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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03421-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03421-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1.Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso. 2.En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3.Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4.Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03421-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03421-00
Demandantes: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03421-00
Demandante: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Carencia de objeto – hecho superado

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por los señores
Astrid Natalia Rivera Piedra, Dylan Joseph Quipo Rivera, Denny Melisa Rivera Piedra
y Virginia Piedra contra el Tribunal Administrativo de Boyacá de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de mayo de 2026, los señores Astrid Natalia Rivera Piedra, Dylan Joseph Quipo
Rivera, Denny Melisa Rivera Piedra y Virginia Piedra, a través de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, consagrados en la Constitución Política de Colombia y en
Tratados Internacionales ratificados por el gobierno nacional, en razón a que están sido
VULNERADOS por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá a mis prohijados.

SEGUNDA: Se ORDENE al Tribunal accionado que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, profiera el auto de “Obedézcase a lo resuelto por el superior” dentro del proceso de
la referencia.

TERCERA: Se ORDENE al Tribunal Administrativo de Boyacá que, de forma simultánea o
inmediatamente posterior, se expida y remita al correo electrónico cazaqui17@hotmail.com
la primera copia con mérito ejecutivo y constancia de ejecutoria de la sentencia para los
fines de cobro ante el Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional

CUARTA: Se ORDENE al Tribunal accionado que en cumplimiento a lo dispuesto por el
superior, liquide las costas que se hubieren causado en Primera y segunda instancia
incluyendo las agencias en derecho en favor de la parte actora.(…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Astrid Natalia Rivera Piedra y José Obeimar Quipo Muñoz, en nombre
propio y en representación de su menor hijo Dylan Joseph Quipo Rivera, y Denny
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03421-00
Demandantes: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros

Melisa Rivera Piedra, Virginia Piedra, Nohora Alba Rivera Piedra, María Virginia
Rivera Piedra, María Adelaida Rivera Piedra, Nadia Fernanda Rivera Piedra, María
Juana Rivera Piedra, Miguel Andrés Rivera Piedra, radicaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra el Ejército Nacional con la finalidad
de que les fueran reconocidos los perjuicios ocasionados por la muerte violenta y
prematura del señor Marlon Neptalí Yugue Rivera mientras prestaba el servicio militar
obligatorio.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá1 que en sentencia del 13 de julio de 2023 accedió a las
súplicas de la demanda y, en consecuencia, declaró patrimonialmente responsable a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de la muerte del señor Marlon
Neptalí Yugue Rivera el 14 de abril de 2018, por haber incurrido en falla del servicio
durante el tiempo de incorporación del soldado para prestar el servicio militar
obligatorio, en consecuencia ordenó el reconocimiento de perjuicios morales y negó
las demás pretensiones de la demanda.

Dicha providencia fue apelada por el Ejército Nacional al considerar que operó el
hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 28 de abril
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que se comprobó que
el fallecimiento del joven Marlon Neptalí Yugue Rivera ocurrió mientras prestaba el
servicio militar obligatorio y no se acreditó la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho
de la víctima como causante exonerativa de responsabilidad.

La providencia fue notificada el 4 de junio de 2025.

La parte actora indicó que mediante oficio núm. DEV-2025-0905-MAAO de 4 de junio
de 2025 fue devuelto el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, al correo
electrónico sectradmboy@cendoj.ramajudicia.gov.co y conforme a lo registrado en el
aplicativo SAMAI el proceso ingresó al despacho el 1.º de julio de 2025 para proferir
auto de obedézcase y cúmplase.

No obstante, señaló que a la fecha de interposición de la acción de tutela de la
referencia no se ha proferido la referida providencia, necesaria para que cobre firmeza
la decisión, pese a que en memoriales del 9 de febrero y 20 de abril de 2026 se ha
solicitado impulso procesal y expedición de copias, sin que dichas solicitudes hayan
sido resueltas, razón por la que considera que la autoridad judicial demandada ha
incurrido en mora judicial.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor aseguró que, a la fecha de la interposición de la presente acción de tutela no
se ha dado continuidad al trámite solicitado en el proceso de reparación directa con
radicado 15001-23-33-000-2020-02367-00/01 pese a que ha transcurrido casi un año
desde que ingresó al despacho para proferir la providencia de obedézcase y
cúmplase.

