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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03411-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03411-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Yessid Antonio Vásquez Barrientos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03411-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03411-00
Accionante: Yessid Antonio Vásquez Barrientos
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial

Tema: Derecho fundamental debido proceso administrativo

Decisión: Declarar carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 interpuesta por el señor Yessid Antonio Vásquez Barrientos,
quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos
públicos e igualdad; así como a los principios de buena fe y confianza legítima,
con ocasión de presuntas irregularidades existentes dentro del concurso de
méritos correspondiente a la Convocatoria 27 para la provisión de cargos de
carrera judicial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Elseñor Yessid Antonio Vásquez Barrientos se inscribió en concurso de
méritos que dispuso la Convocatoria 27, realizada por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 “Por
medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.

3. Así las cosas, una vez aprobado y superado las etapas del aludido concurso
se integró la lista de elegibles para la provisión de cargos de juez municipal y/o
de ejecución de sentencias y/o de pequeñas causas, a través de la Resolución
PCSJSR26-052 6 de marzo de 2026.

1 Acción de tutela promovida el 4 de mayo de 2026.

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Accionante: Yessid Antonio Vásquez Barrientos

4. Manifestóque, el concurso se encuentra en la etapa de escogencia de
municipalidad y subespecialidad de los juzgados civiles municipales y
equivalentes a nivel nacional, razón por la que optó por los juzgados civiles
municipales de Medellín.

5. Sin embargo, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial publicó el 28
de abril de 2026 la «Relación de Aspirantes por Sede» con información inexacta,
pues lo ubicó en el municipio de Chaparral (Tolima), desconociendo la sede
efectivamente seleccionada, esto es, en Medellín (Antioquia).

6. Con ocasión de lo anterior, presentó una solicitud de corrección dentro del
término previsto para tal fin.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora sostuvo que la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos públicos e
igualdad, pues no resultaba factible dar continuidad a la siguiente etapa de la
convocatoria, sin que previamente se revisara, depurara y corrigiera
adecuadamente la relación de aspirantes por sede, garantizando además a los
aspirantes un escenario real y efectivo para la presentación de observaciones y
solicitudes de corrección.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
igualdad, acceso a cargos públicos y carrera administrativa.

2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial que revise, depure y corrija de manera integral y técnicamente
adecuada los yerros advertidos en la relación de aspirantes por sede para el
cargo de jueces civiles municipales y/o equivalentes, garantizando previamente
a los aspirantes un escenario efectivo de observaciones y solicitud de
correcciones, dejando constancia expresa de la sede efectivamente
seleccionada.

3. Ordenar que no se adelanten actuaciones o publicaciones posteriores del
concurso que se fundamenten en la relación de aspirantes por sede falsa y/o
inexacta, mientras subsistan las inconsistencias advertidas.

4. Disponer que la remisión de listas a los tribunales del país se realice
únicamente una vez la relación de aspirantes por sede haya sido debidamente
verificada, corregida, y controvertida, con pleno respeto del debido proceso
administrativo.

5. Finalmente, con base en el principio de legalidad, solicito que se ordene a la
entidad accionada indicar con certeza los términos previstos, así como el
fundamento legal de los mismos para garantizar el derecho de contradicción
frente a los yerros esbozados en las diferentes “relaciones de aspirantes por
sede”.» (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite procesal

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9. La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 5 de mayo
de 2026, en el que ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

10. Sin embargo, encontrándose el proceso de la referencia al despacho para
decidir la acción de tutela instaurada por el señor Yessid Antonio Vásquez
Barrientos, mediante auto del 14 de mayo de 2026 se ordenó vincular a quienes
conformaban la lista de elegibles correspondiente al concurso de méritos para
proveer el cargo de «juez civil municipal - juez de pequeñas causas y
competencia múltiple - juez civil municipal de ejecución de sentencias».

2.5. Intervenciones

11. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial informó que garantizó el derecho fundamental de petición del
accionante, puesto que se brindó respuesta de fondo, y efectuó la corrección de
la relación de aspirantes por sede informando al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, mediante los oficios CJO26-2207, CJO26-2208 y
CJO26-2209 del 8 de mayo de 2026, los cuales fueron notificados en debida
forma, razón por la que requirió que se declare la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que los motivos que sirvieron de justificación para
incoar la presente acción constitucional han desaparecido.

12. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

14. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a cargos públicos e igualdad por presuntas irregularidades en la
etapa de escogencia de municipalidad y subespecialidad de los juzgados civiles
municipales y equivalentes a nivel nacional.

3.3. Generalidades de la acción de tutela

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por

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la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

16. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

3.4. Del derecho fundamental al debido proceso administrativo

La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso administrativo es un
derecho fundamental que se traduce en una garantía para todas las personas de
que la administración estará sometida a los límites que este supone, de tal suerte
que comprende los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito administrativo, de
ceñirse a los principios que rigen la función pública. Al respecto, ha explicado:

«[…]
“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación
jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que
ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados
en la ley”. Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una
derivación del principio de legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida
por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como
también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de
adoptar una determinada decisión” (artículos 4º y 122 C. N.). De este modo, las
autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema normativo
y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas
conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir las
decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que deben
presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.

Ha subrayado la Corte Constitucional que la garantía del debido proceso en
asuntos administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en
el ordenamiento jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a
partir de los cuales sea factible deducir responsabilidades de orden disciplinario o
los atinentes al control y vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del
mismo modo en los trámites que las personas inician con el objeto de ejercer
sus derechos ante la administración o con el fin de cumplir con una
obligación y abarca el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la suerte de las
personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una ausencia de
decisión por dilación injustificada.”2 (negrillas fuera del texto) […].

3.5. Análisis de la presunta vulneración de derechos fundamentales

17. En el presente asunto, la parte actora sostiene que la entidad accionada
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a

2 Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2009, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.

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cargos públicos e igualdad por presuntas irregularidades en la etapa de
escogencia de municipalidad y subespecialidad de los juzgados civiles
municipales y equivalentes a nivel nacional.

18. Sobre el particular, se tiene que la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial publicó, el 28 de abril de 2026, la «Relación de Aspirantes por Sede», en
la que ubicó al señor Yessid Antonio Vásquez Barrientos en el municipio de
Chaparral (Tolima), a pesar de que había escogido su sede en la ciudad de
Medellín (Antioquia).

19. Con ocasión de lo anterior, presentó solicitud de corrección, la cual fue
resuelta favorablemente, a través de los oficios CJO26-2207, CJO26-2208 y
CJO26-2209 del 8 de mayo de 2026, al considerar que una vez verificado el
formato de opción de sede remitido por el accionante, evidenció que
efectivamente optó por los Juzgados Civiles Municipales de Medellín y por los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Medellín.

20. Asimismo, la Sala observa en la relación de aspirantes por sede en la página
de la Rama Judicial3, la siguiente información:

3
Página consultada en https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/223609333/JCM-RAS-
0426_5.pdf/9d548165-9c8e-d690-984f-f69648b1ffff?t=1778251902190

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21. De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por hecho
superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación
del derecho desaparece, situación en la cual, cualquier medida que adopte el
juez de tutela carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir
una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente,
o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.

22. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de
la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares
en los casos expresamente consagrados en la ley. Así las cosas, se tiene
que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es
que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el
caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la
autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o
vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta
de los mismos. No obstante, cuando la situación de hecho que causa la
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a
que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»45.

23. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no es posible
atribuirle a la autoridad accionada vulneración de los derechos fundamentales
invocados en protección, teniendo en cuenta que le resolvió la solicitud de
corrección de manera favorable el 8 de mayo de 2026 y la acción de tutela fue
promovida el 4 de mayo de la presente anualidad.

4
Información que reposa dentro del proceso con radicado 25000- 23-36-000- 2017-01392-00, en el índice
181 del aplicativo de SAMAI
5 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil

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24. Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho
generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún
vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las garantías constitucionales, de
acuerdo con la interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la
situación en concreto y su «posible superación».

25. En consecuencia, procede la Sala a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que cualquier decisión que esta Sala de Decisión dicte
resultaría inane, porque el Tribunal profirió la sentencia.

2. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la
acción de tutela instaurada por el señor Yessid Antonio Vásquez Barrientos, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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