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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03366-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03366-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, conforme lo expuesto. 2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Mery González Cárdenas, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03366-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03366-00
Demandante MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico, por
decisión sin motivación, sustantivo, por violación directa de la
Constitución Política y por desconocimiento del precedente. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad.
Prueba del elemento subordinación. Pensionada del Estado y
contratista del municipio de Ubalá. Requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Mery González Cárdenas de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de abril de 20261, la señora Mery González Cárdenas, quien actúa por
conducto de apoderado interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por considerar que esa
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo digno y a la seguridad social
con la sentencia del 8 de abril de 2026, proferida en segunda instancia en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 25899-33-33-001-2023-00201-
00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
« PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo digno y a la seguridad social de la señora
MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.030.767,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
"C", mediante la Sentencia Nro. 080 del 8 de abril de 2026.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Nro. 080 del 8 de abril de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 25899-33-33-001-
2023-00201-01, promovido por la señora MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS contra el
MUNICIPIO DE UBALÁ.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección "C", que dentro del término que esta Honorable Corporación disponga, profiera
una nueva sentencia de segunda instancia en la que, con sujeción a la parte motiva del fallo
de tutela, se sirva:

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Escrito de tutela radicado a través del correo electrónico de tutelas en línea.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03366-00
Demandante: Mery González Cárdenas

(i) Valorar integralmente el acervo probatorio obrante en el proceso, particularmente los
testimonios rendidos en audiencia por los señores Angélica Liceth Ciprián Roldán, Rubén
Anselmo Bejarano Méndez, José Adonai Acosta Cárdenas y Alcides Bernate, así como
las certificaciones expedidas por las inspectoras de policía del Municipio de Ubalá, los
informes de gestión presentados por la demandante, los contratos de prestación de
servicios y el Manual de Funciones del cargo de Secretaria Código 440 Grado 02 del
Municipio.
(ii) Resolver el problema jurídico sobre la configuración o no de la relación laboral con base
en la verificación de los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo (prestación
personal del servicio, subordinación continuada y remuneración), conforme al principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.
(iii) Pronunciarse, en todo caso, de manera diferenciada y motivada sobre cada una de las
pretensiones de la demanda, distinguiendo la naturaleza jurídica de cada concepto
(declaraciones, indemnizaciones y aportes parafiscales), sin aplicar una revocatoria total
e indiferenciada fundada en un solo argumento común».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. A la señora Mery González Cárdenas le fue reconocida pensión de vejez por
parte de Colpensiones mediante la resolución GNR 241762 del 18 de agosto
de 2016, con efectividad a partir del 1º de junio de 2016.

2.2. La accionante se vinculó con el municipio de Ubalá, Cundinamarca, mediante
contratos de prestación de servicios suscritos desde el 1º de agosto de 2020
al 30 de diciembre de 2021.

2.3. El 24 de diciembre de 2022 la actora presentó reclamación administrativa ante
el municipio de Ubalá con el fin de que se reconociera la relación laboral
encubierta en la suscripción de contratos de prestación de servicios, lo que se
negó mediante oficio del 11 de enero de 2023.

2.4. Por lo anterior, la señora Mery González Cárdenas haciendo uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó al municipio de
Ubalá, Cundinamarca, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo por el que se le negó la relación laboral encubierta. En
consecuencia, pidió que se declare la existencia de un contrato laboral a
término indefinido con el consecuente pago de las prestaciones dejadas de
percibir.

2.5. En primera instancia conoció inicialmente el Juzgado Primero Administrativo
de Zipaquirá (expediente 25899-33-33-001-2023-00201-00), autoridad judicial que
inicialmente admitió la demanda ordinaria.

2.6. En virtud del Acuerdo CSJCUA24-11 del 31 de enero de 2024, el proceso fue
objeto de redistribución al Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá,
autoridad judicial que en sentencia del 26 de agosto de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda.

Encontró que la labor de la accionante obedeció a las actividades propias del
funcionamiento de la Inspección de Policía de Ubalá como lo era la toma del
registro de audiencias, recepción de documentos dirigidos a la dependencia y,
en general, atención al público.
En cuanto al cumplimiento de horario y permanencia en el puesto de trabajo
dijo que eran aspectos debidamente acreditados por la parte demandante, que
no hubo solución de continuidad entre la suscripción de uno y otro contrato y

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Demandante: Mery González Cárdenas

que, no se allegaron los respectivos estudios previos de los contratos suscritos
entre las partes.
Por lo anterior, el Juzgado consideró que estaban acreditados los elementos
de la relación laboral, específicamente el de la subordinación.
2.7. La decisión fue apelada por el municipio de Ubalá, parte demandada.

Correspondió en segunda instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que, en sentencia del 8 de
abril de 2026 (notificada a las partes por correo electrónico del 13 de abril de 2026)
revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de
la demanda.
Dijo que sería del caso entrar a verificar lo relacionado con la prueba de la
existencia del contrato realidad, pero que se advertía la incompatibilidad que
existiría entre la pensión de jubilación y las prestaciones que pudieran
derivarse de una relación similar a la que ejerce el personal de planta cuando
se desnaturalizaba el contrato de prestación de servicios.
A partir de allí, hizo un análisis de los alcances que tenía el artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 y sostuvo que allí se contemplaban unas excepciones para
percibir honorarios aun cuando se devengara asignación del tesoro público y
que estas eran taxativas y no admitían interpretación alguna.
En ese sentido, consideró el Tribunal que un eventual restablecimiento del
derecho sería incompatible con la situación de la actora ya que no es dable el
pago de las prestaciones y demás emolumentos con ocasión de la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, no siendo posible
siquiera tenerla como servidora pública, teniendo en cuenta que el pago de
estos rubros estaría a cargo del municipio de Ubalá, cuyos ingresos provenían
del erario.
Explicó que cuando se tenía que abordar la orden de restablecimiento se
estaba en presencia de una específica circunstancia y era que la accionante
estaba pensionada y que la pensión sin duda era compatible con el pago de
honorarios pero no lo era con las prestaciones que reclamaba derivadas de la
presunta desnaturalización del contrato de prestación de servicios.
De acuerdo con lo anterior, consideró que acceder al pago de prestaciones
sociales o su equivalente en las circunstancias analizadas de la demandante
pensionada era permitir el recibo de doble asignación del tesoro lo cual estaba
expresamente prohibido conforme lo dispuesto en el artículo 128 de la
Constitución Política al no estar contemplado en las excepciones legales.
En consecuencia, ordenó revocar el fallo de primera instancia en cuanto
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin haber considerado
la prohibición establecida por el artículo 128 de la Constitución Política y el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia proferida el 8 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 25899-33-33-001-2023-00201-00/01
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente, por
violación directa de la Constitución Política y por decisión sin motivación. Las
razones fueron las siguientes:

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3.1. Defecto fáctico que sustentó en que el Tribunal no valoró las pruebas
testimoniales ni documentales para resolver el problema jurídico que era si se
configuró o no la relación laboral lo que a juicio de la actora era trascendente
ya que de haber sido valoradas hubieran confirmado la existencia del contrato
realidad declarado en primera instancia.

