Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA DE LA
ACTORA. EL INPEC NO HA REALIZADO LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA PROCURAR SU RECLUSIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO ORDENADO POR EL JUEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SALUD, DIGNIDAD
HUMANA Y UNIÓN FAMILIAR.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)1 contra la
sentencia de 28 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2
amparó el derecho fundamental a la dignidad humana de la actora.
1
En adelante INPEC.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01
Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA, actuando mediante
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la dignidad
humana y a la unión familiar, los cuales estima vulnerados por la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA3, el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA4, el MUNICIPIO DE SOACHA5, el INPEC, la
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
(USPEC)6 y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL - COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE
SOACHA7, al mantenerla detenida en la Estación de Policía de Cazucá
(Soacha), pese a que el JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
MIXTO CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
SOACHA8 le impuso medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario.
3
En adelante PRESIDENCIA.
4
En adelante DEPARTAMENTO.
5
En adelante MUNICIPIO.
6
En adelante USPEC.
7
En adelante POLICÍA.
8
En adelante JUZGADO.
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Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
I.2.- Hechos
Indicó que durante diligencia de registro y allanamiento al inmueble
ubicado en la calle 10 # 11-39 del barrio Llano Grande en el municipio
de Soacha, fue capturada junto con el señor JESÚS RAFAEL
FIGUEROA CEDEÑO, comoquiera que se hallaron en la vivienda 12
cartuchos calibre 38, 35 cartuchos 5.56, un proveedor para fusil,
estupefacientes, elementos que afirma le pertenecían al mencionado.
Señaló que el 12 de febrero de 2026, el JUZGADO dentro del proceso
identificado con el número único de radicación C.U.I.
257546099073202500246 legalizó su captura y le imputó los delitos
de porte de armas y municiones de uso privativo y otros, por lo que
le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.
Sostuvo que, a pesar de lo anterior, desde el 11 de febrero del año
en curso se encuentra recluida en la Estación de Policía de Cazucá
(Soacha), junto con 70 mujeres más, en condiciones contrarias a la
dignidad humana, sometida a tratos crueles y degradantes, pues se
le mantiene en una celda las 24 horas del día y pernocta en el suelo
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sin acceso a ninguna actividad. Adicionalmente, que la alimentación
suministrada llega en estado de descomposición y que se le prohíbe
recibir comida externa o visitas familiares.
Manifestó que el INPEC no admite en establecimiento de reclusión a
sindicados, sino solo condenados. Sumado a ello, que su familia se
encuentra radicada en el municipio de Puerto Wilches (Santander) y
es de escasos recursos económicos, por lo que no puede recibir
visitas en un establecimiento de reclusión en el distrito capital de
Bogotá.
I.3.- Pretensiones
La actora solicitó que se ordene a la parte demandada trasladarla a
un establecimiento de reclusión de mujeres en el departamento de
Santander que ofrezca condiciones de dignidad humana.
I.5. Defensa
I.5.1.- La POLICÍA solicitó ser desvinculada del presente trámite
constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
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Indicó que la actora se encuentra privada de la libertad en la sala de
retención transitoria y que a la fecha no cuenta con sentencia
condenatoria, lo cual se hace necesario para poder ser ingresada a
un establecimiento carcelario.
Afirmó que a la fecha no se han allegado documentos para dar
cumplimiento a citas médicas asignadas a la accionante, además,
que el Centro de Traslado por Protección del municipio de Soacha
cuenta con acompañamiento de personal profesional en salud y
representantes del Ministerio Público.
Adujo que la permanencia en la estación de policía por más de 36
horas se debe a la sobrepoblación carcelaria y a la demora
protocolaria en la asignación de cupos penitenciarios; sumado a que
tal instalación no está diseñada como centro de reclusión
permanente, sin embargo, se han coordinado brigadas de salubridad
con la Secretaría de Salud local para mitigar la situación.
I.5.2.- El INPEC solicitó que se deniegue el amparo solicitado al
considerar que carece de competencia para asumir la reclusión de la
actora, pues esta se encuentra privada de la libertad en calidad de
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sindicada por lo que su custodia está en cabeza de las entidades
territoriales y no del orden nacional.
