Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03372-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03372-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03372-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Pensión jubilación docente – contratos de prestación
de servicios / Violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente
Decisión: Acceder al amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Teresita de Jesús Paz García en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Teresita de Jesús Paz García promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 21
de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52835-
33-33-001-2024-00135-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Nació el 9 de junio de 1963 y cumplió 55 años de edad el 9 de junio de 2018,
se desempeñó como docente del municipio de Tumaco - Nariño, afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.2. Su vinculación inicial al servicio educativo oficial se produjo a través de la
modalidad de contratos de prestación de servicios en el período comprendido entre
el 13 de marzo de 2000 y el 9 de agosto de 2002, cuando prestó sus servicios en
instituciones educativas del municipio de Tumaco. Con posterioridad, continuó
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
laborando con el municipio de Tumaco entre el 31 de diciembre de 2003 y el 10 de
mayo de 2023.
2.3. Prestó sus servicios de manera continua en distintas instituciones educativas
del municipio de Tumaco - Nariño, acumuló un tiempo de servicios de 7463 días
hasta el 10 de mayo de 2023, cuando cumplió los requisitos de edad y tiempo de
servicios para acceder a la pensión de jubilación conforme al régimen excepcional
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 91 de 1989.
2.4. El 5 de octubre de 2023, presentó solicitud formal de reconocimiento
pensional ante la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco - Nariño, no
obstante, la entidad dio respuesta negativa a su requerimiento con la Resolución
TUMACPENRES20240000069 del 29 de julio 2024.
2.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se dejara sin
efecto el referido acto administrativo a través del cual se negó el reconocimiento y
pago de su pensión de jubilación, sin tener en cuenta que su vinculación ocurrió
antes del 27 de junio de 2003.
2.6. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco, en
sentencia del 24 de julio de 2025 accedió a las pretensiones al considerar que,
teniendo en cuenta los tiempos laborados a través de contratos de prestación del
servicio, se acreditó con suficiencia que la demandante ingresó al servicio docente
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual se le debía aplicar el régimen
especial de la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985 modificada
por la Ley 62 de 1985. Decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso
de apelación.
2.7. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 21 de noviembre de
2025 revocó el fallo de primera instancia al considerar que los tiempos laborados
mediante contratos de prestación de servicios no se podían tener en cuenta para el
reconocimiento de una pensión de jubilación, de tal manera al acreditarse que
aquella solo tuvo una vinculación formal, legal y reglamentaria después del 27 de
junio de 2003, fecha límite para conservar el régimen especial docente, su situación
pensional debía regirse por el general de prima media con prestación definida.
2.8. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de
la constitución y desconocimiento del precedente, como se explica a continuación:
2.8.1. Violación directa de la constitución: se omitió lo preceptuado en el artículo 31
de la norma fundamental, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP, que establecen que el juez de segunda instancia solo puede pronunciarse
sobre los reproches del apelante único, de manera que al estudiar lo relacionado
con los contratos de prestación de servicios desbordó su competencia y el principio
de non reformatio in pejus.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
2.8.2. Desconocimiento del precedente: Se ignoró una línea jurisprudencial
consolidada tanto por la Corte Constitucional2 como por el Consejo de Estado3
según la cual el tiempo laborado como docente bajo contratos de prestación de
servicios sí puede ser computado para efectos pensionales, razón por la cual estaba
acreditado que aquella ingresó al servicio antes del año 2003 y, por ende, le era
aplicable el régimen especial docente.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA – DECLARAR que el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO al proferir sentencia de Segunda Instancia, vulneró al señor(a) TERESITA DE
JESUS PAZ GARCIA los derechos fundamentales a:, debido proceso, acceso a la
administración de Justicia, el derecho a la seguridad social y demás Derechos
Constitucionales que resulten del estudio y análisis de los Derechos Fundamentales de
la acción.
SEGUNDO- Dejar sin efectos la sentencia del 21 de noviembre de 2025, con la que el
Tribunal Administrativo de Nariño, denegó pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 52835-3333-001-2024-00135-01
TERCERO- Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, que, dentro
de los 15 días siguientes a la notificación del fallo , dicten una providencia de reemplazo
en la que resuelvan nuevamente el recurso de apelación formulado contra el fallo que
decidió en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ,
teniendo en cuenta que la Actora se vinculo por medio de ordenes de prestación de
servicios como docente el 13 de junio de 2000, aplicando en consecuencia el precedente
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en el sentido de que este tiempo de
servicios debe contabilizarse para efectos pensionales […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Nariño4 solicitó que se negara el amparo al
sostener que la sentencia de segunda instancia se dictó conforme a la ley, la
jurisprudencia y las pruebas obrantes para lo cual destacó que la demandante
pretendía el reconocimiento pensional computando tiempos laborados mediante
contratos de prestación de servicios como docente sin aportarlos ni acreditar los
2 Corte Constitucional, sentencias C-555 de 6 de diciembre de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; y C-517 de 22 de julio de 1999,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 22 de enero de 2015, Rad.
