Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03359-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-03359-001
Accionante : Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado : Tribunal Administrativo del Magdalena
Vinculados : E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco
(Magdalena) y Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Santa Marta
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, relación laboral
encubierta
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Álvaro Marino Pisciotti Hernández contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El accionante, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 28 de mayo de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la providencia del
24 de noviembre de 2022 con la que el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Santa Marta accedió a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la E.S.E. Centro de Salud
Villanueva Valest de El Banco (Magdalena) [expediente 47001-33-33-001-2019-
00178-01], para negarlas. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada
emitir un nuevo fallo «[…] en la cual valore integralmente el acervo probatorio, específicamente
la continuidad y la subordinación organizativa, dando estricta aplicación a los mandatos garantistas
del artículo 53 Superior y a las subreglas sentadas en la providencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 y en los casos homólogos fallados por esa misma Corporación ».
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
el demandante, se puede evidenciar que, prestó sus servicios personales como
jefe de la oficina jurídica en la E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El
Banco (Magdalena), desde el 1° de mayo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2016,
en el horario impuesto por dicha entidad y con funciones similares a las del
personal de planta; sin embargo, fue vinculado bajo la figura de contratos de
prestación de servicios, razón por la cual, el 24 de julio de 2017 solicitó declarar
la existencia de la relación laboral y el pago de todos los salarios y prestaciones
a que hubiere lugar durante ese lapso, ante lo cual no obtuvo respuesta alguna,
por lo que, el 24 de octubre siguiente se configuró el acto administrativo ficto
negativo.
5. Que, por lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco (Magdalena) [expediente
47001-33-33-001-2019-00178-01], del que conoció el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Santa Marta que, con providencia de 24 de noviembre de 2022
accedió a las pretensiones formuladas, al considerar que se acreditaron los
elementos de un contrato de trabajo.
6. Inconforme con esa decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación, desatado el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Magdalena, en el sentido de revocarla, al estimar que, la subordinación no fue
debidamente probada.
7. Sobre la precedente situación, el tutelante adujo que la providencia objeto de
censura incurrió en defecto fáctico, puesto que, «[…] impuso una barrera probatoria
irrazonable para demostrar la subordinación, exigiendo tácitamente que […] aportara evidencia
de "órdenes directas", de corte casi militar o disciplinario, sobre el modo técnico de ejercer el
derecho ». Además, no tuvo en cuenta que, «[…] bajo las reglas de la lógica y la experiencia
[…] la suscripción de veintidós (22) contratos sucesivos a lo largo de 35 meses, sumada a las
obligaciones de representación jurídica institucional, demuestran de manera irrefutable la
vocación de permanencia y la inserción orgánica […] en la entidad, elementos que descartan la
supuesta "autonomía" del contratista independiente ».
8. Agregó que, «[e]n varios casos que son fáctica y jurídicamente homólogos tramitados contra
la misma E.S.E. […], por los señores Alfredo Rodolfo Urquijo Beleño 3, Clara Agustina Pisciotti
Cabrales4 y Nancy Duarte Rincon5, el Tribunal aplicó cargas probatorias y criterios hermenéuticos
ampliamente favorables a los trabajadores, los cuales [l]e fueron cercenados y negados de tajo
en [su] caso», lo que evidencia una vulneración a su derecho a la igualdad de trato
judicial.
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 6 de
mayo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena; y, (ii) dispuso vincular a la E.S.E.
Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco (Magdalena) y al Juzgado Primero
(1°) Administrativo de Santa Marta, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
10. 2.1.1 El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Santa Marta6 aportó el enlace
digital del expediente ordinario con radicado 47001-33-33-001-2019-00178-01,
pero no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones
expuestos por el accionante.
3
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47001 3333 001 2019 00263 01 – M.P. Martha
Lucía Mogollón Saker.
4
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47-001-3333-001-2019-00399-01. M.P.
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.
5
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47001 3333 001 2017 00211 01 – M.P. Martha
Lucía Mogollón Saker.
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Índice 00011 de Samai.
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Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
11. 2.1.2 El Tribunal Administrativo del Magdalena7 adujo que, «[…] de la situación
fáctica narrada en la solicitud de tutela lo que se observa más bien es una inconformidad del extremo
actor con la decisión proferida por los jueces naturales de la contención; sin que se posible
convertir[la] […] en una tercera instancia».
12. 2.1.3 La E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco Magdalena
guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
13. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
15. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 28
de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó
la providencia del 24 de noviembre de 2022 con la que el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Santa Marta accedió a las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la E.S.E.
Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco Magdalena (expediente 47001-33-
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Índice 00013 de Samai.