I.5.3.- El DEPARTAMENTO solicitó declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva y ordenar ser desvinculado, bajo el entendido
de que las estaciones de policía no forman parte de la estructura
orgánica departamental y carece de competencias legales o de
infraestructura carcelaria propia para ordenar traslados o asignar
cupos de reclusión a personas privadas de la libertad.
Destacó que el MUNICIPIO es el llamado a responder por la
creación, sostenimiento y habitabilidad de cárceles y celdas para
reclusos en calidad de sindicados dentro de su jurisdicción.
I.5.4.- El DAPRE solicitó declarar improcedente la presente acción
de tutela y ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues carece de competencias funcionales o injerencia directa
sobre el régimen penitenciario.
Refirió que las solicitudes de traslado, reubicación carcelaria y
custodia de personas en detención preventiva corresponden
exclusivamente al INPEC o a las autoridades territoriales.
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I.5.5.- La USPEC solicitó denegar las pretensiones de amparo y ser
desvinculada del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues sus funciones se limitan exclusivamente a la
gestión administrativa, logística y contractual de los recursos de
infraestructura carcelaria para los centros a cargo del INPEC, por lo
que no tiene facultad legal ni operativa para ordenar traslados,
coordinar remisiones médicas, ni definir la ubicación de las personas
privadas de la libertad.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 28 de mayo de 2026,
concedió el amparo del derecho fundamental a la dignidad humana
invocado por la actora, por lo que resolvió:
“[…] Primero. AMPARAR el derecho fundamental a la dignidad
humana de la señora Kiara Lizeth Vargas Ortega, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. ORDENAR al INPEC que, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, traslade a la
accionante a la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, previa verificación
de la disponibilidad de cupo en dicho establecimiento carcelario.
Tercero. NEGAR el amparo solicitado respecto a la USPEC, al
Municipio de Soacha y a la Policía Metropolitana de Soacha.
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Cuarto. NEGAR la solicitud de vincular a la Dirección de la Regional
Central del INPEC.
Quinto. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
del DAPRE y de la Gobernación de Cundinamarca […]“.
Para el efecto, sostuvo que de las pruebas obrantes en el expediente
se evidenciaba que el JUZGADO el 12 de febrero de 2026 le impuso
medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión y ese
mismo día le remitió al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor
de Bogotá, la boleta de detención de la actora.
Resaltó que, sin embargo, la accionante se encontraba cumpliendo
con la medida de aseguramiento de detención preventiva en la sala
de retención transitoria de la Estación de Policía de Cazucá, a pesar
de que habían transcurrido más de 36 horas y en condiciones
inhumanas.
En esa medida, consideró que el INPEC estaba vulnerando el
derecho fundamental a la dignidad humana de la actora, por lo que
le ordenó que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del fallo
de instancia, la trasladara a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de
Bogotá, previa verificación de disponibilidad de cupo en dicho
establecimiento carcelario.
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Alegó que aun cuando la actora solicitó que se ordenara su traslado
a un establecimiento carcelario en el departamento de Santander, no
había lugar a acceder a tal pretensión ya que el JUZGADO emitió la
orden a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor y, en todo caso, con
posterioridad a su traslado a esta última, aquella podía realizar tal
petición directamente ante el INPEC.
Finalmente, denegó las pretensiones de la demanda respecto de la
USPEC, el MUNICIPIO y la POLICÍA, así como la solicitud de
vinculación de Dirección Regional Central del INPEC, por no
encontrarse demostrada la necesidad de su intervención y desvinculó
por falta de legitimación en la causa por pasiva al DAPRE y al
DEPARTAMENTO, por no estar facultados para satisfacer las
pretensiones de amparo.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El INPEC impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA
bajo el argumento de que la orden de amparo contraviene aspectos
de orden constitucional y legal en lo que refiere a sus competencias
respecto de los condenados y las de las entidades territoriales para
la atención de los sindicados y detenidos preventivamente.
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En efecto, aseguró que a los entes territoriales corresponde crear
centros de detención preventiva, brindar la alimentación adecuada,
garantizar el aseguramiento en salud de sus internos y que existan
condiciones dignas de reclusión.
