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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03400-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03400-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Lesly Johana Garcés Mosquera. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de noviembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Chocó, y los autos del 24 de junio de 2024 y 29 de abril de 2025, proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-004-2021-00248-02, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-03400-00 Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03400-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03400-00
Accionante: LESLY JOHANA GARCÉS MOSQUERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA –
configuración de defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la accionante. Se acreditó que el Tribunal
Administrativo del Chocó incurrió en defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto, al desconocer el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal. Previo a resolver el incidente de nulidad, debió decretar y practicar las
pruebas para el esclarecimiento de los hechos propuestos en el trámite incidental.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 30 de abril de 2026, la señora Lesly Johana Garcés Mosquera, por
conducto de apoderado presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Chocó, con ocasión del auto del 28 de noviembre de 2025, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-
33-004-2021-00248-01, que confirmó la decisión que negó la nulidad de todo lo
actuado.

Hechos relevantes

3. La señora Lesly Johana Garcés Mosquera expuso que convivió como compañera
permanente con el señor Casildo Abadía Lenis desde el 8 de julio de 2013 hasta el
4 de agosto de 2020, fecha en la que este último falleció.

4. Con ocasión del fallecimiento del señor Abadía Lenis, la señora Garcés Mosquera
y la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo reclamaron la pensión de sobrevivientes. En
Resolución RDP 009700 del 21 de abril de 2021, la UGPP negó el reconocimiento
pensional porque el conflicto entre compañeras permanentes debía dirimirse ante las
autoridades judiciales.

5. El 7 de octubre de 2021, la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
pensional. En la demanda, manifestó que desconocía la dirección de notificación o

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Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera

el domicilio de la señora Garcés Mosquera.

6. Según la aquí accionante, la señora Moreno Mayo conocía el domicilio de la
accionante porque ambas son vecinas, viven en el mismo barrio y también tenía
conocimiento del número telefónico.

7. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó notificó la demanda a la UGPP y
ordenó el emplazamiento de la señora Garcés Mosquera. El curador ad litem
nombrado para que la representara no aportó ninguna prueba porque desconocía
los pormenores del proceso.

8. En sentencia del 5 de mayo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó
accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció la pensión de sobrevivientes
a favor de la señora Moreno Mayo. La anterior decisión fue apelada por la UGPP, y,
el Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 31 de enero de 2024, la
confirmó.

9. La señora Garcés Mosquera se enteró del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en marzo de 2024, por lo que, a través de apoderado judicial, el 16 de
mayo siguiente, presentó incidente de nulidad con el fin de demostrar que la señora
Moreno Mayo actuó de mala fe y omitió dar su dirección de notificación a pesar de
que la conocía.

10. Con el fin de probar sus afirmaciones, solicitó que se escucharan las
declaraciones de las siguientes personas: Yuranis Córdoba Lagarejo, Elvia Rosa
Quinto Mosquera, Yofaidy Stefany Córdoba Garcés, Luz Amada Moreno Mena, Eva
Esther Becerra Rentería.

11. En providencia del 24 de junio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Quibdó negó la nulidad y no decretó las pruebas testimoniales solicitadas. Contra la
anterior decisión se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 29
de abril de 2025 no se repuso la decisión y se concedió la apelación. En providencia
del 28 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el auto
apelado.

Pretensiones

12. La parte accionante solicitó que se dejara sin efectos la providencia del 28 de
noviembre de 2025, que resolvió el recurso de apelación y, en su lugar, se ordenara
proferir una nueva providencia en la que «escuchen a los testigos y se establezca si
el proceso es nulo o no».

Fundamentos de la tutela

13. La demandante considera que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en
defecto fáctico porque negó la nulidad sin decretar ni practicar los testimonios
solicitados en el incidente.

14. De manera sesgada y contraevidente determinó que no eran necesarias las
pruebas testimoniales solicitadas, al argumentar que el artículo 210 del CPACA le da
la potestad para determinar qué pruebas quiere practicar o no.

15. En su criterio, esa potestad no le da vía libre al juez para comportarse de manera
arbitraria, cuando se trata de garantizar los derechos de audiencia y defensa de una
de las partes afectadas porque si bien de manera formal estuvo representada por un

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Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera

curador, este no contaba con las pruebas y la versión de los hechos de la mandante,
de manera que era imposible que se realizara una defensa real y efectiva.

