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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03397-00

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03397-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., primero (1.°) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: rechaza demanda. Subtema 3: defectos
sustantivo, fáctico y procedimental.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Noraly Martínez Figueroa contra el Juzgado
Primero Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Síntesis del caso

La señora Noraly Martínez Figueroa presentó acción de tutela, con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de legalidad, que consideró vulnerados por
el Juzgado Primero Administrativo de Buga y por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con ocasión de los autos proferidos el 14 de octubre de 2025 y el 13 de
marzo de 2026, respectivamente, dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 76111-33-33-001-2025-00066-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Noraly Martínez Figueroa, el 30 de agosto de 2023, presentó
demanda ordinaria laboral contra la ESE Hospital Local de Yotoco y la Agremiación
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03397-00, índice 2, certificado B0144D2D427F6130 A8028EE7C40EE6C3
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Sindical de Trabajadores Profesionales en Servicios Administrativos, Asistenciales
y de Salud (ASPOIN), con el fin de que se declarara la existencia de una relación
laboral encubierta, que mantuvo con dichas entidades entre el 25 de marzo de 2011
y el 2 de enero de 2023, para «prestar los servicios misionales a la ESE de Yotoco»
y, en consecuencia, se ordenara el pago de las prestaciones sociales causadas.

3. El asunto fue asignado al Juzgado Primero Laboral de Buga, quien, mediante
providencia del 4 de octubre de 2023, admitió la demanda. Posteriormente, con auto
del 27 de febrero de 2025, declaró la falta de jurisdicción y competencia, y ordenó
remitir el asunto a los juzgados administrativos del circuito judicial de Buga.

4. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de
Buga. Dicha autoridad por auto del 26 de mayo de 2025 la inadmitió para que la
accionante la ajustara conforme a lo dispuesto en los numerales 2, 4, 6 y 8 del
artículo 162 de la Ley 1437 de 20112.

5. La parte actora, inconforme con la decisión, presentó recurso de reposición y
en subsidio apelación. Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo de Buga,
mediante auto del 2 de septiembre de 2025 confirmó la decisión recurrida y negó el
recurso de apelación, al considerar que la decisión que inadmite no es susceptible
de alzada, conforme lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA.

6. La accionante, el 16 de septiembre de 2025, aportó memorial de subsanación
de la demanda.

7. El Juzgado Primero Administrativo de Buga, por medio de auto del 14 de octubre
de 2025, rechazó la demanda, por cuanto no identificó los actos administrativos
susceptibles de estudio a través del medio de control de nulidad y restablecimiento,
pues los documentos que refirió no contenían una manifestación expresa de
voluntad de la entidad demandada. Contra dicha decisión, la demandante interpuso
recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 13 de
marzo de 2026, confirmó en todas sus partes el auto recurrido.

2
«ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
[…]
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con
observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
[…]
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
[…]
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
[…]
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus
anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá
notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente
el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la
demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma
con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la
demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado. […]».

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. AMPARAR mis derechos humanos fundamentales y la garantía constitucional 228;
230; 53, 93; 25; 4; 29 al debido proceso; legalidad, acceso a la Justicia; tutela judicial
efectiva; seguridad jurídica vulnerados por el TCA Valle y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buga en los autos No 848 de 2025 y auto sin número del
13 de marzo de 2026 que inaplico el artículo 138 del CGP, por exceso ritual manifiesto,
en el medio de control NYRD Rad. 76-111-33-33-001-2025-00066-00/01,

2. AMPARAR otros derechos Constitucionales, humanos y legales no citados, así como
el principio de Convencionalidad, por falta de aplicación de los tratados y convenios
internacionales de protección a la mujer, el derecho a la defensa y contradicción, debido
proceso y los derechos humanos en los términos de la Corte IDH. -CC SU428-2023-

3. ORDENAR al TCA V4alle, accionado, dejar sin efecto el auto Sin N.° del 13 de marzo
de 2026 y proferir el que en derecho correspondan aplicando el artículo 138 del CGP.