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Radicado número 150012333000-2020-02367-00.
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Demandantes: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros

Debido a lo anterior, la parte actora considera que la autoridad judicial demandada
incurrió en mora judicial injustificada, lo que aduce, causa la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues ha transcurrido un plazo mucho más que
razonable para que se pronuncie sobre el asunto sometido a su consideración, al
efecto citó como desconocidas las sentencias T-230 de 2013, T-030 de 2005, T-183
de 2024, T-318 de 2024 y T-069 de 2026 en las cuales se explica que la configuración
de la mora judicial injustificada vulnera los derechos fundamentales cuando existe un
incumplimiento de los términos legales sin una justificación razonable por parte del
funcionario.

4. Trámite previo

En auto del 26 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante; al Tribunal Administrativo de Boyacá, en
calidad de demandado; y, en condición de terceros con interés, a la Nación – Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, a los señores José Obeimar Quipo Muñoz, Nohora Alba
Rivera Piedra, María Virginia Rivera Piedra, María Adelaida Rivera Piedra, Nadia
Fernanda Rivera Piedra, María Juana Rivera Piedra y Miguel Andrés Rivera Piedra y
al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a quienes remitió copia de la
demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Boyacá indicó que en el caso objeto de estudio existe
carencia actual de objeto por hecho superado dado que mediante providencia del 1.º
de junio de 2026, se obedeció y cumplió lo resuelto por el superior, se fijaron las
agencias en derecho de segunda instancia y se ordenó que por Secretaría se
practicara la liquidación de costas y se expidieran las copias solicitadas por el
apoderado de la parte actora.
De otra parte, informó que fueron expedidas las respectivas copias el 2 de junio de
2026, de lo cual se adjuntó el soporte.
Conforme a lo anterior, precisó que se superaron las circunstancias que la parte
accionante invocó como causas de la presunta vulneración de derechos
fundamentales y, en consecuencia, se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
No obstante, explicó que la alta carga laboral asignada al Despacho ha incidido en la
proyección y emisión de las providencias de sustanciación pendientes dentro de los
procesos ordinarios. Con todo, se ha mantenido el orden de evacuación de los
procesos de acuerdo con la fecha de ingreso del expediente al despacho para la
correspondiente actuación.
En consecuencia, precisó que en el caso objeto de estudio no existe actuación
arbitraria, dilatoria o irregular atribuible al Despacho, sino que las actuaciones
judiciales han sido surtidas conforme al turno procesal y a la carga judicial existente,
respetando el orden de ingreso de los expedientes.
Sin perjuicio de lo anterior, expuso que ha implementado planes de acción con el
equipo de trabajo a efectos de enfrentar la alta carga; incluso desde la Presidencia del
Tribunal se solicitó la creación de un nuevo despacho de magistrado y de empleados
que apoyen las labores.

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Demandantes: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros

6. Intervención de los terceros con interés

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, los señores José Obeimar
Quipo Muñoz, Nohora Alba Rivera Piedra, María Virginia Rivera Piedra, María
Adelaida Rivera Piedra, Nadia Fernanda Rivera Piedra, María Juana Rivera
Piedra, Miguel Andrés Rivera Piedra y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B no se pronunciaron frente a los hechos de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante, con ocasión de la presunta mora en el trámite de reparación directa
15001-23-33-000-2020-02367-00, pues asegura que no se ha proferido providencia
de obedézcase y cúmplase, pese a la radicación de escritos de impulso procesal.

La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que de acuerdo con lo probado en el trámite con ocasión de la interposición de la
presente solicitud de amparo fueron atendidos los requerimientos del demandante,
dado que a la fecha ya fue proferida la providencia de obedézcase y cúmplase y
expedidas las copias de la sentencia.

Para llegar a la conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la
carencia actual de objeto y, (iii) análisis del caso en concreto.