16. El Tribunal ignoró el tema de fondo, pues la demandante sí conocía la dirección
de notificación y la juez pudo obtener dicha información cuando se allegó el
expediente administrativo pensional.

17. Defecto procedimental absoluto. Al conocer las autoridades judiciales
accionadas la dirección de la señora Garcés Mosquera era su deber garantizar el
principio de publicidad notificando a esa dirección. Esa omisión deliberada
desconoció la defensa técnica.

Trámite impartido

18. Mediante auto del 8 de mayo de 2026, se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Chocó, como parte demandada, y a la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo y a la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), como terceros con interés.

19. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

Intervenciones

20. La UGPP sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de perjuicio
irremediable, ni con el de inmediatez y subsidiariedad. Además, lo pretendido es
sustituir la decisión judicial ejecutoriada proferida por los jueces ordinarios.

21. El Tribunal Administrativo del Chocó indicó que la actora no agotó el recurso
extraordinario de revisión, por lo que la tutela debe rechazarse por improcedente.

22. La señora Ruth Esnodia Moreno Mayo expuso que el Tribunal no valoró
arbitrariamente las pruebas, sino que, por el contrario, en ejercicio de su facultad
analítica como operador judicial, determinó que los testimonios solicitados no eran
conducentes, pertinentes ni útiles para modificar la decisión, pues el emplazamiento
y la designación del curador ad litem se adelantó conforme al procedimiento
establecido en la ley.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos
13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Problema jurídico y metodología de la decisión

24. En primer lugar, la Sala debe establecer si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedibilidad formal.

25. En caso de encontrarlos superados, se examinará si el auto del 28 de noviembre
de 2025, proferido por la autoridad judicial accionada, incurrió en defecto fáctico y

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procedimental absoluto, por no haber decretado las pruebas testimoniales que
pretendían demostrar que la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo sí tenía
conocimiento del domicilio de la aquí accionante cuando presentó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-004-2021-00248-
02.

Análisis de la Sala

Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

26. Legitimación en la causa. La señora Lesly Johana Garcés Mosque se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, porque es la titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de sujeto
procesal en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
27001-33-33-004-2021-00248-02. Allí se adoptó la decisión cuestionada.

27. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, el Tribunal
Administrativo del Chocó es la autoridad que profirió la sentencia de segunda
instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante.

28. Inmediatez. Se cumple con este requisito, porque, la providencia cuestionada se
profirió el 28 de noviembre de 2025, notificada el 3 de diciembre siguiente y la tutela
se instauró el 30 de abril de 2026. Término que resulta razonable.

29. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

30. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

31. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el
caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y 257 de
la Ley 1437 de 20111.

32. Relevancia constitucional. La cuestión que aquí se discute sí tiene relevancia
constitucional, porque los reparos versan sobre cuestiones relacionadas con la
garantía de los derechos constitucionales y plantean un debate de naturaleza
iusfundamental, en la medida que no se proponen aspectos de simple discrepancia
legal, sino que se atribuye a la autoridad judicial accionada una omisión en el decreto
y práctica de unas pruebas en el marco de un incidente de nulidad y un defecto
procedimental absoluto por no haber advertido que, en el expediente administrativo
que fue incorporado como prueba obraba la información en la que podía ser
notificada.

33. Se observa que la parte actora no pretende reabrir una discusión de instancia,
sino sobre la protección de los derechos al debido proceso, de acceso a la

1
La Corte Constitucional en la sentencia T-400 de 2025. M.P. Natalia Ángel Cabo en un caso similar,
consideró que: «En este caso el accionante alegó la nulidad por indebida notificación en el trámite
de ejecución de la sentencia condenatoria, es decir, durante una de las oportunidades previstas en
la ley. Por esa razón, no es aceptable el argumento planteado por el Inpec, según el cual el
accionante debía también acudir al recurso extraordinario de revisión. Como se acaba de indicar, las
normas reseñadas disponen que para alegar una nulidad en un recurso extraordinario de revisión es
necesario que la persona no la hubiese podido alegar en otra oportunidad, como lo es la ejecución
de la sentencia. En otras palabras, no se cumplió con el supuesto normativo que permite alegar la
nulidad como causal del recurso extraordinario de revisión».

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administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, relacionada con el deber que
tienen las autoridades judiciales de fundar su decisión sin haber decretado y
practicado las pruebas que solicitó al presentar el incidente de nulidad. Este deber
impone la necesidad de que el juez de tutela emita un pronunciamiento de fondo.

