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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03402-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03402-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta y, en su lugar, Segundo. NEGAR el amparo invocado, conforme a las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta providencia. Tercero.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03402-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03402-01
Accionante: Hernán Vergara Restrepo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: Derechos al debido proceso, seguridad social y acceso a la administración
de justicia. Nulidad y restablecimiento – Reincorporación al servicio
público y reliquidación pensional. REVOCA –NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Hernán Vergara Restrepo,
mediante apoderado, en contra de la sentencia del 9 de julio de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la
tutela por carecer de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados con la sentencia del 13 de febrero de 2026, proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
76001-33-33-006-2022-00062-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que nació el 14 de agosto de 1942; trabajó en el Departamento del Valle del Cauca
desde el 08 de octubre de 1962 hasta el 30 de septiembre de 1965 y el 14 de agosto
de 1992, adquirió el estatus pensional, el cual fue reconocido por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la Resolución núm. 01742 del 25
de noviembre de 1993.

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03402-01

Que continuó laborando en el sector educativo hasta el 1º de julio de 1999, momento
en que renunció para posesionarse como senador de la República (03 de agosto
del mismo año), cargo en el que permaneció hasta el 2 de agosto de 2000.

Que le solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(FONPRECON) la reliquidación de su pensión, la cual fue concedida a través de la
Resolución núm. 0359 del 03 de mayo de 2002. Posteriormente, el Fondo demandó
la nulidad del acto citado y el 2 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones.

Sostiene que en «virtud de la sentencia en comento, se extrae que se ordenó al
FOMAG reanudar, asumir y continuar con el pago de la pensión de jubilación
otorgada por Resolución 01742 de 1993, respetando los derechos pensionales
reconocidos, el monto mensual y los reajustes de ley».

Que FOMAG a partir del 1º de septiembre de 2018 reasumió el pago de las mesadas
pensionales, sin efectuar reliquidación a la que tiene derecho.

Que le pidió al Departamento del Valle del Cauca que a partir del 1º de octubre de
2014 reliquidara y pagara la pensión de jubilación, actualizando el monto de esta
por ser beneficiario del régimen de transición, y en cumplimiento del fallo
mencionado. La Secretaría de Educación Departamental a través de la Resolución
1554 del 21 de junio de 2021 negó la petición.

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
Departamento del Valle del Cauca, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y de la Fiduprevisora S.A., para que se declarara la nulidad
de los actos que le negaron la reliquidación de la pensión.

Que el Juzgado Sexto Administrativo de Santiago de Cali en la audiencia inicial
decretó prueba de oficio y ordenó al Departamento del Valle del Cauca aportar copia
del expediente administrativo. Que el Departamento remitió la carpeta, pero
incompleta.

Que en los alegatos de conclusión anexó las pruebas que le permitirían al juez
comprender por qué el acto administrativo de reliquidación de pensión quedó mal
liquidado y el motivo por el cual le es aplicable la Ley 6 de 1945.

Que el 11 de marzo de 2024, el Juzgado negó las pretensiones y dentro de la
motivación explicó por qué no examinó las pruebas que su poderdante entregó en
los alegatos.

Que interpuso recurso de apelación y solicitó decretar pruebas en segunda
instancia, de manera subsidiaria, pidió que en caso de no considerar procedente su
argumento se decretaran pruebas de oficio; el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante Auto núm. 523 de diciembre de 2023 rechazó por extemporánea
la petición, pero no se pronunció sobre el decreto de pruebas de oficio, por lo que
presentó recurso de súplica.

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03402-01

Que el Tribunal en Auto núm. 215 del 9 de mayo de 2025 confirmó la providencia
recurrida y el 13 de febrero de 2026 mantuvo la negativa de pretensiones de primera
instancia.