Concretamente se refirió a la omisión probatoria del tribunal frente a la prueba
testimonial de cuatro declarantes cuyas manifestaciones si bien transcribió en
la sentencia, al momento de resolver el caso concreto consideró que no hizo
ningún análisis de los mismos frente al elemento subordinación.

Dijo que la inspectora de policía Angélica Liceth Ciprián Roldán declaró bajo
juramento que fue asignada como secretaria de la Inspección por orden del
Secretario de Gobierno; que cumplía un horario de martes a viernes de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.; que su jefe inmediata era
la inspectora; que cuando necesitaba ausentarse le pedía permiso a ella; que
colaboraba con la transcripción de audiencias, tramitaba comparendos,
llevaba agenda del despacho, atendía al público y realizaba cualquier tarea
asignada por la inspectora como jefe inmediato; que los elementos de trabajo
eran provistos por la Alcaldía; que su servicio era personal y no podía
delegarlo; y que ella misma le expidió certificación laboral en papel con logos
del municipio.

De los declarantes Rubén Anselmo Bejarano Méndez y José Adonai Acosta
Cárdenas explicaron que corroboraron la existencia de horario, subordinación
a la inspectora de policía y al secretario de gobierno, participación obligatoria
en eventos institucionales, uso de elementos de trabajo del municipio y
carácter permanente de las funciones.

De la prueba documental alegó la falta de valoración de las certificaciones
expedidas por las inspectoras de policía Angélica Liceth Ciprián Roldán y Erika
Gissella Rodríguez Rodríguez, quienes certificaron que se desempeñó como
secretaria de la Inspección de Policía. Sostuvo que tampoco se analizaron los
informes de gestión por ella presentados en los que se detallaban funciones
típicas de un cargo de planta, apoyo administrativo, recepción de
comparendos, asistencia en audiencias, proyección de oficios, atención al
público, archivo y registro.

Que no contrastó las funciones ejecutadas con el Manual de Funciones del
cargo de Secretaria Código 440 Grado 02, cuya comparación había sido
determinante en la decisión de primera instancia para concluir que las labores
contratadas coincidían sustancialmente con las funciones permanentes del
cargo de planta.

Por último, precisó que no se hizo una adecuada valoración del acto
administrativo de reconocimiento pensional en el que se mencionan periodos
anteriores laborados por ella al servicio del municipio de Ubalá entre 1998 y
2001, lo que mostraba un patrón histórico de vinculación con la entidad y que
el Tribunal tomó esta prueba a conveniencia para reforzar su tesis.

3.2. Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 19 de la Ley 4ª de
1992 y el artículo 128 de la Constitución Política.

De la prohibición constitucional dijo que esta iba dirigida a quienes se
encontraban en el contexto de la función pública como servidores públicos lo
que no era su caso ya que ella era pensionada y podía contratar con el Estado,
de modo que no era dable que si se desnaturalizaba el contrato de prestación
de servicios por estar acreditados los elementos de la relación laboral esto

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operara en contra del trabajador sino de la administración que había
contratado irregularmente.

De la interpretación de la norma (artículo 19 de la Ley 4ª de 1992) indicó que era
irrazonable porque las excepciones allí contenidas regulaban la compatibilidad
para servidores públicos activos que desempeñaran simultáneamente
funciones y no para pensionados que celebraban contratos de prestación de
servicios.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente citó como desconocidas las
siguientes providencias:

• Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, CE-SUJ2-
005-16 del 25 de agosto de 2016. Sostuvo que estas reglas de unificación frente al
contrato realidad no excluyeron la posibilidad de que el contratista fuera pensionado y
que, si bien se citó esta providencia en la sentencia cuestionada en el marco conceptual,
materialmente fue desconocida al crear una excepción que la sentencia no contemplaba.
• Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, CE-SUJ2-
025-21 del 9 de septiembre de 2021. Frente a la que consideró que complementó las
reglas del contrato realidad, especialmente sobre la solución de continuidad y los aportes
a seguridad social pero donde no se estableció ninguna excepción para los pensionados
y también indicó que fue citada por el Tribunal pero que la desconoció al momento de su
aplicación.
• Concepto No. 1344 del 10 de mayo de 2001 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado. Dijo que este concepto, cuya referencia exacta era la prohibición
de percibir doble asignación y el alcance del artículo 128 de la Constitución Política
respecto de los particulares contratistas y de los pensionados, establecía que el
pensionado no era servidor público, que la incompatibilidad no lo cobijaba y que podía
celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado , lo que contradecía la tesis
del Tribunal. Agregó que si bien los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no
tenían el carácter de sentencia de unificación, eran doctrina autorizada por esta
Corporación y en esa medida había sido desconocido por el Tribunal.

3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política citó los artículos
53, 13, 25 y 48 de la Constitución Política que consideró vulnerados por el
Tribunal con la decisión adoptada, pues dijo que no podía verse afectada con
la decisión de ser contratada pese a ser una persona pensionada y, no poder
reclamar sus derechos laborales como consecuencia de una relación laboral
encubierta, pues esto iba en contra del principio de favorabilidad para el
trabajador, en contra de la igualdad y en desmedro de los derechos al trabajo
y a la seguridad social.

