Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03359-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03359-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03359-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03359-01
Demandante: ÁLVARO MARINO PISCIOTTI HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia. Declara improcedente por falta de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la providencia del 12 de junio de 2026, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Álvaro Marino Pisciotti Hernández, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Magdalena2, en la que solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo en condiciones dignas y justas.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 28 de mayo de 2025 proferida por la
autoridad judicial accionada, que revocó la decisión del 24 de noviembre de 2022
del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta que había
accedido parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, negó las súplicas dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 47001-33-33-001-2019-00178-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 30 de abril de 2026.
2 Sala integrada por los magistrados Martha Lucía Mogollón Sakery María Victoria Quiñonez Triana.
1
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Demandante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03359-01
[…]
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 28 de mayo de 2025,
notificada el 5 de noviembre de 2025, bajo la ponencia de la H. Magistrada Martha
Lucía Mogollón Saker, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho adelantado en contra de la E.S.E. Centro de Salud Samuel Villanueva
Valest.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena, específicamente
al despacho de la Magistrada Ponente, que, en un término no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una
nueva sentencia de reemplazo, en la cual valore integralmente el acervo probatorio,
específicamente la continuidad y la subordinación organizativa, dando estricta
aplicación a los mandatos garantistas del artículo 53 Superior y a las subreglas
sentadas en la providencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 y en los casos
homólogos fallados por esa misma Corporación, subsanando los defectos fácticos
y sustantivos aquí demostrados, aplicando el principio In dubio pro-operario3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Álvaro Marino Pisciotti Hernández estuvo vinculado a la E.S.E. Centro de
Salud Samuel Villanueva Valest de El Banco, Magdalena, como jefe de oficina
jurídica, mediante contratos de prestación de servicios durante el 31 de mayo de
2013 hasta el 31 de marzo de 2016, por lo que el 24 de julio de 2017 presentó
petición ante la E.S.E. para que se declarara la existencia del vínculo laboral y se le
reconocieran los derechos prestaciones correspondientes a la verdadera relación
entre ellos.
En razón al silencio de la entidad, el actor formuló el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que conoció en primera instancia el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta que profirió sentencia el 24 de
noviembre de 2022 en la que accedió parcialmente a las pretensiones. Para el
efecto, ordenó a la demandada reconocer y pagar a favor del señor Álvaro Marino
«las sumas que, por concepto de prestaciones sociales comunes, devengan los
demás empleados que desempeñen las funciones de jefe de la Oficina Jurídica en
esa misma entidad, similares o afines, liquidadas conforme al correspondiente valor
pactado en los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, en
el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de marzo de 2016».
Como sustentó consideró que el actor ejecutó personalmente cada uno de los
contratos celebrados en el referido periodo, percibiendo una remuneración mensual
por concepto de honorarios, con cargo a los recursos presupuestales de la E.S.E.
Centro de Salud Samuel Villanueva Valest. Asimismo, tuvo por acreditado que
ejecución de las actividades como profesional de apoyo a la gestión jurídica,
necesariamente implicó la prestación de sus servicios de manera directa y sin
independencia en el cumplimiento de sus labores, pues, debía cumplir horarios
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Demandante: Álvaro Marino Pisciotti Hernández
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fijados por la entidad, desempeñaba sus funciones con los instrumentos y equipos
de la E.S.E., asistía a capacitaciones programadas por la demandada, aunado a
que las actividades propias de su cargo como emitir conceptos, absolver consultas,
contestar peticiones, atender observaciones, entre otras, necesariamente
implicaron la sujeción del actor a las órdenes impartidas por sus superiores
inmediatos.
Contra el proveído anterior la parte demandada formuló recurso de apelación que
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Magdalena en sentencia del 28 de
mayo de 2025, en la que revocó lo resuelto por el a quo y en su lugar negó las
súplicas de la demanda.
Para el efecto, sostuvo que, si bien estaba acreditado que el señor Álvaro Marino
Pisciotti Hernández fungió como abogado interno del 2 de mayo de 2013 al 30 de
marzo de 2016 en virtud de múltiples contratos suscritos entre las partes, y con ello
tendría por superado el elemento de prestación personal del servicio, así como lo
atinente al concepto de remuneración personal del servicio, lo cierto era que no
podría predicarse el cumplimiento del requisito de subordinación para tener por
constituida la relación laboral reclamada.
