Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03398-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03398-01
Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñonez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 9 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03398-01
Demandante: LUZ ENEIDA VIVEROS QUIÑONEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 2
de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 4 de mayo de 2026, la señora Luz Eneida Viveros Quiñónez pidió la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad y a los principios de seguridad jurídica y favorabilidad.
A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia de 2 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que confirmó la sentencia del 23 de junio de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2019-00637-
00/01
2. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, en sentencia
dictada el 2 de octubre de 2025 dentro del proceso identificado con cédula de ciudadanía No. 76001-
23-33-000-2019-00637- 01 (1081-2023), transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la señora LUZ
ENEIDA VIVEROS QUIÑONEZ, toda vez que incurrió en los defectos de falta de motivación y,
sustantivo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso concreto atendiendo el
precedente vigente.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora Luz Eneida Viveros Quiñonez nació el 22 de noviembre de 1961 e ingresó por
primera vez a la docencia oficial el 15 de diciembre de 2008 y al estimar que cumplía
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Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñonez
con los requisitos previstos por la Ley 71 de 1988 por ser beneficiaria de la pensión por
aportes, solicitó ante el FOMAG el reconocimiento de la pensión por aportes, a la edad
de 55 años, con 1000 semanas de cotización y sin retiro del cargo docente, petición que
le fue negada mediante el oficio No. 4143.020.13.1.953.005262 de 17 de junio de 2019,
proferido por la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali.
Por lo anterior, la accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG con el fin de que se
declarara la nulidad del oficio No. 4143.020.13.1.953.005262 de 17 de junio de 2019 y a
título de restablecimiento pidió que se le reconociera y pagara una pensión de jubilación
del 75% de los salarios y primas recibidas anteriores al cumplimiento del estatus de
pensionada el 22 de noviembre de 2016, cuando cumplió 1000 semanas de cotización,
sin retiro del servicio y en compatibilidad con el salario de docente.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76001-23-33-000-2019-00637-00 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, por sentencia del 23 de junio de 2022,
declaró la nulidad del oficio No. 4143.020.13.1.953.005262 de 17 de junio de 2019,
proferido por la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali y le ordenó al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconociera la pensión de
jubilación por aportes a favor de la accionante a partir del momento en que adquirió su
estatus pensional de acuerdo a lo previsto en Ley 71 de 1988 y en el Decreto 2709 de
1994, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales había cotizado la afiliada durante el año anterior al estatus pensional y
señaló que el pago de la pensión quedaba supeditado al retiro del servicio.
Lo anterior, luego de señalar que la señora Luz Eneida Viveros Quiñonez cotizó a
Colpensiones cuando trabajó en el sector privado por un periodo superior a 10 años, y
en el sector público, hasta la fecha de solicitud de la pensión, esto es, el 11 de junio de
2019, para un total de 10 años, 5 meses y 21 días, por lo que había superado con ello el
tiempo de cotizaciones o aportes mínimos de «20 años o más de cotizaciones o aportes
continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público».
Acorde con ello, concluyó que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la
pensión por aportes, a partir del momento en que cumplió con los requisitos de 20 años
de servicio y 55 años de edad, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709
de 1994, con una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó la afiliada durante el último año anterior al estatus. Sin embargo, según
el artículo 8 de la Ley 71 de 1998, como la demandante no tiene derecho a recibir la
pensión y seguir trabajando, por lo que para disfrutar de la pensión debía demostrar el
retiro del servicio.
Inconforme, la demandante apeló en lo referente a la exigencia del retiro del servicio
docente para el pago de la pensión, al señalar que el ejercicio de la docencia oficial se
encuentra excluido de la prohibición de devengar salario y pensión de jubilación, según
lo establece el artículo 5 de la Ley 224 de 1972.
Mediante sentencia del 2 de octubre de 20251, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la sentencia de primera instancia luego de señalar que la
accionante, en calidad de única apelante, solo había expresado reparo frente a la
prohibición de devengar salario y pensión de jubilación, por lo que, en virtud del principio
de congruencia, el análisis en segunda instancia solo debía versar sobre ese aspecto,
dado que no existía discusión sobre la orden de conceder una pensión en los términos
de la Ley 71 de 1988.
1 Comunicada a las partes a través de correo electrónico enviado el 30 de octubre de 2025.
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No obstante, luego de hacer referencia a la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019, según la cual el criterio relevante para establecer el régimen pensional de un
docente oficial es la fecha de su primera vinculación al magisterio, contrastada con la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, advirtió que el reconocimiento de la pensión
de la accionante en los términos de la Ley 71 de 1988 no se ajustaba a lo probado en el
expediente y precisó que las vinculaciones realizadas previamente al ISS y a otras cajas
de previsión social no incidían en la determinación de la fecha de vinculación inicial al
magisterio, porque esos servicios no habían sido prestados como docente oficial.
