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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la POLICÍA NACIONAL y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01 Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03377-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA DE LA
ACTORA. EL INPEC NO HA REALIZADO LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA PROCURAR SU RECLUSIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO ORDENADO POR EL JUEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SALUD, DIGNIDAD
HUMANA Y UNIÓN FAMILIAR.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)1 contra la

sentencia de 28 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2

amparó el derecho fundamental a la dignidad humana de la actora.

1
En adelante INPEC.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01
Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA, actuando mediante

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la dignidad

humana y a la unión familiar, los cuales estima vulnerados por la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA3, el DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA4, el MUNICIPIO DE SOACHA5, el INPEC, la

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

(USPEC)6 y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA

NACIONAL - COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE

SOACHA7, al mantenerla detenida en la Estación de Policía de Cazucá

(Soacha), pese a que el JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL

MIXTO CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE

SOACHA8 le impuso medida de aseguramiento en establecimiento

carcelario.

3
En adelante PRESIDENCIA.
4
En adelante DEPARTAMENTO.
5
En adelante MUNICIPIO.
6
En adelante USPEC.
7
En adelante POLICÍA.
8
En adelante JUZGADO.

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I.2.- Hechos

Indicó que durante diligencia de registro y allanamiento al inmueble

ubicado en la calle 10 # 11-39 del barrio Llano Grande en el municipio

de Soacha, fue capturada junto con el señor JESÚS RAFAEL

FIGUEROA CEDEÑO, comoquiera que se hallaron en la vivienda 12

cartuchos calibre 38, 35 cartuchos 5.56, un proveedor para fusil,

estupefacientes, elementos que afirma le pertenecían al mencionado.

Señaló que el 12 de febrero de 2026, el JUZGADO dentro del proceso

identificado con el número único de radicación C.U.I.

257546099073202500246 legalizó su captura y le imputó los delitos

de porte de armas y municiones de uso privativo y otros, por lo que

le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en

establecimiento carcelario.

Sostuvo que, a pesar de lo anterior, desde el 11 de febrero del año

en curso se encuentra recluida en la Estación de Policía de Cazucá

(Soacha), junto con 70 mujeres más, en condiciones contrarias a la

dignidad humana, sometida a tratos crueles y degradantes, pues se

le mantiene en una celda las 24 horas del día y pernocta en el suelo

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sin acceso a ninguna actividad. Adicionalmente, que la alimentación

suministrada llega en estado de descomposición y que se le prohíbe

recibir comida externa o visitas familiares.

Manifestó que el INPEC no admite en establecimiento de reclusión a

sindicados, sino solo condenados. Sumado a ello, que su familia se

encuentra radicada en el municipio de Puerto Wilches (Santander) y

es de escasos recursos económicos, por lo que no puede recibir

visitas en un establecimiento de reclusión en el distrito capital de

Bogotá.

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó que se ordene a la parte demandada trasladarla a

un establecimiento de reclusión de mujeres en el departamento de

Santander que ofrezca condiciones de dignidad humana.

I.5. Defensa

I.5.1.- La POLICÍA solicitó ser desvinculada del presente trámite

constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues

no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

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Indicó que la actora se encuentra privada de la libertad en la sala de

retención transitoria y que a la fecha no cuenta con sentencia

condenatoria, lo cual se hace necesario para poder ser ingresada a

un establecimiento carcelario.

Afirmó que a la fecha no se han allegado documentos para dar

cumplimiento a citas médicas asignadas a la accionante, además,

que el Centro de Traslado por Protección del municipio de Soacha

cuenta con acompañamiento de personal profesional en salud y

representantes del Ministerio Público.

Adujo que la permanencia en la estación de policía por más de 36

horas se debe a la sobrepoblación carcelaria y a la demora

protocolaria en la asignación de cupos penitenciarios; sumado a que

tal instalación no está diseñada como centro de reclusión

permanente, sin embargo, se han coordinado brigadas de salubridad

con la Secretaría de Salud local para mitigar la situación.

