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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03406-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03406-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONCEDER EL AMPARO del derecho fundamental al debido proceso de la señora Doria Ledy Rufeles Toro en su condición de representante legal de la Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, únicamente, en relación con la sanción impuesta a la señora Doria Ledy Rufeles Toro. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal que, en el término de tres (3) días, dicte una decisión de reemplazo, en la que analice nuevamente la sanción impuesta a la señora Doria Ledy Rufeles Toro, de conformidad con los lineamientos a que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03406-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03406-001
Accionante : Doria Ledy Rufeles Toro, como representante legal de la
Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa
Rosa de Osos
Accionado : Tribunal Administrativo De Antioquia - Sala Séptima De
Decisión y otros
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra desacato
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela formulada
por la señora Doria Ledy Rufeles Toro, en su calidad de representante legal de la
Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos contra el
Tribunal Administrativo De Antioquia - Sala Séptima De Decisión, por la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la parte accionante. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela
y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. Actuando por conducto de apoderado, la señora Doria Ledy Rufeles Toro, en su
calidad de representante legal de la Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de

1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03406-00
Accionante: Doria Ledy Rufeles Toro, como representante legal de la Corporación Hospital Francisco
Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Santa Rosa de Osos, interpone acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, y, como
consecuencia de ello, solicita:

«Se revoque parcialmente la providencia del 10 de marzo de 2026 proferida por el Juzgado Treinta
y Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín mediante la cual se resolvió sancionar con multa
de un (01) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente a la suscrita gerente de la Corporación Hospital
Francisco Lopera Restrepo en el sentido de reconocido el error fáctico y la desatención del
precedente, absolver la misma dentro del trámite incidental, quedando en firme la sanción
únicamente contra AXA Colpatria S:A. y Nueva EPS»

1.3 Hechos

3. El señor Julián Camilo Restrepo Jaramillo interpuso acción de tutela contra la Nueva
EPS y la Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del
Circuito de Medellín bajo el radicado núm. 05001 33 33 033 2025 00357 00. En esa
oportunidad, expuso que, estando en las instalaciones de la Corporación Hospital
Francisco Lopera Restrepo por un accidente de tránsito, requería de una remisión -
proceso técnicamente conocido como referencia y contrarreferencia- a efectos de
poderse practicar un diagnóstico de electromiografía de miembros superiores y neuro
condición de miembros superiores.

4. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín profirió
sentencia de primera instancia el Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025) en la que ordenó al Hospital que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación, adelantara las gestiones para la remisión a un prestador con
capacidad institucional para garantizar la atención médica y la realización de la ayuda
diagnóstica, por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito del 24 de enero de 2025,
atención que debía financiarse con cargo a Axa Colpatria S.A. hasta el monto máximo de
la cobertura de la póliza SOAT y, una vez superados los topes, la Nueva EPS continuaría
garantizando la prestación de los servicios médicos.

5. El Hospital Francisco Lopera Restrepo impugnó el fallo, pero, el Tribunal
Administrativo de Antioquia lo confirmó a través de providencia del Nueve (9) de
Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

6. El Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el señor Restrepo Jaramillo
formuló incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela,
por lo que, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín, requirió a las obligadas
para que rindieran informe.

7. En atención a ello, el Hospital explicó que, dado el egreso del paciente, a dicha entidad
no le era materialmente posible gestionar un proceso de «remisión» a un prestador con
capacidad institucional para garantizar la atención médica y la realización de la ayuda
diagnóstica.

8. Pese a ello, el Juzgado, a través de providencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026) declaró en desacato a la señora Doria Ledy Rufeles Toro, como
representante legal de la Corporación Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa
de Osos y a Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, como gerente regional de salud de la
Nueva EPS, y los sancionó con multa de Un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

9. En esa providencia, consideró que, la responsabilidad en el cumplimiento de la orden
de tutela continuaba recayendo sobre dicha institución, pues, al ser la que brindó la
atención en urgencias, le correspondía garantizar la prestación efectiva del servicio, la
cual, debe asegurar la continuidad del tratamiento y adelantar las gestiones necesarias
para facilitar el acceso oportuno a los procedimientos médicos ordenados.

