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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03384-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03384-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de junio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, aunque por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 18 Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii) inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019. 11 Sentencia de segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01 Accionante: Ramón Elías López Barreto Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03384-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01
Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 4
de junio de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 4 de mayo de 20261, Ramón Elías López Barreto, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior,
por cuanto dicha corporación, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025,
confirmó la providencia proferida el 27 de noviembre de 2024 por el Juzgado Doce
Administrativo de Cali, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, radicado bajo el No. 76001-33-33-012-2022-
00069-00.

Igualmente, consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) entidad que expidió la
Resolución SUB 49141 del 11 de febrero de 2026.

1 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 6CF2FAF58F10ABF4
BFE6DF88ACA658F1 9E721DC603EBE8F6 9A704AB327AAD0E8.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 54EE8471F1DA1D12
2093BE4EC566D5E5 EBAC5E9CF86AA959 34D51081BE902299.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01
Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2. Hechos

2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) interpuso
demanda3 contra el hoy accionante con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución SUB 185209 de 2021. A título de restablecimiento del derecho, solicitó,
entre otras cosas, que se ordenara al demandado: (i) reintegrar, de forma indexada,
las sumas recibidas por concepto de mesadas pensionales desde el reconocimiento
del derecho hasta la ejecutoria de la sentencia que declarara la nulidad de la referida
resolución; y (ii) pagar los intereses a que hubiere lugar.

2.2. El 27 de noviembre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo de Cali, en
sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, COLPENSIONES interpuso recurso de apelación. Por
su parte, el señor López Barreto presentó apelación adhesiva.

2.4. A raíz de ello, el 9 de octubre de 20254, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca profirió sentencia de segunda instancia en la que confirmó la providencia
apelada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2025, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga declaró la compatibilidad de las pensiones del
señor Ramón Elías López. Posteriormente, COLPENSIONES, mediante la Resolución
SUB 197380 de 2025, dio cumplimiento a dicha decisión judicial, declaró la
compatibilidad de las prestaciones y mantuvo el pago de la prestación económica
correspondiente. Señaló que ese acto administrativo fue allegado al proceso antes
de que se profiriera el fallo de segunda instancia en la jurisdicción contencioso
administrativa; sin embargo, dicha prueba no fue valorada por la autoridad judicial.

3 Archivo denominado “02 demanda”, vínculo “3_ED_EXPEDIENTE_760013333012202200(.zip)”, “gestionar

documentos”, visible en SAMAI del Juzgado Doce Administrativo de Cali.
4 Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado C6705BFC13077A76

0416A031EB7025B4 C7D7E562ED2D6AFE 8713862F3D31B85D, radicado 76001333301220220006902.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01
Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.2. En el expediente se acreditó que el demandante cumplió el requisito de edad,
al haber alcanzado los 62 años, y que acumuló 1.269 semanas de cotización para
la fecha de finalización de la relación laboral con el municipio de Palmira, esto es,
el 23 de mayo de 2008. En consecuencia, debieron valorarse las cotizaciones
adicionales efectuadas en condición de trabajador independiente, equivalentes a
55,71 semanas.

3.3. Posteriormente, en contravía de los principios de seguridad jurídica y
favorabilidad, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 49141 del 11 de febrero de
2026, mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia de segunda instancia
proferida el 9 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
pese a que ya había acatado la sentencia del 13 de marzo de 2025 de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y reconocido que, entre
el 1.º de febrero de 2024 y febrero de 2025, el actor cotizó 55,71 semanas
adicionales que, sumadas a las 1.269 semanas acreditadas al momento de finalizar
su relación laboral con el municipio de Palmira, arrojan un total de 1.324,71
semanas cotizadas.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“Que, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y
mientras se surte el recurso extraordinario de Revisión ante el Consejo de Estado bajo
Rad. 11001032500020260022900, MP Dr. JORGE EDISON PORTOCARRERO
BANGUERA, se protejan mis derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la
seguridad social, acceso material a la administración de justicia y el principio de
favorabilidad en materia laboral, y en consecuencia, se proceda a:

1. SIRVANSE SEÑORES MAGISTRADOS SUSPENDER LOS EFECTOS DE LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 249 DEL (09) DE OCTUBRE DE 2025,
PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
CONSECUENTEMENTE, LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
SUB-49141 DE (11) DE FEBRERO DE 2026, POR LA CUAL COLPENSIONES
INFORMA QUE DA CUMPLIMIENTO A LA REFERIDA SENTENCIA.

1. ESTA MEDIDA ENCUENTRA SUSTENTO EN EL HECHO DE QUE ME
ENCUENTRO EN UNA POSICIÓN DE INDEFENSIÓN Y LA DECISIÓN DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE ESTÁ CAUSANDO UN PERJUICIO
IRREMEDIABLE A MÍ Y A MI FAMILIA, ANTE EL INFORTUNADO YERRO JURÍDICO
DE NO VALORAR LA PRUEBA ALLEGADA AL PROCESO Y QUE VARIA LA
DECISIÓN FINAL ADOPTADA EN DERECHO, VULNERANDO EL ACCESO
MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL SUSCRITO Y ACUDO A
ESTA TUTELA PORQUE NO HAY MANERA DE CONJURAR DE OTRA FORMA ESTA
SITUACIÓN, YA QUE HE AGOTADO TODOS LOS MEDIOS ORDINARIOS DE

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Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

DEFENSA JUDICIAL Y EL RECURSO DE REVISIÓN NO ADMITE MEDIDAS
CAUTELARES.”5 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 6 de mayo de 20266, se admitió la acción de tutela y se negó
la medida provisional solicitada. También se dispuso la notificación a las partes.

