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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03366-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03366-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03366-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03366-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. LA SOLICITUD DE AMPARO NO
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, TRABAJO DIGNO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 23 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03366-01
Actora: MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS

I. ANTECEDENTES

La señora MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al trabajo digno y a la

seguridad social, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2, al haber proferido la

providencia de 8 de abril de 2026 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2023-00201-01.

I.2.- Hechos

Mencionó que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES (COLPENSIONES), mediante Resolución núm. GNR

241762 del 18 de agosto de 2016, le reconoció la pensión de vejez

con efectividad a partir del 1o. de junio de 2016.

Manifestó que, con posterioridad, prestó sus servicios en el

2
En adelante TRIBUNAL.

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Actora: MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS

MUNICIPIO DE UBALÁ (CUNDINAMARCA)3, bajo múltiples

contratos de prestación de servicios, realizados entre el 1o. de agosto

de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2021, desempeñándose como

secretaria de la Inspección de Policía de dicho ente territorial.

Mencionó que mediante petición de 24 de diciembre de 2022, le

solicitó al MUNICIPIO el reconocimiento de la relación laboral

existente y el pago de las prestaciones correspondientes, no

obstante, esta fue resuelta de manera desfavorable mediante Oficio

núm. 200-002-23 del 11 de enero del 2023.

Aseveró que, en consecuencia, promovió medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, el cual fue identificado con el número

único de radicación 2023-00201-00 y le correspondió en primera

instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ4 que, mediante sentencia de 26 de

agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda, declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado,

declaró la existencia de la relación laboral y le ordenó al MUNICIPIO

reconocer y pagar a su favor las prestaciones sociales dejadas de

3
En adelante MUNICIPIO.
4
En adelante JUZGADO.

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Actora: MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS

percibir entre el 1o. de agosto de 2020 hasta el 30 de diciembre de

2021.

Advirtió que inconforme con tal decisión el MUNICIPIO interpuso

recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 8 de

abril de 2026, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, denegó

las pretensiones de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió

en defecto fáctico al omitir por completo la valoración del material

probatorio que acreditaba la subordinación, el cumplimiento de

horario y la ejecución de funciones permanentes propias de un cargo

de planta.

Aseguró que incurrió en defecto sustantivo al aplicar de forma

indebida lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política

y 19 de la Ley 4 de 19925, para justificar la denegación de las

5
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

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pretensiones al tener la calidad de pensionada, desconociendo el

principio de primacía de la realidad sobre las formas y creando una

regla jurídica restrictiva inexistente en el ordenamiento.

Mencionó que igualmente incurrió en desconocimiento del

precedente establecido por el Consejo de Estado6, en el que, a su

juicio, no se establece ninguna excepción por la condición de

pensionado para acceder a la protección del contrato realidad.

Manifestó que también incurrió en falta de motivación por cuanto

la resolución del problema jurídico exigía estudiar de manera integral

si se configuraron o no los elementos del contrato de trabajo, sin

embargo, la decisión se limitó a denegar la totalidad de las

pretensiones por la presunta incompatibilidad con su estatus

pensional.

Adujo que igualmente incurrió en violación directa de la

Constitución, por cuanto se vulneraron sus derechos fundamentales

al trabajo, a la igualdad, a la tercera edad, a la seguridad social y a

la dignidad humana, al trasladarle las consecuencias de una

contratación irregular.

6
Refirió las sentencias de unificación CE-SUJ2-005-16 y CE-SUJ2-025-21.

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I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
trabajo digno y a la seguridad social de la señora MERY GONZÁLEZ
CÁRDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.030.767,
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección "C", mediante la Sentencia Nro. 080
del 8 de abril de 2026.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Nro. 080 del 8 de
abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 25899-33-33- 001-2023-00201-01, promovido por la
señora MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS contra el MUNICIPIO DE
UBALÁ.

TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección "C", que dentro del término que esta
Honorable Corporación disponga, profiera una nueva sentencia de
segunda instancia en la que, con sujeción a la parte motiva del fallo
de tutela, se sirva:

(i) Valorar integralmente el acervo probatorio obrante en el
proceso, particularmente los testimonios rendidos en audiencia por
los señores Angélica Liceth Ciprián Roldán, Rubén Anselmo
Bejarano Méndez, José Adonai Acosta Cárdenas y Alcides Bernate,
así como las certificaciones expedidas por las inspectoras de policía
del Municipio de Ubalá, los informes de gestión presentados por la
demandante, los contratos de prestación de servicios y el Manual
de Funciones del cargo de Secretaria Código 440 Grado 02 del
Municipio.
(ii) Resolver el problema jurídico sobre la configuración o no de la
relación laboral con base en la verificación de los tres elementos
constitutivos del contrato de trabajo (prestación personal del
servicio, subordinación continuada y remuneración), conforme al
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

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(iii) Pronunciarse, en todo caso, de manera diferenciada y motivada
sobre cada una de las pretensiones de la demanda, distinguiendo
la naturaleza jurídica de cada concepto (declaraciones,
indemnizaciones y aportes parafiscales), sin aplicar una revocatoria
total e indiferenciada fundada en un solo argumento común. […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no incurrió en vulneración de

los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto

la decisión que profirió en su momento fue debidamente motivada y

adoptada con fundamento en el material probatorio obrante en el

expediente ordinario cuestionado, con el que se logró inferir la

incompatibilidad de las pretensiones de la demandante debido a su

condición de pensionada, en estricta aplicación de lo dispuesto en la

Ley 4 de 1992.

I.5.2.- El MUNICIPIO manifestó que no incurrió en la vulneración

de los derechos fundamentales invocados, por cuanto la acción de

tutela parte de una premisa equivocada al equiparar una decisión

desfavorable con una afectación constitucional.

Resaltó que la providencia fue debidamente motivada y adoptada

dentro del proceso ordinario donde la actora intervino activamente,

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sin constituir una vía de hecho ni una actuación arbitraria. Por lo

tanto, consideró que los cuestionamientos planteados están

encaminados a convertir la acción constitucional en una tercera

instancia.

I.5.3.- El JUZGADO manifestó que no incurrió en vulneración alguna

de los derechos fundamentales invocados por la parte actora,

además que los reproches formulados en la presente solicitud de

amparo corresponden exclusivamente a actuaciones propias del

TRIBUNAL.

I.5.4.- El JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ señaló que el conocimiento del proceso

objeto de cuestionamiento le correspondió por redistribución al

Juzgado Tercero del mismo Circuito, en cumplimiento de lo dispuesto

en los acuerdos PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023,

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y CSJCUA24-11 del

31 de enero de 2024, dictado por el Consejo Seccional de la

Judicatura de Cundinamarca, sin que las decisiones adoptadas al

interior de la actuación judicial fueran de su resorte.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 23 de julio de 2026,

denegó la solicitud de desvinculación formulada por el JUZGADO

PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ y

declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró

satisfecho el requisito general de la subsidiariedad, al existir un

medio de defensa judicial idóneo y eficaz como el recurso

extraordinario de revisión para debatir la presunta falta de

congruencia de la sentencia.

Precisó que el argumento principal de la solicitud de amparo,

consistente en que el TRIBUNAL resolvió sobre la incompatibilidad

pensional sin analizar de manera previa si estaban probados los

elementos del contrato realidad planteados en el recurso de

apelación. Por lo tanto, tales cuestionamientos constituyen un vicio

de congruencia que pueden argumentarse en la causal de nulidad

originada en la sentencia prevista en el artículo 250, numeral 5, de

la Ley 1437 de 20117.

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

CUARTA y manifestó su desacuerdo, pues, a su juicio, el recurso

extraordinario de revisión constituye un mecanismo ineficaz para

resolver la integralidad de los cargos formulados. Además, este no

restaurará de manera eficiente y oportuna los derechos al trabajo, a

la seguridad social y a la igualdad vulnerados por el TRIBUNAL.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 8 de abril de 2026, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00201-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al trabajo digno y a la

seguridad social, por cuanto, a su juicio, incurrió en defecto

fáctico al omitir por completo la valoración del material probatorio

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que acreditaba la subordinación, el cumplimiento de horario y la

ejecución de funciones permanentes propias de un cargo de planta.

Aseguró que también incurrió en defecto sustantivo al aplicar de

forma indebida lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución

Política y 19 de la Ley 4 de 1992, para justificar la denegación de las

pretensiones al tener la calidad de pensionada, desconociendo el

principio de primacía de la realidad sobre las formas y creando una

regla jurídica restrictiva inexistente en el ordenamiento.

Mencionó que igualmente incurrió en desconocimiento del

precedente establecido por el Consejo de Estado, en el que, a su

juicio, no se establece ninguna excepción por la condición de

pensionado para acceder a la protección del contrato realidad.

