República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03420-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03420-00 (5356)
Accionante: E.S.E. Salud Yopal
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
defecto fáctico.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la E.S.E. Salud Yopal contra el Tribunal
Administrativo del Casanare.
1. Síntesis del caso
La E.S.E. Salud Yopal, a través de apoderado, presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró
vulnerado con ocasión de la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 85001-33-33-001-
2020-00013-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
2. La señora Sandra Milena Güecha Sanabria, el 5 de agosto de 2019, solicitó a
la E.S.E. Salud Yopal el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
causadas por el periodo laborado desde el 3 de enero de 2006 hasta el 29 de
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03420-00, índice 2, certificado EEC832E19E83ADD1
E6E395F0283CAE46 CAEAD89ECBAA8D33 705D60E92029F7E6.
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octubre de 2017, al considerar que existió una relación laboral encubierta en el
desempeño de sus funciones como auxiliar administrativo.
3. La anterior petición fue negada por la entidad, mediante Oficio núm.
2019500030051 del 18 de septiembre de 2019, bajo el argumento de que no existió
un vínculo laboral subordinado.
4. La señora Sandra Milena Güecha Sanabria presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Salud
Yopal, con el fin de obtener la nulidad del referido oficio y, en consecuencia, que se
declarara la existencia de una relación laboral encubierta y se reconociera el pago
de las acreencias laborales, así como de las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social en Pensión.
5. El conocimiento de la demanda correspondió, bajo radicado núm. 2020-00013-
00, al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que, mediante sentencia del 21 de
agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones. En concreto, consideró
acreditados los tres elementos esenciales de la relación laboral: la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación, en tanto la demandante
trabajó bajo la dependencia de sus superiores inmediatos.
6. La E.S.E. Salud Yopal instauró recurso de apelación contra la anterior decisión
y el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del 12 de febrero de
2026, la confirmó en todas sus partes.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, pidió lo siguiente:
2. Dejar sin efectos las providencias del Tribunal Administrativo de Casanare.
3. Ordenar la emisión de nueva sentencia en la que:
◦ se valore la prueba de manera individual por proceso y demandante
◦ se verifique estrictamente el elemento de subordinación conforme a la SUJ 2021
◦ se excluyan inferencias automáticas y generalizaciones probatorias
◦ se determine expresamente la existencia o no de poder disciplinario efectivo2.
8. Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que el Tribunal Administrativo
del Casanare, en la sentencia del 12 de febrero de 2026, incurrió en defecto fáctico
al concluir que la prestación del servicio de la señora Sandra Milena Güecha
Sanabria se dio de forma subordinada.
9. Señaló que el juez de primera instancia, el 1 de febrero de 2023, celebró una
audiencia simultánea en la que recaudó los testimonios en los procesos con
radicados núms. 2020-00013-00, 2020-00015-00 y 2020-00016-00 de manera
conjunta, debido a que el asunto de estos era similar. Refirió que, a partir de las
2 Se transcribe incluso con errores.
2
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pruebas practicadas en dicha oportunidad, hizo un análisis generalizado e infirió
automáticamente la subordinación.
10. Afirmó que, según las declaraciones, la prestación del servicio debía ejecutarse
conforme a condiciones técnicas que imposibilitaban el desarrollo de las actividades
de forma remota, por tanto, el hecho de que las labores se prestaran
presencialmente y en cumplimiento de un horario establecido por la entidad
obedecía a la coordinación de tareas y no a una dependencia funcional.
11.Indicó que la autoridad judicial accionada erró al dar por probada la
subordinación con base en el cumplimiento de funciones misionales de la entidad,
pues de tal circunstancia se deriva es una organización para la atención de los
usuarios. Asimismo, la continuidad en la prestación del servicio se daba por una
«necesidad económica», por lo cual no es dable afirmar que ello tenía origen en la
dependencia jerárquica de la demandante.