I.5.2.- El INPEC solicitó que se deniegue el amparo solicitado al

considerar que carece de competencia para asumir la reclusión de la

actora, pues esta se encuentra privada de la libertad en calidad de

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sindicada por lo que su custodia está en cabeza de las entidades

territoriales y no del orden nacional.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO solicitó declarar la falta de legitimación

en la causa por pasiva y ordenar ser desvinculado, bajo el entendido

de que las estaciones de policía no forman parte de la estructura

orgánica departamental y carece de competencias legales o de

infraestructura carcelaria propia para ordenar traslados o asignar

cupos de reclusión a personas privadas de la libertad.

Destacó que el MUNICIPIO es el llamado a responder por la

creación, sostenimiento y habitabilidad de cárceles y celdas para

reclusos en calidad de sindicados dentro de su jurisdicción.

I.5.4.- El DAPRE solicitó declarar improcedente la presente acción

de tutela y ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por

pasiva, pues carece de competencias funcionales o injerencia directa

sobre el régimen penitenciario.

Refirió que las solicitudes de traslado, reubicación carcelaria y

custodia de personas en detención preventiva corresponden

exclusivamente al INPEC o a las autoridades territoriales.

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I.5.5.- La USPEC solicitó denegar las pretensiones de amparo y ser

desvinculada del presente trámite por falta de legitimación en la

causa por pasiva, pues sus funciones se limitan exclusivamente a la

gestión administrativa, logística y contractual de los recursos de

infraestructura carcelaria para los centros a cargo del INPEC, por lo

que no tiene facultad legal ni operativa para ordenar traslados,

coordinar remisiones médicas, ni definir la ubicación de las personas

privadas de la libertad.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 28 de mayo de 2026,

concedió el amparo del derecho fundamental a la dignidad humana

invocado por la actora, por lo que resolvió:

“[…] Primero. AMPARAR el derecho fundamental a la dignidad
humana de la señora Kiara Lizeth Vargas Ortega, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. ORDENAR al INPEC que, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, traslade a la
accionante a la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, previa verificación
de la disponibilidad de cupo en dicho establecimiento carcelario.

Tercero. NEGAR el amparo solicitado respecto a la USPEC, al
Municipio de Soacha y a la Policía Metropolitana de Soacha.

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Cuarto. NEGAR la solicitud de vincular a la Dirección de la Regional
Central del INPEC.

Quinto. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
del DAPRE y de la Gobernación de Cundinamarca […]“.

Para el efecto, sostuvo que de las pruebas obrantes en el expediente

se evidenciaba que el JUZGADO el 12 de febrero de 2026 le impuso

medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión y ese

mismo día le remitió al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

de Bogotá, la boleta de detención de la actora.

Resaltó que, sin embargo, la accionante se encontraba cumpliendo

con la medida de aseguramiento de detención preventiva en la sala

de retención transitoria de la Estación de Policía de Cazucá, a pesar

de que habían transcurrido más de 36 horas y en condiciones

inhumanas.

En esa medida, consideró que el INPEC estaba vulnerando el

derecho fundamental a la dignidad humana de la actora, por lo que

le ordenó que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del fallo

de instancia, la trasladara a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de

Bogotá, previa verificación de disponibilidad de cupo en dicho

establecimiento carcelario.

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Alegó que aun cuando la actora solicitó que se ordenara su traslado

a un establecimiento carcelario en el departamento de Santander, no

había lugar a acceder a tal pretensión ya que el JUZGADO emitió la

orden a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor y, en todo caso, con

posterioridad a su traslado a esta última, aquella podía realizar tal

petición directamente ante el INPEC.

Finalmente, denegó las pretensiones de la demanda respecto de la

USPEC, el MUNICIPIO y la POLICÍA, así como la solicitud de

vinculación de Dirección Regional Central del INPEC, por no

encontrarse demostrada la necesidad de su intervención y desvinculó

por falta de legitimación en la causa por pasiva al DAPRE y al

DEPARTAMENTO, por no estar facultados para satisfacer las

pretensiones de amparo.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El INPEC impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA

bajo el argumento de que la orden de amparo contraviene aspectos

de orden constitucional y legal en lo que refiere a sus competencias

respecto de los condenados y las de las entidades territoriales para

la atención de los sindicados y detenidos preventivamente.

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En efecto, aseguró que a los entes territoriales corresponde crear

centros de detención preventiva, brindar la alimentación adecuada,

garantizar el aseguramiento en salud de sus internos y que existan

condiciones dignas de reclusión.