4. ORDENAR al TCA Valle, accionado, en el término de 10 días cumplir la sentencia
constitucional objeto de este amparo. […]3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, porque omitieron valorar
en debida forma los documentos aportados con la demanda, la subsanación y
demás elementos aportados al plenario (comunicación de terminación del contrato,
escritos dirigidos por ASPOIN y los contratos suscritos con esta), con los cuales, en
su criterio, se acreditaron los presupuestos necesarios para admitir el medio de
control judicial.

11. Además, expuso que en las decisiones objeto de tutela se configuró el defecto
sustantivo, al no aplicar el artículo 138 del CGP, en tanto desconocieron que en los
eventos en los que se declare la falta de jurisdicción, lo actuado en el trámite judicial
conservará validez, por lo que rechazar la demanda, sin darle valor a los
documentos aportados con el escrito inicial ocasionaría la prescripción de derechos
laborales ciertos e irrenunciables por una denegación de acceso a la administración
de justicia.

12. Agregó que los autos cuestionados incurrieron en defecto procedimental al
exigir modificar el poder con el que inicialmente se presentó la demanda.

13. Por otro lado, alegó que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en el defecto de falta de motivación, debido a que se
limitó a reiterar las razones y consideraciones del juez de primera instancia sin
resolver las inconformidades presentadas en el recurso de apelación.

14.Asimismo, indicó que se produjo una violación directa de la Constitución, por
cuanto desatendieron los artículos 4, 25, 29, 53, 83, 93, 228 y 230 superiores.

3
Se transcribe incluso con errores.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.3. Trámite procesal

15. El despacho ponente, mediante auto del 6 de mayo de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Primero Administrativo de Buga y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y puso en conocimiento el escrito de
tutela a la Agremiación Sindical de Trabajadores Profesionales en Servicios
Administrativos, Asistenciales y de Salud (ASPOIN) y al Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Buga.

2.4. Intervenciones

16. El Juzgado Primero Administrativo de Buga5 manifestó que la solicitud de
amparo no cumple con los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, porque no se demostraron los defectos alegados.

17. Expuso que las decisiones cuestionadas fueron proferidas por autoridades
competentes y se encuentran debidamente motivadas dentro del marco normativo
previsto en el CPACA y el CGP.

18. Refirió que la tutela pretende reabrir el debate procesal ya decidido, lo cual
desnaturaliza la solicitud de amparo constitucional, conforme lo planteado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-428 de 2023.

19. Por otro lado, argumentó que las decisiones cuestionadas analizaron la
aplicabilidad del artículo 138 del CGP y concluyeron que la validez de lo actuado no
impide la exigencia o verificación de los requisitos formales de la demanda y la
existencia del acto administrativo demandable.

20. Destacó que el Tribunal accionado fue explícito en señalar que cuando se
pretende el reconocimiento de una relación laboral encubierta frente a una ESE, el
objeto de control no surge de los contratos suscritos con terceros, sino de la
respuesta expresa o presunta de la entidad pública a una reclamación administrativa
previa, lo cual no existió en este caso. El derecho de acceso a la justicia no exonera
a las partes del cumplimiento de las cargas procesales mínimas previstas por el
legislador.

21. Agregó que no se configuró un defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto, pues el rechazo de la demanda obedeció a defectos estructurales
persistentes, no a formalismos vacíos como lo pretende argumentar la accionante.
Además, aclaró que la exigencia de poder específico para actuar ante esta
jurisdicción deriva directamente de los artículos 160 y 166 CPACA, y su omisión
impide la conformación válida de la relación jurídico-procesal.

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03397-00, índice 4, certificado 79872FB1674609DA DE6F1695F278EA08
D171A4964394C327 F7DF25ADFBA20239.
5
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7ACE2291A92CD087 0C6D9E32310B51F5.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

22. Adicionalmente, afirmó que no se incurrió en defecto fáctico y violación directa
de la Constitución, porque la actuación de las autoridades accionadas se ajustó al
estudio de los documentos obrantes en el expediente y al marco legal y
constitucional que rige el tema de la admisión de la demanda.