12. Finalmente, explicó que, contrario a lo que concluyó el Tribunal, no se probó
que la E.S.E. Salud Yopal ejerciera un poder disciplinario sobre la señora Güecha
Sanabria, toda vez que el acatamiento de horarios, la prestación personal de
servicio, la concordancia entre las funciones adelantadas y el objeto misional de la
entidad no permitían establecer una verdadera relación jerárquica.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 7 de mayo de 20263, admitió la
demanda contra el Tribunal Administrativo del Casanare. Adicionalmente, vinculó
en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo de Yopal y a
la señora Sandra Milena Güecha Sanabria.
2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo del Casanare4 pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela, dado que no cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque se limita a cuestionar la valoración probatoria de la sentencia acusada y a
tratar de convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia para
reabrir un debate zanjado en el proceso ordinario. Adujo que la decisión cuestionada
analizó de forma razonable y adecuada los medios de pruebas obrantes en el
expediente.
15. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03420-00, índice 5.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03420-00, índice 15.
3
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presente solicitud de amparo interpuesta por la E.S.E. Salud Yopal contra el Tribunal
Administrativo del Casanare.
3.2. Legitimación en la causa
17. La legitimación en la causa por activa de la E.S.E. Salud Yopal está acreditada,
porque actuó como demandante en el proceso en el que fue expedida la providencia
que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
18. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Casanare, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de tutela.
3.3. Cuestión preliminar
19. La Sala considera pertinente aclarar que la solicitud de amparo, en principio,
está dirigida a cuestionar las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo
del Casanare dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
identificados con los radicados núm. 85001-33-33-001-2020-00013-01, 85001-33-
33-001-2020-00015-01 y 85001-33-33-001-2020-00016-01 e incluso, se admitió el
presente trámite contra la totalidad de expedientes mencionados.
20. No obstante, de la revisión del escrito de tutela, se advierte que la parte actora
solo expuso argumentos contra la sentencia proferida en el proceso con radicado
núm. 85001-33-33-001-2020-00013-01, en el que figura como demandante la
señora Sandra Milena Güecha Sanabria.
21. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 12 de febrero de 2026 en el expediente núm.
85001-33-33-001-2020-00013-01, toda vez que es la decisión frente a la cual se
dirigen los reparos de tutela.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional6.
23.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
4
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iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
25. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
26. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional9 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
27. Así pues, la Corte Constitucional10 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
28. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró una indebida valoración probatoria que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
29. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
30. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Casanare, fue notificada el 16 de febrero siguiente11 y la demanda
de tutela se presentó en esta corporación el 4 de mayo del mismo año 12, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 13 y del
Consejo de Estado14 como razonable.
31. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
32. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
33. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
34. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la parte actora al proferir la sentencia del 12 de
febrero de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda instaurada en su contra?
11 Samai, exp. núm. 85001-33-33-001-2020-00013-01, índice 14.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03420-00, índice 3.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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35. En concreto, deberá establecer si ¿la providencia objeto de tutela incurrió en
defecto fáctico al dar por probado el elemento de subordinación y, con ello, la
existencia de una relación laboral encubierta?
36.Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; y ii) el
caso concreto.
3.5.1. El defecto fáctico
37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»15. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»16 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»17. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»18.
39. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso19.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial20, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
15 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-289 de 2019.
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concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»21.
41. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]22.
3.6. Caso concreto
42. En el caso bajo estudio, la E.S.E. Salud Yopal pretende que se deje sin efectos
la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del
Casanare dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 85001-33-33-001-2020-00013-01.
43. A juicio de la actora, la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico al
concluir que se acreditó el elemento de la subordinación. Sostuvo que la autoridad
judicial accionada realizó una «falsa generalización» de los testimonios recaudados
en la audiencia concentrada que tuvo lugar el 1 de febrero de 2023.
44. Adujo que, a partir de las pruebas practicadas, no era posible predicar la
subordinación, dado que la obligatoriedad de prestar del servicio en las
instalaciones de la E.S.E. Salud Yopal y el cumplimiento de horarios establecidos
por la entidad no acreditaban la dependencia funcional de la señora Güecha
Sanabria.
45. Añadió que el Tribunal erró al encontrar probada la subordinación por el
cumplimiento de funciones misionales de la entidad y la continuidad en la prestación
del servicio, pues dichas circunstancias solo permitían establecer una coordinación
entre la entidad y la contratista para garantizar la atención de los usuarios del
sistema de salud.