Consideró que las pruebas testimoniales daban cuenta que el actor asistía en el
horario establecido para el personal administrativo y que desarrollaba sus funciones
en las instalaciones de la E.S.E. con los elementos suministrados por esta sin que
tuviera persona a cargo o que recibiera órdenes en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo.
Por ello, señaló que al no haber contundencia ni claridad en las respuestas frente a
las preguntas tendientes a establecer si el señor Álvaro Marino ostentaba la jefatura
de la oficina jurídica de la ESE y con ello determinar si recibía las instrucciones o
era quien las daba, ni estar acreditada con suficiencia las labores desarrolladas por
aquel, no era posible establecer una relación de subordinación diferente a la de
coordinación que implicaba el objeto del contrato.
Refirió que «los interrogatorios se dirigieron y en efecto lograron establecer algunos
de los indicios que a la luz de la jurisprudencia se constituyen en elementos de
prueba de la relación laboral encubierta tales como el cumplimiento de horario, la
prestación de los servicios con elementos suministrados por el contratante, la
asistencia a capacitaciones de seguridad en el trabajo, pero, el más determinante
para probar la subordinación no logró demostrarse».
Advirtió que la labor de asesoramiento desplegada por el actor evidenciaba
independencia en sus funciones, conforme lo manifestó el demandante. Asimismo,
señaló que el cumplimiento de un horario no determina per se la existencia de
subordinación, pues no se acreditó que recibiera órdenes directas respecto de la
cantidad, modo o tiempo en que debía cumplir su labor, ni que se le hubieran emitido
llamados de atención, o que hubiese solicitado permisos para ausentarse de su
puesto.
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La referida sentencia se notificó por correo electrónico el 5 de noviembre de 20254.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que la decisión acusada incurrió en los siguientes
defectos:
I. Fáctico: En su dimensión positiva y negativa por apreciación arbitraria e
irrazonable de las pruebas.
Estimó que, en el primer escenario, la autoridad judicial impuso una barrera
probatoria irrazonable para demostrar la subordinación, como lo era acreditar
que recibió órdenes directas, pues el tribunal descartó el referido elemento
cuando uno de los testigos aludió que «los abogados trabajan diferente». Al
respecto hizo alusión a la sentencia T-366 de 2023 que en materia de contrato
realidad rige la libertad probatoria y la prueba indiciaria.
En cuanto al segundo reproche, cuestionó que se ignoró deliberadamente que
«en los últimos contratos, como los No. 005 y 207 de 2016, se estipuló de
manera expresa el cargo de "Abogado Interno" y se impusieron obligaciones
propias del giro ordinario y permanente de la E.S.E., verbigracia, la emisión de
conceptos, atención de tutelas y requerimientos judiciales diarios», lo que
sumado a la suscripción de veintidós contratos sucesivos a lo largo de 35 meses
y la asignación de cargas de representación jurídica institucional, demostrarían
la vocación de permanencia y la inserción orgánica del accionante en la entidad.
II. Sustantivo: al interpretarse de manera errada el concepto de subordinación.
Cuestionó que el tribunal hubiese descartado el referido elemento constitutivo
de una verdadera relación laboral por el hecho de que las actividades de
asesoramiento podían ser desarrolladas por el actor con total independencia.
Interpretación que tergiversaría «dos conceptos jurídicos diametralmente
distintos como son la autonomía técnica o intelectual inherente al ejercicio de
una profesión liberal, y la autonomía organizativa y directiva propia del
verdadero contratista independiente» y que, a su vez, desconoce la dogmática
decantada por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa
en cuanto a que la autonomía técnica de los profesionales del derecho insertos
en la planta de las entidades públicas no desvirtúa el contrato realidad.
III. Desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución:
En armonía con el cargo anterior aludió como desconocido el precedente
sentado frente a la Empresa Social del Estado Pasto Salud, en la que la Sección
Segunda del Consejo de Estado [Radicación número 52001-23-33-000-2012-
4 Índice 024 de Samai del proceso ordinario.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03359-01
00164-01(3733-13) sentencia del 21 de junio de 2018] clarificó que cuando un
abogado es contratado para ejercer las funciones de la oficina jurídica de una
E.S.E., cumpliendo horarios, usando las instalaciones de la entidad y
atendiendo la carga misional diaria de tutelas y requerimientos, su vinculación
es de naturaleza laboral encubierta.
