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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03392-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03392-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionantes: Luz Marina Barragán Ávila Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03392-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03392-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03392-01
Accionante: LUZ MARINA BARRAGÁN ÁVILA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Subsidiariedad – solicitud de adición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 22 de mayo de
2026 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 6 de mayo de 20262, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 25 de junio de 2026 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Luz Marina Barragán Ávila, actuando por medio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Santander y del Juzgado 12 Administrativo Oral de Bucaramanga. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión del auto del 31 de octubre de 2025 que modificó la aprobación de la
liquidación del crédito fijada mediante providencia del 21 de marzo del mismo
año, proferida por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridades accionadas al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado 12
Administrativo Oral de Bucaramanga. A su vez, vinculó en calidad de terceros con interés al
departamento de Santander y al la Contraloría General de Santander.
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Bucaramanga. Lo anterior, en el proceso ejecutivo3 que adelantó la accionante
contra el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander.

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, tutela
judicial efectiva, derecho al trabajo y reparación integral de la señora Luz Marina
Barragán Ávila.

2. Dejar sin efectos el auto del 31 de octubre de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, Magistrado Ponente Dr. Julio Edisson Ramos
Salazar, en el proceso ejecutivo Rad. 68001-33-33-012-2013-00441-03.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir nueva providencia en la
que: (i) resuelva expresamente y de forma motivada cada una de las objeciones
formuladas por la ejecutante en el recurso de apelación; (ii) incluya en la liquidación
la indemnización de perjuicios compensatorios por incumplimiento al reintegro,
causada desde el 22 de agosto de 2018, conforme a lo ordenado en el
Mandamiento Ejecutivo en firme; (iii) aplique el régimen de intereses comerciales
moratorios (art. 177 C.C.A.) sobre los capitales causados, sin indexación posterior
a la ejecutoria de la sentencia declarativa.

4. Ordenar al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga que la
imputación de las consignaciones efectuadas por el Departamento de Santander
(oct. 22 de 2025) y por la Contraloría General de Santander (dic. 30 de 2025) al
crédito en ejecución surta efecto únicamente desde la fecha en que los dineros
sean efectivamente transferidos a la cuenta de IAbogados SAS – Banco ITAÚ,
cuenta de ahorros N°401127584, designada como cuenta receptora por la
ejecutante y su apoderada, con causación de intereses moratorios sobre el saldo
insoluto hasta el pago total.

1.2. Hechos

4. Mediante fallo del 20 de junio de 2008, dictado en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por la señora Barragán Ávila contra el
departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, el Tribunal
Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto administrativo que
declaró la supresión del cargo de auxiliar 565 que ocupaba la señora Luz Marina
Barragán Ávila. De esta forma, a título de restablecimiento del derecho, la
autoridad judicial ordenó lo siguiente:

(i) obligación de HACER: reintegrar a la señora BARRAGÁN ÁVILA al cargo de
"AUXILIAR 565", o su equivalente, en la planta de personal de la Contraloría
Departamental de Santander, manteniendo sus derechos de carrera; e (ii)
obligación de DAR: cancelar los salarios, emolumentos y demás factores salariales
dejados de percibir, debidamente indexados, con los respectivos descuentos
legales.

5. Ante el incumplimiento de lo dictado por el Tribunal y con fundamento en
este título ejecutivo, el 2 de diciembre de 2013, la accionante promovió demanda
ejecutiva contra tales autoridades.

3 Proceso identificado con el radicado 68001-33-33-012–2013–00441-03.

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6. El 7 de febrero de 2017, el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga libró mandamiento de pago que comprendió: (i) el pago de
salarios, prestaciones e intereses moratorios desde la desvinculación; (ii) el pago
de salarios y prestaciones desde la ejecutoria de la sentencia declarativa hasta
el reintegro, y (iii) la indemnización de perjuicios compensatorios ante la eventual
falta de reintegro.