Manifestó que también incurrió en falta de motivación por cuanto

la resolución del problema jurídico exigía estudiar de manera integral

si se configuraron o no los elementos del contrato de trabajo, sin

embargo, la decisión se limitó a denegar la totalidad de las

pretensiones, debido a la presunta incompatibilidad con su estatus

pensional.

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Adujo que igualmente incurrió en violación directa de la

Constitución, por cuanto se vulneraron sus derechos fundamentales

al trabajo, a la igualdad, a la tercera edad, a la seguridad social y a

la dignidad humana, al trasladar a la trabajadora las consecuencias

de una contratación irregular.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 23 de julio de 2026,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de la subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y manifestó su desacuerdo, pues, a su

juicio, el recurso extraordinario de revisión no constituye un

mecanismo ineficaz para resolver la integralidad de los cargos

formulados.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

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deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-061 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

9
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 2012-
02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregório Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la

[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de

junio de 202218, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene

como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela

18
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o

recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)

preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario cuestionado.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial valoró

indebidamente las pruebas que permitirían concluir la existencia de

una relación laboral encubierta con el MUNICIPIO.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,

así:

“[…] Caso concreto

82. Antes de entrar a analizar el vínculo contractual entre la
Mery González Cárdenas y el Municipio de Ubalá, es necesario
destacar una circunstancia relevante, esto es, la
incompatibilidad entre la pensión de jubilación y las
prestaciones que pudieren derivarse de una relación similar a
la que ejerce el personal de planta cuando se ha
desnaturalizado un contrato de prestación de servicios.

83. Una vez analizados bajo las reglas de la sana crítica, los
medios documentales de prueba, los testimonios escuchados y
demás material probatorio recaudado en la etapa pertinente, la
Sala encuentra demostrado lo siguiente:

Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y las
prestaciones que puedan derivarse de un contrato de
prestación de servicios simulado.

84. De acuerdo a lo manifestado por el señor Alcides Bernate
en la audiencia de pruebas celebrada el 22 de octubre de 2024
afirmó que la señora Mery González Cárdenas trabajó para el
municipio de Ubalá en calidad de contratista para los años 2021
y 2022, adicionalmente indicó que: “Al parecer es pensionada
y no se le exigía el pago de seguridad social, dada su condición
de pensionada”.

85. Adicionalmente el Municipio de Ubalá en su contestación de
demanda aporta Captura de pantalla de la consulta efectuada
al RUAF – SISPRO – Afiliaciones al sistema de fecha 16 de
diciembre de 2023, con el cual se puede evidenciar que la
demandante se encuentra afiliada a pensiones al Régimen de
Prima Media con COLPENSIONES y es beneficiaria de la pensión
de vejez la cual fue reconocida mediante Resolución 241762
del 18 de agosto de 2016.

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86. En atención a lo anterior el Despacho a través de prueba
de oficio solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES allegar copia de la Resolución 241762 de
fecha 18 de agosto de 2016, que reconoce pensión de vejez a
la señora MERY GONZALEZ CARDENAS quien se identifica con
cédula de ciudadanía No 21030767, a partir del período 2016,
la cual fue allegada al plenario.

87. Estos hechos, llevan a la Sala a analizar si existe
incompatibilidad entre la pensión de jubilación y el pago de
prestaciones sociales derivadas de un contrato de prestación
de servicios del que se alega existe una relación laboral oculta
o desnaturalización.

88. El Tribunal parte del análisis de la siguiente premisa legal:
de conformidad con el literal e) del artículo 19 de la ley 4a. de
1992, los honorarios derivados de contratos de prestación de
servicios, por esa regla general, no resultaban incompatibles
con la pensión de jubilación que perciba un pensionado.

89. O lo que es lo mismo, cualquier persona con pensión de
jubilación está plenamente autorizada para contratar y percibir
honorarios como contratista independiente. Pero solo
honorarios, no para fungir como empleado público o deprecar
montos equivalentes a prestaciones sociales, si su contrato fue
desnaturalizado, que es la deducción lógica a partir de la misma
regla legal.

90. Lo anterior se deduce, sin dubitación alguna, a partir de la
sentencia C-133 de 1993 de la Corte Constitucional que estudió
el artículo 128 de la Constitución Política respecto a la
prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos
públicos y de percibir más de una asignación del tesoro público.