Aseveró que los municipios y departamentos tienen la
responsabilidad de la atención de las personas privadas de la libertad
en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 17, 18 y 21 de la Ley 65 de 18 de agosto de 19939, este
último modificado por el artículo 12 de la Ley 1709 de 20 de enero
de 201410. Sumado a ello, la Procuraduría General de la Nación
mediante Directiva 018 de 29 de septiembre de 2021 dispuso la “[…]
responsabilidad de entes territoriales frente a personas privadas de
la libertad en calidad de sindicado […]”.
Sostuvo que mediante sentencia SU-122 de 31 de marzo de 202211,
la Corte Constitucional extendió la declaración de Estado de Cosas
Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario, por lo que
formuló dos fases para la superación de este, para lo cual ordenó a
9
“Por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
10
“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
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M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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los entes territoriales, entre otras, las siguientes:
“[…] ● El deber de garantizar a las personas privadas de la libertad
que se encuentren en inspecciones, estaciones, subestaciones de
policía, URI y centros similares de su jurisdicción, condiciones
mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar
suficiente; así como la separación entre hombres y mujeres.
● Disponer de un inmueble que cuente con las condiciones de
seguridad, salubridad, higiene y sanidad. A través de
perfeccionamiento de contratos de arrendamiento o comodato
que permita la garantía de derechos fundamentales. En el término
de 1 año siguiente a la notificación de la sentencia.
● Gestionar la atención en salud y garantizar los traslados
necesarios para la correcta, pronta y continua prestación de los
servicios requeridos por las personas privadas de la libertad, en
calidad de procesadas, dentro de los denominados centros de
detención transitoria o en los espacios temporales. Establecer y
mantener una ruta integral de atención en salud que abarque los
componentes de prevención, atención, detección, diagnóstico y
tratamiento.
● NO trasladar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios
la situación de hacinamiento de las estaciones, subestaciones,
URIS y lugares similares.
● A las gobernaciones y alcaldías, formular proyectos de
construcción y/o adecuación de infraestructura carcelaria. Para el
2028 deberá encontrarse terminada la construcción de la cárcel
municipal […]”.
Ahora, respecto de la atención de las personas privadas de la
libertad, condenadas y la competencia para fijar establecimientos de
reclusión de orden nacional, corresponde a sus direcciones
regionales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución núm.
6076 de 2020.
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Alegó que únicamente tiene competencia frente a los privados de la
libertad que se encuentren en estaciones de policía en calidad de
condenados; igualmente, una vez la dirección regional fije
establecimiento de reclusión, es responsabilidad de este de llevar a
cabo el respectivo traslado.
En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo
y se denieguen las pretensiones en su contra.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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Cuestión previa
La Sala advierte que la POLICÍA y la USPEC solicitaron ser
desvinculados de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
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de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la actora le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales, entre otros, a la POLICÍA y la USPEC, la Sala
denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199112. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
A través de la presente acción de tutela la actora pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
salud, a la dignidad humana y a la unión familiar, los cuales estima
vulnerados por la PRESIDENCIA, el DEPARTAMENTO, el
MUNICIPIO, el INPEC, la USPEC y la POLICÍA, al mantenerla
detenida en la Estación de Policía de Cazucá (Soacha), pese a que el
JUZGADO le impuso medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA amparó
12
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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el derecho fundamental a la dignidad humana de la actora, el cual
consideró vulnerado por el INPEC, pues superó el tiempo máximo
permitido en la Constitución y la Ley para permanecer en un centro
de reclusión transitoria, máxime cuando el JUZGADO le impuso
medida de aseguramiento en establecimiento reclusión y remitió
boleta de detención al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor
de Bogotá, sin que se haya dado cumplimiento a ello.
