RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03361-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03361-00

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03361-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

28 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso disciplinario contra
profesional del derecho Subtema 2: ruptura de la unidad procesal. Subtema 3:
defecto procedimental.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Orlando de Jesús Giraldo Tobón contra la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Procuraduría Judicial 113 Judicial II para la Conciliación
Administrativa de Medellín.

1. Síntesis del caso

El señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón presentó acción de tutela, con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial, que consideró vulnerados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Antioquia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Procuraduría Judicial
113 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Medellín, con ocasión a las
actuaciones desarrolladas dentro de los expedientes identificados con los radicados
núm. 05001-25-02-000-2026-01177-00 y 05001-25-02-000-2023-00122-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00, índice 2, certificado 5E50CF49EA8D4AC9 80475B2B85FA01BB
59DC26C3D505B15C 86FB20D6BE0DD70D.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

2. El señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón presentó queja disciplinaria contra el
abogado Manuel José Mejía Cardona, porque, en su criterio, desconoció los
deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado),
aparentemente al (i) realizar afirmaciones alejadas de la realidad en la solicitud de
conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación, bajo el radicado
núm. E-2022-586997, (ii) no incluir a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas, como convocada en la solicitud de
conciliación, (iii) utilizar intermediarios en el otorgamiento de poderes, (iv) otorgar
un trato descortés para con el cliente y (v) la ausencia de capacitación al efectuar la
representación de sus intereses.

3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, mediante providencia
del 31 de mayo de 2024, dispuso terminar de forma anticipada la actuación
disciplinaria en favor del abogado Manuel José Mejía Cardona. Contra dicha
decisión, quejoso interpuso recurso de apelación.

4. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de auto del 22 de enero
de 2025, revocó parcialmente la providencia recurrida y, en su lugar, resolvió
continuar la investigación contra el profesional del derecho Manuel José Mejía
Cardona «i) frente a la presunta falta de capacitación al efectuar la representación
de los intereses de su mandante, ii) las manifestaciones consagradas en la
conciliación adelantada bajo el radicado núm. E-2022-586997; iii) la presunta
utilización de intermediarios para la obtención de poderes; iv) mal trato hacia el
cliente al indicar que disolvería el mandato». En lo demás confirmó la terminación
anticipada de la actuación disciplinaria.

5.
El referido expediente del proceso disciplinario con radicado núm. 05001-25-02-
000-2023-00122-00 fue devuelto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia para que continuara con el trámite, conforme lo dispuesto en el auto del
22 de enero de 2025.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con auto del 12 de
marzo de 2025, ordenó dar cumplimiento a lo resuelto por el superior y fijó fecha (22
de abril de 2025) para celebrar audiencia de pruebas.

7. La referida entidad, mediante sesiones del 22 de abril, 5 de junio, 6 de julio, 10
de septiembre, 10 y 29 de octubre de 2025, llevó a cabo las audiencias de pruebas
y calificación provisional, dentro de las cuales decretó y práctico pruebas
testimoniales.

8. Posteriormente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
decretó el testimonio del señor Roberto Antonio Mejía Vásquez y fijó el 26 de marzo
de 2026 como la fecha para adelantar la audiencia de recepción de este y, también,
indicó que la diligencia de calificación de la actuación se realizaría el 24 de abril de
2026. Sin embargo, este no compareció al proceso.

9. La mencionada autoridad, en audiencia celebrada el 26 de marzo de 2026,
emitió decisión de calificación de la investigación disciplinaria y dispuso presentar
cargos contra el abogado Manuel José Mejía Cardona por la desatención del deber
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

profesional previsto en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y la
aparente incursión en la falta prevista en el artículo 33, numeral 10 a título de dolo;
en concurso material heterogéneo con el posible desconocimiento de los deberes
previstos en los numerales 4 y 8 del artículo 28 ibidem, así como la probable
ocurrencia de la falta descrita en el artículo 34 literal i), imputadas ambas a título de
dolo.

10. Adicionalmente, en la citada diligencia se ordenó la terminación anticipada de
la actuación disciplinaria en favor del inculpado, por el supuesto concerniente a la
utilización de intermediarios para la obtención de poderes y el presunto maltrato
hacía el cliente.