3.5. Defecto por decisión sin motivación Precisó que el Tribunal se ocupó de un
tema distinto al problema jurídico principal que debía resolverse y al
planteamiento que se había hecho en el recurso de apelación y era si se
configuraban o no los elementos de la relación laboral y que, lo que hizo el
Tribunal fue resolver el caso con base en un elemento accesorio sin
pronunciarse sobre el contrato realidad que era el objeto de la controversia y
sobre el cual debió dirigir el estudio conforme con el recurso de alzada.

Precisó que la autoridad judicial accionada negó la totalidad de las
pretensiones de la demanda incluyendo la primera que era la nulidad del acto
administrativo por el que el municipio negó la existencia de la relación laboral,
sin tener en cuenta que prestó sus servicios al municipio y que había existido
una relación subordinada, lo que no se explicó ni desarrolló por el Tribunal en
la sentencia, limitándose a mencionar la incompatibilidad entre la situación de
pensionada y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a su favor.
Encontró que el centro del razonamiento del Tribunal fue equiparar la condena
a título de restablecimiento del derecho con una asignación en los términos del

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artículo 128 de la Constitución Política lo que no era acertado jurídicamente ya
que asignación e indemnización eran dos categorías distintas, pues la primera
era una remuneración periódica por servicios activos y la segunda era una
operación económica por un derecho desconocido, pero que la sentencia no
explicaba la razón por la que equiparaba estas dos categorías.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 12 de mayo de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por la señora Mery González Cárdenas contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C; (ii) ordenó
la notificación de las partes; (iii) como terceros con interés dispuso vincular al
municipio de Ubalá (entidad que actuó como demandada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho), a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público (quienes fueron vinculados en el
proceso ordinario) y, a los Juzgados Primero y Tercero Administrativos de
Zipaquirá (autoridades judiciales que conocieron en primera instancia en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho)

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C intervino por conducto de la magistrada ponente quien indicó
que la tutela no podía ser entendida como una instancia adicional y reiteró las
razones por las que la Corporación resolvió negar lo pretendido por la
accionante lo que, afirmó, se hizo en el marco del debido proceso.
Por lo anterior pidió negar el amparo constitucional.
4.3. El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá presentó informe por
conducto de la titular del despacho quien manifestó que el proceso fue remitido
al Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá con ocasión de las medidas
adoptadas en su momento por el Consejo Superior de la Judicatura, razón por
la que no se advertía la presunta vulneración de derechos fundamentales de
la actora y agregó que quien debía atender los argumentos de la acción de
tutela era el juzgado que conoció y resolvió el asunto de fondo, razón por la
que pidió se declarara improcedente el amparo y se desvinculara al Juzgado
de la presente acción.
4.4. El Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá se pronunció igualmente
por conducto de la juez titular del despacho quien hizo un recuento de las
instancias procesales adelantadas por parte del despacho y de cara a lo
pretendido a través de la presente acción, consideró que se discutía lo resuelto
en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
razón por la que dijo, era dicha autoridad judicial quien debía atender el
requerimiento de la tutela al no tener injerencia con lo resuelto en primera
instancia por el juzgado.
Al margen de lo anterior, consideró que no se configuraban los presupuestos
ni genéricos ni específicos de la acción de tutela para la protección de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
4.5. El municipio de Ubalá intervino por intermedio de apoderado judicial quien se
pronunció de manera detallada frente a cada uno de los defectos propuestos
contra la sentencia del tribunal y en síntesis, consideró que la decisión no era
arbitraria, que se había emitido conforme las pruebas aportadas al proceso
incluida la prueba de oficio con respecto a la que se corrió traslado a las partes
quienes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sin que hubiera sido
sorpresiva la sentencia para los sujetos procesales sino fundamentada
además en la situación concreta de la actora.

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Contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, consideró el municipio que la
decisión se sustentó no solo en las pruebas sino además en las normas
aplicables al caso sin que se hiciera una interpretación equivocada de las
mismas, por el contrario, apoyó el análisis del tribunal en cuanto a la
imposibilidad de que se devengaran dos erogaciones provenientes del erario
público, entendido como el presupuesto que la Nación destinaba a los entes
territoriales de un lado y de otro lo que por derecho percibía como pensión
también reconocido por el Estado, siendo esto incompatible cuando se trataba
de un restablecimiento del derecho de orden laboral y en este caso
prestacional.

Aseguró que no se trataba de una decisión carente de motivación o
indebidamente motivada, que en la sentencia estaban expuestas de manera
suficiente las razones por las que no era posible entender una condena
producto de un contrato realidad y de manera simultánea el pago de la
prestación a la que la accionante tenía derecho y venía percibiendo incluso
mientras percibió sus honorarios producto del contrato de prestación de
servicios suscrito con el municipio y dijo además que no era un aspecto nuevo
ya que desde la contestación de la demanda e incluso en el recurso de
apelación se había señalado que no se trató de una persona en provisionalidad
ni en carrera administrativa ni en una situación administrativa determinada y
que, tal situación de manera alguna desconocía o discriminaba a los
pensionados que prestaban sus servicios mediante contratos de prestación de
servicios.

De los requisitos de procedencia de la tutela, sostuvo que debieron
mencionarse las razones por las que, eventualmente, serían procedentes
recursos extraordinarios como el de revisión o el de unificación de
jurisprudencia y que, lo pretendido por la accionante era que la tutela se
convirtiera en una tercera instancia con el propósito de analizar los argumentos
y las pruebas ya debatidas y analizadas en sede ordinaria por no estar de
acuerdo con los fundamentos del juez natural.

4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad, no obstante haber sido notificados de
la existencia de la presente acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Solicitud de desvinculación

El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá manifestó que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva en la medida que no había tramitado el proceso
ordinario ni había emitido sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que de
acuerdo con las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura el
proceso había pasado a ser de conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo de
Zipaquirá.

Respecto de lo anterior, la Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio
de la acción de tutela, la mencionada autoridad judicial fue vinculada al proceso
constitucional en calidad de tercero con interés y no como parte demandada. Lo
anterior considerando que inicialmente sí tuvo conocimiento del proceso al haber
inadmitido la demanda ordinaria para posteriormente haberse procedido con su
admisión, de modo que se consideró necesaria su vinculación como tercero.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19916, a la mencionada autoridad judicial le asiste interés legítimo en el
resultado de este proceso constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculado
a éste en la calidad de tercero que le fue reconocido en el auto admisorio de la
tutela. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.

4. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes del caso y el escrito de tutela y teniendo en cuenta
que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá verificarse previamente
el cumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela contra providencia
judicial, en especial el de la subsidiariedad.

3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03366-00
Demandante: Mery González Cárdenas

De encontrarse acreditados los mismos, corresponderá a la Sala determinar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C al emitir
la providencia del 8 de abril de 2026 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 25899-33-33-001-2023-00201-00/01 incurrió en los
defectos propuestos por la parte actora.

5. Alcance del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también se debe analizar la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 16.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.

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Demandante: Mery González Cárdenas

6. Análisis del caso

6.1. La parte actora consideró que la decisión de segunda instancia no fue
congruente con los hechos expuestos en el recurso de apelación por la parte
recurrente que, en el caso fue el municipio de Ubalá quien fue condenado en
primera instancia por parte del Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá.

Contextualizando el caso, advierte la Sala que se trató de una controversia en
la que la señora Mery González Cárdenas reclamó ante la entidad territorial la
existencia de una relación laboral encubierta en la sucesiva suscripción de
contratos de prestación de servicios, lo que se negó por la administración y por
lo que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento cuyas
pretensiones fueron las siguientes:
«DECLARATIVAS
1- Que se declare la nulidad del oficio No. 200-002-023, de fecha 11 de enero del 2023,
mediante la cual se negaron a lo solicitado en la reclamación administrativa radicada el
24 de diciembre del 2022.
2- Que se DECLARE la existencia de un contrato laboral a término indefinido bajo la
modalidad de un contrato realidad, comprendida en el extremo laboral que va
comprendido desde el día primero (01) de agosto de (2020) hasta el día treinta (30) de
diciembre de 2021 siendo esta última fecha la finalización del último contrato de
prestación de servicios.
CONDENAS
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho se:
3- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, las CESANTIAS, desde el inicio de la relación laboral, es decir desde el 1
de agosto del 2020 hasta el 30 de diciembre del 2021.
4- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERYGONZALEZ
CARDENAS, los INTERESES A LAS CESANTIAS, desde el inicio de la relación laboral,
es decir desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 30 de diciembre del 2021.
5- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, la PRIMA DE SERVICIOS, desde el inicio de la relación laboral, es decir
desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 30 de Diciembre del 2021.
6- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, las VACACIONES, desde el inicio de la relación laboral, es decir desde el
1 de Agosto del 2020 hasta el 30 de Diciembre del 2021.
7- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, la SANCION MORATORIA POR LA NO CONSIGNACION Y PAGO DE LAS
CESANTIAS, desde el inicio de la relación laboral, es decir desde el 1 de Agosto del 2020
hasta que se compruebe el pago de las mismas.
8- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, la INDEMNIZACION MORATORIA, desde el inicio de la relación laboral, es
decir desde el 1 de Agosto del 2020 hasta que se compruebe el pago de las mismas.
9- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, la SEGURIDAD SOCIAL (PENSION Y SALUD), desde el inicio de la
relación laboral, es decir desde el 1 de Agosto del 2020 hasta el 30 de Diciembre del
2021.
10- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, según lo que se le reconozca, las sumas necesarias para hacer los ajustes
de valor, conforme al índice de precios al consumidor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 178 del C.C.A.
11- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176
del C.C.A., a reconocer y pagar a favor de mi mandante los intereses comerciales durante
los primeros seis meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, e intereses moratorios
después del término de seis meses conforme lo dispone el artículo 177 del C.C.A.

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Demandante: Mery González Cárdenas

12- Que se CONDENE al Municipio de Ubalá, a pagar en favor la señora MERY GONZALEZ
CARDENAS, las sumas correspondientes a costas y agencias en derecho en favor de
esta parte demandante».

En la sentencia de primera instancia proferida el 26 de agosto de 2025,
Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá, estudió el problema jurídico que
se delimitó a establecer si entre la accionante, señora Mery González
Cárdenas y el municipio de Ubalá existió una relación encubierta y de ser así,
si había derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
dejadas de percibir con ocasión de los contratos celebrados y ejecutados por
la hoy tutelante.

A partir de allí, conforme los hechos y el material probatorio allegado al
expediente, determinó el Juzgado que, en efecto, estaban configurados los
elementos de la relación laboral, haciendo especial análisis en el elemento
subordinación que encontró acreditado.

En síntesis, los argumentos que tuvo para acceder a las pretensiones de la
demanda fueron los siguientes:
«En cuanto a la ejecución de funciones continua e ininterrumpida, tal y como se señaló
previamente, se encuentra probado que la actora prestó sus servicios al MUNICIPIO DE
UBALÁ a través de 3 contratos de prestación de servicios, con el mismo objeto y de manera
continua, entre el 1° de agosto de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2021.
Por otra parte, si bien es cierto, dentro de los antecedentes administrativos también se acredita
que la actora rendía informes al supervisor del contrato respecto de cada una de las tareas
que venía desempeñando, también los es que, de la revisión de las tareas reportadas, se
evidencia que estas obedecen a las actividades propias del funcionamiento de la Inspección
de Policía de Ubalá, v.gr. la toma del registro de audiencias, recepción de documentos
dirigidos a la dependencia y, en general, atención al público.
En cuanto al cumplimiento de horario y permanencia en un puesto de trabajo, estos aspectos
fueron debidamente acreditados por la parte demandante, por lo que se encuentra la
subordinación de la demandante.
[…]
No se puede dejar a un lado la declaración del señor ALCIDES BERNATE, quien en su calidad
de ex Secretario de Gobierno del ente territorial demandado y encargado de hacer la
supervisión del contrato señaló que, a la demandante nunca se le exigió prestar sus servicios
de manera presencial en las dependencias de la alcaldía, tampoco el cumplimiento de un
horario, adicionalmente que, la ejecución de los contratos de prestación de servicios se dio
dentro del marco de autonomía que gozan los contratistas, no obstante, sus afirmaciones
pugnan con las declaraciones de los demás testigos, en donde se dio fe de lo contrario,
señalando incluso que la señora GONZÁLEZ CÁRDENAS tenía su puesto de trabajo en la
inspección de policía, situación que se corrobora con los informes de gestión a él reportados;
además se advierte sobre la imposición por parte de la administración sobre la demandante
de asistir y apoyar actividades extracurriculares, exigencia que también se le hacía a los
demás miembros del personal de planta; tales aspectos desvirtúan lo manifestado por el
aludido testigo y dan credibilidad a lo manifestado en los hechos de la demanda.
Ahora bien, no puede pasarse el sesgó del testigo en cuestión, ya que interviene directamente
en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, derivando de ello una eventual
responsabilidad, a esto se le suma el hecho que, en los expedientes administrativos aportados
por el municipio de Ubalá no se avizora soporte de las reuniones de coordinación que indicó
el declarante haber desarrollado con la actora, siendo su deber como servidor dejar acta de
las mismas.
Es entonces como existen razones suficientes para desestimar lo declarado por el señor
ALCIDES BERNATE y reiterar que, la demandante acreditó la existencia de subordinación y
dependencia en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Asimismo, se debe resaltar que, junto a la documental adosada al expediente no se allegaron
los respectivos estudios previos de los contratos suscritos entre las partes, por lo que se debe
entender que el requisito contemplado en el art. 25 de la L. 80/1993, modificado por el art. 87
de la L. 1474/2011, no se cumplió.