En la impugnación el INPEC insistió en que carece de competencia
en el asunto, pues es a los entes territoriales los que le corresponde
la custodia de las personas privadas de la libertad en calidad de
sindicada. Además, que, respecto de la atención de las personas
privadas de la libertad condenadas y la competencia para fijar
establecimientos de reclusión de orden nacional, corresponde a sus
direcciones regionales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual en
primer lugar, verificará si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela y, de superarse tal derrotero,
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circunscribirá su estudio únicamente a los argumentos expuestos en
el escrito de impugnación y se establecerá si el INPEC es la llamada
a responder por la vulneración alegada por la actora.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados es
actual, comoquiera que la inconformidad planteada corresponde a la
permanencia en la Estación de Policía de Cazucá (Soacha), y la falta
de traslado a un establecimiento carcelario.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que la
actora no cuenta con otro medio de defensa eficaz que permita
adoptar medidas urgentes, por lo que la situación particular del
asunto habilita la intervención del juez de tutela.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
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En ese orden de ideas, para la Sala resulta pertinente hacer algunas
precisiones respecto de los derechos de las personas privadas de la
libertad en centros de detención transitoria, antes de entrar a
abordar el caso concreto.
Las medidas de aseguramiento y la detención preventiva en
el sistema jurídico colombiano
La Corte Constitucional expuso en la Sentencia C-774 de 25 de julio
de 200113 que “[…] Las medidas de aseguramiento hacen parte de
las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas
disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la
autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en
asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el
proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar
la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por
virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede
resultar afectado por la demora en la decisión judicial […]”.
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M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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La jurisprudencia constitucional también resalta que las medidas de
aseguramiento tienen carácter preventivo, no sancionatorio,
mediante las cuales se “[…] busca asegurar que la persona sindicada
de haber cometido delito, cuando contra ella existan indicios graves
de responsabilidad, comparezca efectivamente al proceso penal, es
decir que no escape a la acción de la justicia […]”14
El artículo 250 de la Constitución Política de 1991 establece que la
Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de adelantar “[…] el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos
que revistan las características de un delito que lleguen a su
conocimiento […]” y, en el marco de sus competencias, tiene el deber
de “[…] solicitar al juez que ejerza las funciones de control de
garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de
los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la
protección de la comunidad, en especial, de las víctimas […]”.
Por su parte, la Ley 906 de 31 de agosto de 200415 contempla en el
artículo 306 que corresponde al fiscal de cada caso solicitar ante el
14
Sentencia C-106 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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juez de control de garantías la imposición de medidas de
aseguramiento, para lo cual debe indicar “[…] la persona, el delito,
los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida
y su urgencia […]”.
El artículo 308 ibídem prevé que el juez de control de garantías podrá
decretar una medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales y la evidencia física permitan inferir que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: i)
que la medida se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; ii) que el
sindicado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de
la víctima; y iii) que resulte probable que este no comparecerá al
proceso o que no cumpla la sentencia que se adopte.
Adicionalmente, el artículo 307 ibídem enuncia diferentes tipologías
de medidas de aseguramiento, entre ellas, las privativas de la
libertad como lo es la detención preventiva en establecimiento de
reclusión.
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Los sujetos de especial protección constitucional dentro del
marco del Estado Social de Derecho
La Corte Constitucional16 ha determinado que las personas privadas
de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en
razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos
fundamentales al interior de los establecimientos de reclusión.
En ese orden de ideas, las autoridades que tienen a cargo su custodia
deben velar y respetar los derechos sus derechos fundamentales, los
cuales, como consecuencia de la privación de la libertad, no son
absolutos, toda vez que el derechos a la libertad física, a la intimidad
personal y familiar y a la libertad de expresión y de reunión, se
encuentran limitados y algunos restringidos, mientras que otras
garantías constitucionales como la vida, la integridad personal, la
salud, la dignidad humana, entre otros, se mantienen incólumes y no
puede ser afectados en modo alguno por el hecho de encontrarse en
un establecimiento carcelario.
16
Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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De los derechos fundamentales de las personas recluidas en
centros de detención transitoria.
La jurisprudencia Constitucional17 ha reiterado que el internamiento
de ciudadanos en centros de detención transitoria por un lapso
superior al límite legal de 36 horas quebranta de forma directa el
orden constitucional y los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Conforme a lo dispuesto en las sentencias T-847 de 6 de
julio de 200018, T-851 de 2 de septiembre de 200419 y SU-122 de
2022, la permanencia prolongada e indefinida en estaciones de
policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), deviene en una
flagrante vulneración de las garantías fundamentales, al tipificarse
como un trato cruel, inhumano y degradante.