10. Además, aunque la decisión de primera instancia ordenó a Nueva EPS adelantar las

gestiones pertinentes para garantizar que el accionante fuese atendido por un prestador
con capacidad institucional, dicha instrucción se impartió sin perjuicio de las obligaciones
propias del Hospital, que continúa siendo la entidad responsable de la atención inicial y
de la adecuada articulación del proceso asistencial y, en ese sentido, precisó que, la
orden dirigida a la EPS no reemplaza ni extingue las obligaciones propias de la IPS que
brindó la atención de urgencias, sino que, busca asegurar la protección del derecho
fundamental a la salud desde una perspectiva integral.

11. Surtido el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante providencia del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó la
decisión consultada.

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12. Al efecto, la parte accionante argumenta que, en el presente asunto, concurren los

supuestos desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018 que
habilitan la procedencia de la acción de tutela contra incidentes de desacato, toda vez
que, es clara la irregularidad procesal en que incurrieron las autoridades judiciales al
imponer la sanción.

13. Sobre ello, afirma que, tanto el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del

Circuito de Medellín, como, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Decisión omitieron el estudio de las condiciones, requisitos formales para la procedencia
del incidente de desacato y, prácticamente, bajo un régimen de culpa objetiva,
determinaron la imposición de la sanción en una contraposición de la orden impartida al
Hospital sin valorar adecuadamente la posibilidad material de cumplimiento de la misma
y el papel que este desempeña en los procesos de referencia y contrarreferencia
(remisión) de pacientes.

14. Por tanto, sostiene que, las providencias adolecen de defecto fáctico, pues,
sancionaron por desacato desconociendo las variaciones fácticas, así como, la
imposibilidad material de ejecutar la orden dada en la tutela para que el Hospital
Francisco Lopera Restrepo emprenda gestiones para un proceso de remisión de un
paciente egresó de las instalaciones para trasladarlo a una IPS de mayor complejidad.

II. TRÁMITE PROCESAL

15. Por satisfacer los requisitos formales, el Despacho sustanciador, a través de auto del

Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de tutela y
ordenó notificar (i) al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión y al
Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Medellín como accionados; y (ii) a la Nueva
E.P.S, a AXA Colpatria S.A. y al señor Julián Camilo Restrepo Jaramillo como terceros
con interés.

2.1 Contestación de la acción

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

16. 2.1.1. Axa Colpatria Seguros pidió que, se declare la improcedencia de la acción de

tutela, por no existir violación de derechos atribuible a esa aseguradora.

17. 2.1.2. La titular del Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Medellín señaló

que la presente acción de tutela no es procedente, en tanto, se dirige a reabrir el debate
clausurado mediante «sentencia de tutela». En efecto, la parte actora no discute
vulneración del derecho al debido proceso o defensa dentro del trámite incidental, sino
que, realmente discute el alcance de lo ordenado en la sentencia de tutela proferida, que
es el sustento de la sanción por desacato impuesta y frente a lo cual la tutela
resulta improcedente.

18. Precisamente, el problema jurídico giró en torno a determinar si el Hospital, al brindar

la primera atención de urgencias, tenía responsabilidad en la atención del paciente,
frente a lo que en sentencia se concluyó que «Cuando ocurre un accidente de tránsito, todos los
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y revisión social de los subsectores
oficial y privado del sector salud están obligados a prestar la atención médica en forma integral a los
accidentados15, desde la atención inicial de urgencias hasta su rehabilitación final, lo cual comprende
atención de urgencias, hospitalización, suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y
prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico
y rehabilitación; y (...) (iii) la institución que haya recibido al paciente, considerando el grado de complejidad
de la atención que requiera el accidentado, es responsable de la integridad de la atención médico –
quirúrgica”, lo que incluye la remisión del paciente a otra institución cuando no tiene la capacidad para
prestar los servicios»2 (sic), conforme a la sentencia T108 de 2015.