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Demandante: Mery González Cárdenas

Se itera que, la ausencia de la temporalidad en los estudios previos, o la contratación continua
y sucesiva con un mismo contratista, con identidad de objeto y similitud circunstancial en su
desarrollo o el hecho de que el objeto contractual pretenda cubrir funciones y actividades
permanentes de la administración, evidenciados en los estudios previos, desborda el término
estrictamente indispensable –Cfr. art. 32 L. 80/1993-, lo cual constituye indicio de una relación
laboral subyacente.
[…]
[s]e debe evaluar si entre la ejecución de los contratos de prestación de servicios se
presentaron periodos inactivos que llevaron a la terminación de la continuidad en la prestación
de los servicios de la actora. Bajo dicho parámetro, se tiene que entre las partes se
suscribieron los siguientes contratos:
[…]
Visto lo anterior, a juicio de esta judicatura, no existió solución de continuidad en la prestación
del servicio, por lo que se entenderá que la relación laboral encubierta se presentó
ininterrumpidamente entre el 1° de agosto de 2020 al 30 de diciembre de 2021».

Ahora bien, el municipio de Ubalá quien fue vencido en el proceso, presentó
recurso de apelación contra la sentencia del juzgado, con los siguientes
argumentos:
«La decisión adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá merece
un profundo examen crítico, pues su fundamentación jurídica incurre en errores de valoración
probatoria, interpretación normativa y aplicación de la jurisprudencia. Estos yerros, lejos de
constituir una mera diferencia de apreciación, tienen la virtualidad de afectar la legalidad y la
corrección de la decisión, por lo que corresponde al superior revocarla.
En primer lugar, la sentencia apelada confunde de manera sustancial las nociones de
coordinación contractual y subordinación laboral. El juzgado, al dar por acreditada la
subordinación, fundamentó su razonamiento en la existencia de un horario y en la ejecución
de obligaciones propias de la Inspección de Policía. Sin embargo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la mera existencia de un horario, de
instrucciones sobre la forma de cumplir el contrato o de reportes periódicos no implica per se
subordinación laboral. La coordinación inherente al contrato de prestación de servicios exige
que el contratista se adapte a las necesidades del contratante, en especial cuando se trata de
la administración pública, pero esa coordinación no puede equipararse a subordinación
jurídica.
[…]
Al reducir la subordinación al mero cumplimiento de un horario y a la ejecución de tareas
administrativas, el a quo desnaturalizó la esencia de este elemento estructural y terminó
trasladando indebidamente a la esfera laboral un contrato legalmente permitido.
En segundo término, el juzgado desconoció de manera expresa el mandato normativo del
artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos de prestación de
servicios en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales. Dicha disposición
es clara en asegurar que el legislador quiso delimitar de forma tajante la frontera entre el
vínculo contractual y el laboral, para evitar que la contratación administrativa se convirtiera en
un mecanismo automático de reconocimiento de derechos propios de la relación de trabajo.
La sentencia apelada, sin embargo, operó en sentido contrario, pues a partir de una valoración
parcial de la prueba concluyó que se configuró un contrato realidad, sin atender que la norma
prohíbe esa equiparación salvo en casos donde la subordinación se acredite de manera plena.
En este caso, la subordinación fue inferida de indicios endebles y contradictorios, lo cual
desvirtúa la fuerza de convicción de la decisión.
Adicionalmente, la providencia de primera instancia desestimó injustificadamente la
declaración del exsecretario de Gobierno, quien en calidad de supervisor de los contratos dio
cuenta de la autonomía de la contratista. El juzgado argumentó que su testimonio debía ser
descartado por un eventual sesgo, al haber sido parte del proceso contractual. No obstante,
tal razonamiento resulta contrario a las reglas de la sana crítica. La declaración de un servidor
público que actuó como supervisor de un contrato no puede desecharse sin un análisis
detallado de su contenido, máxime cuando se trata de la autoridad formalmente encargada de
velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El valor probatorio de dicha
declaración debía ponderarse en conjunto con los demás medios de convicción, pero no ser
descartado en bloque bajo la sola consideración de un posible interés subjetivo. Al proceder
de ese modo, el juzgado incurrió en un error de valoración probatoria que comprometió la
imparcialidad de la decisión.