Lo anterior se fundamenta en dos premisas normativas
insoslayables: primero, la estricta limitación temporal dispuesta en
los artículos 28 de la Carta Política y 21 de la Ley 1709 de 2014; y
segundo, el principio de legalidad de las funciones públicas (artículo
121 superior), toda vez que ni la Policía Nacional ni el Cuerpo Técnico
17
Sentencia T-324 de 31 de julio de 2025, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
19
M.P. Manuel José Cepeca Espinosa.
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de Investigación (CTI), poseen competencia legal o constitucional
para ejercer funciones de custodia penitenciaria o carcelaria.
También, en el principio de indemnidad de los derechos no
restringidos y la carencia de infraestructura mínima, frente al cual la
jurisprudencia constitucional es pacífica al señalar que la privación
de la libertad -bien sea en virtud de una medida de aseguramiento o
de una pena privativa-, faculta la limitación legítima de ciertos
derechos, pero deja incólumes e intactos aquellos que son inherentes
a la dignidad humana.
El derecho a tener condiciones dignas de detención.
Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana equivale
al merecimiento de las personas de un trato acorde con su condición
humana20. La Corte ha aclarado que constituye un principio fundante
del Estado colombiano, que tiene un valor absoluto en el
ordenamiento jurídico, de manera que no puede ser limitado como
20
Sentencias SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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otros derechos, en ninguna circunstancia, con base en la aplicación
de doctrina jurídica o filosófica alguna, o a partir de ninguna
aplicación exceptiva.21.
Para precisar su alcance y contenido en el ordenamiento jurídico
colombiano, ha señalado que tiene una triple naturaleza jurídica,22 al
ser un valor, un principio y un derecho fundamental autónomo:
“[…] una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente
o del contenido de la expresión ‘dignidad humana’ como entidad
normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su
objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad
normativa. // Al tener como punto de vista el objeto de protección
del enunciado normativo ‘dignidad humana’, la Sala ha identificado
a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros
y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). // De
otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del
enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en
este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana
entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana
entendida como derecho fundamental autónomo […]”.23
21
Sentencias T-401 de 1992. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
y T-013 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22
Sentencias C-288 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
23
Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada -entre otras- en las sentencias
C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-711 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-143
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; y T-609 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En la
Sentencia T-388 de 2013 (María Victoria Calle Correa), la Corte precisó que, como principio, la dignidad
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De igual manera, la Corte ha establecido que las personas privadas
de la libertad mantienen su dignidad humana, como lo reconoce el
artículo 5 de la Constitución Política,24 y también la legislación
ordinaria.25 El hecho de la reclusión no implica la pérdida de la
condición de ser humano, ya que la función y finalidad de la pena son
la protección de la sociedad, la prevención del delito y,
principalmente, la resocialización de las personas.26
humana “(…) se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción,
según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus posibilidades
jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y
legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de
protección de la dignidad humana identificados (…): autonomía individual, condiciones materiales de
existencia, e integridad física y moral.” Como derecho fundamental autónomo, la dignidad humana
cuenta con los elementos propios de todo derecho subjetivo: “un titular claramente identificado (las
personas naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida,
integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela).” Como derecho,
no es una facultad de la persona para adquirir su dignidad, ni para que el Estado se la otorgue o
conceda, porque la dignidad es un atributo esencial de la persona humana; el derecho fundamental es
a que se le dé un trato que respete plenamente la dignidad del ser humano. Es un derecho que implica
tanto obligaciones de no hacer como obligaciones de hacer por parte del Estado. Ver sentencias T-702
de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-792 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-
143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Esta norma “reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona, como quiera que los privados de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios jamás
pierden su calidad de individuo de la especie humana y de sujetos de derecho, se deriva que conservan
intacta e intocable su dignidad humana como derecho iusfundamental.” Sentencia T-815 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
25
El artículo 5 de la Ley 65 de 1993 -modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014- prevé dentro
de sus principios rectores que “[e]n los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.”