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Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
33-001-2019-00178-01), para negarlas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado
las garantías superiores al debido proceso, igualdad y trabajo en condiciones
dignas y justas invocada en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
16. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 9, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
17. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
18. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
19. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo
en condiciones dignas y justas; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 12
de noviembre de 202510 y la solicitud de amparo se presentó el 30 de abril de 2026,
es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
20. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente horizontal, comoquiera que, pese a que este
último el demandante no lo señaló, en sus argumentos planteó un trato
10
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 5 de noviembre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 7 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
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discriminatorio por parte de la autoridad judicial accionada, en tanto en casos
similares al suyo ha accedido a las pretensiones del extremo activo, lo que,
además, vulnera su derecho a la igualdad, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera extensiva
el escrito inicial11, resulta procedente analizar este trámite a partir de las aludidas
causales de procedencia de tutela contra providencia judicial (defecto fáctico y
desconocimiento del precedente horizontal).
3.4.1 Defecto fáctico.
21. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »12.
22. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra13.
3.4.2 Desconocimiento del precedente horizontal.
23. La Corte Constitucional 14, sobre este tipo de precedente, ha precisado:
El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena
otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos
adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla
totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus
sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
[…]
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se
configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin
realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos
análogos y para exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine15.
24. De la anterior jurisprudencia, se colige que el precedente horizontal tiene como
fin que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para desatar
una controversia, continúen con ella cuando se presenten posteriores asuntos bajo
su conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y pretensiones, no
obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta, siempre y cuando
motiven de manera razonable su nueva posición.
3.5 Análisis del caso concreto.
25. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque, «[…] impuso una barrera probatoria
irrazonable para demostrar la subordinación, exigiendo tácitamente que […] aportara evidencia
de "órdenes directas", de corte casi militar o disciplinario, sobre el modo técnico de ejercer el
derecho ». Además, no tuvo en cuenta que, «[…] bajo las reglas de la lógica y la experiencia
[…] la suscripción de veintidós (22) contratos sucesivos a lo largo de 35 meses, sumada a las
obligaciones de representación jurídica institucional, demuestran de manera irrefutable la
vocación de permanencia y la inserción orgánica […] en la entidad, elementos que descartan la
supuesta "autonomía" del contratista independiente ».
26. Asimismo, en desconocimiento del precedente horizontal, comoquiera que,
«[e]n varios casos que son fáctica y jurídicamente homólogos tramitados contra la misma E.S.E.
[…], por los señores Alfredo Rodolfo Urquijo Beleño 16, Clara Agustina Pisciotti Cabrales17 y Nancy
Duarte Rincon18, el Tribunal aplicó cargas probatorias y criterios hermenéuticos ampliamente
15
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47001 3333 001 2019 00263 01 – M.P. Martha
Lucía Mogollón Saker.
17
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47-001-3333-001-2019-00399-01. M.P.
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ.
18
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Radicado No. 47001 3333 001 2017 00211 01 – M.P. Martha
Lucía Mogollón Saker.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
favorables a los trabajadores, los cuales [l]e fueron cercenados y negados de tajo en [su] caso »
27. Antes de efectuar el estudio de fondo de cara al caso concreto, vale la pena
recordar que, el contrato de prestación de servicios es el celebrado por los entes
estatales para desarrollar actividades relacionadas con su administración o
funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo
3219, numeral 320, de la Ley 80 de 199321, es decir, por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el fin de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que
no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe
actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de
la ley contractual.
28. Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5322 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.
29. En otras palabras, el denominado « contrato realidad» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
19
«DE LOS CONTRATOS ESTATALES».
20
«<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable».
21
«Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».
22
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
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coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. 23
30. De igual forma, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento
esencial de la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la
configuración del contrato realidad (que conlleva el reconocimiento de prestaciones
sociales), por cuanto es el instrumento diferenciador de aquel con el vínculo
contractual de prestación de servicios, tal como lo explicó esta Corporación24, en
los siguientes términos:
[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que
se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de
horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
Para verificar el elemento de la subordinación […], a[l] accionante le correspondía
arribar los elementos de juicio necesarios para demostrar al juzgador que la actividad
desarrollada, se efectuaba bajo condiciones de dependencia y sin autonomía.
Ninguno de los testigos ofreció al juez claridad en cuanto a las labores desarrolladas
por el doctor Pisciotti salvo a afirmar que se encargaba de lo jurídico, pero ninguno de
ellos afirmó que lo hacía en forma subordinada. Nótese que ninguno de los tres testigos
en sus declaraciones mencionó que existiera subordinación en las labores
desempeñadas. Los interrogatorios se dirigieron y en efecto lograron establecer
algunos de los indicios que a la luz de la jurisprudencia se constituyen en elementos
de prueba de la relación laboral encubierta tales como el cumplimiento de horario, la
prestación de los servicios con elementos suministrados por el contratante, la
asistencia a capacitaciones de seguridad en el trabajo, pero, el mas determinante para
probar la subordinación no logró demostrarse.