34. Si bien la accionante alegó esas circunstancias en el incidente de nulidad
propuesto y el juez ordinario lo resolvió negativamente, la Sala considera que la
acción de tutela es el único mecanismo disponible para insistir en la protección de
sus derechos fundamentales y obtener un pronunciamiento de fondo. En realidad, se
discute la denegación del derecho de acceso a la justicia, porque no se le otorgó la
oportunidad para demostrar que la demandante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho mintió al afirmar que desconocía la dirección en la que
podía ser notificada. Por tanto, la solicitud de amparo no se limita a cuestionar
asuntos meramente legales y tampoco se empleó como un recurso adicional.

Del defecto procedimental absoluto

35. En términos generales, el defecto procedimental hace referencia a aquellos
casos en que el funcionario judicial actúa completamente por fuera del
procedimiento legalmente establecido. La Corte Constitucional ha explicado que
dicho vicio se relaciona directamente con el derecho fundamental al debido proceso
«y ocurre cuando la autoridad judicial actúa al margen del procedimiento legalmente
establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque
omite una etapa sustancial de este»2.

36. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura
cuando el funcionario judicial:

(i) Sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce del
asunto)3.

(ii) Pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento, circunstancia que
automáticamente conlleva al desconocimiento del derecho de defensa y
contradicción4.

(iii) Incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos
como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus
actuaciones devienen en denegación de justicia5.

(iv) Dicta una sentencia sin conexión con los hechos y pretensiones de la demanda
o sin tener en cuenta los aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto
de impugnación, según el caso, lo que se traduce en desconocimiento del principio
de consonancia o congruencia6.

37. En la Sentencia SU-418 de 2019, reiterada en la T-166 de 2022, la Corte
Constitucional expuso que la procedencia de la acción de tutela en los casos de
defecto procedimental (absoluto o por exceso ritual manifiesto) está sujeta a la

2
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 16 de febrero de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
En el mismo sentido, consultar, por ejemplo, sentencias T-166 de 2022, T-388 de 2015, T-025 de
2018 y T-008 de 2019, entre muchas otras.
3
Sentencia T-1049 de 2012.
4
Ibídem.
5
Sentencia T-386 de 2010.
6
Ver, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.

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Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera

concurrencia de los siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la
acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii)
que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad
haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no
sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior,
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.

38. La señora Lesly Johana Garcés Mosquera solicitó que se declarara la nulidad de
todo lo actuado hasta el auto que admitió la demanda, por haberse configurado las
causales establecidas en los numerales 4 y 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso.

39. Allí expuso que la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo conocía el domicilio de la
señora Garcés Mosquera porque ambas son vecinas ya que vivían en el mismo
barrio. Además, porque en el expediente administrativo pensional aportado por la
UGPP se encontraba el correo electrónico y la dirección de esta. Alegó que el
juzgado de primera instancia no agotó «todos los mecanismos que tenía a su alcance
con la finalidad de garantizar el derecho a la legítima defensa».

40. Con el fin de acreditar que la señora Moreno Mayo conocía el domicilio y del
fraude procesal cometido, solicitó el decreto de los testimonios de los señores:
Yuranis Córdoba Lagarejo, Elvia Rosa Quinto Mosquera, Yofaidy Stefany Córdoba
Garcés, Luz Amada Moreno Mena y Eva Esther Becerra Rentería. Así como su
declaración de parte.

41. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, en providencia del 24 de junio de
2024 negó el incidente de nulidad promovido por la señora Lesly Johana Garcés
Mosquera. Sostuvo que, ante el desconocimiento de la dirección para notificaciones
personales, mediante auto del 7 de diciembre de 2021 ordenó el emplazamiento a
fin de que compareciera a notificarse del auto admisorio. Posteriormente, en
providencia del 28 de febrero de 2022, designó como curador ad litem al abogado
Dionicio Benítez Sánchez quien la representó durante todo el proceso.

42. Finalmente, concluyó que las actuaciones adelantadas se enmarcaron en el
procedimiento previamente establecido y en los presupuestos normativos previstos
para los eventos en los que se desconoce el lugar de notificación de alguno de los
sujetos procesales.

43. Inconforme con la anterior decisión, la señora Garcés Mosquera interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación porque omitió practicar las pruebas.
Lo anterior se fundamentó en que según el numeral 4 del artículo 210 del CPACA el
juez previo a resolver la nulidad debía practicar las pruebas testimoniales solicitadas
y no lo hizo.