19. De esta manera, el supuesto hecho sobreviniente que imposibilitaba el cumplimiento

fue un asunto tratado y discutido dentro del trámite de la acción de tutela, sin que la
accionada haya adelantado actuación alguna tendiente al cumplimiento. La parte actora
no señala cuáles son las razones legales que impiden materialmente el cumplimiento de
la obligación, sino que, reabre el debate sobre el alcance de las obligaciones de las IPS
en el marco de atención inicial de accidentes de tránsito.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, por conducto del magistrado ponente de

la decisión cuestionada, señaló que contrario a lo afirmado por la parte accionante, la
providencia cuestionada únicamente se limitó a verificar el cumplimiento efectivo de las

2
T589 de 2009.
5

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órdenes impartidas en el fallo de tutela del 31 de octubre de 2025, que fue posteriormente
confirmada por esa Corporación. Encontrándose plenamente acreditado dentro del
trámite incidental que, para la fecha de la decisión, las órdenes constitucionales
permanecían incumplidas, persistiendo así la vulneración de los derechos fundamentales
que le fueron amparados al señor Julián Camilo Restrepo Jaramillo.

21. Al efecto, la Sala consideró que el Hospital Francisco Lopera Restrepo mantenía la

obligación de adelantar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de salud requerido por el accionante, precisamente por haber sido
la entidad que brindó la atención inicial y que tenía a su cargo la coordinación de la
remisión ordenada judicialmente. En ese sentido, la circunstancia consistente en el
egreso del paciente no desvirtuaba el incumplimiento advertido ni eliminaba las
obligaciones derivadas del fallo de tutela.

22. En consecuencia, se CONFIRMÓ el auto consultado del 10 de marzo de 2026,
proferido por el Juzgado Treinta y tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en lo
ateniente a la sanción de multa por un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la Dra.
Doria Ledy Rufeles Toro, en calidad de Representante legal de la Corporación Hospital
Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa De Osos, y al Dr. Ricardo Adolfo Echeverria
Charicha como Gerente Regional de Salud de la Nueva EPS, por el incumplimiento del
fallo de tutela proferido el 31 de octubre de 2025 y confirmado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 9 de diciembre de la misma anualidad.

23. Así las cosas y distinto a lo afirmado por la parte tutelante, esta Sala de Decisión no

incurrió en vulneración alguna del derecho fundamental del debido proceso, toda vez
que, la providencia cuestionada fue proferida con estricto apego al ordenamiento jurídico,
aplicando de manera rigurosa las normas pertinentes, así como, los lineamientos
jurisprudenciales que resultan aplicables al caso concreto. Lo anterior, teniendo como
finalidad exclusiva verificar el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en el fallo
de tutela y adoptar las medidas necesarias para garantizar su materialización.

24. Igualmente, se realizó una valoración integral y razonada de las pruebas obrantes en

el expediente, conforme a los principios de la sana crítica, sin que, pueda predicarse
omisión o desconocimiento de los elementos de prueba aportados.

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25. En consecuencia, no es posible afirmar la existencia de un defecto fáctico o sustantivo,

ni de una actuación arbitraria que justifique la intervención del juez constitucional
mediante tutela contra providencia judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

26. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

27. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

28. Se contrae a determinar si las autoridades judiciales demandadas, al proferir las
providencias del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) y su confirmatoria en
grado de consulta del Doce (12) de Marzo siguiente, mediante las cuales, se declaró a
la señora Doria Ledy Rufeles Toro, en calidad de Representante legal de la Corporación
Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa De Osos, y le impuso sanción de
multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, adolecen de defecto fáctico y, en
consecuencia, vulneran el derecho fundamental al debido proceso de la accionante.

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3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

29. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a la acción de
tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

30. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

31. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del

3 Sentencia C-590 de 2005.
4 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.
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apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

32. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la accionante, en una
sanción que le fue impuesta en claro desconocimiento de las pruebas aportadas al
proceso, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de
las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo
en cuenta que, la última providencia atacada se profirió el Doce (12) de Marzo de Dos
Mil Veintiséis (2026) y la solicitud de amparo se presentó el Treinta (30) de Abril de Dos
Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis meses; y (v) las providencias acusadas
resolvieron el incidente de desacato propuesto.

3.5 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones emitidas en
trámite incidental de desacato

33. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018 5

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M. P. Alberto Rojas Ríos.