25000-23-42-000-2012-02017-01 (Exp. 0775-2014), M.P.; sentencia de unificación de 25 de agosto
de 2016, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; así
como sentencias Rad. 52001-23-31-000-1999-01215-02 (4669-2004), M.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado; Rad. 68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
Rad. 15001-23-33-000-2013-00138-01 (2591-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Rad. 54001-
23-33-000-2013-00402-01 (3853-2014) y Rad. 66001-23-33-000-2013-00413-01 (3446-2014), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter; Rad. 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-2015), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández; Rad. 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017), M.P. William Hernández
Gómez; Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
radicados 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014), 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-
2014) y 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014), M.P. William Hernández Gómez; y Rad.
50001-23-33-000-2018-00357-01 (5585-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
4 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
requisitos probatorios exigidos por la jurisprudencia para demostrar una relación
laboral, lo que impedía verificar funciones, duración y aportes; en consecuencia,
solo se reconoció el tiempo probado con vinculación formal posterior a 2003, lo que
excluía la aplicación del régimen pensional especial y obligaba a regirse por el
sistema general, por lo cual no se configuró vulneración de derechos fundamentales
ni defecto alguno en la decisión, de tal manera reiteró que la tutela no puede usarse
como tercera instancia y que la carga probatoria recaía en la tutelante.
5. El Ministerio de Educación Nacional5 pidió declarar la improcedencia y su
desvinculación de la causa, en atención a que no participó en la decisión judicial
cuestionada ni tiene competencia para emitir o modificar providencias judiciales,
además de que la tutela era improcedente por su carácter subsidiario, por existir
otros medios de defensa judicial y por tratarse de una controversia de naturaleza
legal y económica sin relevancia constitucional, además de no evidenciarse
vulneración de derechos fundamentales ni configuración de requisitos
excepcionales para atacar providencias judiciales.
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
5 Archivo obrante en el índice 13 y 15 del Samai.
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Teresita de Jesús Paz García
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
11. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que pueda desplegar para su cumplimiento.
12. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, al figurar como demandado en el proceso
contencioso en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:
7 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Teresita de Jesús Paz García
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
19. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los
derechos fundamentales de Teresita de Jesús Paz García con ocasión de la
sentencia del 21 de noviembre de 2025 con la cual se negó la pretensión de
reconocimiento pensional de la demanda inicial bajo el régimen especial docente,
incurriendo, presuntamente, en violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Violación directa de la Constitución Política
21. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
22. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis:
23. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
24. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.5. Sobre el caso concreto
29. Teresita de Jesús Paz García acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
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la sentencia del 21 de noviembre de 2025 con la cual se negó la pretensión de
reconocimiento pensional de la demanda inicial bajo el régimen especial docente.
30. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en violación directa
de la Constitución Política y desconocimiento del precedente, en tanto, de un lado,
el juez excedió su competencia al pronunciarse más allá de los reproches del
apelante único al estudiar lo relacionado con los contratos de prestación de servicios
y, de otro, se desconoció el precedente jurisprudencial según la cual el tiempo
laborado como docente bajo contratos de prestación de servicios sí puede ser
computado para efectos pensionales, razón por la cual estaba acreditado que
aquella ingresó al servicio antes del año 2003 y, por ende, le era aplicable el régimen
especial docente.
31. Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco, en sentencia del 24 de julio de 2025,
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, teniendo en cuenta
los tiempos laborados a través de contratos de prestación del servicio, se acreditó
con suficiencia que la demandante ingresó al servicio docente antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, por lo cual se le debía aplicar el régimen especial de la Ley
91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de
1985
32. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la
actora no cumple los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación con
el régimen excepcional del magisterio, por cuanto su vinculación formal al servicio
educativo oficial se produjo el 1.° de enero de 2004, es decir, tras la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, alegó que el régimen pensional
aplicable es el de prima media que se prevé en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, y no el régimen especial de las Leyes 33 y 62 de 1985 ni el de la Ley 91 de
1989. Por último, insistió en que los contratos de prestación de servicios que se
celebraron con la demandante no se pueden tener en cuenta para efectos
pensionales, porque no se probó la relación laboral.
33. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Nariño en
sentencia del 21 de noviembre de 2025 revocó para negar las pretensiones de la
demanda al considerar que los tiempos laborados mediante contratos de prestación
de servicios no se podían tener en cuenta para el reconocimiento pensional, en tanto
no fueron acreditados, de manera que al acreditarse que aquella solo tuvo una
vinculación formal, legal y reglamentaria después del 27 de junio de 2003, fecha
límite para conservar el régimen especial docente, su situación pensional debía
regirse por el general de prima media con prestación definida, Al respecto, señaló:
«[…] En este caso la parte actora pretende que se contabilicen, para efectos del
reconocimiento de su pensión de jubilación los períodos durante los cuales dice haber
laborado como docente mediante vinculación con varios contratos de prestación de
servicios con entidades públicas, antes de su vinculación por nómina al servicio
educativo oficial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
Sin embargo, revisado el expediente se advierte que no se aportaron los contratos de
prestación de servicios, lo que implica que no es posible verificar de manera directa y
precisa los elementos esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de
inicio y terminación, el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la
naturaleza de las funciones que desempeñó.
En sentencia de unificación del 13 de febrero de 2020, que se emitió al interior del
expediente No. 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), el H. Consejo de Estado
reconoció que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades es procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales
prestaron sus servicios al Estado con vinculación a través de contratos de prestación de
servicios, siempre que se acredite que ejercieron funciones docentes y que existió una
relación material de subordinación y continuidad.
No obstante, en esa sentencia también se estableció en forma clara y precisa que el
cómputo de esos términos está sujeto a que se cumpla una carga probatoria específica,
que recae sobre quien alega la existencia de la relación laboral.
En particular se exige acreditar i) la existencia de los contratos, ii) el periodo de ejecución
de cada uno, iii) el objeto contractual, que debe corresponder a funciones docentes, iv)
la entidad contratante y, v) la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, si
se realizaron.
En ausencia de los documentos contractuales no es posible verificar si los servicios que
se prestaron correspondieron efectivamente a funciones docentes en el marco del
servicio público educativo oficial, si se configuraron los elementos propios de una
relación laboral, la extensión cronológica del servicio (diaria o por horas), entre otras.
Tampoco es posible establecer con certeza la duración de los períodos por los que se
reclama, ni la entidad responsable de asumir la cuota parte pensional correspondiente.
Por tanto, la falta de prueba directa de los contratos impide contabilizar esos períodos
para efectos pensionales, sin que ello implique desconocer los principios de favorabilidad
y primacía de lo sustancial sobre las formas, pues estos no exoneran al interesado de
cumplir con la carga mínima de acreditar los hechos constitutivos de su derecho.
En consecuencia, esta Sala considera que los tiempos a los que se refiere la parte actora
como aquellos que laboró mediante contratos de prestación de servicios no se pueden
tener en cuenta para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación, por cuanto
no se acreditaron los elementos mínimos que exige la jurisprudencia para su valoración.
Entonces, lo que se evidencia a partir del análisis de los medios de prueba que reposan
en el expediente es que la señora Teresita de Jesús Paz García prestó servicios por un
total de cinco mil doscientos sesenta y ocho (5.268) días que equivalen a catorce (14)
años, veintidós (22) semanas y cinco (5) días de servicios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, conforme al acervo probatorio que
se halla en el expediente y al historial laboral que se aportó, se encuentra acreditado que
la demandante ingresó al servicio público educativo mediante una vinculación formal,
legal y reglamentaria después del 27 de junio de 2003, (1 de enero de 2004) fecha en la
que entró en vigencia la Ley 812 de 2003.
En consecuencia, no resulta aplicable en su caso el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985.
[…]
En este caso, teniendo en cuenta que se probó que el ingreso de la accionante al servicio
público docente ocurrió con posterioridad a la fecha límite establecida por el legislador
para conservar el régimen especial, la situación pensional de la demandante se debe
regir por las disposiciones del régimen general de prima media con prestación definida
consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones posteriores, en particular las
Leyes 797 y 812 de 2003. Este régimen exige, entre otros requisitos, haber cumplido
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Demandante: Teresita de Jesús Paz García
cincuenta y siete (57) años de edad y acreditar un mínimo de mil trescientas (1300)
semanas cotizadas.
A diferencia del régimen contenido en la Ley 33 de 1985, el régimen general de seguridad
social no contempla beneficios como el reconocimiento del setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, ni la posibilidad de acceder a la pensión sin necesidad de retiro definitivo del
servicio. Por tanto, no es jurídicamente viable aplicar a la demandante las condiciones
más favorables del régimen derogado, en tanto no acreditó una vinculación al servicio
público educativo oficial anterior al 27 de junio de 2003.