23. El Hospital Local del municipio de Yotoco ESE6 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la solicitud de amparo esta dirigida
a cuestionar las providencias emitidas por dos autoridades judiciales, en cuya
función jurisdiccional no intervino ni participó, por lo que no tiene competencia para
modificar o dejar sin efecto tales actuaciones. En consecuencia, solicitó que se le
desvincule de este trámite constitucional.

24. Aclaró que en el presente asunto no existe un hecho concreto del cual se pueda
derivar una acción u omisión atribuible a la ESE, que pueda constituir amenaza o
vulneración de derechos fundamentales de la accionante. Por lo tanto, pidió que se
declare improcedente o, en su lugar se niegue la tutela.

25. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, porque no se demostró la configuración de los
defectos alegados. Además, la parte actora pretende reabrir un debate ya definido
en sede ordinaria, particularmente en lo relativo a la valoración probatoria y a la
interpretación de la ley aplicable al presente asunto. Este propósito desborda
claramente el ámbito de la acción constitucional.

26. De este modo, precisó que la intervención del juez constitucional no puede
sustituir al juez natural ni convertirse en una instancia adicional de revisión, pues
ello afectaría gravemente la estabilidad de las decisiones judiciales y el principio de
seguridad jurídica.

27. Así pues, explicó que lo planteado en el escrito de amparo es, en esencia, una
discrepancia frente a la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho aplicable,
materias que fueron objeto de análisis en las instancias ordinarias y que no pueden
ser reabiertas a través de este mecanismo excepcional.

28. Por otro lado, indicó que la parte demandante no fue diligente, pues no demostró
haber presentado reclamación administrativa ante la administración pública, con la
cual se hubiese podido determinar la existencia de un acto administrativo
susceptible de control, lo que imposibilitó admitir la demanda.

29. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga8 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

6
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7E3443269E4CED3E E54447683E4F4525.
7
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8
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5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

30. Los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron
silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Noraly Martínez Figueroa en contra del
Juzgado Primero Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa por activa de la señora Noraly Matínez Figueroa
está acreditada, porque fue la demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a
su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

33. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Buga y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
debido a que fueron las autoridades que profirieron los autos, objeto de tutela.

34. Por otro lado, se advierte que el Hospital Local del municipio de Yotoco ESE
solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamado a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

35. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad fue uno de los sujetos frente a los cuales estaba dirigida la
demanda dentro de la actuación judicial en el que fueron expedidas las providencias
objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría
afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

36. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Buga
y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

37. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en el auto de
segunda instancia expedido el 13 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

del Valle del Cauca, toda vez que este fue el que puso fin a la actuación judicial
promovida por Noraly Martínez Figueroa contra de la ESE Hospital Local de Yotoco
y ASPROIN.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

38. Por otra parte, se observa que, la tutelante, en el escrito de amparo, le atribuye
a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii)
decisión sin motivación, iv) procedimental, y v) violación directa de la Constitución.

39. Sin embargo, al revisar las razones expuestas por la accionante, se advierte
que estos guardan una sola línea argumentativa para justificar la ocurrencia de los
defectos invocados, pues se concentran en cuestionar el análisis que hizo la
corporación judicial accionada sobre la aplicación de los artículos 16 del CPACA y
138 del CGP. Así como la valoración de las piezas procesales allegadas al plenario
para definir la procedencia de la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida.

40.En atención a lo anterior, la Sala analizará el asunto de manera conjunta bajo
una posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico y procedimental.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

42.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

43. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

44. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

45. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

46. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

47.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
48. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

49. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 13 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca fue notificado el 17 de marzo siguiente17, y la demanda de tutela se presentó
el 4 de mayo de 202618, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

50. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.

51. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

52. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

53. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y procedimental, al proferir el auto del 13 de marzo de 2026, mediante el cual
confirmó la providencia de primera instancia21, que rechazó la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida por la señora Noraly Martínez Figueroa?

54. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

17
Samai, exp. 76111-33-33-001-2025-00066-01, índice 10.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03397-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21
Auto del 14 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buga.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03397-00 (5331)
Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.5.1. El defecto sustantivo

55. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

56. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

57. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

58. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

59. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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3.5.2. El defecto fáctico

60. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

61. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»28.

62. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso29.

63. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»31.

25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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64. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.

3.5.3. El defecto procedimental

65. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.

66. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto
procedimental.

67. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»33.

68. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»34.

69.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó

32
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
33
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
34
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
12

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completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

70. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»35.

3.6. Caso concreto

71. En el asunto bajo estudio, Noraly Martínez Figueroa presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Hospital Local de Yotoco y la
Agremiación Sindical de Trabajadores Profesionales en Servicios Administrativos,
Asistenciales y de Salud (ASPOIN), con el fin de que se declarara la existencia de
la relación laboral encubierta que mantuvo con las entidades demandadas entre el
25 de marzo de 2011 y el 2 de enero de 2023 y, en consecuencia, se ordenara el
pago de las prestaciones sociales causadas.

72. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Buga, con auto del
26 de mayo de 2025, inadmitió la demanda, para que la accionante la ajustara
conforme a lo dispuesto en los numerales 2, 4, 6 y 8 del artículo 162 de la Ley 1437
de 2011.

73. Posteriormente, la parte actora aportó memorial de subsanación, el 16 de
septiembre de 2025. El Juzgado Primero Administrativo de Buga, por medio de auto
del 14 de octubre de 2025, rechazó la demanda, por cuanto no identificó los actos
administrativos susceptibles de estudio a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento, pues los documentos que refirió no contenían una manifestación
expresa de voluntad de la entidad demandada.

74. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante providencia del 13 de marzo de 2026, confirmó en todas sus partes el auto
recurrido.

75. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que el Tribunal accionado, al proferir la providencia del 13 de marzo de 2026,
incurrió en lo defectos sustantivo, fáctico y procedimental, porque confirmó la
decisión que rechazó la demanda, sin efectuar una adecuada interpretación del
35
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
13

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artículo 169 del CPACA y 138 del CGP y, tampoco analizó en debida forma los
documentos aportados al expediente para verificar los requisitos de la demanda y
admitir el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

76. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
el auto del 13 de marzo d 2026 precisó que el Juzgado Primero Administrativo de
Buga, mediante providencia del 26 de mayo del 2025 requirió a la parte demandante
para que ajustara el libelo inicial conforme las reglas procesales de la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 del
CPACA, lo cual implicaba identificar «los hechos y omisiones que sirvan de
fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y
numerados» y, «los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate
de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas
y explicarse el concepto de su violación».

77. Así pues, para el Tribunal accionado, la demandante al haber invocado el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho debía haber individualizado con
precisión el acto administrativo que resultó lesivo de sus derechos, conforme lo
dispone el artículo 163 del CPACA36.

78. De este modo, la autoridad judicial accionada se pronunció sobre los
documentos aportados con la demanda y con el memorial de subsanación y,
evidenció que la parte actora no cumplió con los requerimientos efectuados por el
juez de primera instancia, con base en las siguientes consideraciones:

ii) En el expediente no se evidencia un acto administrativo susceptible de control judicial
emitido por la E.S.E. Hospital Local de Yotoco, tal como lo enuncia el artículo 138 del
CPACA. Los elementos probatorios aportados vinculan exclusivamente a la
demandante con la Agremiación Sindical ASPROIN, sujeto de derecho privado regido
por el Código Sustantivo del Trabajo, mas no con la entidad pública demandada.

iii) La parte actora omitió allegar el poder que acreditara la facultad de representación
para este proceso específico ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
contravía de lo dispuesto por el artículo 160 del CPACA.

iv) El escrito de subsanación se limitó a reiterar pretensiones de índole laboral, sin
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos impugnados ni cumplir con la carga
técnica exigida por esta jurisdicción, como lo exige el artículo 162 del CPACA.

79. En efecto, para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la señora Noraly
Martínez Figueroa no allegó al expediente un acto administrativo susceptible de
control judicial emitido por la ESE. Hospital Local de Yotoco, con el cual se
demostrará la manifestación de voluntad de la entidad pública demandada, que
resolviera de manera definitiva su situación jurídica de no acceder al reconocimiento
de la relación laboral encubierta pretendida y al pago de las prestaciones sociales

36
ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que los resolvieron.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara
y separadamente en la demanda.