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sostuvo que es procedente, de manera excepcional, atacar vía tutela una providencia
emitida en el trámite de un incidente de desacato, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no
debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente
de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

34. En ese orden de ideas, en el sub lite se observa que, (i) las providencias atacadas

resolvieron el incidente de desacato propuesto por el señor Julián Camilo Restrepo
Jaramillo por el presunto incumplimiento de las sentencias de tutela del Treinta y Uno de
Octubre y Nueve (9) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025); (ii) como atrás se indicó,
se acreditan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y, además, fue planteado y sustentado adecuadamente el
defecto fáctico; y (iii) los argumentos de la accionante son consistentes con los señalados
dentro del incidente de desacato.

35. Así las cosas, habiéndose acreditado los requisitos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, y los especiales para atacar decisiones
proferidas dentro de un incidente de desacato, la Sala analizará el fondo del asunto bajo
la causal específica denominada defecto fáctico, toda vez que, la génesis de la
vulneración invocada por la accionante radica, en su criterio, en un indebido análisis y
apreciación de las pruebas y del elemento subjetivo por parte de la autoridad accionada
para imponerle una sanción desproporcionada en grado jurisdiccional de consulta.

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3.6. Defecto fáctico

36. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto

fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»6.

37. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o

dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte,
la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra7.

3.7 Caso concreto

38. En el asunto bajo examen, la demandante argumenta que, el Juzgado Treinta y Tres

Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir las
providencias mediante las cuales, la declararon en desacato y le impusieron sanción de
multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, adolecen de defecto fáctico, en
tanto, no analizaron adecuadamente las pruebas aportadas en el curso del incidente,
según las cuales, la funcionaria expuso la imposibilidad material de generar la «remisión»
del paciente a otra institución prestadora del servicio, debido a que este había egresado
del Hospital y, dicha situación, impedía hacer la gestión en los términos descritos.

39. Al respecto, la Sala observa, de las piezas procesales aportadas al proceso, lo
siguiente:

40. Mediante sentencia de tutela del Treinta y Uno de Octubre de Dos Mil Veinticinco

(2025), el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín ordenó lo siguiente:

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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«SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA
ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA (hoy HOSPITAL FRANCISCO LOPERA RESTREPO DE
SANTA ROSA DE OSOS) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la
notificación de la presente providencia, adelante las gestiones para la remisión a un
prestador con capacidad institucional para garantizar la atención médica y la realización de
la ayuda diagnóstica de: “…electromiografía de miembros superiores y neuro conducción
de miembros superiores…”, frente a las lesiones producidas por el accidente de tránsito el
24 de enero de 2.025, atención que se financia con cargo a la aseguradora AXA
COLPATRIA .S.A. hasta el monto máximo de la cobertura de la póliza SOAT; ante la
superación de los topes legales, la NUEVA E.P.S., en el marco de sus competencias y
conforme se agoten los recursos, continuará garantizando la prestación de los servicios de
salud requeridos para la atención de las lesiones producidas por el accidente de tránsito
como entidad aseguradora del Sistema General de Seguridad Social al cual se encuentra
afiliado actualmente el accionante.

TERCERO: ORDENAR a NUEVA EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contados a partir de la notificación de esta providencia, en el marco de sus competencias
adelante las gestiones necesarias para que el señor JULIAN CAMILO RESTREPO
JARAMILLO sea efectiva y oportunamente atendido a través de un prestador con la
capacidad institucional para la realización de las ayudas diagnósticas ordenadas, sin
perjuicio de las obligaciones de financiamiento que tiene la aseguradora AXA
COLPATRIA.»

41. El Hospital impugnó la decisión y, en atención a ello, el Tribunal Administrativo de

Antioquia, a través de providencia del Nueve (9) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), confirmó lo resuelto por el a quo.

42. El Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el señor Julián Camilo

Restrepo Jaramillo interpuso incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la
sentencia de tutela proferida el Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025). En su escrito, expuso genéricamente, que, dicha providencia no había sido
acatada, sin describir detalle alguno al respecto.