Aseveró que los municipios y departamentos tienen la

responsabilidad de la atención de las personas privadas de la libertad

en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 17, 18 y 21 de la Ley 65 de 18 de agosto de 19939, este

último modificado por el artículo 12 de la Ley 1709 de 20 de enero

de 201410. Sumado a ello, la Procuraduría General de la Nación

mediante Directiva 018 de 29 de septiembre de 2021 dispuso la “[…]

responsabilidad de entes territoriales frente a personas privadas de

la libertad en calidad de sindicado […]”.

Sostuvo que mediante sentencia SU-122 de 31 de marzo de 202211,

la Corte Constitucional extendió la declaración de Estado de Cosas

Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario, por lo que

formuló dos fases para la superación de este, para lo cual ordenó a

9
“Por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
10
“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
11
M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.

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los entes territoriales, entre otras, las siguientes:

“[…] ● El deber de garantizar a las personas privadas de la libertad
que se encuentren en inspecciones, estaciones, subestaciones de
policía, URI y centros similares de su jurisdicción, condiciones
mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar
suficiente; así como la separación entre hombres y mujeres.

● Disponer de un inmueble que cuente con las condiciones de
seguridad, salubridad, higiene y sanidad. A través de
perfeccionamiento de contratos de arrendamiento o comodato
que permita la garantía de derechos fundamentales. En el término
de 1 año siguiente a la notificación de la sentencia.

● Gestionar la atención en salud y garantizar los traslados
necesarios para la correcta, pronta y continua prestación de los
servicios requeridos por las personas privadas de la libertad, en
calidad de procesadas, dentro de los denominados centros de
detención transitoria o en los espacios temporales. Establecer y
mantener una ruta integral de atención en salud que abarque los
componentes de prevención, atención, detección, diagnóstico y
tratamiento.

● NO trasladar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios
la situación de hacinamiento de las estaciones, subestaciones,
URIS y lugares similares.

● A las gobernaciones y alcaldías, formular proyectos de
construcción y/o adecuación de infraestructura carcelaria. Para el
2028 deberá encontrarse terminada la construcción de la cárcel
municipal […]”.

Ahora, respecto de la atención de las personas privadas de la

libertad, condenadas y la competencia para fijar establecimientos de

reclusión de orden nacional, corresponde a sus direcciones

regionales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución núm.

6076 de 2020.

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Alegó que únicamente tiene competencia frente a los privados de la

libertad que se encuentren en estaciones de policía en calidad de

condenados; igualmente, una vez la dirección regional fije

establecimiento de reclusión, es responsabilidad de este de llevar a

cabo el respectivo traslado.

En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo

y se denieguen las pretensiones en su contra.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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Cuestión previa

La Sala advierte que la POLICÍA y la USPEC solicitaron ser

desvinculados de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan

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de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la actora le atribuye la vulneración de sus derechos

fundamentales, entre otros, a la POLICÍA y la USPEC, la Sala

denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199112. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

A través de la presente acción de tutela la actora pretende la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

salud, a la dignidad humana y a la unión familiar, los cuales estima

vulnerados por la PRESIDENCIA, el DEPARTAMENTO, el

MUNICIPIO, el INPEC, la USPEC y la POLICÍA, al mantenerla

detenida en la Estación de Policía de Cazucá (Soacha), pese a que el

JUZGADO le impuso medida de aseguramiento en establecimiento

carcelario.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA amparó

12
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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el derecho fundamental a la dignidad humana de la actora, el cual

consideró vulnerado por el INPEC, pues superó el tiempo máximo

permitido en la Constitución y la Ley para permanecer en un centro

de reclusión transitoria, máxime cuando el JUZGADO le impuso

medida de aseguramiento en establecimiento reclusión y remitió

boleta de detención al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

de Bogotá, sin que se haya dado cumplimiento a ello.