Surge de lo anterior, que los argumentos sobre los que la apoderada de la parte
demandada cimienta su recurso prosperan, por lo cual la Sala revocará la providencia
objeto del recurso para, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda. […]».
(sic)
34. Así pues, vistos los argumentos expuestos por el tribunal demandado, sea lo
primero decir que no se observa de qué manera se desconoció lo preceptuado en
los artículos 31 de la Constitución Política17 y artículo 328 del CGP18, pues la entidad
demandada en el recurso de alzada fijó la controversia en cuanto al régimen
aplicable para el reconocimiento pensional, el cumplimiento de los requisitos legales
y la falta de prueba de la relación laboral a través de contratos de prestación de
servicios y el objeto de análisis de estudio en segunda instancia se centró en tales
reclamos expuestos por el apelante sin extenderse a asuntos diferentes.
35. Tan es así que pudo evidenciar que, si bien es cierto en pronunciamientos de
unificación el Consejo de Estado19 ha establecido que es posible contabilizar los
tiempos durante los cuales los docentes prestaron sus servicios a través de
contratos de prestación para efectos pensionales, también lo es que la parte
demandante tiene una carga probatoria específica que no se cumplió en este caso,
en la medida en que no se aportaron tales documentos que permitieran verificar los
elementos esenciales de cada relación contractual, tales como la fecha de inicio y
terminación, el objeto del contrato, la entidad contratante y, especialmente, la
naturaleza de las funciones que desempeñó.
36. No obstante, debe recordarse que el ejercicio de la función docente a través de
la vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios
17 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
18 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de unificación del 13 de febrero
de 2020, expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
demandante: Carmen Cecilia Matamoros Rincón.
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Demandante: Teresita de Jesús Paz García
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine
y por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.
37. Ciertamente, la situación descrita, es decir, la falta de los mencionados contratos
de prestación de servicios no puede ser un obstáculo para el goce de derechos
laborales y suprimir las condiciones de desigualdad material que afectan a un sector
de la población sin justificación constitucional.
38. En este orden de ideas, si bien es cierto no se aportaron los referidos contratos
de prestación de servicios, no es posible desconocer que al expediente fue allegado
el certificado laboral expedido por la Secretaría de Educación de Tumaco con fecha
del 10 de mayo de 2023 en el que consta el tiempo laborado por la demandante por
OPS, prueba que resulta suficiente para verificar la relación contractual, pues, en
reiteradas ocasiones y en pronunciamientos de contornos similares, esta sección
del Consejo de Estado lo ha hecho de tal manera20.
39. Así las cosas, en el presente asunto no se observan los defectos de violación
directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente, en tanto el
pronunciamiento del juez de segunda instancia se adecuó a la controversia
planteada por el apelante único, además de que se tuvo en cuenta el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado según el cual es
posible contabilizar los tiempos durante los cuales los docentes prestaron sus
servicios a través de contratos de prestación para efectos pensionales.
40. Sin embargo, se configuró un defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio, en la medida en que no se tuvo en cuenta el certificado laboral expedido
por la Secretaría de Educación de Tumaco con fecha del 10 de mayo de 2023 en el
que consta el tiempo laborado por la demandante por OPS, de manera que el
Tribunal Administrativo de Nariño deberá efectuar un nuevo estudio de los
supuestos fácticos y jurídicos de la controversia planteada dándole valor probatorio
al documento mencionado para establecer la viabilidad del reconocimiento
pensional realizado por la demandante.
3. Conclusión
41. Así las cosas, se accederá al amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia para lo cual se dejará sin efecto la
sentencia proferida el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 3 de junio de 2020, expediente
50001-23-33-000-2018-00357-01(5585-2019), C.P. Gabriel Valbuena Hernández, demandante: Elsa
Esperanza Hernández Ortíz; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de
unificación del 3 de septiembre de 2025, expediente 15001-23-33-000-2019-00291-01(3517-2024),
C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, demandante: Anita Lara Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03372-00
Demandante: Teresita de Jesús Paz García
con el radicado 52835-33-33-001-2024-00135-01 para que emita pronunciamiento
de reemplazo en el que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de la presente decisión judicial.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional.
Segundo. Acceder el amparo de los derechos fundamentales de Teresita de Jesús
Paz García, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Nariño.
Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52835-33-33-001-2024-
00135-01 para que, en el término de 48 horas después de notificada esta
providencia, emita pronunciamiento de reemplazo en el que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión judicial.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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