14

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causadas.

80. De esta manera, la providencia cuestionada concluyó que la parte actora, con
los documentos aportados al plenario, se limitó a reiterar las pretensiones que
expuso en la demanda laboral ante la jurisdicción ordinaria, sin desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos que afectaban sus derechos ni cumplir con la
carga técnica exigida por esta jurisdicción, en los términos del artículo 162 del
CPACA.

81. En concreto, la demandante solicitó que se declarara la «la nulidad o ilegalidad
o la inexistencia de la carta o acto de terminación del contrato de prestación de
servicios que dio por terminado el contrato de persona protegida y, de la carta o acto
administrativo que negó la solicitud de reintegro a persona de salud reforzada y
negó las demás peticiones de derechos ciertos e irrenunciables, además de los
actos que sean necesarios y conexos para la prosperidad de las pretensiones; es
decir, los que guarden relación entre sí y son necesarios para resolver el proceso»
[sic].

82. Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se pronunció
sobre la validez de lo actuado por el juzgado laboral e indicó que, si bien el artículo
138 del CGP prevé que las actuaciones desarrolladas por la autoridad judicial inicial
conserva su eficacia cuando se declara la falta de jurisdicción, lo cierto es que ello
no impide que el juez como director del trámite judicial pueda exigir o verificar el
cumplimiento de los requisitos formales de la demanda y la existencia del acto
administrativo enjuiciable, especialmente cuando se ejerce un medio de control de
los previstos en el CPACA para la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

83. En este sentido, la corporación judicial accionada destacó que «no se puede
dejar de lado que la parte actora no presentó reclamación ante el Hospital de
Yotoco, […], pues, lo hizo directamente a la agremiación sindical». Al respecto, el
Tribunal precisó lo siguiente:

23. Ahora, la Sala precisa que en los eventos donde se pretende el reconocimiento de
un contrato realidad derivado de una supuesta intermediación laboral ilegal, la
configuración del objeto de control judicial no surge de los contratos suscritos con el
tercero (en este caso ASPROIN), sino de la respuesta expresa o presunta que la
entidad pública brinde a una reclamación administrativa previa. Es deber del
demandante agotar la reclamación previa ante la E.S.E. Hospital Local de Yotoco
donde se solicite el reconocimiento de la relación laboral encubierta, para luego
demandar la nulidad de dicha decisión.

24. Entonces, si la Sala se limitara a señalar que los documentos aportados son de
naturaleza privada, la consecuencia jurídica sería la falta de jurisdicción y no el rechazo.
No obstante, al no acreditarse que se haya agotado esta actuación previa ante la
administración pública para definir el vínculo laboral, se carece de un acto
administrativo susceptible de control ante esta Jurisdicción.

25. Aunque el recurrente alega que el juez de primera instancia incluyó argumentos de
rechazo no expuestos en la inadmisión, la ausencia del acto administrativo y la falta de
poder especial para esta jurisdicción son defectos sustanciales que impiden la admisión
15

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de la demanda, lo que obliga a confirmar la decisión apelada

84. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal precisó que la demandante no saneó los
defectos advertidos por el a quo, en el auto inadmisorio y, ante la inexistencia
del acto administrativo cuestionado, lo procedente era confirmar la decisión de
primera instancia que rechazó la demanda.

85. En este orden de ideas, se observa que el auto del 13 de marzo de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa aplicable al asunto y los documentos
aportados al trámite judicial.

86. En efecto, se advierte que la autoridad judicial accionada fundamentó su
decisión en lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del CPACA, con el fin de precisar
los presupuestos procesales que debía acatar la demandante para ejercer
adecuadamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

87. Adicionalmente, se destaca que el Tribunal accionado analizó los folios
aportados con la demanda y con el memorial de subsanación, lo cual le permitió
concluir que, en efecto, la accionante no adjuntó elemento alguno en el que constara
una decisión del ESE. Hospital Local de Yotoco que resolviera de manera definitiva
su situación jurídica respecto de la pretensión relacionada con el reconocimiento de
la relación laboral encubierta y el pago de las prestaciones sociales ocasionadas,
de manera que no había lugar a emitir pronunciamiento sobre la legalidad de una
actuación administrativa particular.