43. El Juzgado sustanciador dio apertura al trámite incidental y, en el informe rendido, la

señora Doria Ledys Rufeles Toro informó al Despacho que, la Corporación Hospital
Francisco Lopera Restrepo es una Institución prestadora de servicios de salud y no una
Entidad Promotora de Salud (EPS) y, en razón a ello, resultaba inejecutable la orden de
tutela frente a dicha entidad referida a la remisión de un paciente que, para esa fecha,
ya no se encontraba internado en las instalaciones del Hospital, por lo que, no le era
materialmente posible gestionar la remisión. Textualmente, expuso:

«Lo que aquí se pretende no es sustraerse de una orden emitida por el juez de tutela sino
exponer que, contra todo criterio de razonabilidad jurídica y fáctica, se está emprendiendo
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un incidente de desacato contra una persona jurídica que actualmente no solo carece de
la responsabilidad legal de garantizarle al Sr. Restrepo Jaramillo el acceso a los exámenes
o servicios de salud que le fueron prescritos y que por antonomasia le corresponde a Axa
Colpatria S.A. como compañía aseguradora que emitió el SOAT según sus topes y
coberturas y, meramente en forma subsidiaria a Nueva EPS como Entidad Administradora
de Planes de Beneficio (EAPB) a la que se encuentra afiliado el incidentista, sino ilustrar al
despacho de que en efecto:

i) El paciente no se encuentra hospitalizado en la Corporación Francisco Lopera.
ii) La orden original e inmutablemente de la sentencia objeto de incidente de
desacato es clara y expresa en impartir la instrucción a la Corporación de practicar la
remisión del paciente a una IPS donde se le pudieran practicar los procedimientos de
imagenología ordenados por el médico tratante.
iii) El proceso de referencia y contrarreferencia (remisión a otra IPS) tiene lugar
cuando el paciente se encuentra internado en un hospital de menor complejidad y va a ser
desplazado a otro de mayor nivel.
iv) Desde la última atención que registra el paciente en el dos mil veinticinco (2025)
no se tiene registro alguno de que el Sr. Restrepo Jaramillo haya acudido solicitando
servicios.
v) Han pasado varios meses desde que se profirió la sentencia No. 204 por este
despacho, periodo en el que el accionante ni siquiera se refiere a haber gestionado la
autorización con Axa Colpatria según las coberturas del SOAT o, en su defecto, Nueva
EPS para llevarse a cabo la electromiografía descrita.
vi) Por esta razón tampoco se sabe si Axa Colpatria S.A. como compañía
aseguradora que emitió el SOAT o Nueva EPS autorizó el examen designando la IPS a la
que debería concurrir el paciente.
vii) La Corporación Francisco Lopera Restrepo si bien es una institución prestadora
de servicios de salud, como es apenas lógico se encuentra sujeta a nivel de complejidad,
por ello conviene recordar lo previsto en el parágrafo del artículo 5 del Decreto 1760 de
1990 que reza:
PARÁGRAFO: La determinación de los grados de complejidad para los diferentes
servicios será la base para la definición y establecimiento de las responsabilidades
mínimas en salud de cada ente territorial y de los servicios que por sus
características de especialidad deban tener carácter permanente o transitorio
(negrilla y subrayado propios).
viii) Al parecer se está confundiendo el papel funcional de la Corporación Hospital
Francisco Lopera Restrepo como institución prestadora de servicios de salud y el de Nueva
EPS, como entidad promotora de salud (EPS) ahora denominadas Entidades
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB).

Lo anterior dado que la remisión de un paciente en los términos de la Resolución 2335 de
2023 expedida por el Ministerio de Salud, implica por parte de la IPS donde se encuentra
hospitalizado un trámite de mera gestión vinculado envío de la solicitud de referencia cuya
solicitud debe ser resuelta por el responsable de pago, máxime que es quien además
determina su red integral e integrada de salud quien será la institución receptora del
paciente.