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Otro aspecto problemático de la sentencia se encuentra en la interpretación extensiva de la
continuidad contractual. El fallo concluyó que, pese a existir interrupciones de 47 y 20 días
entre los contratos suscritos, se configuró una continuidad, de modo que la relación se
entendía ininterrumpida. Esta conclusión contradice abiertamente lo dispuesto en la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la que el Consejo de
Estado estableció que:
[…]
El juzgado no explicó cuáles fueron esas circunstancias especiales que justificaban ampliar
dicho término. Se limitó a concluir, sin mayor sustento, que no había solución de continuidad,
desconociendo que la interrupción de 47 días superaba ampliamente el parámetro fijado por
la jurisprudencia de unificación. Esta interpretación laxa del requisito temporal conlleva una
aplicación errada del precedente judicial, con el consecuente desconocimiento del principio de
igualdad en la aplicación del derecho. Igualmente, la sentencia utilizó la ausencia de estudios previos como indicio para declarar la
existencia de contrato realidad. Tal razonamiento carece de fundamento jurídico. Los estudios
previos constituyen un requisito de planeación en la contratación estatal, cuya omisión puede
generar consecuencias de otro orden, pero de ninguna manera constituye prueba de
subordinación laboral. Al elevar la ausencia de estudios previos a la categoría de indicio de
relación laboral encubierta, el juzgado incurrió en un salto argumentativo que desborda el
marco jurídico del proceso. La existencia o no de estudios previos no guarda relación con la
configuración de los elementos del contrato de trabajo, y su uso como argumento central
desvirtúa el rigor exigido en la valoración probatoria. Debe también resaltarse que la sentencia no analizó con el debido detenimiento la naturaleza
de las obligaciones desempeñadas por la contratista. El objeto contractual versaba sobre
apoyo a la gestión administrativa de la Inspección de Policía, actividades que, conforme a la
normativa vigente, pueden ser objeto de contratación bajo la modalidad de prestación de
servicios. El fallo, sin embargo, asumió que por tratarse de obligaciones de carácter secretarial
debía existir una relación laboral. Esta conclusión desconoce que la Ley 80 de 1993 autoriza
la contratación para actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad, siempre que no puedan ser asumidas por personal de planta. La existencia de
obligaciones secretariales no excluye per se la posibilidad de contratar bajo la modalidad de
prestación de servicios, por lo que el razonamiento del juzgado resulta apresurado y contrario
al marco legal aplicable. En el mismo sentido, el fallo no tuvo en cuenta que la demandante realizaba aportes a
seguridad social en calidad de contratista independiente. Dicho hecho, lejos de ser una simple
formalidad, demuestra la naturaleza contractual de la vinculación. La jurisprudencia ha
sostenido que la realización de aportes como independiente constituye un indicio serio de la
autonomía en la prestación del servicio. El juzgado, sin embargo, omitió valorar este aspecto
y centró su análisis en elementos accesorios como la asistencia a eventos de la alcaldía,
circunstancias que pueden explicarse por la necesidad de coordinación institucional y no
necesariamente por subordinación laboral. Más aún, la sentencia ignoró que el contrato de prestación de servicios es, en esencia, una
figura excepcional y temporal, cuya procedencia está determinada por la imposibilidad de
atender ciertas obligaciones con el personal de planta. El hecho de que se hubieran celebrado
varios contratos sucesivos no desvirtúa por sí solo su legalidad, pues la administración puede
acudir a esta modalidad siempre que lo justifique en los estudios previos y en las necesidades
del servicio.

El juzgado pasó por alto esta característica y, en cambio, dedujo de la sucesión
contractual la existencia de relación laboral, en una aplicación contraria al principio de
legalidad contractual. Debe insistirse en que la subordinación, como elemento estructural del contrato de trabajo,
requiere un análisis riguroso de las condiciones reales de la vinculación. […]
En igual sentido, el juzgado otorgó gran peso en la valoración probatoria a los certificados
expedidos por la Inspectora de Policía de Ubalá, en los que se afirmó que la señora Mery
González Cárdenas, cuando fungía como Secretaria de la Inspección de Policía de Ubalá,
cumplía un horario de trabajo en las instalaciones de esa dependencia. En concordancia con
lo expuesto, estas certificaciones debían valorarse en conjunto con los demás medios de
prueba que fueron practicados; y en consecuencia, la conclusión necesaria sería una ajena a
lo establecido por el Juzgado. Lo anterior, por cuanto de una juiciosa valoración se hubiese
resaltado la coordinación propia de un contrato de prestación de servicios, y no una
subordinación, tal como lo señaló el entonces Secretario de Gobierno, el señor Alcides
Bernate. Todo lo anterior se encauza en determinar que no existen elementos estructurantes que
puedan configurar una relación laboral en los términos planteados por la demandante; en

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primer lugar, la supuesta subordinación derivada del contrato de prestación de servicios es en
realidad una coordinación propia de esta figura contractual; en segundo lugar, la prestación
personal del servicio es un elemento que puede confluir tanto en un contrato laboral como en
uno de prestación de servicios, por lo que incluso de configurarse en el presente caso, no
devendría automáticamente en la demostración plena de una supuesta relación laboral; y, por
último, es cierto y apenas lógico que la demandante percibiera una remuneración por sus
servicios prestados, pero una interpretación que asevere que dicha remuneración es
constitutiva de salario desconocería de manera directa la Ley 80 de 1993. […]».

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
en la providencia del 8 de abril de 2026 que se cuestiona a través de la
presente acción resolvió el caso concreto de la siguiente manera:
«Caso concreto
82. Antes de entrar a analizar el vínculo contractual entre la Mery González Cárdenas y el
Municipio de Ubalá, es necesario destacar una circunstancia relevante, esto es, la
incompatibilidad entre la pensión de jubilación y las prestaciones que pudieren derivarse de
una relación similar a la que ejerce el personal de planta cuando se ha desnaturalizado un
contrato de prestación de servicios.
83. Una vez analizados bajo las reglas de la sana crítica, los medios documentales de prueba,
los testimonios escuchados y demás material probatorio recaudado en la etapa pertinente, la
Sala encuentra demostrado lo siguiente:
Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y las prestaciones que puedan derivarse
de un contrato de prestación de servicios simulado.
84. De acuerdo a lo manifestado por el señor Alcides Bernate en la audiencia de pruebas
celebrada el 22 de octubre de 2024, afirmó que la señora Mery González Cárdenas trabajó
para el municipio de Ubalá en calidad de contratista para los años 2021 y 2022 (sic)
adicionalmente indicó que: “Al parecer es pensionada y no se le exigía el pago de seguridad
social, dada su condición de pensionada”.
85. Adicionalmente el Municipio de Ubalá en su contestación de demanda aporta Captura de
pantalla de la consulta efectuada al RUAF – SISPRO – Afiliaciones al sistema de fecha 16 de
diciembre de 2023, con el cual se puede evidenciar que la demandante se encuentra afiliada
a pensiones al Régimen de Prima Media con COLPENSIONES y es beneficiaria de la pensión
de vejez la cual fue reconocida mediante Resolución 241762 del 18 de agosto de 2016.
86. En atención a lo anterior el Despacho a través de prueba de oficio solicitó a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES allegar copia de la Resolución
241762 de fecha 18 de agosto de 2016, que reconoce pensión de vejez a la señora MERY
GONZALEZ CARDENAS quien se identifica con cédula de ciudadanía No 21030767, a partir
del período 201609, la cual fue allegada al plenario.
87. Estos hechos, llevan a la Sala a analizar si existe incompatibilidad entre la pensión de
jubilación y el pago de prestaciones sociales derivadas de un contrato de prestación de
servicios del que se alega existe una relación laboral oculta o desnaturalización.
88. El Tribunal parte del análisis de la siguiente premisa legal: de conformidad con el literal e)
del artículo 19 de la ley 4a. de 1992, los honorarios derivados de contratos de prestación de
servicios, por esa regla general, no resultaban incompatibles con la pensión de jubilación que
perciba un pensionado.
89. O lo que es lo mismo, cualquier persona con pensión de jubilación está plenamente
autorizada para contratar y percibir honorarios como contratista independiente. Pero solo
honorarios, no para fungir como empleado público o deprecar montos equivalentes a
prestaciones sociales, si su contrato fue desnaturalizado, que es la deducción lógica a partir
de la misma regla legal.
90. Lo anterior se deduce, sin dubitación alguna, a partir de la sentencia C-133 de 1993 de la
Corte Constitucional que estudió el artículo 128 de la Constitución Política respecto a la
prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de percibir más de
una asignación del tesoro público.
91. En efecto, el desarrollo legal de la Ley 4a. de 1992, en su artículo 19 dice lo siguiente:
[…]
92. Estas excepciones ratifican, que el salario y las prestaciones de empleado público son
incompatibles con la pensión que se recibe del tesoro público. Son compatibles, solo para los
casos específicamente descritos en la norma, que no abarca o no se extiende a las