Considera que el Tribunal incurrió en los defectos:

• fáctico, porque señaló de manera errónea que el «actor no probó el
reconocimiento de su pensión docente, ni el régimen aplicado, cuantía, ni la
vinculación como senador»; no obstante, no revisó las resoluciones de
reconocimiento, actas de posesión y certificados de salarios que obran de manera
física y digital en los expedientes administrativos y judiciales. Trasladó al
demandante una carga probatoria excesiva sobre documentos que, por ley, reposan
en los archivos de las entidades accionadas (FOMAG y Congreso de la República)
y omitió su deber de decretar pruebas. Además, negó un hecho notorio, esto es, la
vinculación como senador de la República y el régimen de transición aplicable.

• sustantivo, aplicó de forma restrictiva el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
desconociendo que el accionante es beneficiario del régimen de transición integral,
e interpretó de manera errónea las reglas de la carga de la prueba que establece el
artículo 167 del Código General del Proceso (CGP).

• desconocimiento del precedente, al no examinar las pruebas que obran en el
expediente inadvirtió las sentencias: i) Consejo de Estado radicado 54001- 23-31-
000-2003-00630-01(0802- 10); y, ii) el numeral 35 de la Sentencia de Unificación
del Consejo de Estado, radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17) SUJ-
014 -CE-S2 -2019.

• procedimental por exceso ritual manifiesto, porque a pesar de reconocer
expresamente la existencia física de los documentos en el expediente, se abstuvo
de valorarlos bajo un criterio puramente formal de extemporaneidad.

• violación directa de la Constitución, de los artículos 13, 48 y 53 de la Carta
Política.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 13 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-33-33-006-2022-00062-
00/01; y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, dentro de quince (15) días emita una nueva decisión, donde i) estudie el
material probatorio que reconoció tener físicamente en el expediente; ii) en caso de
persistir alguna duda sobre los tiempos de servicio o regímenes aplicables decrete
pruebas de oficio, con el fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas procesales; y, iii) se pronuncie de fondo sobre el derecho a la
reliquidación pensional, teniendo en cuenta que es un sujeto de especial protección
constitucional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

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El 7 de mayo de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora S.A, al Departamento del Valle del Cauca, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, como terceros con interés; y se
ordenó notificar a las partes y vinculados.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali relató las actuaciones
judiciales que se adelantaron en el medio de control. Manifestó que de la revisión
del expediente se observa que se respetó el debido proceso, derecho de defensa y
contradicción, publicidad y los demás presupuestos procesales en el marco del
acceso a la administración de justicia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11 afirmó que la
sentencia discutida no se fundamentó exclusivamente en aspectos probatorios, sino
también porque no se cumplen los requisitos legales para acceder a la reliquidación
pensional solicitada.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela, pues lo que pretende el actor
es reabrir un debate de estricta legalidad que fue debidamente analizado por el juez
natural en dos (2) instancias, motivo por el cual el mecanismo carece de relevancia
constitucional.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Departamento del Valle del Cauca solicitó su desvinculación, por falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene competencia para acceder
favorablemente a los pedimentos realizados por el accionante.

El Ministerio de Educación Nacional adujo que el actor no logra edificar una
fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de
la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a
los derechos fundamentales invocados.

Además, no se demuestra vulneración a las garantías procesales y fundamentales
invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante,
ni el acceso a la administración de justicia; además, tampoco se acreditó que exista
una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales
que tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes, tal y como lo
ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

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El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 9 de julio de 2026
declaró improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional, bajo el
entendido que en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación desde la presunta configuración
de los defectos: procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.

Refirió que el demandante incumplió la carga procesal de probar los hechos en los
que fundamentó su petición y además indicó que, si en gracia de discusión se
admitiera que el actor luego de pensionado y retirado del servicio docente se
reincorporó al servicio como senador de la República, no cumplía con el requisito
de tres (3) años de nuevos servicios para tener derecho a la reliquidación de las
mesadas.