26
Sentencias T-065 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-702 de 2001. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-077 de 2013. M.P. (e) Alexei Julio Estrada; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-815 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-282 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-588A
de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-143 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-013 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-276 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-711 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-002 de 2018. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas; y T-288 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Caso concreto
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra
lo siguiente:
Acta de audiencia virtual, legalización de la orden y diligencia de
registro y allanamiento, incautación de elementos materiales
probatorios, captura, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento de 11 y 12 de febrero, en la que el
JUZGADO dispuso, entre otras:
[…] La señora juez luego de analizar los elementos materiales de
prueba y las argumentaciones de las partes intervinientes, decreto
la imposición de la medida de aseguramiento en
establecimiento de reclusión Articulo 307 Literal A Numeral 1,
295, 296, 308 núm. 2 y 3, 310 núm. 2 y 5, 312 núm. 1, 313 núm. 2
del CPP, contra de los señores KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA y
JESÚS RAFAEL FIGUERA, por considerarla proporcional, adecuada y
razonable en razón de la gravedad de la conducta.
Decisión notificada en estrados, sin recursos. La decisión queda en
firme y ejecutoriada […]”. (destacado fuera de texto).
Boleta de detención emitida por el JUZGADO el 12 de febrero de
2026, dirigida al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor:
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Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
Boleta de custodia emitida por el JUZGADO el 12 de febrero de 2026,
dirigida al jefe de detenidos del Distrito Especial de Policía de Soacha:
Ahora bien, para la Sala está plenamente acreditado que la señora
VARGAS ORTEGA es un sujeto de especial protección constitucional
al ser una persona privada de su libertad, por lo que le corresponde
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al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales, especialmente a la
dignidad humana.
En el caso sub examine, se evidencia que el JUZGADO en audiencia
de 11 y 12 de febrero de 2026, impuso a la señora VARGAS ORTEGA
medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión, para lo
cual libró boleta de detención dirigida al director de la Cárcel de
Mujeres el Buen Pastor, en la que puso en conocimiento “[…]
imposición de Medida de Aseguramiento consistente en Detención
Preventiva en Establecimiento Carcelario […]”.
Finalmente, se observa que el JUZGADO emitió boleta de custodia
dirigida al jefe de detenidos del Distrito Especial de Policía de Soacha,
en la que le le informó que “[…] En consecuencia, el referido señor
(sic) deberá ser mantenido en custodia hasta tanto sea trasladado a
su lugar de reclusión […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará si INPEC al haber
omitido el traslado de la actora a un establecimiento carcelario,
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específicamente a la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá,
vulneró su derecho fundamental a la dignidad humana.
De lo expuesto en precedencia, como se dijo, la señora VARGAS
ORTEGA detenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional en virtud de la relación de especial sujeción que
mantiene frente al Estado por la privación de su libertad. En
consecuencia, surge para el INPEC la obligación imperativa,
ineludible y directa de desplegar todas las acciones afirmativas
necesarias para salvaguardar la integridad de sus derechos
fundamentales, con especial énfasis en el principio rector de la
dignidad humana.
Se encuentra acreditado que el JUZGADO ordenó de forma clara y
expresa que la medida de aseguramiento debía ejecutarse en la
Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá, de tal forma que
mantener a la accionante bajo la custodia provisional de la Estación
de Policía de Cazucá (Soacha), desborda el límite temporal estricto
de las 36 horas y desnaturaliza tal orden judicial.
Dicha permanencia prolongada convierte la detención preventiva
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legítima de la actora en un trato inhumano y degradante, debido a la
falta de infraestructura de dicho centro transitorio. Así las cosas, la
orden de custodia emitida al jefe de detenidos de la Policía de Soacha
solo justifica una permanencia transitoria y de cortísimo plazo
mientras se surtía el traslado logístico, por lo que, al haberse
extendido dicho internamiento, se configuró una vulneración actual,
flagrante y continuada del derecho fundamental a la dignidad
humana de la actora, toda vez que la POLICÍA carece de
competencias penitenciarias y las celdas en la mencionada estación
no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas
por la jurisprudencia constitucional.