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Demandante: Mery González Cárdenas

prestaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios desnaturalizado que da paso
al pago de prestaciones sociales iguales al del personal de planta. Las excepciones son
taxativas, y no admiten extensión por vía de interpretación.
93. De igual manera el Decreto 1083 de 2015 señala que la persona retirada con derecho a
pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio. De ello se deduce que el pago de
prestaciones por la prestación material del servicio en un contrato desnaturalizado que hace
presumir una relación laboral tiene idénticas connotaciones de servicio activo, por ello tales
emolumentos resultan incompatibles con la asignación de pensión de vejez o jubilación.
94. Claro es, que: i) los recursos que destina el Municipio de Ubalá para pagar salarios y
prestaciones son de origen público; ii) en los procesos en los que se concluye con declaratoria
de desnaturalización del contrato de prestación de servicios, la orden de restablecimiento es
de naturaleza laboral; iii) los empleados públicos que reciban pensión de jubilación o vejez,
pueden ser contratados para percibir honorarios más no pueden fungir formal o materialmente
como servidores regidos por una relación laboral, sea la legal o reglamentaria, con su
consecuencial derecho al pago de prestaciones sociales por desnaturalización de un contrato
de prestación de servicios.
95. En efecto, cuando se tiene que abordar la orden de restablecimiento, nos encontramos
con el hecho que el actor estaba pensionado. La pensión, sin duda es compatible con el pago
de honorarios, pero no lo es con las prestaciones que reclama, derivadas de la presunta
desnaturalización del contrato de prestación de servicios.
96. Acceder al pago de prestaciones sociales o su equivalente, en las circunstancias
analizadas de la demandante pensionada, es permitir el recibo de doble asignación del tesoro,
situación que corresponde a la prohibición contenida en el artículo 128 constitucional; ya que
su caso no se subsume, en las excepciones legales.
97. Recuérdese que la función pública es plenamente reglada en virtud del artículo 122 de
nuestro ordenamiento constitucional. Luego entonces, no puede declararse a su favor una
relación similar a la relación legal y reglamentaria, que por la desnaturalización eventualmente
podía percibir prestaciones sociales, si por la misma regla de la función pública se llega a
concluir que, si como pensionado no podía tener derecho al servicio activo en el sector público
devengando pensión y salario, tampoco puede deprecar el equivalente a prestaciones por la
contratación presuntamente simulada u oculta.
98. Bajo las anteriores consideraciones, se revocará la sentencia proferida en primera
instancia en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin haber
considerado la prohibición establecida por el artículo 128 de la Constitución Política y el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992».

6.2. De acuerdo con el anterior recuento se advierte que la controversia siempre
estuvo centrada en la existencia de los elementos de la relación laboral, eje de
la discusión desde la demanda y que siguió siendo el punto sobre el que debía
hacerse el análisis ahora en segunda instancia conforme lo planteado en el
recurso de alzada, sin embargo, como se puede ver de la transcripción de los
fundamentos del tribunal para revocar y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, el estudio se dirigió a la consecuencia de un
posible reconocimiento de prestaciones sociales derivadas del contrato
realidad y su incompatibilidad con la pensión de jubilación percibida por la
actora, sin resolver previamente sobre lo planteado en el recurso de apelación
esto es, si estaba o no probado el elemento subordinación, situación que faltó
al principio de congruencia con la que deben contar las decisiones judiciales.

En criterio de la parte accionante el Tribunal dejó de resolver sobre lo planteado
en el recurso de apelación que si bien presentó y sustentó la parte demandada
que fue vencida en primera instancia, era necesario que se resolviera por la
autoridad judicial accionada conforme a lo planteado por la parte recurrente y
de esta manera contar con el pronunciamiento de la instancia de cierre, en
este caso el Tribunal, que era verificar si estaba o no configurada la relación
laboral, en concreto, el elemento subordinación, para de allí derivar si se
confirmaba o se revocaba lo resuelto por el a quo y pasar entonces al análisis
de las consecuencias que traería un restablecimiento de una persona que,
siendo pensionada por parte del Estado percibiría un dinero por concepto de
prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia del contrato

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realidad que serían canceladas por el municipio demandado con dinero
proveniente del erario público, quedando incurso en la prohibición
constitucional y legal que allí se explicó.

6.3. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existe otro mecanismo de defensa judicial
previsto por el ordenamiento jurídico para alegar la falta de congruencia entre
los argumentos presentados en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y el fallo de segunda instancia atacado, punto que fue
justamente sobre el que se fundamentaron los cargos de la demanda de tutela
a través de la enunciación de varios de los defectos contra providencia judicial,
pero en específico el defecto por decisión sin motivación en el que expuso el
argumento central de la falta de congruencia de la sentencia de segunda
instancia.