[…]
No logró acreditarse con los testimonios alguna orden directa al demandante en
relación a la cantidad, modo o tiempo en que debía cumplir su labor, no se acreditaron
llamados de atención, solicitudes de permiso, asignación de labores en idénticas
condiciones a los empleados de planta, entre muchos otros, eventos que estudiados
en armonía podrían demostrar la subordinación que se reclama.
Así las cosas, y aun cuando el actor haya cumplido un horario de trabajo, no se
evidencia una relación de subordinación diferente a la de coordinación, puesto que el
23
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).
24
Sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 3001-23-33-000-2013-
00260-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
objeto del contrato lo requería; al respecto, no puede olvidarse que el H. Consejo de
Estado ha señalado que “la relación de coordinación de actividades entre contratante
y contratista que implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para
el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, incluye el cumplimiento de un
horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que
reportar informes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración
de un elemento de subordinación. Es decir, que para acreditar la existencia de la
relación laboral, es necesario probar que el supuesto contratista se desempeñó en las
mismas condiciones que cualquier otro servidor público y que las actividades realizadas
no eran de coordinación entre las partes, para el desarrollo del contrato. Por ende, el
cumplimiento de horario, el desplazamiento a cierto lugar de trabajo y la asistencia a
reuniones; se aprecian como parámetros naturales y lógicos de la coordinación
existente para llevar a buen término el contrato de prestación de servicios suscrito.”25
Es decir, no se desprende que la labor desarrollada por el demandante debía ser
ejecutada de manera subordinada, fundamentalmente, cuando no se prueba que la
actividad estuviere precedida de órdenes permanentes o continuas por parte de la
entidad contratante.
[…]
Respecto de la continuidad de suscripción de contratos, si bien si se advierte que desde
finales del año 2013 al 2016, las partes mantuvieron una constante relación contractual,
lo cierto es que tal situación no es suficiente para asegurar que se estaba encubriendo
una verdadera relación laboral, pues se requiere, como se ha señalado, que se acredite
el elemento de la subordinación el cual como se ha indicado, no se halla demostrado
con las pruebas obrantes en el plenario.
La Sala no desconoce la continuidad en la relación frente a los objetos contractuales
pactados, sin embargo considerando el planteamiento precedente sobre la
subordinación, el factor de la continuidad no constituye una prueba irrefutable sobre la
configuración de la relación laboral, pues no habiéndose acreditado o descartado, el
desempeño de las mismas funciones de los empleados de planta, la continuidad puede
surgir para aquellas labores que requieren conocimientos especializados o no puedan
ser realizados por el personal.
Dicho de otro modo, la Sala no encontró en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan llegar a la convicción de que el accionante recibía
órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o ejecutar el
contrato, de suerte que no se pueda afirmar que el principio de coordinación se haya
desbordado, pues las instrucciones impartidas son propias de la sincronización de las
actividades que realiza la contratante, respecto de la necesidad de la entidad que
originó su contratación; todo ello para la ejecución armónica de la obligación pactada
bajo unas condiciones necesarias a efectos de tornarlo eficiente, dentro del marco del
objeto contratado.
32. De lo trascrito se colige que la autoridad accionada concluyó que, como el
accionante no aportó los medios de prueba necesarios para acreditar el elemento
de la subordinación, requisito esencial para determinar la existencia de la relación
laboral, era dable revocar la decisión del Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Santa Marta, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda ordinaria.
33. Lo anterior, con fundamento en que, de las pruebas aportadas no era dable inferir
que el actor cumpliera sus labores profesionales bajo órdenes provenientes de la
entidad, relacionadas con la cantidad, modo o tiempo en que debía realizarlas, ni
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, sentencia del 18 de mayo de 2017, Radicación número: 66001-23-33-000-2013-00408-01(0090-15).
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
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se acreditaron llamados de atención, solicitudes de permiso, o asignación de tareas
en idénticas condiciones a los empleados de planta y, aunque de lo relatado por los
testigos podría inferirse el cumplimiento de un horario, ello por sí mismo no da
certeza del elemento de la subordinación, pues, por el contrario lo que existiría sería
una coordinación en atención a que el objeto de los contratos así lo requería.
34. En todo caso, los testimonios no aportaron mayor precisión sobre la forma de la
prestación de los servicios y el horario que supuestamente debía cumplir el
accionante, por lo que, no tenían la entidad suficiente para dar por acreditado el
elemento de subordinación, aunado al hecho que tampoco reposaba documento
alguno que los respaldara.