44. En providencia del 29 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Quibdó no repuso el auto recurrido y concedió el recurso de apelación. Argumentó
que lo establecido en el artículo 210 del CPACA no es una obligación automática e
irrestricta en todos los casos.

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45. Tenía la facultad de valorar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas
solicitadas. Si estas no cumplen con esos requisitos, no está obligado a decretarlas
y practicarlas.

46. Finalmente, concluyó que aun en el evento de que se practicaran dichas pruebas
y se demostrara el conocimiento previo del domicilio por parte de la señora Moreno
Mayo, «ello no necesariamente conduciría a la declaratoria de nulidad de lo actuado,
toda vez que, las actuaciones de emplazamiento y posterior designación de curador
ad litem se realizaron precisamente ante la imposibilidad de lograr la notificación
personal de la señora Garcés Mosquera, garantizando su representación y el
desarrollo del proceso».

47. Lo anterior, porque la figura del curador tiene como finalidad esencial proteger
los derechos del ausente y constituye un instrumento protector del derecho
fundamental de defensa. En esos términos, consideró que las pruebas solicitadas no
eran determinantes para modificar la decisión adoptada, pues las actuaciones
adelantadas se ajustaron a la normativa vigente para garantizar el debido proceso y
el derecho de defensa de la litisconsorte ante el desconocimiento de su dirección.

48. Al resolver la apelación, el Tribunal Administrativo del Chocó sostuvo que no se
encontraban probadas las causales establecidas en los numerales 4 y 8 del artículo
133 del Código General del Proceso. No se estaba en presencia de una indebida
representación de alguna de las partes, ni tampoco se omitió practicar en debida
forma el emplazamiento.

49. Indicó que la actuación del juzgado de primera instancia se ajustó a la legalidad,
porque cuando la demandante solicitó la vinculación de la señora Lesly Johana
Garcés Mosquera, manifestó bajo la gravedad de juramento desconocer su dirección
electrónica y demás datos de contacto «único requisito que exige el Código General
del Proceso, para que proceda el emplazamiento».

50. Reafirmó que la práctica de pruebas no surgía de manera obligatoria, sino que
depende del razonamiento del juez en el que determine si es necesario o no su
decreto y práctica. Como el juzgado consideró que no era necesaria para resolver la
solicitud, al haberse agotado los mecanismos legales para garantizar los derechos
fundamentales de la señora Garcés Mosquera, esa prueba «no desvirtuaba los
argumentos traídos en el auto del 24 de junio de 2024, por lo tanto, no le asiste razón
al apelante». Con fundamento en lo anterior, confirmó la decisión de primera
instancia que negó la nulidad propuesta por la aquí demandante.

51. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección considera que le asiste razón
a la parte accionante cuando afirmó que se configuró un defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto. Lo anterior, porque las autoridades judiciales
demandadas interpretaron las normas procesales desconociendo y obstaculizando
el acceso a la administración de justicia de la señora Garcés Mosquera.

52. La Corte Constitucional en la Sentencia T-400 de 2025 consideró que en el
trámite de notificación concurren deberes de la parte interesada en que se adelante
el proceso. Por ejemplo, la demandante tiene «el deber de brindar la dirección de
notificación del demandado, lo que constituye un acto de lealtad procesal,
colaboración con la administración de justicia y buena fe». Por tanto, el
desconocimiento de las direcciones en las que se debe notificar a una persona en el

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proceso es un hecho que debe afirmarse bajo juramento y, si se demuestra que se
suministró información falsa, lo procedente es aplicar una sanción7.

53. Lo anterior, pues «el emplazamiento debe ser el último medio de notificación en
intentarse, ya que garantiza en menor medida que el demandado conozca el proceso
y que pueda ejercer su defensa con un abogado de confianza».

54. Llama la atención de la Sala que el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó no
se pronunció sobre la solicitud probatoria al resolver la solicitud de nulidad; solo
cuando resolvió la reposición, dijo que estas no eran determinantes bajo el
argumento de que «las actuaciones surtidas por este despacho se ajustaron a la
normativa vigente para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de la
litisconsorte necesaria ante el desconocimiento de su dirección».

55. El Tribunal, al confirmar la negativa de nulidad, dio prevalencia al hecho de que
la notificación del proceso se surtió conforme al procedimiento previsto en el estatuto
procesal, porque lo solicitado -prueba testimonial e interrogatorio de parte- resultaba
innecesario para resolver la nulidad, tal como lo consideró el juzgado de primera
instancia.