En la impugnación el INPEC insistió en que carece de competencia

en el asunto, pues es a los entes territoriales los que le corresponde

la custodia de las personas privadas de la libertad en calidad de

sindicada. Además, que, respecto de la atención de las personas

privadas de la libertad condenadas y la competencia para fijar

establecimientos de reclusión de orden nacional, corresponde a sus

direcciones regionales.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual en

primer lugar, verificará si se cumplen los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela y, de superarse tal derrotero,

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circunscribirá su estudio únicamente a los argumentos expuestos en

el escrito de impugnación y se establecerá si el INPEC es la llamada

a responder por la vulneración alegada por la actora.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados es

actual, comoquiera que la inconformidad planteada corresponde a la

permanencia en la Estación de Policía de Cazucá (Soacha), y la falta

de traslado a un establecimiento carcelario.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que la

actora no cuenta con otro medio de defensa eficaz que permita

adoptar medidas urgentes, por lo que la situación particular del

asunto habilita la intervención del juez de tutela.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

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En ese orden de ideas, para la Sala resulta pertinente hacer algunas

precisiones respecto de los derechos de las personas privadas de la

libertad en centros de detención transitoria, antes de entrar a

abordar el caso concreto.

Las medidas de aseguramiento y la detención preventiva en

el sistema jurídico colombiano

La Corte Constitucional expuso en la Sentencia C-774 de 25 de julio

de 200113 que “[…] Las medidas de aseguramiento hacen parte de

las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas

disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la

autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en

asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el

proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar

la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por

virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede

resultar afectado por la demora en la decisión judicial […]”.

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M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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La jurisprudencia constitucional también resalta que las medidas de

aseguramiento tienen carácter preventivo, no sancionatorio,

mediante las cuales se “[…] busca asegurar que la persona sindicada

de haber cometido delito, cuando contra ella existan indicios graves

de responsabilidad, comparezca efectivamente al proceso penal, es

decir que no escape a la acción de la justicia […]”14

El artículo 250 de la Constitución Política de 1991 establece que la

Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de adelantar “[…] el

ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos

que revistan las características de un delito que lleguen a su

conocimiento […]” y, en el marco de sus competencias, tiene el deber

de “[…] solicitar al juez que ejerza las funciones de control de

garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de

los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la

protección de la comunidad, en especial, de las víctimas […]”.

Por su parte, la Ley 906 de 31 de agosto de 200415 contempla en el

artículo 306 que corresponde al fiscal de cada caso solicitar ante el

14
Sentencia C-106 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

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juez de control de garantías la imposición de medidas de

aseguramiento, para lo cual debe indicar “[…] la persona, el delito,

los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida

y su urgencia […]”.

El artículo 308 ibídem prevé que el juez de control de garantías podrá

decretar una medida de aseguramiento cuando de los elementos

materiales y la evidencia física permitan inferir que el imputado

puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,

siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: i)

que la medida se muestre como necesaria para evitar que el

imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; ii) que el

sindicado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de

la víctima; y iii) que resulte probable que este no comparecerá al

proceso o que no cumpla la sentencia que se adopte.

Adicionalmente, el artículo 307 ibídem enuncia diferentes tipologías

de medidas de aseguramiento, entre ellas, las privativas de la

libertad como lo es la detención preventiva en establecimiento de

reclusión.

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Los sujetos de especial protección constitucional dentro del

marco del Estado Social de Derecho

La Corte Constitucional16 ha determinado que las personas privadas

de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en

razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos

fundamentales al interior de los establecimientos de reclusión.

En ese orden de ideas, las autoridades que tienen a cargo su custodia

deben velar y respetar los derechos sus derechos fundamentales, los

cuales, como consecuencia de la privación de la libertad, no son

absolutos, toda vez que el derechos a la libertad física, a la intimidad

personal y familiar y a la libertad de expresión y de reunión, se

encuentran limitados y algunos restringidos, mientras que otras

garantías constitucionales como la vida, la integridad personal, la

salud, la dignidad humana, entre otros, se mantienen incólumes y no

puede ser afectados en modo alguno por el hecho de encontrarse en

un establecimiento carcelario.

16
Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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De los derechos fundamentales de las personas recluidas en

centros de detención transitoria.