Concluyó que, aunque en la presente acción de tutela se argumenta que la
providencia cuestionada vulneró derechos fundamentales, lo cierto es que la parte
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho. Dijo que lo advertido en el caso es que la
parte actora presentó tutela por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por
la autoridad accionada; sin embargo, tal discrepancia de criterios no implica una
vulneración real a sus derechos fundamentales invocados.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la decisión y sostiene que la acción sí satisface el
presupuesto de la relevancia constitucional, dado que tiene 83 años, es un adulto
mayor y es sujeto de especial protección constitucional. Argumenta que exigirle a
un ciudadano de la tercera edad que asuma las consecuencias negativas de un
expediente administrativo incompleto por las propias entidades del Estado es una
carga probatoria desproporcionada.

Que a pesar de que estos argumentos de orden constitucional y de protección
especial fueron puestos de presente en el proceso ordinario, los jueces naturales
no los tomaron en cuenta, perpetuando la vulneración a sus derechos adquiridos, al
mínimo vital y al acceso efectivo a la administración de justicia.

Indicó que el caso trasciende la esfera netamente económica porque compromete
los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso de un sujeto
de especial protección constitucional, de igual forma, aclaró que la acción no
pretende reabrir el debate probatorio simplemente porque la decisión fue adversa,
sino demostrar que el fallo recurrido se basó en una verdad procesal incompleta,
ignorando realidades jurídicas documentadas, lo cual configura una vía de hecho
que debe ser corregida por el juez constitucional.

Pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se conceda
el amparo invocado.

Se decidirá previas las siguientes,

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03402-01

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala considera que, contrario a lo determinado en primera instancia, la acción sí
supera la exigencia general de la relevancia constitucional, puesto que lo pretendido
por el accionante es lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, los cuales
estima vulnerados con la sentencia del 13 de febrero de 2026, proferida por la
autoridad judicial accionada, por la incursión en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto,
sustantivo y violación directa de la Constitución, mas no plantear un asunto de mera
legalidad, desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la
causa o convertir este mecanismo en una instancia adicional a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en alguna de las
causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, la cual sustentó
de forma que resulta comprensible sus desacuerdos respecto a la providencia
controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una incidencia en la
decisión adoptada.

También se encuentran satisfechos los requisitos de a) inmediatez, pues la acción
se instauró el 4 de mayo de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 5 de marzo del año en curso, teniendo
en cuenta que la notificación fue efectuada por mensaje de datos enviado el 26 de
febrero de esta anualidad; b) ) el actor no cuenta con otro medio de defensa para
discutir lo aquí expuesto; y, c) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma
naturaleza.

El Tribunal señaló que conforme a la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado7, por regla general, las personas que disfrutan la pensión tienen
prohibido vincularse al servicio oficial; no obstante, la ley regula taxativamente los
casos en los que procede el reintegro y la consecuente reliquidación pensional.

Que el artículo 4º de la Ley 171 de 1961 consagra que, el pensionado que sea
reincorporado a cargos oficiales y permanezca por tres (3) años o más tiene derecho
a la reliquidación de la pensión a partir de la nueva fecha del retiro con base en el
sueldo promedio de los últimos tres años. En igual sentido se refiere el artículo 17
del Decreto 1611 de 1962 que reglamentó la Ley 171 de 1961.

7 Entre otras radicado 25000-23-25-000-2011-01050-02(0809-14) CP. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, 6 de

mayo de 2021; radicado: 25000-23-25-000-2008-00614-01(1575-13). C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, 20 de octubre de 2014.

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Frente al reingreso del personal retirado con derecho a la pensión de jubilación el
artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3074
de 1968, reiterado por el artículo 78 del Decreto 1848 de 1969, consagra que no
podrán ser reintegrados al servicio, salvó cuando se trate de ocupar las siguientes
posiciones:

«(…) presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento
Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio
o Departamento Administrativo, presidente, Gerente o Director de
Establecimientos Públicos o de empresas Industriales y Comerciales del
Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva
carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata
este artículo (sic)»

Que los artículos 1 y 4 del Decreto 583 de 1995 estipulan que los pensionados
pueden reincorporase al servicio oficial, previa suspensión del pago, cuando se trate
de un empleo de elección popular.