56. La Sala observa que el Tribunal pasó por alto que el reproche formulado por la
accionante se fundamentaba precisamente en la presunta falta de veracidad en que
habría incurrido la señora Ruth Esnodia Moreno Mayo y que, el juzgado «no agotó
todos los mecanismos que tenía a su alcance con el fin de lograr su notificación», a
pesar de que en el expediente administrativo que obraba como prueba se encontraba
el correo electrónico y su dirección, así como la de su abogado.

57. En otros términos, las autoridades judiciales accionadas otorgaron prevalencia al
hecho de que el procedimiento de notificación se surtió en debida forma, sin
considerar que, con las pruebas solicitadas en el incidente de nulidad, se pretendía
demostrar que la señora Moreno Mayo faltó a la verdad o, al menos, que la
irregularidad pudo haberse saneado cuando se incorporó al proceso el expediente
administrativo, pues contenía las direcciones o el correo electrónico en las que podía
ser válidamente notificada.

58. Lo anterior no implica que el procedimiento de notificación se hubiera surtido de
manera indebida, pues, tal como lo consideraron las autoridades judiciales
demandadas, la Sala encuentra acreditado que, luego de intentarse la notificación
personal, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó ordenó el emplazamiento y,
vencido el término correspondiente a dicha publicación, designó un abogado como
curador ad litem para representar los intereses de la señora Garcés Mosquera.

59. El reproche de la Sala respecto de las providencias cuestionadas radica en el
desconocimiento del principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal, establecido en el artículo 228 de la Constitución Política. En efecto, se otorgó
primacía al cumplimiento formal del procedimiento de notificación, en detrimento del
análisis de la presunta irregularidad en la que habría incurrido la señora Moreno
Mayo al manifestar, bajo la gravedad de juramento, que desconocía la dirección de
notificación de la señora Garcés Mosquera.

60. Ese era el objeto que debía definirse en el incidente; no obstante, tanto el
Juzgado como el Tribunal accionados optaron por sostener, sin ofrecer mayores

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Artículo 86 del Código General del Proceso.

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Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera

justificaciones, que no había lugar a decretar las pruebas solicitadas, al considerar
que la notificación se había surtido en debida forma y que, por ende, no se
configuraba causal alguna de nulidad.

61. Al negar el decreto y práctica de las pruebas, las autoridades judiciales
demandadas impidieron el esclarecimiento de los hechos que sustentaban la
irregularidad alegada. La valoración anticipada de la eficacia del trámite de
notificación llevó a las demandadas a omitir el análisis de un aspecto esencial: la
veracidad o no de la manifestación rendida bajo juramento respecto del
desconocimiento de la dirección de notificación. Así, le cerraron injustificadamente la
posibilidad a la señora Lesly Johana Garcés Mosquera de controvertir un elemento
fáctico determinante, para establecer si la actuación procesal se adelantó con
observancia real de las garantías del debido proceso.

62. En conclusión, la decisión cuestionada no solo careció de una motivación
suficiente, razonable y coherente, sino que se tradujo en una comprensión
excesivamente formalista del proceso, que resulta incompatible con el mandato
constitucional de propender por la efectividad de los derechos sustanciales y, como
consecuencia, desconoció los derechos de contradicción, defensa y búsqueda de la
verdad material que orientan la actividad judicial.

63. Con el fin de que sea posible el recaudo probatorio en el trámite incidental, en
los términos del artículo 210 de la Ley 1437 de 2011, la Sala concederá el amparo
solicitado y dejará sin efectos las siguientes providencias: (i) auto del 28 de
noviembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó; (ii) autos del
24 de junio de 2024 y 29 de abril de 2025, proferidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Quibdó.

64. Como consecuencia, se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó
que, previo a resolver el incidente de nulidad promovido por la señora Lesly Johana
Garcés Mosquera, decrete y practique las pruebas para el esclarecimiento de los
hechos propuestos en el trámite incidental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Lesly Johana Garcés Mosquera.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS el auto
del 28 de noviembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Chocó, y los
autos del 24 de junio de 2024 y 29 de abril de 2025, proferidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Quibdó, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-33-33-004-2021-00248-02, y (ii) ORDENAR a dicho
juzgado que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03400-00
Accionante: Lesly Johana Garcés Mosquera

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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