La jurisprudencia Constitucional17 ha reiterado que el internamiento

de ciudadanos en centros de detención transitoria por un lapso

superior al límite legal de 36 horas quebranta de forma directa el

orden constitucional y los instrumentos internacionales de derechos

humanos. Conforme a lo dispuesto en las sentencias T-847 de 6 de

julio de 200018, T-851 de 2 de septiembre de 200419 y SU-122 de

2022, la permanencia prolongada e indefinida en estaciones de

policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), deviene en una

flagrante vulneración de las garantías fundamentales, al tipificarse

como un trato cruel, inhumano y degradante.

Lo anterior se fundamenta en dos premisas normativas

insoslayables: primero, la estricta limitación temporal dispuesta en

los artículos 28 de la Carta Política y 21 de la Ley 1709 de 2014; y

segundo, el principio de legalidad de las funciones públicas (artículo

121 superior), toda vez que ni la Policía Nacional ni el Cuerpo Técnico

17
Sentencia T-324 de 31 de julio de 2025, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
19
M.P. Manuel José Cepeca Espinosa.

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de Investigación (CTI), poseen competencia legal o constitucional

para ejercer funciones de custodia penitenciaria o carcelaria.

También, en el principio de indemnidad de los derechos no

restringidos y la carencia de infraestructura mínima, frente al cual la

jurisprudencia constitucional es pacífica al señalar que la privación

de la libertad -bien sea en virtud de una medida de aseguramiento o

de una pena privativa-, faculta la limitación legítima de ciertos

derechos, pero deja incólumes e intactos aquellos que son inherentes

a la dignidad humana.

El derecho a tener condiciones dignas de detención.

Reiteración de jurisprudencia

La Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana equivale

al merecimiento de las personas de un trato acorde con su condición

humana20. La Corte ha aclarado que constituye un principio fundante

del Estado colombiano, que tiene un valor absoluto en el

ordenamiento jurídico, de manera que no puede ser limitado como

20
Sentencias SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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otros derechos, en ninguna circunstancia, con base en la aplicación

de doctrina jurídica o filosófica alguna, o a partir de ninguna

aplicación exceptiva.21.

Para precisar su alcance y contenido en el ordenamiento jurídico

colombiano, ha señalado que tiene una triple naturaleza jurídica,22 al

ser un valor, un principio y un derecho fundamental autónomo:

“[…] una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente
o del contenido de la expresión ‘dignidad humana’ como entidad
normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su
objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad
normativa. // Al tener como punto de vista el objeto de protección
del enunciado normativo ‘dignidad humana’, la Sala ha identificado
a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros
y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). // De
otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del
enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en
este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana
entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana
entendida como derecho fundamental autónomo […]”.23

21
Sentencias T-401 de 1992. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
y T-013 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22
Sentencias C-288 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
23
Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada -entre otras- en las sentencias
C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-711 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-143
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; y T-609 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En la
Sentencia T-388 de 2013 (María Victoria Calle Correa), la Corte precisó que, como principio, la dignidad

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De igual manera, la Corte ha establecido que las personas privadas

de la libertad mantienen su dignidad humana, como lo reconoce el

artículo 5 de la Constitución Política,24 y también la legislación

ordinaria.25 El hecho de la reclusión no implica la pérdida de la

condición de ser humano, ya que la función y finalidad de la pena son

la protección de la sociedad, la prevención del delito y,

principalmente, la resocialización de las personas.26

humana “(…) se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción,
según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus posibilidades
jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y
legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de
protección de la dignidad humana identificados (…): autonomía individual, condiciones materiales de
existencia, e integridad física y moral.” Como derecho fundamental autónomo, la dignidad humana
cuenta con los elementos propios de todo derecho subjetivo: “un titular claramente identificado (las
personas naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida,
integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela).” Como derecho,
no es una facultad de la persona para adquirir su dignidad, ni para que el Estado se la otorgue o
conceda, porque la dignidad es un atributo esencial de la persona humana; el derecho fundamental es
a que se le dé un trato que respete plenamente la dignidad del ser humano. Es un derecho que implica
tanto obligaciones de no hacer como obligaciones de hacer por parte del Estado. Ver sentencias T-702
de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-792 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-
143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

24
Esta norma “reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona, como quiera que los privados de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios jamás
pierden su calidad de individuo de la especie humana y de sujetos de derecho, se deriva que conservan
intacta e intocable su dignidad humana como derecho iusfundamental.” Sentencia T-815 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos.