11.
El señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón, en su condición de quejoso, propuso
recurso de apelación contra la decisión de terminación de la actuación disciplinaria,
conforme lo previsto en el artículo 81, parágrafo del artículo 66 y artículo 105 inciso
final de la Ley 1123 de 2007. Dicho requerimiento se concedió en el efecto
suspensivo.

12. En atención a lo anterior, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 81 de la
Ley 1123 de 2007, dispuso la ruptura de la unidad procesal, para que de forma
separada se tramitara el recurso interpuesto por el señor Giraldo Tobon y, se
continuara con la actuación bajo el radicado núm. 05001-25-02-000-2026-00177-
00.

13. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, el 8 de abril de 2026,
realizó audiencia de juzgamiento, en cuya diligencia se presentaron alegatos de
conclusión por parte de los sujetos procesales, esto es, el delegado del Ministerio
Público y el acusado.

14. La Sala Dual de Decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, mediante sentencia del 30 de abril de 2026, declaró disciplinariamente
responsable al abogado Manuel José Mejía Cardona e impuso sanción de 4 meses
de suspensión en el ejercicio profesional. Contra dicha decisión, tanto el profesional
del derecho como el quejoso interpusieron recurso de apelación.

15. La accionada, por auto del 22 de mayo de 2026, rechazó el recurso de apelación
presentado por el señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón, de conformidad con lo
previsto en el artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, dado que la sentencia solo es
apelable por los sujetos procesales.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

16. La parte actora, en el escrito de tutela, además de la protección de sus derechos
al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial, solicitó lo siguiente:

Le ruego señor juez dejar sin efectos jurídicos el radicado
050012502000202601177AAO [sic], dejar sin efecto jurídicos la ruptura procesal y

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

conservar un solo radicado el cual es 050012502202300012200, el cual con este
siempre se ha identificado el proceso el cual de no acceder a mi petición se me
vulneraría mi dignidad humana, debido proceso y acceso real y efectivo a la
administración de justicia, y se le ordene a la M.P. Dra Gladys Zuluaga no dictar
sentencia hasta que el recurso de apelación del día 26 de marzo de 2026 no quede en
firme y se le ordene a la M.P. y se llame a Roberto Antonio Mejía Vázquez, el cual para
el suscrito será de suma relevancia este testimonio y en caso de no concederme de
dejar sin piso jurídico la audiencia del 26 de marzo de 2026 debido a que la aquí
magistrada ponente no agotó todas las vías gubernamentales [sic] sobre Roberto
Antonio se me vulneran el derecho a la igualdad artículo 13 de la Constitución referente
a todos los testigos y de dejó por fuera a Mejía Vasquez y me cerró el acceso real y
efectivo a la administración de justicia, debido proceso y dignidad humana. […]2.

17. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia vulneró sus derechos
fundamentales porque, en la audiencia del 26 de marzo de 2026 decretó la
terminación anticipada de la actuación disciplinaria a favor del inculpado, por los
cargos de utilización de intermediarios para la obtención de poderes y el presunto
maltrato hacía el cliente y, en consecuencia, dispuso la ruptura de la actuación
procesal, para que se tramitara mediante radicado separado (núm. 05001-25-02-
000-2026-00177-00) el recurso de apelación interpuesto contra dicha
determinación.

18. En criterio del accionante, dicha actuación resulta irregular, toda vez que la
autoridad disciplinaria debió remitir el expediente al superior funcional para que
resolviera el recurso de apelación interpuesto durante la diligencia del 26 de marzo
de 2026 y, una vez decidida dicha impugnación, continuar con la etapa de
juzgamiento. Lo anterior, por cuanto los hechos objeto de análisis corresponden a
circunstancias atribuibles a un único sujeto procesal.

19. Asimismo, indicó que la referida autoridad no actuó diligentemente en el trámite
del proceso disciplinario para obtener el testimonio del señor Roberto Antonio Mejía
Vázquez, pues lo citó un día antes de la audiencia del 5 de marzo de 2026 y ante
su ausencia no insistió para garantizar su comparecencia, por lo que las diligencias
del 26 de marzo y del 8 de abril de 2026 no tuvieron en cuenta una prueba que, a
su juicio, era determinante.