Se insiste en que las condiciones variaron, dado que el paciente no se encuentra
hospitalizado lo procedente en estricta lógica no es iniciar un incidente de desacato contra
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una persona jurídica incapaz de acatar lo ordenado por la modificación de los hechos
asociados a la amenaza o vulneración de los derechos tutelados. Sino – de seguirlo –
hacerlo en contra de Axa Colpatria S.A. como compañía de seguros que emitió el SOAT y,
en forma subsidiaria de la entidad promotora de salud (EPS), esto es, Nueva EPS, dado
que posterior a su egreso de la Corporación es a quien genuinamente le corresponde
garantizar el servicio emitiendo las autorizaciones a que haya lugar y definiendo la IPS con
la capacidad instalada para suministrarle tales menesteres» (sic).

44. No obstante, mediante providencia del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026), el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín declaró a la señora Doria
Ledy Rufeles Toro, como representante legal del Hospital, en desacato de la orden de
tutela y la sancionó con multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Para
sustentar su decisión, expuso:

«Por su parte, el Hospital Francisco Lopera Restrepo manifestó que el juzgado incurrió
en un error al atribuirle la obligación de gestionar la remisión ordenada en la sentencia,
toda vez que el paciente ya había egresado de la institución, lo cual hace material y
jurídicamente imposible que la IPS adelante un proceso de referencia y contrarreferencia,
procedimiento que únicamente procede cuando el usuario se encuentra hospitalizado.

En relación con los argumentos expuestos por el Hospital Francisco Lopera Restrepo,
esta Agencia Judicial considera necesario precisar que la responsabilidad en el
cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela continúa recayendo sobre
dicha institución, conforme lo reiteró el juez de segunda instancia al confirmar
íntegramente la decisión.

En primer lugar, frente a la afirmación del Hospital según la cual la remisión o gestión de
los servicios corresponde a la EPS o a la aseguradora, se debe señalar que la
aseguradora del SOAT no presta servicios médicos, sino que únicamente asume la
cobertura económica dentro de los límites legales. Por su parte, la EPS solo adquiere la
obligación de garantizar los servicios requeridos después de agotada la cobertura del
SOAT, y siempre que ello se encuentre debidamente acreditado. En consecuencia, la
responsabilidad inicial en la gestión y prestación efectiva del servicio recae sobre la
institución que brindó la atención de urgencias, la cual debe asegurar la continuidad del
tratamiento y adelantar las gestiones necesarias para facilitar el acceso oportuno a los
procedimientos ordenados.

Asimismo, si bien la decisión de primera instancia ordenó a Nueva EPS adelantar las
gestiones pertinentes para garantizar que el accionante fuese atendido por un prestador
con capacidad institucional, dicha instrucción se impartió sin perjuicio de las obligaciones
propias del Hospital, que continúa siendo la entidad responsable de la atención inicial y
de la adecuada articulación del proceso asistencial. La orden dirigida a la EPS no
reemplaza ni extingue las obligaciones propias de la IPS que brindó la atención de
urgencias, sino que busca asegurar la protección del derecho fundamental a la salud
desde una perspectiva integral.

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En este sentido, el Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos es
responsable de brindar al actor la atención médica integral, lo que incluye la gestión de la
remisión a un prestador con la capacidad institucional requerida. Esta obligación se
mantiene debido a que fue la IPS que asumió la atención inicial y que, al ordenar la
realización de exámenes diagnósticos para los cuales no tenía capacidad resolutiva por
su nivel de complejidad, debe garantizar la continuidad del tratamiento hasta que el
paciente sea efectivamente recibido por la institución receptora. En consecuencia, la
responsabilidad de la IPS no se extingue con la sola emisión de la remisión, sino
únicamente cuando el paciente ingresa efectivamente al prestador autorizado y queda
asegurada la continuidad de la atención.

Además, aunque refiere que el egreso del paciente es un hecho sobreviniente, debe
precisarse que no es así, puesto que dentro del trámite de tutela ya se había dado el
egreso del paciente de la IPS, y fue un hecho valorado y conocido por los jueces de
ambas instancias, quienes con base en el ordenamiento jurídico2 y el precedente judicial3
concluimos que le asistía responsabilidad a la IPS por haber atendido inicialmente al
paciente, señalándose en la sentencia de segunda instancia:
(…)
No es el incidente de desacato la etapa para controvertir la decisión judicial por no estar
de acuerdo con ella, sino al etapa para adelantar las actuaciones administrativas
necesarias para dar cumplimiento, sin que se observe prohibición legal o se haya citado
norma alguna que fundamente la aducida imposibilidad de cumplimiento.»