Bajo este lineamiento, para la Sala resulta dable acceder al amparo
deprecado, toda vez que, si bien la actora fue privada de su libertad
en virtud de una medida proferida por autoridad judicial competente
-siendo su detención inicialmente ajustada a la legalidad-, el lugar
en el que permanece recluida no es el recinto destinado para cumplir
la restricción ordenada por el JUZGADO, lo que constituye un claro
desconocimiento de una orden judicial ejecutoriada.
En ese orden de ideas, a la fecha no se ha ejecutado en debida forma
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la restricción de la libertad impuesta a la actora en los términos
ordenados por el JUZGADO, pues desde su detención, ha
permanecido en una estación de policía por un término irrazonable y
desproporcionado, situación atribuible a la omisión en la que ha
incurrido el INPEC, al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la boleta
de detención preventiva debidamente comunicada por la autoridad
judicial.
La Sala debe destacar que, la desatención o incumplimiento de
órdenes contenidas en fallos o determinaciones judiciales representa
una afectación a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sobre el particular la Corte
Constitucional, en sentencia T-684 de 2 de septiembre de 201027,
señaló:
“[…] Reiteradamente esta corporación ha resaltado que uno de los
elementos básicos del Estado social de derecho instituido por la carta
política de 1991, es la facultad de acceder a la administración de
justicia (art. 229 Const.), que en sí misma involucra que se decida
en definitiva mediante determinación judicial en firme, la cual debe
ser efectivamente cumplida.
De similar manera, en el derecho internacional la inobservancia de
los fallos judiciales ha sido estimada como vulneración al derecho
fundamental de acceder a la administración de justicia. Así puede
constatarse en la Convención Americana de Derechos Humanos, a
27
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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partir de la interpretación sistemática de los artículos 1°-1 (Deberes
Generales de Protección y Garantía); 8° (Garantías Judiciales) y 25
(Protección Judicial).
De tal suerte, el derecho de acceso a la administración de justicia no
sólo es entendido en términos de postulado y vía para el ejercicio de
los demás derechos, sino que recorre, a su vez, tres etapas: (i) el
acceso efectivo al sistema judicial; (ii) el transcurso de un proceso
rodeado de todas las garantías judiciales y decidido en un plazo
razonable; y (iii) la ejecución material del fallo […]”.
Ahora, frente a lo manifestado por el INPEC en su escrito de
impugnación en el que sostiene que la custodia de la accionante
compete de forma exclusiva al ente territorial por no ostentar la
calidad de condenada, la Sala debe precisar que dicho argumento no
tiene vocación de prosperidad. Al respecto, es imperativo advertir
que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022,
declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales respecto de la
población privada de la libertad en centros de detención transitoria.
Ante la inexistencia o insuficiencia de infraestructura carcelaria en la
gran mayoría de las entidades territoriales del país, el máximo
tribunal de la jurisdicción constitucional dispuso una serie de medidas
de mediano y largo plazo orientadas a superar la crisis humanitaria
de quienes permanecen en estaciones de policía por términos que
desbordan irrazonablemente su diseño institucional. Entre estas
determinaciones, la Corte acudió expresamente al principio de
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colaboración armónica entre las ramas del poder público, ordenando
al INPEC disponer de sus establecimientos carcelarios nacionales
para recibir a los ciudadanos cobijados con medida de aseguramiento
preventiva.
En ese orden de ideas, toda vez que en la actualidad se encuentra
en proceso la materialización y el cumplimiento progresivo de las
directrices estructurales impartidas en el citado fallo de unificación,
la Sala no puede avalar barreras de orden administrativo ni conflictos
de competencias que perpetúen la vulneración de los derechos
fundamentales. En consecuencia, se hace necesario intervenir de
manera inmediata para salvaguardar el derecho fundamental a la
dignidad humana de la actora, ordenando su traslado al
establecimiento carcelario dispuesto por el JUZGADO.
