Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03355-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03355-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03355-00
Accionante: LUIS EDUARDO SARMIENTO CARRILLO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA-No
procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Eduardo Sarmiento Carrillo contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y al cumplimiento real, oportuno y material de las sentencias de t utela,
con ocasión de la mora judicial y la omisión en la adopción de medidas coercitivas
efectivas dentro del incidente de desacato 1 identificado con radicado No. 08-001-23-33-
000-2025-00247-00, promovido con el fin de obtener el cumplimiento del fallo de tutela
de segunda instancia proferido el 11 de noviembre de 2025.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
1 Proceso identificado con el radicado: No. 08001-23-33-000-2025-00247-00.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-03355-00
Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
Luis Eduardo Sarmiento Carrillo, actuando mediante apoderado judicial, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
cumplimiento real, oportuno y material de las sentencias de tutela, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, ante la mora judicial y la omisión
en el ejercicio de las facultades coercitivas dentro del incidente de desacato promovido
para obtener el cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 11 de
noviembre de 2025. Lo anterior, toda vez que, según afirma, pese a encontrarse
acreditado el incumplimiento material de dicha providencia y a haberse reconocido la
ausencia de informes completos y eficaces por parte de las autoridades obligadas, no se
ha impuesto sanción alguna ni se han adoptado medidas efectivas encaminadas a
asegurar la ejecución del amparo constitucional, circunstancia que, en su criterio,
desconoce los principios de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial en la
administración de justicia.
En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Sarmiento
Carrillo.
2. DECLARAR que en el trámite del incidente de desacato radicado No. 08-001-
23-33-000-2025-00247-00 / 01 se ha configurado mora judicial injustificada y
omisión funcional grave.
3. ORDENAR a la Magistrada Ponente accionada que, dentro de un término
perentorio e improrrogable, profiera decisión de fondo, ejerciendo efectivamente
los poderes correccionales y sancionatorios previstos en los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991.
4. DISPONER la adopción de medidas coercitivas reales, idóneas y proporcionales
que garanticen el cumplimiento material del fallo de tutela del 11 de noviembre de
2025, sin nuevas dilaciones ni formalismos inocuos, SISTEMATICOS o
RECURRENTES.»
2. Hechos relevantes
El señor Luis Eduardo Sarmiento Carrillo promovió diversas actuaciones encaminadas a
obtener el cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 11 de
noviembre de 2025, mediante el cual se ordenó al Municipio de Campo de la Cruz dar
respuesta de fondo a los derechos de petición radicados el 19 de noviembre de 2024 y
el 7 de enero de 2025.
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
Ante el incumplimiento de dicha orden constitucional, promovió incidente de desacato,
cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
expediente identificado con radicado No. 08001-23-33-000-2025-00247-00/01.
El accionante señaló que, mediante autos del 12 y 25 de febrero de 2026, la autoridad
judicial accionada reconoció expresamente la falta de cumplimiento material del fallo de
tutela, constató la ausencia de informes completos y eficaces por parte de las autoridades
obligadas y advirtió sobre la posibilidad de imponer sanciones. No obstante, a su juicio,
pese a encontrarse acreditados los presupuestos legales del desacato, no se ha impuesto
sanción alguna ni se han adoptado medidas coercitivas reales y efectivas encaminadas
a garantizar el cumplimiento material del amparo constitucional.
Indicó, además, que el trámite del incidente se ha limitado a la expedición de
requerimientos sucesivos y reiterativos, carentes de consecuencias jurídicas reales,
circunstancia que ha permitido que las autoridades obligadas continúen incumpliendo la
orden impartida en sede de tutela.
Asimismo, sostuvo que la prolongada inactividad de la autoridad judicial accionada ha
desnaturalizado la finalidad constitucional del incidente de desacato y lo mantiene en una
situación de vulneración actual y continuada de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
Con fundamento en lo anterior, el señor Sarmiento Carrillo afirmó que la omisión de la
magistrada accionada configura una mora judicial injustificada y una inactividad judicial
constitucionalmente relevante, razón por la cual acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales y que se adopten las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo del fallo de tutela proferido el 11 de
noviembre de 2025.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostiene que el Tribunal accionado ha incurrido en una omisión judicial
constitucionalmente relevante, al abstenerse de ejercer de manera efectiva las facultades
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
coercitivas y sancionatorias previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,
pese a encontrarse acreditado el incumplimiento material del fallo de tutela.
Afirma que la actuación desplegada dentro del incidente de desacato ha vaciado de
contenido la finalidad constitucional de dicho mecanismo, pues se ha reducido a la
expedición de requerimientos sucesivos y formales, sin que se hayan adoptado medidas
reales y eficaces dirigidas a garantizar la ejecución de la sentencia de tutela.
Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el deber de asegurar el
cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por el juez constitucional, con lo cual se
ha producido una vulneración continuada de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
cumplimiento real, oportuno y material de las sentencias de tutela.
Finalmente, sostiene que la presente acción no está dirigida a cuestionar la autonomía
funcional del juez ni a interferir en el ámbito propio de sus competencias, sino a obtener
la protección constitucional frente a una inactividad que, a su juicio, ha permitido la
persistencia del desacato y ha tornado ilusoria la garantía reconocida mediante el fallo
de tutela.
4. Trámite procesal
El 4 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación al
accionante y al Tribunal Administrativo del Atlántico, como autoridad judicial accionada,
así como al Municipio de Campo de la Cruz–Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz, la
Secretaría de Recursos Humanos Municipal y la Secretaría de Hacienda Municipal, en
calidad de terceros interesados. Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo del
Atlántico remitir copia digital del expediente correspondiente al incidente de desacato
adelantado por Luis Eduardo Sarmiento Carrillo contra el Municipio de Campo de la Cruz
y otros. Finalmente, se reconoció personería al abogado Roberto Luis Gómez Barrios
como apoderado del accionante.
2 Cfr. SAMAI, índice 4.
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
En su escrito de contestación 3, el Municipio de Campo de la Cruz, por conducto de su
asesor jurídico Orlando Javier Barros Pimienta, señaló que había dado cumplimiento
integral, material, oportuno y probado al fallo de tutela proferido el 11 de noviembre de
2025, mediante la emisión de respuestas de fondo a las peticiones del accionante. Indicó
que dichas respuestas fueron notificadas al interesado y que, además, informó
oportunamente al Tribunal Administrativo del Atlántico sobre el cumplimiento de la orden
judicial. Asimismo, sostuvo que las pretensiones económicas formuladas por el
accionante carecen de respaldo documental y se encuentran sometidas al conocimiento
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual no resulta procedente su
reconocimiento en sede administrativa. En consecuencia, afirmó que no se configura
desacato ni incumplimiento alguno por parte de la administración municipal.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Atlántico, contestó la acción de tutela 4 y
manifestó que el trámite incidental exige la identificación plena del funcionario
responsable del cumplimiento de la sentencia de tutela, dado que la responsabilidad
derivada del desacato es de carácter subjetivo. En ese sentido, explicó que el Tribunal
ha adelantado las actuaciones necesarias para individualizar a la persona obligada a
cumplir la orden judicial y garantizarle el ejercicio del derecho de defensa, motivo por el
cual no era procedente imponer sanciones de manera genérica. Adicionalmente, expuso
que la carga laboral del despacho y las múltiples actuaciones surtidas evidencian que no
ha existido una inactividad injustificada en el trámite del incidente.
Posteriormente, Luis Eduardo Sarmiento Carrillo, presentó informe5 en el que señaló que
dentro del incidente de desacato se ha configurado una mora judicial estructural derivada
de una conducta permisiva, reiterativa y dilatoria por parte del Tribunal Administrativo del
Atlántico. Sostuvo que, pese a encontrarse acreditado el incumplimiento de la sentencia
de tutela, la ausencia de identificación clara del funcionario responsable y las conductas
evasivas de la administración municipal, la autoridad judicial accionada se ha limitado a
proferir requerimientos sucesivos sin adoptar una decisión de fondo ni ejercer los poderes
coercitivos previstos en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia,
afirmó que la prolongación indefinida del trámite ha tornado ineficaz el amparo
constitucional previamente concedido y ha vulnerado sus derechos fundamentales a la
3 Cfr. SAMAI, índice 13.
4 Cfr. SAMAI, índice 14.
5 Cfr. SAMAI, índice 17.
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
tutela judicial efectiva, al debido proceso y al acceso real y material a la administración
de justicia.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico6, remitió copia del expediente digital
del medio de control.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso real y material a la administración
de justicia de Luis Eduardo Sarmiento Carrillo, con ocasión de la alegada mora judicial y
la omisión en la adopción de una decisión de fondo dentro del incidente de desacato
promovido para obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Consejo
de Estado el 11 de noviembre de 2025, así como por la presunta abstención de ejercer
las facultades coercitivas previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991
frente al incumplimiento atribuido al Municipio de Campo de la Cruz.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable. Esta
situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
6 Cfr. SAMAI, índice 15.
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto equivale a mora o a
negligencia7. En efecto, dicha situación puede producirse por causas externas como la
excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales,
que limitan sus capacidades de acción 8.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los plazos
establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura cuando el
juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto convencional de “plazo
razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial en término, el juez
transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración de justicia. Dicho
análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso 9.