45. Surtido el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en

la providencia del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó la sanción
impuesta, bajo los siguientes argumentos:

«Por su parte, el Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos allegó
escrito mediante el cual manifestó que no le asiste responsabilidad en la gestión de la
remisión ordenada en la sentencia de tutela, bajo el argumento de que el señor Restrepo
Jaramillo ya había egresado de la institución y que dicho trámite únicamente procede
cuando el usuario se encuentra hospitalizado. Asimismo, señaló que la gestión de los
servicios requeridos corresponde a la aseguradora del SOAT o, en su defecto, a la EPS
a la cual se encuentre afiliado el paciente.

No obstante, una vez analizado el contenido del pronunciamiento allegado, la Sala
considera que el Hospital Francisco Lopera Restrepo continúa siendo responsable de
cumplir la orden impartida en la sentencia de tutela de primera instancia, decisión que fue
confirmada por esta Corporación. Lo anterior, por cuanto fue la institución que brindó la
atención inicial al paciente y, en tal condición, se encuentra obligada a garantizar la
continuidad del tratamiento y a adelantar las gestiones necesarias para su remisión a un
prestador que cuente con la capacidad resolutiva requerida.

En este contexto, la orden dirigida a la Nueva EPS no sustituye ni extingue las
obligaciones propias de la institución hospitalaria, sino que busca complementar la
garantía integral del derecho fundamental a la salud del accionante. De igual forma, el

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egreso del paciente no constituye un hecho sobreviniente que exonere de responsabilidad
a la IPS, en tanto dicha circunstancia ya había sido conocida y valorada por los jueces de
tutela en ambas instancias.

De otra parte, conviene precisar que el trámite del incidente de desacato no constituye
el escenario procesal idóneo para controvertir o cuestionar el contenido de la
decisión judicial, sino que tiene como finalidad verificar el cumplimiento efectivo de las
órdenes impartidas y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución.»

46. En el contexto descrito, la Sala observa que, aunque tanto el juzgado como el tribunal

se remitieron a la literalidad de la orden de tutela impartida para verificar el
incumplimiento alegado por el incidentalista, y, aparentemente, analizaron los
argumentos de defensa expuestos por la representante legal del hospital, hicieron un
estudio meramente formal, sin que se observe un análisis que, verdaderamente, tuviera
en cuenta las circunstancias fácticas al momento de resolver el incidente de desacato
propuesto.

47. En efecto, si bien, señalaron que, los argumentos de la incidentada relacionados con

el egreso del paciente no tenían vocación de prosperidad porque, de hecho, estos habían
sido expuestos en el trámite de la tutela y despachados negativamente, dicha respuesta
atiende a un análisis meramente excesivamente formal, que, no tuvo en consideración
realmente las circunstancias fácticas y jurídicas existentes, máxime cuando habían
transcurrido Cinco (5) meses después de la expedición de la orden de amparo
constitucional.

48. Al respecto, la Sala debe recordar que, para la configuración del desacato se requieren

dos elementos, a saber: (i) el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo,
esto es, a que se compruebe que la decisión no ha sido acatada; y (ii) el subjetivo, el
cual, en razón a la naturaleza disciplinaria de la sanción, exige comprobar negligencia
de la autoridad accionada frente a la orden de tutela.

49. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

135.- En esa misma oportunidad, la Corte también expuso que, al momento de resolver un
incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren
factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden
de tutela por parte de su destinatario.

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136.- Entre los factores objetivos pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de
la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la
complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del
órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional
directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento.

137.- Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como
(i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento. Vale
anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de
verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el
fallo de tutela.

50. Es claro, entonces, que, al resolver el desacato, a las autoridades judiciales les
correspondía analizar factores objetivos como la imposibilidad fáctica o jurídica del
cumplimiento, el contexto que rodeaba la ejecución y la capacidad y competencia
funcional del Hospital, pues, como bien lo expuso la representante legal de la institución
en su contestación, a ella le era materialmente imposible generar una remisión de un
paciente que ya no se encontraba internado en dicho centro médico.