7. Mediante sentencia del 25 de febrero de 2019, dicha autoridad judicial
declaró probada la excepción de pago total de la obligación, condenó en costas
a la señora Barragán Ávila y dio por terminado el proceso. Inconforme, la
accionante promovió recurso de apelación y mediante fallo del 16 de diciembre
de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander revocó dicha decisión y ordenó
seguir adelante con la ejecución.

8. Posteriormente, en atención a la remisión del expediente del proceso
ejecutivo, efectuada mediante el auto del 29 de julio de 2021 proferido por el
Juzgado, el primer liquidador adscrito al Tribunal Administrativo de Santander
rindió la respectiva liquidación del crédito a través del Oficio GOC-359 del 17 de
enero de 2022, por un valor de $330.955.352.

9. Dicha liquidación fue objetada por la señora Barragán Ávila, quien
consideró que tal operación estaba fundamentada en «graves errores», motivo
por el cual solicitó desestimarla y aprobar la liquidación que presentó en dicha
oportunidad y cuyo valor resultante del crédito fue un total de $804.060.395
($555.509.395 de capital y $247.551.000 de intereses).

10. En virtud de lo anterior, de manera previa a dictar la respectiva aprobación
de dicha liquidación del crédito, mediante auto del 3 de septiembre de 2024, el
Juzgado remitió el expediente a la contadora adscrita a los juzgados
administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga. Lo anterior, con el fin de
que se efectuara la revisión y actualización de la liquidación del crédito objeto de
la ejecución.

11. De tal forma, por medio del auto del 21 de marzo de 2025, el Juzgado
aprobó la liquidación del crédito por la suma de $367.940.901, correspondiente a
capital e intereses causados hasta el 30 de noviembre de 2024. Lo anterior, con
fundamento en la operación llevada a cabo por dicha contadora mediante el
Oficio YC-171 del 29 de noviembre de 2024.

12. Inconforme con lo anterior, la ejecutante interpuso recurso de apelación al
considerar que tal liquidación no comprendía la totalidad de lo adeudado, en la
medida en que la contadora se limitó a actualizar la misma liquidación efectuada
por el liquidador adscrito al Tribunal y mantuvo los mismos errores que en su
momento puso de presente. Asimismo, argumentó que no era procedente que el
Juzgado haya aprobado tal saldo sin exponer los motivos por los que rechazaba
la propuesta presentada por la actora.
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13. En tal sentido, concluyó que la liquidación aprobada: (i) omitió la inclusión
de los elementos ordenados en el mandamiento ejecutivo; (ii) ignoró las
objeciones previas presentadas; (iii) aplicó incorrectamente las indexaciones y
los intereses moratorios y, (iv) omitió la indemnización por perjuicios
compensatorios causada desde el 22 de agosto de 2018.

14. Por medio de auto del 31 de octubre de 2025 4, el Tribunal Administrativo
de Santander modificó la aprobación del crédito impartida por el juez de la
primera instancia y determinó que el total del saldo era la suma de $490.041.013.
Su decisión estuvo fundamentada en la liquidación del crédito efectuada por el
profesional contable adscrito a dicha corporación, a quien se le remitió el
expediente de manera previa a tramitarse el recurso de apelación.

15. En efecto, mediante Oficio GOC-1150 del 8 de octubre de 2025, el
contador determinó que en la liquidación objetada se encontraron errores
relacionados con: (i) la falta de indexación de los valores correspondientes a los
sueldos y prestaciones dejados de percibir entre el primer de noviembre de 2013
(fecha hasta la cual el departamento de Santander ordenó el pago de lo debido
por tales conceptos) y el 6 de mayo de 2022 (fecha en la que la Contraloría
General de Santander reintegró a la ejecutante al cargo de auxiliar administrativo,
código 7, grado 1) y, (ii) la fecha de ejecutoria del proceso declarativo.

16. A su vez, mediante dicha providencia, la autoridad judicial destacó que la
nueva liquidación se fundamentaba en los salarios y prestaciones debidamente
acreditados y ordenados en la providencia que servía de título judicial y, en dicha
medida, no era procedente la inclusión de emolumentos que no fueron ordenados
en el proceso ordinario.