35. De igual manera se evidencia que, distinto a lo afirmado por el demandante, la
autoridad judicial accionada no desconoció la continuidad en la suscripción de
contratos celebrados con la entidad accionada, efectuando tareas misionales de la
misma, lo que desvirtuaría la temporalidad propia de un verdadero contrato de
prestación de servicios, tan es así que al respecto concluyó:
Respecto de la continuidad de suscripción de contratos, si bien si se advierte que desde
finales del año 2013 al 2016, las partes mantuvieron una constante relación contractual,
lo cierto es que tal situación no es suficiente para asegurar que se estaba encubriendo
una verdadera relación laboral, pues se requiere, como se ha señalado, que se acredite
el elemento de la subordinación el cual como se ha indicado, no se halla demostrado
con las pruebas obrantes en el plenario.
La Sala no desconoce la continuidad en la relación frente a los objetos contractuales
pactados, sin embargo considerando el planteamiento precedente sobre la
subordinación, el factor de la continuidad no constituye una prueba irrefutable sobre la
configuración de la relación laboral, pues no habiéndose acreditado o descartado, el
desempeño de las mismas funciones de los empleados de planta, la continuidad puede
surgir para aquellas labores que requieren conocimientos especializados o no puedan
ser realizados por el personal.
36. No obstante, explicó que, ello no implicaba que careciera de autonomía para el
desempeño de sus labores o que aquellas fueran impuestas y no convenidas en
una relación de coordinación, por lo que, no era suficiente para demostrar el
elemento de la subordinación.
37. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, lo que conlleva a concluir que no se
incurre en el defecto fáctico alegado.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
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38. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el tutelante,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.
39. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional26 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.
40. Por otro lado, en lo que respecta a las providencias frente a las cuales el actor
afirma que el Tribunal Administrativo del Magdalena, resolvió de manera favorable
casos con identidad fáctica al suyo, cabe precisar que, las labores contratadas no
eran las mismas, aunado a que dicho resultado correspondió a que en todos ellos
se logró acreditar el elemento de la subordinación, como se expone a continuación:
• Expediente 47001-33-33-001-2019-00263-01: Se concluyó que, «[…] del
conjunto probatorio […] se desprende con claridad que el actor desempeñó funciones
26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
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permanentes dentro de la estructura organizacional de la E.S.E., en calidad de Jefe de
Almacén, ejecutando labores misionales, bajo continuas directrices de la Gerencia y del
área administrativa, con cumplimiento de horarios, supervisión constante y utilización de
herramientas e instalaciones institucionales».
• Expediente 47001-33-33-001-2019-00399-01: Se indicó que, «[…] se
evidencia que cada una de las órdenes y contratos de prestación de servicios […] comportan
una serie de obligaciones a cargo de las partes que per se: (i) establecieron las
circunstancias de tiempo y lugar en las que el accionante cumpliría con sus obligaciones;
(ii) determinaron que el demandante desarrollaría sus actividades bajo la supervisión del
Coordinador Administrativo y RR HH.; aspectos que sin duda alguna, hacen palpable la
ausencia de autonomía en la ejecución […]».
• Expediente 47001-33-33-001-2017-00211-01: Se advirtió que, «[…] de las
actas y certificaciones anexadas al escrito genitor, se tiene que con ocasión de la prestación
personal del servicio de enfermera jefe, la [demandante] era convocada para tratar temas
relacionados con seguridad del paciente, también hacía parte de las auditorías que EPS
comparta efectuaba a la demandada y de las actividades de la Gobernación del Magdalena,
en virtud de su cargo de Coordinadora de PYP».
41. Ahora bien, en gracia de discusión, cabe recordar que para que se configure el
desconocimiento del precedente horizontal, la providencia que se aduce
desconocida y la que es objeto de inconformidad en el sub lite, aparte de ser
dictadas por la misma sala de decisión, deben guardar correspondencia entre los
fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las controversias expuestas,
presupuestos que no se cumplieron y, de todas formas, como se explicó en párrafos
precedentes, la autoridad judicial accionada puede variar o apartarse de su postura
previa, siempre y cuando motive con suficiencia su nueva posición.
42. En ese orden de ideas, se concluye que, la decisión de revocar la providencia
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-001-2019-00178-01, no contraviene
precedente horizontal alguno.
43. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03359-00
Accionante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
IV. DECISIÓN
44. La Sala considera que en el presente asunto el actor no acreditó que la
providencia de 28 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, hubiere incurrido en defecto fáctico ni en desconocimiento del
precedente horizontal. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas invocados por el señor Álvaro
Marino Pisciotti Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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