Por último, respecto al reparo formulado por el INPEC según el cual
las direcciones regionales son las únicas responsables de trasladar a
las personas privadas de la libertad y, en ese orden, de acatar lo
dispuesto por el a quo, la Sala desestima dicho argumento. Al
respecto, se observa que tal discrepancia fue resuelta mediante auto
del 23 de junio de 2026 por la SECCIÓN SEGUNDA al despachar
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desfavorablemente la solicitud de nulidad promovida por aquel bajo
idénticos fundamentos. Aunado a ello, la Sala destaca que las
obligaciones impuestas se enmarcan estrictamente dentro de las
competencias legales de la institución, las cuales deben ejecutarse
de manera articulada a través de sus dependencias internas y en
observancia del principio de coordinación institucional.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de la
Ley 906, modificado por el artículo 58 de la Ley 1453 de 2011, le
corresponde al INPEC hacerse cargo de las personas privadas de la
libertad durante las 36 horas siguientes a su detención, y luego,
cuando su situación jurídica haya sido definida por la autoridad
judicial competente, por lo que su custodia incluye entre otros, el
traslado.
“[…] Artículo 58. Formalización de la reclusión. El artículo 304
de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Formalización de la reclusión. Cuando el capturado deba privarse
de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento
o la sentencia condenatoria, el funcionario judicial a cuyas
órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia
al INPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que
corresponda, para efectuar el ingreso y registro al Sistema
Penitenciario y Carcelario. Antes de los momentos procesales
indicados el capturado estará bajo la responsabilidad del
organismo que efectuó la aprehensión.
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[…]
La custodia referida incluye los traslados, remisiones,
desarrollo de audiencias y demás diligencias judiciales a que
haya lugar […]” (destacado fuera de texto).
Lo anterior, encuentra soporte igualmente en el numeral 8º del
artículo 2º del Decreto 4151 de 3 de noviembre de 201128, que
prevé:
“[…] ARTÍCULO 2°. FUNCIONES. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las siguientes
funciones: […]
8. Garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la
población privada de la libertad […]”.
Finalmente, es del caso destacar que la Sección29 en un asunto con
similar situación fáctica a la presente, amparó los derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana del allí
demandante, al considerar que no se había dado cumplimiento en
debida forma a la restricción de la libertad, en los términos ordenados
por la autoridad judicial penal competente, de la siguiente manera:
“[…] De otra parte, en cuanto al traslado del señor
Quevedo Espitia al centro psiquiátrico o unidad de salud
mental el mismo le corresponde efectuarlo al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, de
28
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se
distan otras disposiciones”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
septiembre de 2025, C.P. Pablo Andrés Córdiba Acosta, radicación número 11001-03-15-000-2025-
02405-00.
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo
1 del Decreto 4151 de 2011 el cual le atribuye a dicha
entidad el deber de “[…] Garantizar el control sobre la
ubicación y traslado de la población privada de la libertad
[…]”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la fecha no se
ha cumplido en debida forma la restricción de la libertad
impuesta al señor Jhonatan Andrés Quevedo Espitia, en
los términos en que fue ordenado por el Juzgado
Veintidós Penal Municipal con Función de Garantías de
Bogotá, la Sala amparará los derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la dignidad humana del señor Quevedo
Espitia […]”. (Resaltado fuera del texto original)
La anterior decisión fue confirmada por la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO en sentencia
de 5 de diciembre de 202530, en la que consideró que:
“[…] Sobre el particular, se pone de presente que los
trámites y dificultades interadministrativas para cumplir
una orden de tutela no pueden ser tenidos como una
excusa para no garantizar la protección de derechos
concedida por un juez constitucional.
En ese sentido, la Sala advierte que la inconformidad de
la parte que formuló la impugnación está relacionada con
sus dificultades operativas para cumplir la orden de
amparo, más no en relación con la protección de los
derechos concedida al actor, por esta razón no se
revocará la decisión de primera instancia […]”. (Resaltado
fuera del texto original).
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la
parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la decisión del a
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C.P. Adriana Polidura Castillo.
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Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
quo, que amparó el derecho fundamental a la dignidad humana de la
actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la POLICÍA
NACIONAL y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS (USPEC), por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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