En ese sentido, pese a que consideró que existió una indebida aplicación del régimen
pensional, señaló que no podía modificar ese reconocimiento dado que la demandante
era apelante única y ello vulneraría el principio de no reformatio in pejus.
En consecuencia, frente al reparo formulado por la apelante, señaló que << no resultaba
procedente pronunciarse sobre la incompatibilidad de una prestación que es contraria a
lo determinado por la Ley 812 de 2003. >>
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, afirmó que el asunto cumplía con el requisito de relevancia dado que la
autoridad judicial accionada habría resuelto el debate de segunda instancia sin exponer
suficientemente las razones de hecho y de derecho que permitieran a la accionante
comprender la negativa de la compatibilidad entre salario y pensión, pues aunque había
señalado que solo analizaría el reparo relativo a la prohibición de devengar
simultáneamente salario y pensión, habría orientado su análisis hacia el régimen
pensional aplicado en primera instancia y concluido que la compatibilidad era
improcedente sin una carga argumentativa mínima que sustentara esa determinación.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en:
Decisión sin motivación, dado que la sentencia cuestionada no habría resuelto de fondo
el único reparo de la apelación consistente en la compatibilidad entre el salario como
docente y la pensión de jubilación, pues dirigió su análisis hacia la procedencia del
régimen pensional que se aplicó para el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero
eludió pronunciarse frente a la aducida compatibilidad pese a ser el único asunto que
habilitaba su intervención.
Defecto sustantivo por cuanto la providencia cuestionada concluyó la incompatibilidad
entre el salario y la pensión sin analizar integralmente las normas que, según la
accionante, permiten a los docentes oficiales percibir simultáneamente ambas
asignaciones, pues centró su análisis en cuestionar el reconocimiento pensional, pero
omitió confrontar esa conclusión con las normas relativas a la percepción simultánea de
salario y pensión en el sector educativo oficial.
Al respecto, transcribió los artículos 1 del Decreto 1713 de 1960, 5.º del Decreto 224 de
1972, 32 del Decreto 1042 de 1978, 15 de la Ley 91 de 1989, 128 de la Constitución, 19
de la Ley 4 de 1992, 279 de la Ley 100 de 1993, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley
115 de 1994 y 19 de la Ley 344 de 1996 para señalar que ese conjunto normativo
estableció una excepción para el personal docente que permitiría la compatibilidad entre
la pensión y el salario y que, si bien el artículo 45 del Decreto 1278 de 2002 había
establecido una incompatibilidad, el mismo fue declarado inexequible mediante la
sentencia C-1157 de 2003.
Indicó que, si bien el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 dispuso la inclusión en el régimen
general de pensiones de los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 26 de junio
de 2003, dicha disposición no derogó ni prohibió expresamente la compatibilidad
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reconocida al personal docente en los artículos 19 de la Ley 4 de 1992, 5 del Decreto 224
de 1972, 279, inciso 2.º de la Ley 100 de 1993 y 19 del Decreto 344 de 1996.
5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ponente de
la decisión cuestionada solicitó negar el amparo por cuanto no era cierto que la
providencia cuestionada careciera de motivación y haya incurrido en un defecto
sustantivo al omitir referirse a la normatividad aplicable al caso, pues si bien la misma
confirmó el fallo de primera instancia también precisó que el tribunal de instancia había
incurrido en un error al fundamentar el reconocimiento de la pensión en la Ley 71 de 1988
únicamente por la existencia de cotizaciones en el sector privado sin tener en cuenta que
la vinculación de la accionante al servicio docente había sido posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable era el previsto en la Ley
100 de 1993, en el cual no era posible predicar la compatibilidad entre el salario de la
docente en actividad y la pensión que se ordenó reconocer; sin embargo, dicho yerro que
no podía ser corregido en segunda instancia dado que la accionante era apelante única.
Sostuvo que, en criterio de dicha subsección, cuando la vinculación al servicio docente
es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no es posible predicar la
compatibilidad entre salario y pensión, dado que dichos servidores se encuentran
sometidos al sistema general de seguridad social sin ninguna excepción.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y su desvinculación de la misma por falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto
que los reproches de la solicitud de amparo estaban dirigidos a controvertir una decisión
proferida por una autoridad judicial y el ministerio no tiene injerencia ni facultad alguna
para intervenir, modificar o mediar las decisiones adoptadas por autoridades judiciales.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A. no rindieron informe
pese a haber sido notificados en debida forma de la acción de tutela2.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 2 de julio de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Frente al defecto sustantivo alegado, señaló que la accionante no cumplió con la carga
iusfundamental requerida, toda vez que su reparo estaba dirigido a que se modifique el
raciocinio de la autoridad accionada tras no estar de acuerdo con lo decidido, sin sugerir
alguna discusión que justificara una afectación desmedida de sus derechos
fundamentales, e indicó que lo pretendido por la actora al plantear la configuración de
ese cargo era convertir la tutela en una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho para reabrir el debate que versa sobre una interpretación
meramente legal, pese a que en la providencia cuestionada se señalaron las razones
para confirmar la decisión recurrida.