2.3. Trámite procesal

20. El despacho ponente, mediante del 5 de mayo de 20263, requirió a la parte
actora para que precisara i) las autoridades accionadas, ii) las providencias
cuestionadas y iii) los hechos que, a su juicio, dieron lugar a la vulneración de
derechos fundamentales. En consecuencia, el actor, a través de memorial del 11 de
mayo de 2026, dio cumplimiento a lo solicitado4.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00, índice 4, certificado 66A48E74CF124E76 062CD14D58B1B04A
BF3AB3BB03050772 D7FB268439C06AE8.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00, índice 10, certificado 3F94496986CF15D4 4FB08C3EBFB1AF42
DEF6B55049E8C1E4 CF50DFB0BA45E7B6.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

21. Posteriormente, el despacho ponente, con auto del 21 de mayo de 20265, i)
admitió la solicitud de amparo, ii) ordenó la notificación a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y a la
Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Judicial 113 Judicial II para la
conciliación administrativa de Medellín, iii) puso en conocimiento el escrito de tutela
al señor Manuel José Mejía Cardona, en su condición de terceros con interés y, iv)
negó la solicitud de medida provisional.

2.4. Intervenciones

22. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia6 manifestó la decisión
adoptada por la corporación el 26 de marzo de 2026 no puede entenderse dilatoria
o vulneradora de los derechos del quejoso; por el contrario, tuvo como finalidad
garantizar el trámite simultáneo y eficiente tanto del recurso de apelación, como de
la etapa de juzgamiento derivada de los cargos formulados, en observancia de los
principios de celeridad, economía procesal y eficacia de la administración de justicia.

23. Asimismo, sostuvo que los cuestionamientos formulados por el señor Orlando
de Jesús Giraldo Tobón frente al trámite disciplinario carecen de fundamento, pues
durante todo el proceso se han garantizado plenamente los derechos de los
intervinientes y del propio quejoso, con acompañamiento activo del Ministerio
Público.

24. De este modo, precisó que algunos requerimientos del actor fueron negados
porque, conforme con los artículos 65 y 66 de la Ley 1123 de 2007, el quejoso no
es sujeto procesal y solo cuenta con facultades limitadas, esto es: presentar y
ampliar la queja, aportar pruebas e impugnar decisiones que finalicen la actuación
distinta a la sentencia.

25.Por lo dicho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, pues no se
ha vulnerado ningún derecho fundamental y el trámite disciplinario se ha
desarrollado con oportunidad, garantías y respuesta a todas las peticiones del
quejoso.

26. La Comisión Nacional del Servicio Civil7 solicitó que se declare improcedente la
tutela, toda vez que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad y no se evidencia una acción u
omisión atribuible a la entidad.

27. Al respecto expuso que la entidad no intervino en las actuaciones cuestionadas
por el tutelante, por lo que no practicó pruebas en esa etapa, no resolvió solicitudes
probatorias allí formuladas, no fijó fechas de juzgamiento ni adoptó la sentencia de
primera instancia referida por el actor en el escrito de subsanación.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00, índice 12, certificado D17B6027A3E69262 EE4A035D41DFE821
D53A144581BFF8D3 CDD98604BEFE4839.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00 índice 20, certificado 35768D6350A55E5A 3032ADB6C88488A0
729342499EB066A6 1F797C56994218C7.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03361-00, índice 21, certificado 038C67A29097C09C D60E46CB5BC6FC76
4DD3F946D364A267 D776B7BC5CDAF053.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

28. Por otro lado, señaló que, en lo concerniente al trámite identificado con el
radicado 05001-25-02-000-2026-1177-00, dentro del cual se surte el recurso de
apelación concedido el 26 de marzo de 2026, cualquier pronunciamiento debe
emitirse a través del cauce jurisdiccional correspondiente, sin que la acción de tutela
pueda anticipar, sustituir o condicionar la competencia del juez natural. En
consecuencia, consideró que la solicitud de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad.

29.
Resaltó que la tutela no puede emplearse para suspender, rehacer o
condicionar un trámite disciplinario en curso, menos aun cuando la discusión versa
sobre incidencias procesales que deben ventilarse ante el juez natural, con arreglo
a las etapas y recursos previstos en la Ley 1123 de 2007.

30. Afirmó que el escrito de tutela no demuestra que las actuaciones en las que
haya participado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en curso del proceso
promovido por el tutelante se hayan cometido irregularidades que requieran la
intervención del juez de tutela.