91. En efecto, el desarrollo legal de la ley 4a. de 1992, en su
artículo 19 dice lo siguiente: […]

92. Estas excepciones ratifican, que el salario y las prestaciones
de empleado público son incompatibles con la pensión que se
recibe del tesoro público. Son compatibles, solo para los casos
específicamente descritos en la norma, que no abarca o no se
extiende a las prestaciones derivadas de un contrato de
prestación de servicios desnaturalizado que da paso al pago de
prestaciones sociales iguales al del personal de planta. Las
excepciones son taxativas, y no admiten extensión por vía de
interpretación.

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93. De igual manera el Decreto 1083 de 2015 señala que la
persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá
ser reintegrada al servicio. De ello se deduce que el pago de
prestaciones por la prestación material del servicio en un
contrato desnaturalizado que hace presumir una relación
laboral tiene idénticas connotaciones de servicio activo, por ello
tales emolumentos resultan incompatibles con la asignación de
pensión de vejez o jubilación.

94. Claro es, que: i) los recursos que destina el Municipio de
Ubalá para pagar salarios y prestaciones son de origen público;
ii) en los procesos en los que se concluye con declaratoria de
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, la
orden de restablecimiento es de naturaleza laboral; iii) los
empleados públicos que reciban pensión de jubilación o vejez,
pueden ser contratados para percibir honorarios más no
pueden fungir formal o materialmente como servidores regidos
por una relación laboral, sea la legal o reglamentaria, con su
consecuencial derecho al pago de prestaciones sociales por
desnaturalización de un contrato de prestación de servicios.

95. En efecto, cuando se tiene que abordar la orden de
restablecimiento, nos encontramos con el hecho que el actor
estaba pensionado. La pensión, sin duda es compatible con el
pago de honorarios, pero no lo es con las prestaciones que
reclama, derivadas de la presunta desnaturalización del
contrato de prestación de servicios.

96. Acceder al pago de prestaciones sociales o su equivalente,
en las circunstancias analizadas de la demandante pensionada,
es permitir el recibo de doble asignación del tesoro, situación
que corresponde a la prohibición contenida en el artículo 128
constitucional; ya que su caso no se subsume, en las
excepciones legales.

97. Recuérdese que la función pública es plenamente reglada
en virtud del artículo 122 de nuestro ordenamiento
constitucional. Luego entonces, no puede declararse a su favor
una relación similar a la relación legal y reglamentaria, que por
la desnaturalización eventualmente podía percibir prestaciones
sociales, si por la misma regla de la función pública se llega a
concluir que, si como pensionado no podía tener derecho al
servicio activo en el sector público devengando pensión y
salario, tampoco puede deprecar el equivalente a prestaciones
por la contratación presuntamente simulada u oculta.

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98. Bajo las anteriores consideraciones, se revocará la
sentencia proferida en primera instancia en cuanto accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin haber
considerado la prohibición establecida por el artículo 128 de la
Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 […]”.
(Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL tras examinar el material probatorio recaudado,

constató que la actora se encuentra afiliada a COLPENSIONES y es

beneficiaria de una pensión de vejez reconocida desde el 2016,

circunstancia que a prima facie resultó determinante para resolver el

litigio.

Asimismo, la autoridad judicial accionada examinó el marco

normativo previsto en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que

determinó la prohibición de doble asignación del tesoro público, y que

si bien la aludida disposición permite que un pensionado celebre

contratos de prestación de servicios y perciba honorarios, dicha

compatibilidad no se extiende al reconocimiento de prestaciones

sociales derivadas de la desnaturalización de un contrato estatal,

pues ello equivaldría a configurar una relación laboral activa

incompatible con el estatus de pensionado y con las excepciones

taxativas establecidas en la ley.

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Así las cosas, el TRIBUNAL estimó que acceder a dichas

pretensiones implicaría infringir lo dispuesto en el artículo 128 de la

Constitución Política al recibir una doble asignación con recursos

públicos, configurándose una prohibición legal e insuperable para

ordenar el restablecimiento del derecho. Lo anterior, lo que llevó a

concluir que no era procedente reconocer emolumentos laborales a

una persona que ya percibía una pensión de vejez y, por

consiguiente, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y

denegar las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que la actora alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

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Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto

del precedente judicial tampoco cumple con la carga

argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte

actora se limitó a citar las sentencias que hace alusión, sin precisar

la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto

y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección19 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones

expuestas, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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30

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Actora: MERY GONZÁLEZ CÁRDENAS

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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