25
El artículo 5 de la Ley 65 de 1993 -modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014- prevé dentro
de sus principios rectores que “[e]n los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.”
26
Sentencias T-065 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-702 de 2001. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-077 de 2013. M.P. (e) Alexei Julio Estrada; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-815 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-282 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-588A
de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-143 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-013 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-276 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-711 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-002 de 2018. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas; y T-288 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Caso concreto

Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra

lo siguiente:

Acta de audiencia virtual, legalización de la orden y diligencia de

registro y allanamiento, incautación de elementos materiales

probatorios, captura, formulación de imputación e imposición de

medida de aseguramiento de 11 y 12 de febrero, en la que el

JUZGADO dispuso, entre otras:

[…] La señora juez luego de analizar los elementos materiales de
prueba y las argumentaciones de las partes intervinientes, decreto
la imposición de la medida de aseguramiento en
establecimiento de reclusión Articulo 307 Literal A Numeral 1,
295, 296, 308 núm. 2 y 3, 310 núm. 2 y 5, 312 núm. 1, 313 núm. 2
del CPP, contra de los señores KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA y
JESÚS RAFAEL FIGUERA, por considerarla proporcional, adecuada y
razonable en razón de la gravedad de la conducta.

Decisión notificada en estrados, sin recursos. La decisión queda en
firme y ejecutoriada […]”. (destacado fuera de texto).

Boleta de detención emitida por el JUZGADO el 12 de febrero de

2026, dirigida al director de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor:

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Boleta de custodia emitida por el JUZGADO el 12 de febrero de 2026,

dirigida al jefe de detenidos del Distrito Especial de Policía de Soacha:

Ahora bien, para la Sala está plenamente acreditado que la señora

VARGAS ORTEGA es un sujeto de especial protección constitucional

al ser una persona privada de su libertad, por lo que le corresponde

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al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la

protección de sus derechos fundamentales, especialmente a la

dignidad humana.

En el caso sub examine, se evidencia que el JUZGADO en audiencia

de 11 y 12 de febrero de 2026, impuso a la señora VARGAS ORTEGA

medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión, para lo

cual libró boleta de detención dirigida al director de la Cárcel de

Mujeres el Buen Pastor, en la que puso en conocimiento “[…]

imposición de Medida de Aseguramiento consistente en Detención

Preventiva en Establecimiento Carcelario […]”.

Finalmente, se observa que el JUZGADO emitió boleta de custodia

dirigida al jefe de detenidos del Distrito Especial de Policía de Soacha,

en la que le le informó que “[…] En consecuencia, el referido señor

(sic) deberá ser mantenido en custodia hasta tanto sea trasladado a

su lugar de reclusión […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará si INPEC al haber

omitido el traslado de la actora a un establecimiento carcelario,

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específicamente a la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá,

vulneró su derecho fundamental a la dignidad humana.

De lo expuesto en precedencia, como se dijo, la señora VARGAS

ORTEGA detenta la condición de sujeto de especial protección

constitucional en virtud de la relación de especial sujeción que

mantiene frente al Estado por la privación de su libertad. En

consecuencia, surge para el INPEC la obligación imperativa,

ineludible y directa de desplegar todas las acciones afirmativas

necesarias para salvaguardar la integridad de sus derechos

fundamentales, con especial énfasis en el principio rector de la

dignidad humana.

Se encuentra acreditado que el JUZGADO ordenó de forma clara y

expresa que la medida de aseguramiento debía ejecutarse en la

Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá, de tal forma que

mantener a la accionante bajo la custodia provisional de la Estación

de Policía de Cazucá (Soacha), desborda el límite temporal estricto

de las 36 horas y desnaturaliza tal orden judicial.

Dicha permanencia prolongada convierte la detención preventiva

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legítima de la actora en un trato inhumano y degradante, debido a la

falta de infraestructura de dicho centro transitorio. Así las cosas, la

orden de custodia emitida al jefe de detenidos de la Policía de Soacha

solo justifica una permanencia transitoria y de cortísimo plazo

mientras se surtía el traslado logístico, por lo que, al haberse

extendido dicho internamiento, se configuró una vulneración actual,

flagrante y continuada del derecho fundamental a la dignidad

humana de la actora, toda vez que la POLICÍA carece de

competencias penitenciarias y las celdas en la mencionada estación

no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas

por la jurisprudencia constitucional.