17. Por su parte, mediante Resolución 21712 del 14 de octubre de 2025, el
departamento de Santander ordenó el pago de $442.723.593, de los cuales
$411.914.217 se consignaron en la cuenta de depósitos judiciales 680012045012
del Banco Agrario, cuyo titular es el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga. A su vez, la Contraloría General de Santander, mediante
Resolución 1018 del 23 de diciembre de 2025 ordenó el pago de $138.001.277 y
los consignó igualmente en la cuenta de depósitos judiciales del mismo juzgado.

18. El 26 de marzo de 2026, la Contraloría General de Santander solicitó ante
el Juzgado que se adelantaran los trámites tendientes a dar por terminado el
proceso, en virtud del pago efectuado.

1.3. Sustento de la vulneración

19. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada profirió una
decisión sin la motivación suficiente, pues el auto enjuiciado «clausuró una

4 Notificado el 4 de noviembre de 2025.

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etapa procesal sin dar respuesta expresa, razonada y verificable a los
planteamientos de la apelación». En efecto, sostuvo que el sustento de la
decisión fue insuficiente puesto que: (i) no se identificaron cuáles fueron los
emolumentos excluidos, según lo ordenado en el proceso declarativo; (ii) no se
pronunció sobre las fechas incorrectas y el régimen de intereses aplicables y, con
ello, (iii) confundió la sentencia declarativa con el mandamiento ejecutivo.

20. A su vez, argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo pues, al no estudiarse el cargo relacionado con el régimen
de intereses, se inaplicaron los artículos 428 del Código General del Proceso y
177 del Código Contencioso Administrativo. En tal sentido, explicó que desde la
ejecutoria de la sentencia declarativa (28 de enero de 2011), todos los capitales
causados generan intereses comerciales moratorios y, a pesar de ello, la
liquidación aprobada indexó capitales hasta fechas posteriores a 2011. Por tanto,
agregó que se «combinaron indebidamente indexación e intereses moratorios»,
a pesar de que en el mandamiento ejecutivo no se ordenó dicha indexación.

21. De igual forma, sostuvo que el mandamiento ejecutivo ordenó el pago de
la indemnización compensatoria por una suma de $280.288.760 y los respectivos
intereses exigibles desde el 22 de agosto de 2018. En tal sentido, agregó que
dicho monto sigue siendo parte del crédito en ejecución y no puede ser excluido
de la liquidación.

22. Finalmente, alegó que el Tribunal tomó como fecha del cumplimiento del
reintegro el 6 de mayo de 2022, a pesar de que la fecha que debía tomarse como
tal era el 22 de agosto de 2018.

1.4. Intervenciones

23. La Contraloría General de Santander solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, puesto que no se cumple con los requisitos de
inmediatez ni de relevancia constitucional y argumentó que la parte actora
pretende usar la acción de tutela como una tercera instancia y reabrir el debate
relacionado con la liquidación del crédito. A su vez, solicitó que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que ya realizó el pago total
de la obligación.

24. Aunado a ello, aseguró que no se acreditó ninguna vulneración de
derechos fundamentales, pues el Tribunal sostuvo que la liquidación del crédito
debía fundamentarse en los salarios y prestaciones acreditados y ordenados en
la providencia del proceso declarativo.

25. El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga pidió que
se declare la improcedencia de la acción ante el incumplimiento del requisito de
inmediatez, puesto que el auto censurado es del 31 de octubre de 2025, mientras
que la acción de tutela se presentó el 4 de mayo de 2026. A su vez, expuso que
no se cumplía con el requisito de subsidiariedad pues aún no se ha proferido auto
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de terminación del proceso.