51. Ahora bien, la Sala no desconoce que, dicha circunstancia fue debatida y desechada

en las sentencias de tutela; sin embargo, ello no implica que, al momento de imponer
una sanción, las autoridades judiciales puedan sustraerse de analizar si, transcurridos
Cinco (5) meses después de que se profiriera dicha orden, las circunstancias fácticas
permitían su cumplimiento en los términos estrictamente impuestos o si, por el contrario,
estas habían cambiado, máxime, tratándose de órdenes de prestación de servicios
médicos que requerían (i) la concurrencia de varias entidades e, incluso (ii) la gestión del
mismo paciente que, en todo caso, debía demostrar haber acudido ante dichas
autoridades con el fin de adelantar los trámites que ineludiblemente le correspondían,
como beneficiario del servicio de salud.

52. Sin embargo, en el escrito de desacato no se observa ningún relato fáctico que diera

cuenta de las circunstancias fácticas existentes para febrero de 2026, puesto que, este
se limitó a alegar el incumplimiento de la sentencia de tutela sin precisar cuál fue la
respuesta que le hubiere otorgado cada una de las autoridades objeto del fallo de tutela
al momento de gestionar el cumplimiento del fallo.

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53. En el contexto descrito, la Sala echa de menos un verdadero análisis en punto de la

conducta de la hoy accionante, lo que, conforme a la sentencia SU-034 de 2018 «[…]
cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del
destinatario de la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo 8», lo que «[…] conlleva

examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y
el resultado9– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la

responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción 10».

(Énfasis propio).

54. Tampoco se observa un análisis en torno a la proporcionalidad y razonabilidad de la

sanción impuesta, pues, como se indicó, al tratarse de una orden de prestación de
servicios médicos requeridos a raíz de un accidente de tránsito, que se impartió en
octubre de 2025 con el propósito que, al paciente se le remitiera a una institución que
tuviera la capacidad instalada para practicar un examen médico específico, no era
suficiente con confrontar la literalidad de la orden tutelar impuesta con la mera afirmación
del incumplimiento del fallo. Contrario sensu, en esa instancia procesal, era necesario
adelantar un análisis serio y riguroso que atendiera a los supuestos fácticos actuales y a
la conducta subjetiva de las partes en relación con el cumplimiento de la orden de tutela.

55. En el contexto descrito, la Sala encuentra que, como lo alega la parte accionante, las

autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico, por lo que, se
concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Doria Ledy
Rufeles Toro y como consecuencia de ello, se dejará sin efectos la providencia del Doce
(12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, únicamente, en relación con la sanción impuesta a la señora Doria Ledy

8
Tal ha sido la línea definida por la Corte de tiempo atrás: “Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la
persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento.” Sentencia
T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero
9
Sentencia T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
10
Sobre la responsabilidad subjetiva por parte del obligado en el trámite de incidente de desacato, la Corte ha fijado un precedente
pacífico: sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-458 de 2003,
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 de 2010, M.P.:
Luis Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-606
de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-527
de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva, T-399 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio,
T-325 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-280 de 2017, M.P.: José
Antonio Cepeda Amarís.
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Rufeles Toro y se le ordenará que, en el término de tres (3) días, dicte una decisión de
reemplazo, en la que analice nuevamente la sanción a ella impuesta, de conformidad
con los lineamientos a que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta sentencia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONCEDER EL AMPARO del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Doria Ledy Rufeles Toro en su condición de representante legal de la Corporación
Hospital Francisco Lopera Restrepo de Santa Rosa de Osos.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del Doce (12) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, únicamente, en
relación con la sanción impuesta a la señora Doria Ledy Rufeles Toro. En consecuencia,
ORDENAR al Tribunal que, en el término de tres (3) días, dicte una decisión de
reemplazo, en la que analice nuevamente la sanción impuesta a la señora Doria Ledy
Rufeles Toro, de conformidad con los lineamientos a que se ha hecho referencia en la
parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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