También, consideró como desconocida la sentencia SUJ 025-CE-S2-2021 que
ordena a los jueces contencioso-administrativos abordar el análisis del contrato
realidad bajo una perspectiva ampliamente garantista, al igual que las
decisiones de la Corte Constitucional que permiten probar el elemento de
subordinación mediante indicios, como serían el horario, la permanencia, el uso
de instalaciones y la prestación de funciones misionales, como en este asunto.
Desconocimiento que además iría en contravía del artículo 53 de la Constitución
Política que contempló el principio In dubio pro-operario.
Por otra parte, el actor acusó a la autoridad judicial accionada de haber transgredido
su derecho a la igualdad e inaplicado el principio de confianza legítima por
desconocer su propio precedente establecido en varios procesos que cuentan con
supuestos fácticos y jurídicos idénticos al suyo y que fueron tramitados contra la
misma E.S.E. Centro de Salud Samuel Villanueva Valest por los señores Alfredo
Rodolfo Urquijo Beleño [Radicado No. 47001 3333 001 2019 00263 01 – M.P.
Martha Lucía Mogollón Saker], Clara Agustina Pisciotti Cabrales [Radicado No. 47-
001-3333-001-2019-00399-01. M.P. Maribel Mendoza Jiménez] y Nancy Duarte
Rincón [Radicado No. 47001 3333 001 2017 00211 01 – M.P. Martha Lucía
Mogollón Saker], en los que se aplicaron cargas probatorias y criterios
hermenéuticos ampliamente favorables a los trabajadores.
Indicó que la magistrada Martha Lucía en dichos procesos estableció una subregla
probatoria garantista cuando señaló que la presentación de contratos sucesivos por
más de tres años demostró que la labor desempeñada por los demandantes no fue
eventual ni temporal, sino permanente. Supuesto fáctico que se asemejaría al del
señor Álvaro Marino pero que se interpretó de manera restrictiva al señalarse que
«el factor de la continuidad no constituye una prueba irrefutable sobre la
configuración de la relación laboral».
Asimismo, que en el expediente de Clara Agustina Pisciotti Cabrales, el tribunal
accionado valoró la exigencia de cumplir un horario y la permanencia física en las
instalaciones de la E.S.E. como indicios claros, suficientes y determinantes de
inserción institucional, sin embargo, en el caso del actor tales aspectos «fueron
devaluados bajo el sofisma de una simple "sincronización y coordinación" propia de
la Ley 80».
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1.5. Admisión de la tutela
Por auto del 6 de mayo de 20265, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la parte accionante6, y como accionado, al Tribunal Administrativo del
Magdalena7.
Igualmente, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso a la E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco Magdalena y al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta8.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta9
Remitió el enlace de acceso al expediente, sin realizar pronunciamiento adicional
alguno.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Magdalena10
Manifestó que no vulneró los derechos fundamentales del actor pues al analizar el
medio de control bajo estudio determinó que no se configuraban la totalidad de los
elementos constitutivos de la relación laboral, pues a pesar de que se probó la
prestación personal del servicio, y la remuneración, no se acreditó que el accionante
hubiera recibido órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus
servicios o ejecutar el contrato, lo que eventualmente habría desbordado el principio
de coordinación.
Por el contrario, consideró que lo alegado por el accionante es una inconformidad
con la decisión proferida por los jueces naturales, pretendiendo convertir la solicitud
de amparo en una instancia adicional.
1.6.3. Las E.S.E. Centro de Salud Villanueva Valest de El Banco Magdalena guardó
silencio, pese a que fue debidamente notificada de esta acción constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia11
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dictó sentencia el 12 de
junio de 2026 en la que negó el amparo por no advertir la vulneración de las
garantías invocadas por la parte accionante.
5 Índice 004 de Samai de primera instancia.
6 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: alvaromarinop@gmail.com.
7 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: juridica@esesamuelvillanueva.gov.co y
j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 011 de Samai.
10 Índice 013 de Samai.
11 Índice 023 de Samai.
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Señaló que, en el medio de control en cuestión, era dable al juez contencioso
revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que no se aportaron al
expediente los medios de prueba necesarios para acreditar el elemento de la
subordinación, siendo este un requisito esencial para determinar la existencia de la
relación laboral reclamada.