88. Sobre la configuración del acto administrativo demandable ante las autoridades
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es pertinente mencionar que el
numeral 2 del artículo 161 del CPACA37 establece el agotamiento preliminar de la
actuación administrativa como hecho que garantiza el debido proceso de la
respectiva entidad y, a su vez constituye un presupuesto procesal para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

89. En este sentido, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado38 ha dicho lo siguiente:

El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal sine
qua non para quien pretende acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa con
el fin de hacer valer sus derechos, por tanto, es obligatorio para quien pretenda
demandar un acto administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, agotar la actuación administrativa antes de acceder a la
jurisdicción contenciosa39; dicha reclamación debe tramitarse ante la entidad pública
llamada a reconocer o extinguir el derecho que sea invocado por el administrado, es
decir, aquella entidad que tenga la competencia o atribución legal para crear o modificar

37
Artículo 161 numeral 2 del CPACA: «[…] 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la
primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto».
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo de 2019, radicado: 15001-23-33-000-2013-
00891-01 (4438-2016).
39
De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
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situaciones jurídicas a través de la expedición de actos administrativos de contenido
particular y concreto.

En ese orden, hay un indebido agotamiento de la actuación administrativa cuando se
plantean asuntos nuevos que no fueron formulados cuando se pretendió agotar la
actuación administrativa, puesto que, los hechos, cargos y pretensiones reclamadas
para que la administración revise sus decisiones y subsane las irregularidades en que
pudo haber incurrido, imponen el marco de la demanda, es decir que un punto que no
fue discutido ante la administración, no podrá ser estudiado en sede jurisdiccional, lo
que sí se puede plantear son mejores argumentos jurídicos.

90. De acuerdo con lo expuesto, es claro que en los casos en que lo pretendido sea
que se declare la existencia de la relación laboral encubierta o subyacente, es
necesario que, dentro de los tres años contados desde la fecha en que finalizó su
última vinculación, presente una petición en ese sentido ante la entidad, para de
esta manera interrumpir el término de prescripción y, a su vez, obtener un acto
administrativo susceptible de control judicial.

91. Se debe mencionar que este tipo de conflictos jurídicos deben debatirse al
interior de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, conforme sus reglas
procesales, tal y como lo ha indicado en reiterados pronunciamientos40 la Corte
Constitucional al dirimir conflictos de jurisdicción.

92. Por otro lado, se advierte que la corporación judicial accionada puso de presente
que la accionante no aportó poder especial para ejercer el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. De manera que no cumplió con las cargas
procesales que le impone los artículos 74, 84 del CGP, en concordancia con los
artículos 16041 y 16642 del CPACA. Por consiguiente, la consecuencia jurídica a la
que estaba sometida por no atender este requerimiento que hizo el juez de primera
instancia en el auto inadmisiorio, no era otra que el rechazó de la demanda, con en
efecto ocurrió y lo constató el Tribunal accionado.

93. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas aplicables al caso concreto, así
como de las pruebas obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales.

40
Al respecto, se puede ver: Corte Constitucional Autos A-492 de 2021, A025 de 2025 y A-315 de 2025.
41
ARTÍCULO 160. DERECHO DE POSTULACIÓN. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de
abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos
mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.
42
ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse:
1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si
se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total
de la obligación.
[…]
3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de
otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.
[…].
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94. De esta manera, no es de recibo que la tutelante pretenda hacer uso de la
acción constitucional como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

95. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cuca no
vulneró los derechos fundamentales invocados, por cuanto no se evidencia en su
contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya alguna vía de hecho por los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental que exija la intervención del juez de tutela. Por
tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Hospital Local del
municipio de Yotoco ESE, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Noraly Martínez Figueroa contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

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Accionante: Noraly Martínez Figueroa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace

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