5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 señaló que la sentencia
censurada analizó el expediente y las pruebas allegadas en las etapas procesales
pertinentes. En ese sentido, encontró acreditado que el señor Ramón Elías López
Barreto: i) nació el 26 de mayo de 1959 y cumplió 62 años el 26 de mayo de 2021;
y ii) al 23 de mayo de 2008, fecha de finalización de su última vinculación laboral
con el municipio de Palmira, había cotizado 1.269 semanas. Por lo tanto, concluyó
que no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión
de vejez, esto es, 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización.

En consecuencia, indicó que no vulneró los derechos fundamentales invocados.

5.3. La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)8 indicó que no ha
transgredido derecho fundamental alguno, pues no tiene solicitud o trámite
pendiente por resolver a favor del actor. Finalmente, aseveró que se configura la
cosa juzgada, comoquiera que la controversia objeto del presente asunto ya fue
resuelta por el juez ordinario.

5.4. El Juzgado Doce Administrativo de Cali9 hizo un recuento de las actuaciones
surtidas en esa instancia.

5
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 54EE8471F1DA1D12
2093BE4EC566D5E5 EBAC5E9CF86AA959 34D51081BE902299, folio 10.
6 Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado
1B1D9FC361B02A9B DDCDB6DEC9C9C5A9 C2EE72BB13E64B5C 94DC7199A2C45DEA.
7 Índice 11 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia certificado
AADD701FF54761FD D4458EBD2CFC3D3D 75E544E34CF88885 4769707E2F85F636.
8 Índice 13 de SAMAI, certificado BB2FEBC47A1362FB B5E13CCDCC1630D6 E5E61E0BC5CA395E

84972A601A134122, ibid.
9 Índice 18 de SAMAI, certificado 3D172589EFFE1EC1 D5ECDEEED33CF6EE B5B4A72C83CBE3D0

32EEB1539A83E775, ibid.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01
Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 4 de junio de 202610, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

El a quo constitucional consideró que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida
para demostrar la relevancia constitucional de la vulneración alegada, en tanto sus
planteamientos se mantuvieron en el plano de la inconformidad frente a la decisión
judicial, sin identificar de manera precisa las razones que sustentarían la
configuración de una vulneración de derechos fundamentales.

Precisó que los cuestionamientos formulados en el escrito de tutela fueron objeto
de análisis dentro del proceso ordinario, pues la providencia cuestionada se
pronunció expresamente sobre los argumentos relacionados con la compatibilidad
pensional, el alcance de las cotizaciones efectuadas con posterioridad al retiro del
servicio y los requisitos exigidos para consolidar el derecho pensional pretendido
por el accionante.

En consecuencia, advirtió que la parte actora pretende reabrir, a través de la acción
de tutela, una discusión relacionada con la interpretación de las reglas que
gobiernan la compatibilidad pensional y el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a la prestación reconocida por COLPENSIONES, pese a que tales
asuntos fueron objeto de estudio y decisión por parte de las autoridades judiciales
competentes dentro del proceso de lesividad.

Finalmente, sostuvo que contra la sentencia de 9 de octubre de 2025 fue promovido
recurso extraordinario de revisión, el cual actualmente cursa ante la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado bajo el radicado No. 11001-03-25-
000-2026-00229-00. En ese contexto, la controversia planteada por el accionante
continúa sometida al conocimiento del juez natural a través de un mecanismo
judicial extraordinario que se encuentra en trámite y cuyo objeto precisamente
consiste en examinar la legalidad de la providencia cuestionada.

10Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 57D10C90FD5729C6
34CB22D5DA9640BC E568F8F1E37508EE F5C2AF9C794EDCAB.

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Accionante: Ramón Elías López Barreto
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7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 11,
en el que manifestó lo siguiente:

7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí reviste relevancia
constitucional, pues se imponía la valoración probatoria de las cotizaciones
adicionales realizadas por el demandante antes de emitirse la decisión de segunda
instancia.

7.2. No es cierto que la discusión constitucional esté relacionada con la
interpretación de las reglas que gobiernan la compatibilidad pensional y el
cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la prestación reconocida
por COLPENSIONES, pues tales asuntos fueron objeto de estudio y decisión en su
oportunidad. Lo que se alega es una “arbitrariedad procesal”, al no valorar una
prueba que “variaría totalmente el sentido de la decisión y mantendría incólume la
prestación económica reconocida a un sujeto de especial protección constitucional”.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 25 de junio de 202612 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 4 de junio de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.