Bajo este lineamiento, para la Sala resulta dable acceder al amparo

deprecado, toda vez que, si bien la actora fue privada de su libertad

en virtud de una medida proferida por autoridad judicial competente

-siendo su detención inicialmente ajustada a la legalidad-, el lugar

en el que permanece recluida no es el recinto destinado para cumplir

la restricción ordenada por el JUZGADO, lo que constituye un claro

desconocimiento de una orden judicial ejecutoriada.

En ese orden de ideas, a la fecha no se ha ejecutado en debida forma

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la restricción de la libertad impuesta a la actora en los términos

ordenados por el JUZGADO, pues desde su detención, ha

permanecido en una estación de policía por un término irrazonable y

desproporcionado, situación atribuible a la omisión en la que ha

incurrido el INPEC, al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la boleta

de detención preventiva debidamente comunicada por la autoridad

judicial.

La Sala debe destacar que, la desatención o incumplimiento de

órdenes contenidas en fallos o determinaciones judiciales representa

una afectación a los derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, sobre el particular la Corte

Constitucional, en sentencia T-684 de 2 de septiembre de 201027,

señaló:

“[…] Reiteradamente esta corporación ha resaltado que uno de los
elementos básicos del Estado social de derecho instituido por la carta
política de 1991, es la facultad de acceder a la administración de
justicia (art. 229 Const.), que en sí misma involucra que se decida
en definitiva mediante determinación judicial en firme, la cual debe
ser efectivamente cumplida.

De similar manera, en el derecho internacional la inobservancia de
los fallos judiciales ha sido estimada como vulneración al derecho
fundamental de acceder a la administración de justicia. Así puede
constatarse en la Convención Americana de Derechos Humanos, a

27
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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partir de la interpretación sistemática de los artículos 1°-1 (Deberes
Generales de Protección y Garantía); 8° (Garantías Judiciales) y 25
(Protección Judicial).

De tal suerte, el derecho de acceso a la administración de justicia no
sólo es entendido en términos de postulado y vía para el ejercicio de
los demás derechos, sino que recorre, a su vez, tres etapas: (i) el
acceso efectivo al sistema judicial; (ii) el transcurso de un proceso
rodeado de todas las garantías judiciales y decidido en un plazo
razonable; y (iii) la ejecución material del fallo […]”.

Ahora, frente a lo manifestado por el INPEC en su escrito de

impugnación en el que sostiene que la custodia de la accionante

compete de forma exclusiva al ente territorial por no ostentar la

calidad de condenada, la Sala debe precisar que dicho argumento no

tiene vocación de prosperidad. Al respecto, es imperativo advertir

que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022,

declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales respecto de la

población privada de la libertad en centros de detención transitoria.

Ante la inexistencia o insuficiencia de infraestructura carcelaria en la

gran mayoría de las entidades territoriales del país, el máximo

tribunal de la jurisdicción constitucional dispuso una serie de medidas

de mediano y largo plazo orientadas a superar la crisis humanitaria

de quienes permanecen en estaciones de policía por términos que

desbordan irrazonablemente su diseño institucional. Entre estas

determinaciones, la Corte acudió expresamente al principio de

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colaboración armónica entre las ramas del poder público, ordenando

al INPEC disponer de sus establecimientos carcelarios nacionales

para recibir a los ciudadanos cobijados con medida de aseguramiento

preventiva.

En ese orden de ideas, toda vez que en la actualidad se encuentra

en proceso la materialización y el cumplimiento progresivo de las

directrices estructurales impartidas en el citado fallo de unificación,

la Sala no puede avalar barreras de orden administrativo ni conflictos

de competencias que perpetúen la vulneración de los derechos

fundamentales. En consecuencia, se hace necesario intervenir de

manera inmediata para salvaguardar el derecho fundamental a la

dignidad humana de la actora, ordenando su traslado al

establecimiento carcelario dispuesto por el JUZGADO.