1.5. Sentencia de primera instancia

26. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela al no superar el requisito de relevancia
constitucional. Lo anterior, al encontrar acreditado que la finalidad de la
accionante es reabrir un debate eminentemente legal y económico zanjado por
el juez de instancia, en la medida en que los planteamientos formulados en la
acción de tutela corresponden a los expuestos en el recurso de apelación
presentado en el proceso ejecutivo.

27. En dicha medida, sostuvo que tales argumentos fueron estudiados en la
providencia cuestionada, en la que el Tribunal Administrativo de Santander
consideró que la liquidación se fundó en los salarios y prestaciones debidamente
acreditados y ordenados en la providencia del proceso declarativo, sin la
inclusión de los emolumentos que no fueron ordenados.

28. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Contraloría General de Santander y el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de
Bucaramanga.

1.6. Impugnación

29. La parte actora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y,
en su lugar, se acceda al amparo de sus derechos fundamentales. Puso de
presente que el juez de primera instancia no estudió el problema constitucional
planteado, esto es, si el Tribunal Administrativo de Santander podía clausurar la
etapa de liquidación mediante una motivación genérica sin responder
expresamente los cargos formulados en la apelación relacionados con el régimen
de intereses aplicable y la fecha desde la que operaba la indemnización de los
perjuicios compensatorios por incumplimiento del reintegro ordenado.

30. En dicha medida, sostuvo que la controversia propuesta contiene una
dimensión constitucional, puesto que el auto cuestionado compromete su
derecho al debido proceso y a obtener una decisión motivada, dado que los
cargos formulados en el recurso de apelación y que fundamentaron la acción de
tutela, no fueron estudiados en la etapa de liquidación del crédito.

31. Por tanto, indicó que el juez de primera instancia concluyó erróneamente
que los cargos de la apelación fueron debidamente resueltos, puesto que el
Tribunal Administrativo de Santander omitió sustentar los motivos por los cuales:
(i) se excluyó la indemnización de perjuicios compensatorios; (ii) el mandamiento
ejecutivo no era parámetro obligatorio de liquidación; (iii) no eran aplicables los
artículos 428 y 437.2 del Código General del Proceso y 177 del Código
Contencioso Administrativo y, (iv) se extendieron salarios y prestaciones hasta
una actuación administrativa extemporánea, si la obligación de reintegro fue
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sustituida desde el vencimiento del plazo establecido en el mandamiento, esto
es, 22 de agosto de 2018.

32. En este orden de ideas, sostuvo que el asunto constitucional planteado en
la acción consistía en «verificar si el Tribunal resolvió los cargos sustanciales de
la apelación», cuestión que no fue abordada en la sentencia impugnada. Al
respecto, agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-060 de 2024,
precisó que la deficiencia de motivación es relevante constitucionalmente cuando
se lesiona el debido proceso al no exponer los motivos por los cuales la
administración de justicia acogió o desestimó lo pretendido.

33. Finalmente, aseguró que el juez de primera instancia omitió aplicar la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,
ante la falta de informe por parte de la autoridad judicial accionada.

II. CONSIDERACIONES

34. La Sala confirmará el fallo proferido por la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela
presentada por la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no
se supera el requisito general de subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

35. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

37. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

38. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

39. La Sala advierte que la tutelante está legitimada en la causa por activa, en
la medida en que conformó la parte demandante en el proceso ejecutivo objeto
de esta acción. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
están legitimados en la causa por pasiva al haber proferido las providencias
controvertidas en este proceso. No obstante, la Sala precisa que el estudio se
limitará a la actuación adelantada por el tribunal, al ser la autoridad que dio fin a
la etapa de liquidación del crédito que se controvierte mediante este mecanismo
constitucional.

40. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales9: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo10 y eficaz11; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.

41. En primer lugar, es necesario advertir que, si bien en el escrito de
impugnación el actor presentó los motivos por los cuales considera que el asunto
es de naturaleza constitucional, lo cierto es que, con independencia de ello, se
confirmará la improcedencia de la acción ante el incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad. En el mismo sentido, se pone de presente que, como
se verá, las razones por las cuales el accionante considera que el litigio es
relevante a nivel constitucional, están intrínsecamente relacionados con la falta
de agotamiento de los mecanismos judiciales con los que contó el interesado.