Sostuvo que, de las pruebas allegadas al proceso «no era dable inferir que el actor
cumpliera sus labores profesionales bajo órdenes provenientes de la entidad,
relacionadas con la cantidad, modo o tiempo en que debía realizarlas, ni se
acreditaron llamados de atención, solicitudes de permiso, o asignación de tareas en
idénticas condiciones a los empleados de planta y, aunque de lo relatado por los
testigos podría inferirse el cumplimiento de un horario, ello por sí mismo no da
certeza del elemento de la subordinación».
Consideró que los testimonios no fueron precisos sobre la forma de la prestación de
los servicios y el horario que supuestamente debía cumplir el accionante y que,
distinto a lo afirmado en la tutela, la autoridad judicial accionada no desconoció la
continuidad en la suscripción de contratos celebrados con la E.S.E. sino que,
advirtió que dicha continuidad no implicaba que el actor careciera de autonomía
para el desempeño de sus labores.
Precisó que la decisión del juez contencioso no fue caprichosa y por el contrario los
argumentos empleados estuvieron debidamente motivados, conforme a los medios
probatorios que reposaron en el proceso ordinario y frente a los cuales se realizó
una valoración objetiva, integral y razonable.
Finalmente, en torno a las providencias que se aludieron como desconocidas y que
presuntamente guardaban identidad con el caso del señor Álvaro Marino, refirió que
las labores contratadas frente aquellos demandantes no eran las mismas a las del
actor, aunado a que el resultado de esos procesos obedeció a la acreditación del
elemento de subordinación.
Advirtió que, si en gracia de discusión, «para que se configure el desconocimiento
del precedente horizontal, la providencia que se aduce desconocida y la que es
objeto de inconformidad en el sub lite, aparte de ser dictadas por la misma sala de
decisión, deben guardar correspondencia entre los fundamentos fácticos,
probatorios y jurídicos de las controversias expuestas» lo que en este caso no
ocurrió.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 14 de
julio de 202612 mediante correo electrónico.
12 Índice 021 de Samai.
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1.8. Impugnación13
La parte accionante remitió memorial en el que solicitó que se amparen los derechos
vulnerados y se accedan a las pretensiones del líbelo inicial.
Refirió que el a quo constitucional estructuró el debate alrededor de una premisa
errada al orientar el análisis en establecer si el tribunal había realizado una
valoración razonable del material probatorio y si existían elementos suficientes para
sostener la conclusión alcanzada respecto de la inexistencia del contrato realidad,
cuando ello no era el verdadero problema constitucional sometido a consideración.
En ese sentido, indicó que, la acción de tutela nunca tuvo como finalidad obtener un
nuevo estudio de las pruebas ni convertir la tutela en una instancia adicional, sino
exponer que el tribunal «modificó, sin ofrecer una justificación constitucional
suficiente, la forma en que valoró los indicios de subordinación frente a casos
materialmente comparables decididos por la misma Corporación, aplicando al
suscrito un criterio de apreciación significativamente más restrictivo que el utilizado
en los expedientes de Alfredo Urquijo Beleño, Clara Agustina Pisciotti Cabrales y
Nancy Duarte Rincón».
Precisó que, dicha distinción resultaría importante porque si el problema
constitucional se reduce a establecer si el juez natural valoró razonablemente las
pruebas, el análisis inevitablemente termina concentrándose en el margen de
autonomía judicial y en la imposibilidad de que el operador judicial que conoce la
tutela sustituya el criterio probatorio del competente, pero si la discusión se centra
en la alteración injustificada de la propia metodología de valoración frente a casos
semejantes, el examen de la tutela «dejaría de girar alrededor de la suficiencia de
las pruebas y pasa a centrarse en la racionalidad, coherencia e igualdad con que
fueron apreciadas».
En ese orden, estimó que, la sentencia de tutela de primera instancia realizó un
examen incompleto del precedente horizontal al limitar la comparación al resultado
de los procesos invocados, dejando de lado el estudio el eje central de la tutela que
sería el desconocimiento de la metodología de valoración empleada en los casos
puestos de presente. Precedentes que fueron invocados porque revelaban una
manera uniforme de construir la convicción judicial frente a la prueba de la
subordinación mediante una apreciación conjunta y acumulativa de los distintos
indicios obrantes en el expediente.