El Consejo de Estado ha precisado que la congruencia puede ser interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda, es decir la
externa, alude a que la decisión contenida en la resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda como en su contestación. En el
caso propuesto, se trata del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia frente al que justamente la parte actora considera que la
decisión de segunda instancia no fue congruente con el recurso de apelación
(congruencia externa).

Sobre la distinción en las nociones del concepto de congruencia, la Sección
Cuarta de esta corporación expresó:
«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se pretende
de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del principio de la
congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La externa, se
traduce en la concordancia debida entre el pedido de la (sic) partes en la demanda y su
corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su
fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con
el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar “ los hechos en que se
funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las
peticiones”.
No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva “ deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda... ”. Dado que con
la definición del proceso se busca la certeza jurídica, la norma le impone al juez el deber de
claridad respecto de la sentencia, noción que se opone a las decisiones oscuras, ambiguas o
dudosas. La congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir
entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas
contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia»7

Para tal fin, el mecanismo al cual la parte actora puede acudir para ventilar tal
reproche es el recurso extraordinario de revisión, en consideración a que
jurisprudencialmente se ha reconocido su procedencia para la protección del
principio de congruencia, en virtud del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que
en su numeral quinto consagra como la causal de revisión « 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

En ese sentido se pronunció esta corporación:
«Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se genere en el preciso
momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el recurso

7
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo 2002. Radicado: 76001-23-24-000-1997-3983-
01(12439). Actor: Cementos del Valle S.A. C.P Juan Ángel Palacio Hincapié.

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de apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no tendrá
cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque
ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado
recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo
con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha señalado los siguientes:
a. sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o
perención, porque con esto se revive un proceso legalmente concluido. b. sentencia cuando
el proceso se encuentra suspendido. c. sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia,
por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada]. e. Decidir aspectos
que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están enmarcadas
en dos grupos a saber, el compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las
relativas a los vicios que contiene la sentencia» 8.

Asimismo, esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-01369-00, explicó que «a partir de los
casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las Salas de Sección,
cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que existe una línea
jurisprudencial pacífica sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión para la
protección del principio de congruencia, por la vía de la causal de “nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. [.] En
conclusión, el recurso extraordinario de revisión resulta un mecanismo idóneo cuando se alega
la vulneración del principio de congruencia, toda vez que la jurisprudencia acepta la
procedencia. También es un medio eficaz, en la medida en que puede proteger de manera
integral el derecho fundamental vulnerado y se pueden tomar decisiones que restauren de
forma suficiente el derecho. En efecto, si se encuentra fundada la causal, se invalidará la
sentencia revisada, se dictará la que en derecho corresponda y «se resolverá sobre las
restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de
dicha invalidación” (artículo 255 de la Ley 1437 de 2011)».

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que, pese a que existen
similitudes entre la acción de tutela y el recurso extraordinario de revisión, se
presentan eventos en los cuales este último desplaza a la acción de tutela.
Este análisis se ha efectuado a la luz del estudio de idoneidad del mencionado
recurso.

De manera que en las circunstancias mencionadas en la jurisprudencia
constitucional aquel se erige como la vía judicial preponderante de protección.
Veamos lo señalado sobre la materia en la sentencia SU-026 de 2021:
«Se erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa como un
medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene
origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de
revisión (...). Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura
brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será eficaz cuando
a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros
derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya

8
Consejo de Estado. Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del 1 de noviembre de 2016. C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, radicación 11001-03-15-000-2012-00230-00.

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protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite
del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a
salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran
de forma suficiente y oportuna el derecho.”
5.8. Dicho de otro modo la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente cuando
al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al debido proceso
y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión”» (Negrillas propias y corchetes añadidos).

En el caso, precisamente, se advierte que el recurso extraordinario de revisión
es el mecanismo de defensa idóneo al que debe acudir la parte actora, puesto
que (i) a través de este es posible alcanzar la protección del derecho al debido
proceso que invoca y porque (ii) la circunstancia alegada referente a la falta de
congruencia se enmarca en una de las causales consagradas en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la interpretación jurisprudencial
reiterada sobre la materia.

Se corrobora, entonces, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
que le permite a la parte actora alegar la presunta incongruencia de la
sentencia de segunda instancia, generada al haberse pronunciado de un
restablecimiento del derecho sin analizar de manera previa la configuración o
no del contrato realidad conforme con los argumentos presentados en el
recurso de apelación.

6.4. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial no necesariamente significa la improcedencia
de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales. Para
la Sala, el recurso extraordinario de revisión es idóneo y eficaz para el
propósito indicado en el escrito de tutela, porque (i) jurisprudencialmente ha
sido reconocida la procedencia de tal mecanismo para resolver controversias
relacionadas con la vulneración del principio de congruencia; (ii) a través de
este se puede proteger de manera integral el derecho fundamental
presuntamente transgredido y tomar decisiones que lo restauren de forma
suficiente; y (iii) este brinda las garantías y herramientas que le provee el
debido proceso que caracteriza el proceso judicial.

Ahora bien, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación grave,
inminente y que requiera medidas impostergables. El desacuerdo con la
decisión del juez de segunda instancia no significa la existencia de un perjuicio
irremediable. De aceptar ese razonamiento, habría que concluir que cualquier
decisión que no comparta una parte implica la existencia de un perjuicio de
esa naturaleza. Conclusión que a todas luces carece de razonabilidad, en tanto
que el desacuerdo frente a una disposición judicial no es equiparable a la
existencia de un daño que por su alta gravedad requiera la implementación de
medidas urgentes.

Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues no se
advierte la falta de idoneidad o ineficacia del recurso extraordinario de revisión,
así como tampoco la existencia de un perjuicio irremediable. A causa de lo

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anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita la
procedencia excepcional de la tutela en el caso, como mecanismo transitorio.

6.5. Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la subsidiariedad.

En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos planteados por la tutelante.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela por no cumplirse con el requisito de la subsidiariedad, al contar la parte actora
con el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Primero
Administrativo de Zipaquirá, conforme lo expuesto.

2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Mery González
Cárdenas, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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