Caso concreto
El señor Luis Eduardo Sarmiento Carrillo promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, al considerar que dicha autoridad vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso real y material a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva y al principio de celeridad procesal, ante la mora judicial y la
omisión en la adopción de una decisión de fondo dentro del incidente de desacato
radicado No. 08001-23-33-000-2025-00247-00, promovido para obtener el cumplimiento
de la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2025,
mediante la cual se amparó su derecho fundamental de petición frente al Municipio de
Campo de la Cruz.
Al revisar la presunta mora judicial alegada por la parte accionante, la Sala advierte que
el incidente de desacato radicado No. 08001-23-33-000-2025-00247-00 ha sido objeto
de diversas actuaciones encaminadas a individualizar al funcionario responsable del
cumplimiento de la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2025. En efecto, según el
7 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016- 01884-
00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Sentencia SU-179 de 2021.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-03355-00
Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
informe rendido por la magistrada del Tribunal accionado, la naturaleza subjetiva de la
responsabilidad derivada del desacato exige identificar plenamente a la persona natural
encargada de cumplir la orden judicial y garantizarle el derecho de defensa, presupuesto
indispensable para la eventual imposición de sanciones.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico informó que, desde el auto del 12 de
febrero de 2026, requirió al Municipio de Campo de la Cruz para que suministrara la
información correspondiente a los funcionarios responsables del cumplimiento del fallo.
Ante la ausencia de respuesta suficiente, mediante providencia del 25 de febrero de 2026
ordenó nuevos requerimientos al alcalde municipal y al jefe o secretario de la Oficina de
Recursos Humanos. Posteriormente, en memorial del 5 de marzo de 2026, la entidad
territorial informó que el abogado Orlando Javier Barros Pimienta se encontraba
apoyando la recopilación de la información; no obstante, el Tribunal estimó que ello no
permitía identificar al verdadero obligado al cumplimiento de la orden, razón por la cual
continuó adelantando actuaciones tendientes a individualizar a los posibles responsables.
De igual manera, de las actuaciones registradas en el sistema SAMAI se advierte que el
despacho accionado ha continuado impulsando el trámite incidental. En particular,
mediante auto del 22 de mayo de 2026 (SAMAI, índice 53) requirió nuevamente a la
Alcaldía del Municipio de Campo de la Cruz para que informara el nombre y las
direcciones físicas y electrónicas del alcalde municipal y del jefe o secretario de la Oficina
de Recursos Humanos. Posteriormente, mediante auto del 3 de junio de 2026 (SAMAI,
índice 63), efectuó un segundo requerimiento a dichas autoridades, actuaciones que
fueron objeto de las respectivas notificaciones y que culminaron con la recepción de
memoriales allegados por la entidad territorial el 10 de junio de 2026 (SAMAI, índice 69).
Así, se evidencia que el expediente ha permanecido en movimiento y que el Tribunal ha
desplegado actuaciones sucesivas dirigidas a obtener los elementos necesarios para
adoptar una decisión.
En ese contexto, la Sala no encuentra demostrado que la tardanza cuestionada obedezca
a una conducta caprichosa, arbitraria o negligente atribuible a la autoridad judicial
accionada. La sola prolongación del trámite incidental no conduce, por sí misma, a
concluir la existencia de una mora judicial inconstitucional. Para ello se requiere constatar
que el retardo careció de justificación objetiva y razonable, presupuesto que no se
acreditó en este caso, pues la autoridad accionada explicó que aún se encuentra
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
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adelantando actuaciones dirigidas a identificar plenamente a los funcionarios
eventualmente responsables del incumplimiento y a garantizarles el ejercicio del derecho
de defensa.
En el expediente de tutela tampoco se acreditó que la autoridad judicial hubiera
desatendido completamente el trámite del incidente o que hubiera permanecido inactiva
frente a las solicitudes formuladas por el accionante. Por el contrario, tanto el informe
rendido por el Tribunal como las actuaciones visibles en el sistema SAMAI evidencian
que el trámite ha continuado desarrollándose mediante sucesivos requerimientos,
notificaciones y recepción de memoriales encaminados a obtener la información
necesaria para determinar la eventual responsabilidad subjetiva de los funcionarios
obligados al cumplimiento del fallo.
Así las cosas, la Sala concluye que no se configuró una mora judicial injustificada que
habilite la intervención del juez de tutela en el trámite del proces o de reparación directa.
En consecuencia, no resulta procedente impartir la orden solicitada para imponer las
sanciones correspondientes, pues ello supondría interferir en la competencia del juez
natural y anticipar una decisión que corresponde adoptar dentro del respectivo incidente
de desacato.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela de Luis Eduardo Sarmiento Carrillo contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: Luis Eduardo Sarmiento Carrillo
Acción de tutela–Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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