11 Índice 23 de SAMAI, certificado 41D2D9BF64E1BBCD CEB356649D7D86AC 8518DCFA8F346D9C
4563837CBD321EB5, ibid.
12 Índice 25 de SAMAI, certificado DBA4EDAD679802EB C83C40A295EA4DE5 FC1869A58BFC351B

BDF46D02C9E1B797, ibid.

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2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad13 y de procedencia14 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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4.2. En el caso concreto, el señor López Barreto cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta que, mediante
sentencia del 13 de marzo de 2025, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga declaró la compatibilidad de sus pensiones. Señala que,
posteriormente, COLPENSIONES, mediante la Resolución SUB 197380 de 2025, dio
cumplimiento a dicha decisión judicial, declaró la compatibilidad de las prestaciones
y mantuvo el pago de la prestación económica correspondiente. Asimismo, afirma
que ese acto administrativo fue allegado al proceso antes de que se profiriera el
fallo de segunda instancia en la jurisdicción contencioso administrativa; sin
embargo, dicha prueba no fue valorada por la autoridad judicial.

En su concepto, en el expediente se acreditó que cumplió el requisito de edad, al
haber alcanzado los 62 años, y que acumuló 1.269 semanas de cotización para la
fecha de finalización de la relación laboral con el municipio de Palmira, esto es, el
23 de mayo de 2008. En consecuencia, debió valorarse la prueba relativa a las
cotizaciones adicionales efectuadas en condición de trabajador independiente,
equivalentes a 55,71 semanas.

4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, pues el 20 de abril de 2026 el accionante interpuso recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca15.

4.4. Revisado el sistema SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, radicado 11001032500020260022900, se advierte que el recurso
extraordinario de revisión aún se encuentra en trámite, sin que a la fecha se haya
expedido una decisión que le ponga fin.

4.5. Esta Subsección precisa que no se puede desconocer que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que “la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite”16. Lo contrario, llevaría
a desnaturalizar al mecanismo tutelar y a que el juez constitucional incurra en una

15 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado
11001032500020260022900.
16 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014. Es de anotar que ya desde la sentencia C-543 de 1992 se

dejó sentado este postulado.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

intromisión en asuntos que no son de su competencia, pues la Corte Constitucional
ha sostenido lo siguiente:

“De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.

No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen
diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias
por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita
autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente
las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del
debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que
podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de
la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de
los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los
despachos judiciales.”.17

Bajo esta línea argumentativa, no cabe duda de que el juez de tutela no puede
concebirse ni actuar como juzgador de instancia o de conocimiento en torno al
reconocimiento de la primacía de derechos fundamentales, pues el ordenamiento
jurídico ha dotado a las partes de diversos instrumentos y recursos para
salvaguardar sus intereses, los cuales deben ser agotados por el interesado, por
tratarse de medios idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos.

Finalmente, la inconformidad del accionante frente a COLPENSIONES se circunscribe
a la expedición de la Resolución SUB 49141 del 11 de febrero de 2026. Al respecto,
se advierte que dicho acto administrativo fue proferido en cumplimiento de la
sentencia que también es objeto de cuestionamiento en la presente acción de tutela.
En consecuencia, su validez y permanencia en el ordenamiento jurídico se
encuentran estrechamente vinculadas a la suerte de esa providencia judicial, la cual
actualmente es objeto del recurso extraordinario de revisión promovido por el propio
accionante.

Por ello, cualquier modificación de sus efectos dependerá, en primer lugar, de lo
que resuelva el juez competente dentro de ese mecanismo extraordinario, razón por
la cual no corresponde al juez de tutela desplazar el trámite judicial actualmente en
curso.

17 Sentencia C-543 de 1992.

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Admitir la procedencia de la acción de tutela en estas circunstancias supondría el
riesgo de que el juez constitucional emitiera un pronunciamiento paralelo sobre los
efectos de una sentencia cuya validez aún está siendo examinada mediante el
recurso extraordinario de revisión, lo que desnaturalizaría el carácter residual y
subsidiario de esta acción constitucional y podría dar lugar a decisiones
incompatibles entre sí.

4.6. Ahora bien, la Sala tampoco advierte la configuración de un perjuicio
irremediable18, que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad. En efecto,
como se indicó previamente, la controversia continúa sometida al conocimiento del
juez natural a través del recurso extraordinario de revisión actualmente en trámite,
escenario procesal dentro del cual el accionante puede plantear y obtener la
protección de los derechos que estima vulnerados. Por consiguiente, no se
evidencia la existencia de una afectación cierta, inminente y de tal entidad que
justifique la intervención excepcional y transitoria del juez de tutela.

5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de subsidiariedad; en consecuencia, la acción de tutela resulta
improcedente, razón por la cual se confirmará el proveído impugnado, aunque por
las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 4 de junio de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, aunque por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

18 Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i)

cierto, en el entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho
invocado; (ii) con una alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética
o percepción del solicitante; y (iii) inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que
no se trata de una mera expectativa. Ver Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03384-01
Accionante: Ramón Elías López Barreto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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