21 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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46. Por último, aseveró que la autoridad judicial accionada ignoró la ausencia de
poder disciplinario ejercido por la E.S.E. Salud Yopal sobre la señora Güecha
Sanabria, lo cual constituye un elemento determinante de la subordinación en una
relación jerárquica.
47. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Casanare efectuó un
análisis de los medios probatorios recaudados en el proceso y, conforme a los
criterios definidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
SUJ-025-CE-S2-202123, realizó un estudio con el fin de determinar la existencia de
una relación laboral encubierta entre la señora Güecha Sanabria y la E.S.E. Salud
Yopal.
48. Pues bien, la autoridad judicial accionada revisó los contratos que la señora
Güecha Sanabria celebró con la E.S.E. Salud Yopal y encontró que sus objetos eran
«casi idénticos» y que las actividades desarrolladas por la demandante entre 2006
y 2017 correspondían al objeto misional de la entidad.
49. Por otro lado, observó las declaraciones rendidas por las señoras Luz Nery
Pesca García y María Eugenia Gutiérrez Pérez, quienes afirmaron que las labores
asignadas a la señora Güecha Sanabria no podían desempeñarse en un lugar
distinto de las instalaciones de la entidad, debido a que dependían de un software
institucional. Asimismo, indicaron que esta seguía un horario fijado por los directivos
de la E.S.E. Salud Yopal, el cual era monitoreado y que, en caso de incumplirlo,
recibía llamados de atención.
50. Del mismo modo, refirieron que la señora Güecha Sanabria recibía órdenes del
líder del área de facturación y que debía solicitarle permiso en caso de que quisiera
ausentarse del servicio. Expusieron que la demandante tenía la obligación de
continuar con el ejercicio de sus labores aun después del vencimiento del contrato,
dado que no podía suspenderse la atención a los usuarios.
51. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que se acreditaron órdenes
concretas y el ejercicio efectivo de un poder subordinante sobre la demandante. Al
respecto, consideró lo siguiente:
Estas circunstancias evidencian un poder jurídico permanente de dirección y control,
materializado en la imposición de horarios, lugares de trabajo, actividades
específicas, asistencia obligatoria a capacitaciones y jornadas institucionales,
régimen de permisos, llamados de atención y exigencia de descargos, lo cual excede
con claridad la simple coordinación propia de un contrato de prestación de servicios.
[…]
Así las cosas, se configura el elemento subordinación si se tiene en cuenta que las
actividades desempeñadas por la accionante no fueron desarrolladas de manera
autónoma, sino que estaban condicionadas por las determinaciones que al respecto
adoptaban sus superiores. Sumado a ello, como lo señalaron las declarantes, la
demandante debía pedir permiso para ausentarse de sus labores lo cual desvirtúa la
independencia alegada por la entidad demandada y con ello su argumento de
apelación, por lo que se confirmará la sentencia apelada24.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016), M.P., Juan Enrique Bedoya Escobar.
24 Se transcribe incluso con errores.
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52. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 12 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, no incurrió en defecto
fáctico, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia, que
accedió a las pretensiones de la demanda, estuvo soportada en un estudio
razonable de los elementos probatorios aportados al trámite judicial.
53. En efecto, se destaca que la autoridad judicial accionada analizó en conjunto
los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, así como las
declaraciones de las señoras Pesca García y Gutiérrez Pérez, para concluir que
efectivamente existió una relación laboral encubierta entre la demandante y la
E.S.E. Salud Yopal, comoquiera que se probó la subordinación de la cual era objeto
la señora Güecha Sanabria.
54. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables”.
En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de buena fe
y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que le
resulte convincente»25.
55. En consecuencia, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
4. Conclusión
56. La providencia del 12 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo
del Casanare, no vulneró el derecho fundamental invocado por la parte actora, por
cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por el defecto fáctico y que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo invocada por la entidad accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la E.S.E.
Salud Yopal en contra del Tribunal Administrativo del Casanare, conforme a la parte
considerativa de esta decisión.
25 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03420-00 (5356)
Accionante: E.S.E. Salud Yopal
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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