Adujo que el Consejo de Estado8 concluyó que quien disfruta de la pensión puede
reingresar al servicio oficial, previa suspensión del pago, siempre que se trate de un
empleo de elección popular o en uno de los cargos expresamente señalados en la
ley, y que esta situación permite la reliquidación pensional si se cumplen los
siguientes requisitos «i) que la persona reingresada sea pensionada por servicios a
una o más entidades públicas, ii) que se reintegre a cargos oficiales autorizados por
la ley o de elección popular y, iii) que el jubilado permanezca en el cargo por 3 años
o más».

Descendiendo al caso concreto, señaló que el demandante pretende la reliquidación
de la pensión docente por la reincorporación al servicio oficial como senador de la
República, desde el 3 de agosto de 1999 hasta el 2 de agosto de 2000; sin embargo,
con la demanda solo aportó copia de la Resolución núm. 1554-2021 del 21 de junio
de 2021 en la cual la entidad demandada negó el reajuste de la pensión reconocida
como docente.

Relató que el juez en la audiencia inicial decretó prueba de oficio y ordenó al
Departamento del Valle del Cauca aportar copia íntegra del expediente
administrativo del actor; este allegó copia de la resolución citada, su notificación, la
hoja de revisión de la Fiduprevisora y copia de la cédula del demandante, pruebas
que fueron incorporadas al expediente, sin intervención de las partes, por lo que se
cerró el periodo probatorio.

Concluyó que no acreditó el reconocimiento de su pensión docente, el régimen que
se le aplicó, la fecha de reconocimiento, la cuantía, la nueva vinculación como
senador, los salarios y factores devengados, ni la prueba de la suspensión del pago
de la pensión en el tiempo que ejerció como senador. Dijo que la carga de la prueba

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 6 de mayo de

2021, CP. Dra Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 25000-23-25-000-2011-01050-02(0809-14).

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estaba en cabeza del demandante, por lo que debe asumir las consecuencias
negativas por no demostrar los supuestos de hecho alegados.

Que el acto acusado da cuenta de que se retiró definitivamente del servicio docente
a partir del 7 de julio de 1999.

Precisó que en caso de admitir que el actor después de pensionado y retirado del
servicio docente se reincorporó al servicio público como senador de la República, lo
cierto es que no cumple con el requisito temporal, por lo menos tres años de nuevo
servicio, para tener derecho a la reliquidación de las mesadas, ya que en la
demanda se afirmó que el cargo de elección popular lo ejerció por un año.

Conforme a lo expuesto, el Tribunal decidió confirmar la sentencia del 11 de marzo
de 2024 que negó pretensiones.

El actor aduce que el Tribunal incurrió en los defectos: fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto, dado que la autoridad judicial accionada i) no revisó las
pruebas que su apoderado aportó en los alegatos de conclusión; ii) omitió el deber
de decretar pruebas de oficio; y, iii) le impuso una carga probatoria excesiva, en
relación con los documentos que reposan en los archivos de la administración.

El artículo 212 del CPACA consagra las oportunidades probatorias que tienen las
partes. Dicha disposición va de la mano con el principio de preclusión, el cual
consiste en que «los actos procesales han de cumplirse en una etapa determinada
del proceso (…) ello significa que si se dejan transcurrir los términos señalados por
la ley para el efecto, su interposición con posterioridad no surte efecto jurídico»9.

El artículo 213 del CPACA consagra dos (2) modalidades en las que procede la
prueba de oficio: la primera, se refiere a «las pruebas (…) que se decretan durante
las instancias con el propósito de toda contienda judicial y es esclarecer la verdad y
cuya práctica, se indica, se hace en forma conjunta con las pedidas por las partes».