Aludió que el fallo dejó de verificar si el criterio empleado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena para descartar la subordinación era compatible con el
precedente de unificación. Aunado a que, se realizó un examen incompleto del
defecto fáctico al limitarse a verificar la existencia de una valoración probatoria, sin
13 Índice 022 de Samai. La sentencia se notificó el 14 de julio de 2026 a través de correo electrónico
y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 17 del mismo mes y año, por lo que fue
oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 27 de julio de 2026.
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analizarse si el método de apreciación empleado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena era o no compatible con el precedente citado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política,
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 del 12 de marzo de 201914.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma el fallo de tutela
del 12 de junio de 2026 dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia del 28 de mayo de
2025, que revocó la providencia del 24 de noviembre de 2022 del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta que había
accedido parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, negó las súplicas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 47-001-33-33-001-2019-00178-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 16 y declaró su
procedencia.17
14 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1 Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202218 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal19 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional21.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales23”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal25.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
El señor Álvaro Manino Pisciotti Hernández cuestiona la sentencia proferida el 28
de mayo de 2025, que revocó decisión de primera instancia y negó las súplicas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 47001-33-33-001-2019-00178-00-01 promovido por el actor contra
la E.S.E. Centro de Salud Samuel Villanueva Valest de El Banco, Magdalena, con
la finalidad de obtener el reconocimiento de una relación laboral encubierta con la
E.S.E. Centro de Salud Samuel Villanueva Valest de El Banco, Magdalena y el
consecuente pago de las prestaciones derivadas de tal vínculo, suscitado a través
de contratos de prestación de servicios suscritos durante el 1 de mayo de 2013 al
30 de marzo de 2016, en los que se desempeñó como jefe de oficina jurídica de la
entidad.
A juicio del tutelante, el tribunal incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente, violación directa a la Constitución y vulneración del
derecho a la igualdad, que en general refieren a que la autoridad judicial accionada
le impuso una carga probatoria excesiva para acreditar la subordinación, al exigir
una prueba directa de las órdenes impartidas, desconociendo la posibilidad de
demostrar este elemento mediante indicios.
Cuestiona la omisión de aspectos importantes como la denominación de «abogado
interno», la suscripción sucesiva de múltiples contratos y la naturaleza del ejercicio
de su cargo que implicaba actividades de asesoramiento que podían ser
desarrolladas por el actor con total independencia y que debían interpretarse de
acuerdo a la dogmática decantada por el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso-administrativa en cuanto a que la autonomía técnica de los
profesionales del derecho insertos en la planta de las entidades públicas no
desvirtúa el contrato realidad.
De igual forma, se alegó una interpretación errónea del concepto de subordinación,
que desconoce precedentes judiciales aplicables como las sentencias de la Sección
Segunda del Consejo de Estado identificada con radicado 52001-23-33-000-2012-
00164-01(3733-13) del 21 de junio de 2018 y SUJ 025-CE-S2-2021 que ordena a
los jueces contencioso-administrativos abordar el análisis del contrato realidad bajo
una perspectiva ampliamente garantista.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibid.
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Igualmente, afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad y se desconoció el
principio igualdad confianza legítima al apartarse injustificadamente de decisiones
previas adoptadas por el mismo tribunal en casos con supuestos fácticos y jurídicos
similares contra la misma entidad como el de Alfredo Rodolfo Urquijo Beleño
[Radicado No. 47001 3333 001 2019 00263 01 – M.P. Martha Lucía Mogollón
Saker], el de Clara Agustina Pisciotti Cabrales [Radicado No. 47-001-3333-001-
2019-00399-01. M.P. Maribel Mendoza Jiménez] y el de Nancy Duarte Rincón
[Radicado No. 47001 3333 001 2017 00211 01 – M.P. Martha Lucía Mogollón
Saker], en los que se aplicaron cargas probatorias y criterios hermenéuticos
ampliamente favorables a los trabajadores.
En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se configuraban los yerros alegados por la accionante contra la providencia
cuestionada.
Para ello, consideró que la negativa de las pretensiones en el proceso contencioso
obedeció a que no se acreditó el elemento de la subordinación, para declarar la
existencia de una relación laboral. Indicó que las pruebas y testimonios recaudados
no demostraban que el actor estuviera sujeto a órdenes de la entidad respecto del
modo, tiempo o cantidad de trabajo, ni que desempeñara sus funciones en
condiciones equiparables a las de un empleado de planta, resaltando además que
la continuidad contractual no excluía la autonomía en la prestación de sus servicios.
