Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03407-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03407-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03407-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03407-00
Accionante: NARDA LISSED GARZÓN LEAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / incumplimiento del requisito
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la tutela porque el asunto carece de relevancia
constitucional. La parte accionante pretende reabrir una controversia de carácter
legal ya definida por el juez natural, lo que resulta ajeno a la naturaleza y finalidad
del amparo constitucional.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 4 de mayo de 2026, Narda Lissed Garzón Leal, presentó a través de apoderado
judicial, acción de tutela1 para la protección de sus derechos fundamentales a la
administración de justicia, la seguridad jurídica, derechos adquiridos, legalidad,
igualdad procesal, los cuales considera vulnerados por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado.
Hechos relevantes
3. La hoy accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para que se declarara la existencia de la relación
laboral encubierta mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre
2012 y 2017.
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda a través de sentencia del 2 de noviembre
de 2024.
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Accionante: Narda Lissed Garzón Leal
5. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado conoció del recurso de
apelación que interpuso la entidad demandada y, por sentencia del 18 de septiembre
de 2025, revocó la decisión, por considerar que la demanda estaba mal dirigida, pues
se presentó contra un acto administrativo que no era definitivo sino reiterativo de otro
anterior.
6. Con base en ese argumento formal, declaró la ineptitud de la demanda y se
abstuvo de estudiar el fondo del asunto.
7. Para la accionante, esta decisión constituye una vía de hecho porque desconoció
las pruebas, el análisis del tribunal y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
Pretensiones
8. Solicitó el amparo de los derechos vulnerados y que se ordene a la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado emitir un nuevo pronunciamiento,
teniendo en cuenta lo desarrollado en sede ordinaria, lo demostrado en el proceso y
teniendo en cuenta la validez del acto administrativo enjuiciado.
Fundamentos de la tutela
9. El escrito identifica, en primer lugar, un defecto procedimental absoluto,
consistente en que el Consejo de Estado omitió el estudio integral del caso.
Reprocha que la segunda instancia no analizó los argumentos ni los fundamentos de
la decisión del juez de primera instancia, limitándose a declarar la improcedencia de
la demanda por aspectos formales y abstenerse de realizar un pronunciamiento de
fondo bajo la figura de sustracción de materia.
10. En segundo lugar, se alega un defecto fáctico, derivado de la indebida
valoración probatoria. Según la tutela, el fallador desconoció las pruebas que
acreditaban la existencia de la relación laboral (testimonios y documentos), ignoró lo
ya demostrado en el proceso y prefirió una apreciación parcial que favoreció a la
entidad demandada. Esto habría llevado a una decisión sin sustento probatorio
suficiente.
11. Finalmente, señaló desconocimiento del precedente y la violación directa de
la Constitución, por apartarse de la jurisprudencia sobre la prevalencia del derecho
sustancial y la posibilidad de demandar actos administrativos reiterativos, así como
por afectar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la igualdad y la
legalidad. En conjunto, estos defectos configuran una supuesta vía de hecho judicial
que justifica la intervención del juez de tutela.
Trámite impartido
12. Por auto del 8 de mayo de 20262, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar como demandados a los magistrados que integran la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Accionante: Narda Lissed Garzón Leal
13. En la misma providencia se vinculó a la ministra de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al
haber intervenido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 25000-23-42-000-2019-00825-01.
Intervenciones
14. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales3 afirmó que la sentencia del
Consejo de Estado fue debidamente motivada, no incurrió en vía de hecho ni en
defectos como el fáctico o procedimental, y se basó en una interpretación jurídica
razonable.
15. Considera correcto que se haya concluido que el acto demandado no era
definitivo sino un oficio reiterativo, por lo que la demanda estaba indebidamente
dirigida. Además, indicó que no se desconoció ningún precedente ni se vulneraron
derechos como el acceso a la justicia o la seguridad jurídica.
16. Sostiene que la tutela es improcedente porque pretende reabrir un debate ya
resuelto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, utilizándola
como una tercera instancia para cuestionar la decisión judicial.
17. Solicitó declarar improcedente o negar el amparo solicitado y que se le
desvincule del proceso, al no ser responsable de la providencia cuestionada, la cual
fue emitida exclusivamente por el Consejo de Estado.
18. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible4 considera que la tutela
busca corregir una equivocación procesal atribuible a la propia parte demandante y
que, de llegar a analizarse de fondo el caso, debe aclararse que la verdadera entidad
responsable sería la ANLA, pues fue la que expidió los actos administrativos, y no el
Ministerio. Por ello, sugiere delimitar correctamente la parte pasiva dentro del
proceso constitucional.
19. El Consejo de Estado5, a través del consejero ponente, explicó que la decisión
impugnada se centró en determinar si la demandante había dirigido correctamente
la demanda contra el acto administrativo que resolvía de fondo su situación jurídica.
20. Según la providencia, se concluyó que la accionante no demandó el acto
definitivo, sino otro diferente que no generaba efectos jurídicos autónomos. Por ello,
se consideró que no había lugar a estudiar el fondo del asunto y se revocó la
sentencia de primera instancia, negando las pretensiones. Afirmó que este análisis
se realizó conforme a la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente, con base en
las pruebas del expediente.
21. Sostiene que la tutela es improcedente porque no se evidencia vulneración de
derechos fundamentales ni se cumplen las causales exigidas para atacar
providencias judiciales. Indicó que la accionante pretende reabrir el debate y
convertir la tutela en una instancia adicional, por lo que se solicitó declarar su
improcedencia o, en subsidio, negar el amparo.