31. Los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron
silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Orlando de Jesús Giraldo Tobón contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros.

3.2. Legitimación en la causa

33. La legitimación en la causa por activa de Orlando de Jesús Giraldo Tobón está
acreditada, porque fue el quejoso dentro del proceso disciplinario en el que se
desarrollaron las actuaciones que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.

34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, debido a que son las autoridades que tienen a cargo el proceso disciplinario
promovido por el tutelante, en el que se han surtido las diligencias, objeto de tutela.

3.3. Cuestión previa.

35. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia y la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Judicial
113 Judicial II para la conciliación administrativa de Medellín, lo cierto es que los
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

argumentos y pretensiones de la solicitud de amparo se plantean respecto de las
actuaciones desarrolladas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia en el proceso disciplinario promovido por el actor.

36. En consecuencia, comoquiera que el escrito de tutela no estructura
argumentos de inconformidad por acción u omisión atribuibles a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría
Judicial 113 Judicial II para la conciliación administrativa de Medellín, el estudio del
presente trámite constitucional se centrará en las actuaciones realizadas por la
Comisión Seccional de Diciplina Judicial de Antioquia.

3.4. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si ¿la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia, en la audiencia del 26 de marzo de 2026, mediante la cual dio
por terminada de forma parcial la actuación disciplinaria contra el sujeto disciplinable
y dispuso la ruptura de la unidad procesal, para que de forma separada se tramitara
el recurso interpuesto por el tutelante, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso a la igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial de la parte actora?.

3.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

38. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

39.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

40. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

41.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

42. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que
la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad
accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.

43. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.

44. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la
que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia
judicial.

45. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»12.

3.5. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, Orlando de Jesús Giraldo Tobón presentó queja
disciplinaria contra el abogado Manuel José Mejía Cardona, con el fin de que se la
sancionara disciplinariamente por haber infringido los deberes establecidos en la
Ley 1123 de 2007. Esto al (i) realizar afirmaciones alejadas de la realidad en la
solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación, bajo
el radicado núm. E-2022-586997, (ii) no incluir a la UARIV, como convocada en la
solicitud de conciliación, (iii) utilizar intermediarios en el otorgamiento de poderes,
(iv) otorgar un trato descortés para con el cliente y (v) la ausencia de capacitación
al efectuar la representación de sus intereses.

47. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en audiencia
celebrada el 26 de marzo de 2026, emitió decisión de calificación de la investigación
disciplinaria y planteó cargos contra el abogado Manuel José Mejía Cardona por la
desatención del deber profesional previsto en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007, y la consecuente incursión en la falta prevista en el artículo 33,
numeral 10, a título de dolo. Esto en concurso material heterogéneo con el posible
desconocimiento de los deberes previstos en los numerales 4 y 8 del artículo 28
ibidem, y la probable ocurrencia de la falta descrita en el artículo 34 literal i),
imputadas ambas a título de dolo.

48.
De igual manera, en la citada diligencia se ordenó la terminación anticipada de
la actuación disciplinaria en favor del inculpado, por el supuesto concerniente a la
utilización de intermediarios para la obtención de poderes y el presunto maltrato
hacía el cliente.

49. El señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón, en su condición de quejoso, presentó
recurso de apelación contra la decisión de terminación de la actuación disciplinaria,
conforme lo previsto en el artículo 81, parágrafo del artículo 66 y artículo 105 inciso
final de la Ley 1123 de 2007.

50. En atención a lo anterior, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, en la mencionada audiencia, dispuso la ruptura de la unidad procesal,
para que de forma separada se tramitara el recurso interpuesto por el señor Giraldo
Tobón y, se continuara con la actuación bajo el radicado núm. 05001-25-02-000-
2026-00177-00.

51. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que la
actuación de la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales,
porque debió remitir el expediente al superior funcional con el fin de que se
pronunciara sobre el recurso de apelación interpuesto en la diligencia del 26 de

12 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.

25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

marzo de 2026. Solo después de resuelta dicha alzada procedía la continuación del
trámite de juzgamiento, habida cuenta de que las circunstancias examinadas son
atribuibles a un solo sujeto procesal.

52. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199113
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso14.

53. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables15.

54. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de decisiones judiciales, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales16. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

55. En el caso bajo estudio, al examinar las actuaciones surtidas al interior del
expediente del proceso disciplinario, se puede observar que el señor Orlando de
Jesús Giraldo Tobón presentó recurso de apelación contra la decisión adoptada en
audiencia del 26 de marzo de 2026, que dio por terminado parcialmente la actuación
disciplinaria contra el abogado Manuel José Mejía Cardona. En esa misma
diligencia también se dispuso la ruptura de la unidad procesal de la actuación
disciplinaria.

56. Así pues, al examinar el registro de actuaciones correspondientes al expediente
disciplinario con radicado núm. 05001-25-02-000-2026-01177-0017, se advierte que
el recurso promovido por el tutelante fue asignado al despacho ponente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el 4 de mayo de 2026 y, hasta el momento

13
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
14
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
16
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
17
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

se encuentra en trámite pendiente de que se profiera decisión definitiva. Tal y como
consta en la siguiente imagen:

57. En efecto, el estudio que pueda hacer la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial sobre el recurso de apelación presentado por el tutelante permitiría a dicha
autoridad judicial verificar la procedencia de la terminación parcial decretada por el
a quo e incluso determinar el alcance de la ruptura de la unidad procesal, que, a
juicio del actor no era una actuación pertinente para el caso bajo estudio.

58. Dicha circunstancia impide al juez de tutela pronunciarse sobre las razones
planteadas en la solicitud de amparo, pues resulta evidente que en la actualidad
existe un escenario adecuado para resolver las inconformidades presentadas por el
accionante a través de este mecanismo constitucional, las cuales deben ser
expuestas al interior del trámite procesal a cargo de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

59.
En este sentido, la Sala debe recordar que la acción de tutela no es un
instrumento alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no le es
dable al juez de tutela intervenir en asuntos que le corresponde dirimir a los jueces
naturales, máxime cuando los procesos se encuentran activos, debido a que no se
ha proferido decisión definitiva con la cual se da por terminado el litigio.

60.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional18 ha referido lo siguiente:

Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente
en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido la
sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como
lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el

18
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de
2019.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su
trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle»

61. Así pues, es pertinente advertir que el juez del proceso disciplinario en su
condición de autoridad encargada garantizar el adecuado trámite procesal de la
actuación judicial promovida por el accionante, tiene las facultades para confirmar,
modificar o revocar la decisión adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia.

62. De esta manera, la Sala advierte que el señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón
dispone de otro instrumento idóneo, eficaz y efectivo al interior del trámite del
proceso disciplinario, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales
invocados en la solicitud de amparo, por lo que no resulta procedente analizar las
razones planteadas en el escrito de tutela, toda vez que las mismas deben ser
estudiadas por el juez de la actuación disciplinaria dentro del escenario judicial
previsto por el legislador y no a través de este mecanismo constitucional de
naturaleza subsidiaria.

63. Conviene reiterar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales sean
resueltos por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir al amparo constitucional.

64. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente, en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos
de defensa judicial no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente
a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo de defensa.

65. Es pertinente aclarar que la solicitud de amparo tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues los argumentos planteados por el accionante para
justificar la procedibilidad de la tutela no identifican un hecho concreto que configure
una grave amenaza o una vulneración inminente de los derechos fundamentales de
la accionante.

66. En cuanto a la inconformidad del tutelante, porque la autoridad accionada no
actuó diligentemente en el trámite del proceso disciplinario para obtener el
testimonio del señor Roberto Antonio Mejía Vázquez, se debe advertir que, en el
escrito de tutela, la parte actora no plantea ni demuestra cual fue la acción u omisión
en la que pudo incurrir la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia,
que se apartó del procedimiento legal para garantizar la comparecencia del
mencionado testigo. De tal manera que se hubiese podido constatar la ocurrencia
de alguno de los defectos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

67.
En consecuencia, el planteamiento del actor no cumple con el requisito de
suficiencia argumentativa, en la medida en que no se observa la existencia de

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

alguna irregularidad procesal o sustancial que amerite la intervención del juez de
tutela.

4. Conclusión

68. En consecuencia, la Sala concluye que el escrito de tutela no superó el requisito
de subsidiariedad. Por tal motivo, se declarará improcedente la solicitud de amparo
promovida por el tutelante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Orlando de
Jesús Giraldo Tobón contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03361-00 (5271)
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.