42. Ciertamente, para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en la
medida en que se considera que la actora contó con la solicitud de adición para
alegar la omisión en resolver los cargos formulados en el recurso de apelación

9 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
10 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
11 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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que presentó contra el auto del 21 de marzo de 2025. En efecto, si bien la señora
Barragán Ávila formuló los defectos de decisión sin debida motivación y
sustantivo, lo cierto es que, tal como fue expuesto tanto en el escrito inicial como
en el de impugnación, el objeto de la controversia formulada mediante el
mecanismo de amparo es poner de presente dicha omisión en la que, a su juicio,
incurrió la autoridad judicial accionada.

43. Al respecto, la Sala destaca que el artículo 287 del Código General del
Proceso, aplicable al proceso ejecutivo adelantado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 30612 de la Ley 1437
de 2011, establece lo siguiente en relación con la solicitud de adición:

ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá
el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Énfasis de la
Sala).

44. De conformidad con el contenido de la disposición normativa en cita, una
providencia puede adicionarse cuando se esté en presencia de dos supuestos
de hecho: (i) cuando se haya omitido la resolución de cualquiera de los extremos
de la litis o, (ii) cuando se excluyó resolver cualquier otro punto que debía ser
objeto de pronunciamiento de la autoridad judicial. Asimismo, dicho artículo
establece que los autos pueden ser adicionados a solicitud de parte presentada
en el término de su ejecutoria.

45. En este orden de ideas, la Sala considera que la accionante contó con la
posibilidad de solicitar la adición del auto del 31 de octubre de 2025 en el término
de su ejecutoria. Lo anterior, en la medida en que el litigio propuesto mediante
esta acción de tutela se fundamenta en la supuesta omisión, por parte del
Tribunal Administrativo de Santander, de resolver los cargos formulados en la
apelación que presentó la accionante contra el auto del 21 de marzo de 2025.

46. En dicha medida, mediante este mecanismo la accionante contaba con la
posibilidad de solicitar a la autoridad judicial que adicionara dicha providencia y

12 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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Accionantes: Luz Marina Barragán Ávila
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03392-01

que explicara los motivos por los cuales: (i) se excluyó la indemnización de
perjuicios compensatorios; (ii) el mandamiento ejecutivo no era parámetro
obligatorio de liquidación; (iii) no eran aplicables los artículos 428 y 437.2 del
Código General del Proceso y 177 del Código Contencioso Administrativo y, (iv)
se extendieron salarios y prestaciones hasta una actuación administrativa
extemporánea, si la obligación de reintegro fue sustituida desde el vencimiento
del plazo establecido en el mandamiento, esto es, 22 de agosto de 2018.

47. En efecto, la señora Barragán Ávila pudo solicitar a la autoridad judicial
que se pronunciara en relación con estos aspectos que sustentaron el recurso de
apelación y que, a su juicio, no fueron abordados en aquella providencia. Sin
embargo, no se acreditó que dicha solicitud fuera formulada y la acción de tutela
no es un mecanismo previsto para corregir este tipo de errores en la defensa
técnica en el marco de un litigio.

48. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la actora contó con la
solicitud de adición, con sustento en el 287 del Código General del Proceso, como
mecanismo judicial idóneo para solicitar que se estudiaran debidamente los
cargos formulados en el recurso de apelación presentado contra el auto del 21
de marzo de 2025. Por tanto, se considera que no se supera el requisito de
subsidiariedad en el litigio propuesto.

49. Finalmente, se pone de presente que la parte actora no expuso de forma
siquiera sumaria los motivos por los cuales se encuentra en una situación de
perjuicio irremediable en la vulneración de sus garantías fundamentales que
posibilite la intervención del juez constitucional en la controversia propuesta.

50. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero al advertirse que no se
supera el requisito general de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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