La segunda modalidad aplica en los casos donde las etapas procesales probatorias
para la postulación de las partes ya han sido superadas y finiquitadas y el proceso
se encuentra en alegatos de conclusión; sin embargo, el juez decide emitir un auto
de mejor proveer, con el único propósito de esclarecer puntos oscuros o difusos de
la contienda, esto es, hecho o supuesto fáctico que siempre ha estado en el proceso
-no es el oculto ni el inexistente- sino el impreciso.

Al respecto, el Consejo de Estado10 precisó que

«Esa diferencia de propósito, que por regla general pasa desapercibida, tiene
un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del
poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a
fin de que el juez no termine completando o ampliando lo que las partes estaban
obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que les correspondía».

9 Corte Constitucional, Auto 235 de 2002
10 Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado

41001-23-33-000-2016-00080-01

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De lo anterior, se desprende que el demandante aportó las pruebas fuera de la
oportunidad probatoria que contempla el artículo 212 ibidem; no intervino en
audiencia de pruebas a fin de exponer que el expediente administrativo estaba
incompleto y tampoco manifestó imposibilidad de recolectar evidencia.

Tampoco se observa que la autoridad judicial hubiera omitido su poder de decretar
pruebas de oficio, ya que no se estaba ante un punto oscuro o difuso de la
contienda; por el contrario, se advierte que la intensión del actor es que el juez
asuma la carga probatoria que le asistía a aquel.

En ese orden, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal, de no valorar las
pruebas que allegó en etapa de alegatos y de no decretar prueba de oficio es
conforme al principio de preclusión y las disposiciones jurídicas citadas, por lo que
no se configuran los defectos estudiados.

Al revisar las providencias que el actor invoca como desconocidas, se observa que:
i) la sentencia del 17 de febrero de 2011, proceso 2003-00630-01, trata sobre el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, como docente nacionalizado,
en los términos previstos en la Ley 33 de 1985; y, ii) la SUJ-014 -CE-S2 -2019 se
refiere al ingreso base de liquidación en el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

La Sala advierte que las decisiones citadas no guardan identidad fáctica y jurídica
con el caso objeto de controversia, ya que no se refieren a la reincorporación al
servicio público y la reliquidación pensional, con ocasión de ello; motivo por el cual
dichas providencias no eran precedente obligtorio para resolver el asunto; motivo
por el cual no se configura el error de desconocimiento del precedente.

Por otro lado, el actor no argumentó de qué manera la negativa de reliquidar su
pensión de jubilación le transgrede los artículos 13, 48 y 53 de la Carta Política,
máxime si se tiene en cuenta que ostenta la calidad de pensionado.

Por último, expone que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo, porque i)
interpretó de manera errónea las reglas de la carga de la prueba que establece el
artículo 167 del CGP y, ii) aplicó de forma restrictiva el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, desconociendo que es beneficiario del régimen de transición integral.

Frente al primer disenso, se observa que el Tribunal dijo que la carga de la prueba
le corresponde, por regla general, a la parte que le incumbe acreditar los hechos
invocados en la demanda. Adicionalmente, citó la sentencia C 086 de 2016 para
resaltar el rol activo que le asiste a cada parte en el proceso, la cual no puede
refugiarse en la diligencia del juez ni beneficiarse en la dificultad probatoria o mala
fortuna de su contraparte.

No se avizora que el juez contencioso hubiera interpretado en indebida forma las
reglas de la carga de la prueba; por el contrario, se observa que decretó prueba de

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03402-01

oficio, a efectos de que la administración aportara los antecedentes administrativos,
motivo por el cual no se configura el defecto examinado.

En cuanto, al segundo disenso el señor Vergara no expone cuál es la relación del
régimen de transición al que alude, con la reliquidación de la pensión, es decir, de
qué manera la inaplicación incide en la decisión que adoptó el Tribunal, motivo por
el cual no se materializa dicho error.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta y, en su lugar, se negará el amparo invocado
en relación con los defectos: fáctico, violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente, procedimental por exceso ritual manifiesto y
sustantivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta y, en su lugar,

Segundo. NEGAR el amparo invocado, conforme a las consideraciones
expresadas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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