3 Índices 12, 13 y 17 plataforma Samai.
4 Índice 15 plataforma Samai.
5 Índice 19 ibidem.
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Accionante: Narda Lissed Garzón Leal
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
23. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
24. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 18 de
septiembre de 2025 y si, por consiguiente, la Sección Segunda – Subsección A, del
Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales a la administración de
justicia, seguridad jurídica, derechos adquiridos, legalidad, igualdad procesal, al
haber revocado la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones.
Análisis de la Sala
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración jurisprudencial6
25. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
contra actos y decisiones judiciales cuando estos vulneran derechos fundamentales.
26. Inicialmente, desde la Sentencia C-543 de 1992, se admitió su uso solo frente a
“vías de hecho”, es decir, actuaciones arbitrarias de los jueces que implicaran una
grave afectación de derechos.
27. Posteriormente la Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció
que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad7 y procedencia8 con el fin de
determinar si se vulneraron o no derechos de orden superior.
6 Sentencia T-352 de 2025
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta
al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Accionante: Narda Lissed Garzón Leal
Requisitos generales de procedencia
28. Legitimación en la causa. La señora Narda Lissed Garzón Leal a través de
apoderado judicial debidamente constituido9, presentó acción de tutela como titular
de los derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 25000-23-42-000-2019-00825-
01, en el que se adoptó la decisión cuestionada, por lo que se encuentra legitimada.
29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado fue la autoridad judicial que
profirió la sentencia a la que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.
30. Inmediatez. Se cumple este requisito toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 18 de septiembre de 2025 y notificada el 31 de octubre de 2025,
quedando ejecutoriada el 10 de noviembre de 2025. La solicitud de amparo se
presentó el 4 de mayo de 2026, término que resulta razonable.
31. Tutela contra tutela. La sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito,
pues a través de la presente acción constitucional se cuestionan la decisión proferida
en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
el interior del proceso ordinario promovido por la actora en el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el cual se identificó con el radicado
No. 25000-23-42-000-2019-00825-01.
32. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales10. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
33. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no representen un interés
general”11.
34. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
escenario para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos
expuestos. Esta no puede tener por objeto alegar que los argumentos en los que se
sostienen las decisiones cuestionadas no son adecuados, que existen otros mejores,
o que incluso tienen defectos argumentativos. Lo que corresponde plantear es que
9 Índice 16 plataforma Samai.
10 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
11 Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.
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las decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos fundamentales
o implican una infracción evidente del debido proceso.
35. Este mecanismo de protección de derechos fundamentales tampoco es un
instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria
del fallo que se cuestiona.
Caso concreto
36. Los argumentos expuestos en la presente acción constitucional se dirigen
esencialmente a cuestionar la interpretación jurídica realizada en la sentencia del 18
de septiembre de 2025, en relación con la naturaleza del acto administrativo
demandado y la aptitud sustancial de la demanda.
37. Revisada la providencia cuestionada, se tiene que la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, planteó y resolvió el problema jurídico con
fundamento en los argumentos que expuso la ANLA en el recurso de apelación, con
los que censuró que la sentencia de primera instancia declarara la nulidad del oficio
2019018831-2-000 del 18 de febrero de 2019, cuando este no resolvió de fondo la
situación jurídica que motivó el proceso, y puso de presente que el acto
administrativo que negó la existencia de la relación laboral fue el Oficio 2018129490-
2-000 del 19 de septiembre de 2018, que no había sido demandado.
38. La autoridad judicial accionada valoró el material probatorio, comparó el acto
administrativo demandado con aquel que hizo referencia el escrito de apelación, y
estructuró su decisión de manera razonada con criterios jurisprudenciales propios de
la jurisdicción contencioso-administrativa sobre la individualización del acto
demandado.
39. Esto le permitió concluir lo siguiente:
“(…) el acto administrativo demandado (Oficio 2019018831-2-000 del 18 de
febrero de 2019) no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo de la
administración respecto a la petición planteada por la demandante.
60. En efecto, este último oficio se limitó a reiterar que la solicitud ya había sido
decidida mediante el Oficio 2018129490-2-000 de 18 de septiembre de 2018,
el cual sí constituye un pronunciamiento de fondo que creó una situación
jurídica concreta, negando la existencia de la relación laboral y las prestaciones
reclamadas.
61. En consecuencia, la señora Narda Garzón no dirigió su demanda contra el
acto que había resuelto su situación jurídica contenido en el Oficio
2018129490-2-000 de 18 de septiembre de 2018.”
40. Con lo anterior se descarta la configuración de los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente jurisprudencial alegados por la accionante, pues no
se advierte afectación real y directa de derechos fundamentales atribuible a la
decisión judicial atacada.
41. Por el contrario, lo que se advierte es la inconformidad de la accionante con la
decisión adoptada por el juez natural, lo que no habilita la intervención del juez
constitucional.
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42. El asunto carece de relevancia constitucional, en tanto el debate planteado gira
en torno a aspectos de técnica procesal y legalidad (correcta individualización del
acto administrativo), que, en todo caso, fueron debidamente resueltos por el juez
competente. Por consiguiente, no se acreditó la vulneración directa de derechos
fundamentales que habilite la intervención excepcional del juez de tutela.
43. Estudiar de fondo la tutela desnaturalizaría su carácter subsidiario y la convertiría
en una tercera instancia, lo que ha sido reiteradamente proscrito por la jurisprudencia
constitucional. Por tanto, se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Narda Lissed Garzón Leal.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
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