Precisó que la decisión objeto de reproche estuvo debidamente motivada y se
sustentó en una valoración objetiva, integral y razonable del material probatorio, por
lo que la misma no podía calificarse de arbitraria, máxime cuando los casos aludidos
como desconocidos por el tribunal no eran comparables al del actor pues
involucraban funciones y circunstancias probatorias diferentes.
No obstante, el señor Álvaro Marino impugnó el fallo de tutela discutiendo, en
esencia, que la sentencia de tutela de primera instancia analizó un problema jurídico
distinto al realmente planteado en el libelo inicial, por cuanto centró el análisis de la
discusión en establecer si el Tribunal Administrativo del Magdalena modificó
injustificadamente la metodología de valoración de los indicios de subordinación
frente a casos sustancialmente similares, apartándose de sus propios precedentes
sin ofrecer razones suficientes para ello.
Frente a lo planteado, la Sala evidencia que los reparos realizados en los defectos
alegados no cumplen con el requisito general de relevancia constitucional, por
cuanto, no se avizora un argumento sólido que demuestre la transgresión de las
garantías constitucionales que permitan superar el referido presupuesto tratándose
de acción de tutela contra providencia judicial, como pasa a explicarse.
Desde el ámbito argumentativo, las inconformidades expuestas en el escrito
introductorio y de impugnación, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer
un uso de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones
de peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional.
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Del escrito de tutela y de alzada se observa que el tutelante reitera los argumentos
que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, concernientes al
cumplimiento de los elementos constitutivos de una relación laboral para el caso
concreto, especialmente el de subordinación.
Por otro lado, se evidencia que, aunque el actor argumenta que se desconoció el
precedente establecido por el Consejo de Estado en las sentencias que quedaron
reseñadas anteriormente, la Sala advierte que, dicho cargo tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional pues pese a que la parte cumplió con el deber
de identificar las respectivas providencias, omitió identificar la ratio que resulta
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y la incidencia de estas en la decisión final que adopte
el fallador de instancia.
De la lectura de los escritos en mención es claro que el tutelante se limitó a señalar
que en las providencias mencionadas se realizó un análisis del contrato realidad
bajo una perspectiva «ampliamente garantista» y cuestionó que, el extrajo
fragmentos aislados que le permitían elevar el estándar probatorio en su contra,
pero no precisó de qué manera los casos analizados en las providencias aludidas
eran similares o idénticos al suyo.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones26
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
Por otra parte, se observa que las providencias invocadas como desconocidas no
contienen una regla de derecho específica aplicable al caso en concreto ni reflejan
el criterio previo adoptado por la propia corporación para resolver supuestos de
hecho idénticos. Igualmente, en lo que respecta a la vulneración del derecho a la
igualdad, se observa que los argumentos planteados no explican los supuestos de
hecho en los que se encontraban aquellos demandantes y la manera en que ello
hacía que fueran casos idénticos al sub examine.
En ese contexto, el planteamiento propuesto no trasciende el ámbito de la mera
discrepancia interpretativa, y no habilita el examen de una vulneración del derecho
a la igualdad ni la configuración del defecto por desconocimiento del precedente.
Los reparos elevados en tal sentido y que centran el debate planteado en el escrito
de impugnación, en realidad reflejan que lo pretendido por el accionante es reabrir
el debate zanjado por los jueces naturales de la causa, pues se limitan a iterar su
26Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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inconformismo sobre análisis probatorio agotado en el proceso ordinario en torno al
elemento de la subordinación.
Se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente reprochar sus providencias vía acción de
tutela, salvo que se cumpla estrictamente los requisitos de procedencia aludidos.
Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos.
Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es viable
su reproche en este escenario constitucional.
En este asunto, pretende el accionante discutir que se omitió valorar ciertas pruebas
documentales y testimoniales y se dio un alcance diferente a algunas que eran
determinantes para el reconocimiento de la relación laboral encubierta, por lo que
en realidad lo que se discute es el valor probatorio dado a aquellas y la presunta
aplicación de un criterio jurisprudencia desfavorable a sus intereses sin la debida
justificación razonada. Lo que, como se expuso anteriormente correspondió a un
análisis propio del funcionario judicial de lo contencioso administrativo.
Conforme lo expuesto, se revocará el fallo del 12 de junio de 2026 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo y, en su
lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó el amparo, para en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por el señor Álvaro
Marino Pisciotti Hernández contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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