En esas condiciones, contrario a lo sostenido por la parte actora, se trata de
actos administrativos definitivos que contienen una manifestación unilateral de
voluntad de la administración encaminada a producir efectos jurídicos particulares
y concretos, razón por la cual pueden ser sometidos al control del juez de lo
contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
27. En el mismo sentido, aunque la parte actora afirmó que la solicitud de
amparo no se dirige contra un acto administrativo definitivo sino frente a la ausencia
de una respuesta de fondo, lo cierto es que los argumentos desarrollados y las
pretensiones evidencian que su inconformidad recae directamente sobre el
contenido y los efectos jurídicos de las resoluciones expedidas por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, particularmente, en
relación con la calificación obtenida en el examen de idoneidad y la confirmación de
su desaprobación.
28. Lo anterior, se confirma al observar que la accionante pretende que el juez
constitucional ordene la recalificación de su examen, el reconocimiento de
determinadas respuestas como correctas, la modificación de su puntaje final, la
aprobación de la evaluación y, como consecuencia de ello, la expedición de la
tarjeta profesional, cuyas solicitudes están encaminadas a modificar la situación
jurídica que le fue definida a la actora mediante las citadas resoluciones, por lo que
corresponde exponerlas a través del medio de control mencionado.
29. En esa medida, ante la existencia de otro instrumento de defensa judicial
para controvertir los actos administrativos cuestionados y obtener, de ser
procedente, el restablecimiento de los derechos invocados, no le corresponde al
juez de tutela asumir el estudio del fondo de la discusión, ya que emitir un juicio
sobre la legalidad de dicho acto administrativo conllevaría a invadir las
competencias que le fueron conferidas al juez natural de la causa.
30. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter
subsidiario, únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos
previstos por el ordenamiento jurídico; por lo que al no haberse empleado en el
presente asunto todas las herramientas que la accionante tenía a su alcance para
formular los reproches que hoy ventila en esta sede, la solicitud de amparo no
satisface el requisito general de subsidiariedad.
31. Ahora bien, se observa que la parte demandante manifestó que se
«materializó un perjuicio inminente», puesto que se le negó la aprobación del
examen y, en consecuencia, la emisión de su tarjeta profesional. Sin embargo, debe
precisarse que la sola existencia de consecuencias desfavorables derivadas de un
acto administrativo no basta para acreditar la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para que esto ocurra es necesario
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demostrar que la afectación invocada es inminente, grave, urgente e
impostergable2.
32. Así, al analizar el caso, la Sala no observa alguna circunstancia que permita
concluir que la accionante se encuentra expuesta una afectación grave e irreversible
de sus derechos fundamentales. En efecto, la autoridad accionada puso de presente
que la Ley 1905 de 2018 prevé la posibilidad de presentar nuevamente el examen
de Estado en futuras convocatorias, circunstancia que descarta, en principio, la
configuración de un perjuicio irremediable derivado de la no aprobación de una
determinada aplicación de la prueba.
33. En concordancia con lo anterior, al consultar el Sistema de Información del
Registro Nacional de Abogados (SIRNA), específicamente, el micrositio dispuesto
para la aplicación de la referida norma, la Sala constató que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), mediante la Resolución
No. URNAR26-35 del 16 de febrero de 2026, publicó la lista de admitidos para
presentar el examen de Estado correspondiente a la aplicación 2026-I, dentro de la
cual figura la accionante. Lo anterior evidencia no solo que aquella contaba con la
posibilidad de presentar nuevamente la evaluación de idoneidad, sino que, además,
efectivamente hizo uso de dicha alternativa, circunstancia que desvirtúa la
existencia de una afectación urgente, inminente e impostergable que requiera la
intervención inmediata del juez constitucional y habilite la procedencia transitoria de
la acción de tutela.
34. Finalmente, la carga que se le impone a la accionante de superar el examen
para obtener su tarjeta profesional no es desproporcionada, en la medida en que la
Ley 1905 de 2018 estableció expresamente que los graduados del programa de
derecho debían demostrar la aprobación de la prueba de idoneidad como condición
para la expedición de dicho documento, de manera que la situación descrita por la
accionante corresponde a la aplicación de una exigencia previamente definida por
el ordenamiento jurídico.
35. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
formulada por Laura Lorena Serna Castañeda, al no haberse superado el requisito
de subsidiariedad y tampoco demostrarse la probable ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Laura
Lorena Serna Castañeda en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
2 Sentencia T-019 de 2026.
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Demandante: Laura Lorena Serna Castañeda
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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