Por último, respecto al reparo formulado por el INPEC según el cual

las direcciones regionales son las únicas responsables de trasladar a

las personas privadas de la libertad y, en ese orden, de acatar lo

dispuesto por el a quo, la Sala desestima dicho argumento. Al

respecto, se observa que tal discrepancia fue resuelta mediante auto

del 23 de junio de 2026 por la SECCIÓN SEGUNDA al despachar

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desfavorablemente la solicitud de nulidad promovida por aquel bajo

idénticos fundamentos. Aunado a ello, la Sala destaca que las

obligaciones impuestas se enmarcan estrictamente dentro de las

competencias legales de la institución, las cuales deben ejecutarse

de manera articulada a través de sus dependencias internas y en

observancia del principio de coordinación institucional.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de la

Ley 906, modificado por el artículo 58 de la Ley 1453 de 2011, le

corresponde al INPEC hacerse cargo de las personas privadas de la

libertad durante las 36 horas siguientes a su detención, y luego,

cuando su situación jurídica haya sido definida por la autoridad

judicial competente, por lo que su custodia incluye entre otros, el

traslado.

“[…] Artículo 58. Formalización de la reclusión. El artículo 304
de la Ley 906 de 2004 quedará así:

Formalización de la reclusión. Cuando el capturado deba privarse
de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento
o la sentencia condenatoria, el funcionario judicial a cuyas
órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia
al INPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que
corresponda, para efectuar el ingreso y registro al Sistema
Penitenciario y Carcelario. Antes de los momentos procesales
indicados el capturado estará bajo la responsabilidad del
organismo que efectuó la aprehensión.

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[…]
La custodia referida incluye los traslados, remisiones,
desarrollo de audiencias y demás diligencias judiciales a que
haya lugar […]” (destacado fuera de texto).

Lo anterior, encuentra soporte igualmente en el numeral 8º del

artículo 2º del Decreto 4151 de 3 de noviembre de 201128, que

prevé:

“[…] ARTÍCULO 2°. FUNCIONES. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las siguientes
funciones: […]

8. Garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la
población privada de la libertad […]”.

Finalmente, es del caso destacar que la Sección29 en un asunto con

similar situación fáctica a la presente, amparó los derechos

fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana del allí

demandante, al considerar que no se había dado cumplimiento en

debida forma a la restricción de la libertad, en los términos ordenados

por la autoridad judicial penal competente, de la siguiente manera:

“[…] De otra parte, en cuanto al traslado del señor
Quevedo Espitia al centro psiquiátrico o unidad de salud
mental el mismo le corresponde efectuarlo al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, de

28
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se
distan otras disposiciones”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
septiembre de 2025, C.P. Pablo Andrés Córdiba Acosta, radicación número 11001-03-15-000-2025-
02405-00.

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conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo
1 del Decreto 4151 de 2011 el cual le atribuye a dicha
entidad el deber de “[…] Garantizar el control sobre la
ubicación y traslado de la población privada de la libertad
[…]”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la fecha no se
ha cumplido en debida forma la restricción de la libertad
impuesta al señor Jhonatan Andrés Quevedo Espitia, en
los términos en que fue ordenado por el Juzgado
Veintidós Penal Municipal con Función de Garantías de
Bogotá, la Sala amparará los derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la dignidad humana del señor Quevedo
Espitia […]”. (Resaltado fuera del texto original)

La anterior decisión fue confirmada por la SECCIÓN TERCERA

-SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO en sentencia

de 5 de diciembre de 202530, en la que consideró que:

“[…] Sobre el particular, se pone de presente que los
trámites y dificultades interadministrativas para cumplir
una orden de tutela no pueden ser tenidos como una
excusa para no garantizar la protección de derechos
concedida por un juez constitucional.

En ese sentido, la Sala advierte que la inconformidad de
la parte que formuló la impugnación está relacionada con
sus dificultades operativas para cumplir la orden de
amparo, más no en relación con la protección de los
derechos concedida al actor, por esta razón no se
revocará la decisión de primera instancia […]”. (Resaltado
fuera del texto original).

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la

parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la decisión del a

30
C.P. Adriana Polidura Castillo.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03377-01
Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA

quo, que amparó el derecho fundamental a la dignidad humana de la

actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la POLICÍA

NACIONAL y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS (USPEC), por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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Actora: KIARA LIZETH VARGAS ORTEGA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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