En cuanto a la aducida falta de motivación, señaló que la tutela cumplía con el requisito
de subsidiariedad, dado que para cuestionar la falta de motivación de la decisión, la
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto por el artículo 248 de la
2 Mediante comunicación enviada el 16 de junio de 2026 a los correos s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co,
correspsustadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co, respectivamente.
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Ley 1437 de 2011, por cuanto la Sala 22 Especial de Revisión del Consejo de Estado en
providencia de 2 de febrero de 2016 fijó la postura consistente en que la falta de
motivación de una providencia origina la vulneración al debido proceso, lo que da lugar a
la nulidad originada en la sentencia prevista como una de las causales que hacen
procedente el recurso al tenor de lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder a la solicitud de amparo.
Reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela y señaló que la acción de tutela
sí cumple con el requisito de relevancia constitucional y que no busca promover una
nueva discusión sobre el derecho reclamado ni sustituir el criterio del juez ordinario, sino
cuestionar que la sentencia acusada fue dictada sin examinar las normas que debían
aplicarse para resolver el asunto.
Explicó que la relevancia constitucional radica en que la autoridad accionada habría
omitido analizar las disposiciones relativas a la prohibición de recibir una doble asignación
del tesoro público y las excepciones previstas para los docentes oficiales, y sostuvo que
tal omisión comprometió sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
Manifestó que, aunque la sentencia cuestionada examinó aspectos relativos a la pensión
por aportes, las cotizaciones y el régimen de transición del personal docente, concluyó
que la accionante no tenía derecho a percibir simultáneamente la pensión y continuar
vinculada al servicio educativo sin exponer los fundamentos jurídicos que respaldaban
esa determinación.
Afirmó que, de conformidad con las sentencias C-590 de 2005 y T- 233 de 2007, la falta
de motivación sí es susceptible de ser examinada mediante la acción de tutela, por lo que
no le existía razón al juez de primera instancia cuando afirmó que existía otro medio
judicial para cuestionar la falta de motivación.
Transcribió apartes de la misma normatividad a la que se refirió en el escrito de tutela e
indicó que el literal g del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 permitió que los educadores
pensionados percibieran adicionalmente una asignación con recursos del tesoro público
y que dicha excepción es aplicable tanto a los docentes pensionados como a los que
adquieran la calidad de pensionados; al respecto, citó apartes de sentencia proferida el
14 de agosto de 2009 por el Consejo de Estado3 y del Concepto No. 1459 de 29 de
agosto de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, que declaró improcedente la solicitud
de amparo, porque no satisface el requisito general de relevancia constitucional. La parte
actora no cumplió con la carga mínima de argumentación respecto a las razones por las
que la discusión que plantea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia
3 Expediente No. 05001-23-31-000-2004-03824-01.
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constitucional, ni cuestiona de manera directa las razones de la decisión de la providencia
cuestionada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) análisis del caso
concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora cuestiona la providencia del 2 de octubre de 2025, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia del 23 de junio
de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-23-33-000-2019-00637-00/01
Si bien la parte actora adujo que la decisión controvertida incurrió en falta de motivación
por cuanto, en su criterio, la autoridad judicial accionada no resolvió el único motivo de
inconformidad planteado en el recurso de apelación, relacionado con la incompatibilidad
entre el salario y la pensión, así como un defecto sustantivo, por no haber efectuado un
análisis integral de las normas que, a su juicio, permiten a los docentes oficiales percibir
simultáneamente ambas asignaciones, lo cierto es que dichos argumentos no cuestionan
la ratio decidendi de la misma.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los cuestionamientos formulados en la acción de
tutela se dirigen a reclamar un pronunciamiento de fondo sobre normas que, según la
accionante, permiten la compatibilidad entre salario y pensión, pero no controvierten la
premisa que condujo a la autoridad judicial a abstenerse de realizar dicho estudio, esto
es, que el reconocimiento pensional sobre el cual se pretendía predicar esa
compatibilidad se sustentó en un régimen que no correspondía a la situación jurídica de
la demandante.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo, por incumplir el
requisito de relevancia constitucional. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien
dictó la sentencia cuestionada fue el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo
explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las altas corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
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Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñonez
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
II. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Luz Eneida Viveros Quiñónez, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 7
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Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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