(i) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en

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Demandantes: Astrid Natalia Rivera Piedra y otros

las siguientes circunstancias: el daño consumado2, el hecho superado3, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente4.

(ii) Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción los señores Astrid Natalia Rivera Piedra,
Dylan Joseph Quipo Rivera, Denny Melisa Rivera Piedra y Virginia Piedra alegan que
la autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial, con fundamento en lo cual,
reclaman la protección de los derechos fundamentales invocados.

Solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá, que: i) proceda a proferir
el auto de «obedézcase a lo resuelto por el superior» dentro del proceso de reparación
directa, ii) se expida y remita al correo electrónico cazaqui17@hotmail.com la primera
copia con mérito ejecutivo y constancia de ejecutoria de la sentencia para los fines de
cobro ante el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y iii) se liquiden las
costas que se hubieren causado en primera y segunda instancia incluidas las agencias
en derecho en favor de la parte actora.

Lo anterior con fundamento en que, desde el 1.º de julio de 2025 el expediente se
encuentra a despacho para que se profiera la referida providencia y, a su juicio, fue
superado el término razonable para pronunciarse al respecto, en la medida en que
han transcurrido 10 meses desde que ingresó al despacho; además, radicó dos
solicitudes de impulso procesal y copias en febrero y abril las cuales a la interposición
de la acción de tutela no habían sido atendidas.

A efecto de determinar si existió o no mora judicial, la Sala considera pertinente
analizar si se cumplen los siguientes criterios: i) el juez u órgano judicial excede
desproporcionadamente los términos que tenía para dictar una decisión; ii) la mora
desborda el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto y, iii) no existe
motivación para justificar la demora en la que se está incurriendo.

En orden a lo anterior, de la consulta del proceso de reparación directa con radicado
15001-23-33-000-2020-02367-00/01 en el aplicativo SAMAI, la Sala advierte, como
relevantes, las siguientes actuaciones surtidas por el Tribunal Administrativo de
Boyacá:

i) La sentencia de segunda instancia fue proferida por el Consejo de Estado
Sección Tercera, Subsección B el 28 de abril de 2025.

2
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
3
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
4
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.

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ii) El 4 de junio de 2025 fue notificada la decisión anterior.
iii) El 4 de junio de 2025 fue remitido el expediente al Tribunal Administrativo de
Boyacá.
iv) El 1.º de julio de 2025 el expediente ingresó al despacho.
v) El 9 de febrero de 2026 fue radicada la solicitud de copias e impulso procesal
en cuanto a la liquidación de costas y el auto de obedézcase y cúmplase.
vi) El 20 de abril de 2026 la demandante reiteró la solicitud anterior.
vii) El 1.º de junio de 2026 se profirió auto de obedézcase y cúmplase
viii) La referida providencia se notificó el 2 de junio de 2026.
ix) El 2 de junio de 2026 se remitió la primera copia de la sentencia al correo de la
parte demandante.
x) El 23 de junio de 2026 fue realizada la liquidación de costas.
xi) El 26 de junio de 2026 el expediente ingresó al despacho para la aprobación de
la liquidación de costas.

De acuerdo con la información relacionada en precedencia y de conformidad con la
respuesta de la autoridad judicial demandada, en el caso concreto, la Sala encuentra
que a la fecha el Tribunal Administrativo de Boyacá el 1.º de junio de 2026 profirió el
auto de obedézcase y cúmplase, el 2 de junio de 2026 remitió la primera copia de la
sentencia a la parte demandante y el 23 de junio realizó la liquidación de costas tal
como consta en la siguiente captura de pantalla:

Además, la referida providencia fue notificada a las partes el pasado 2 de junio de
2026 mediante correo electrónico, por tal razón es claro que la pretensión de la acción
de tutela fue satisfecha y en esa medida existe carencia actual de objeto por hecho
superado.

En lo que aquí interesa, hay que decir que el hecho superado exige que la pretensión
de tutela se satisfaga sin que medie orden judicial tal como sucede en el caso objeto
de estudio pues con ocasión de la solicitud de amparo las autoridades judiciales
demandadas atendieron y tramitaron lo solicitado por la actora.

En esa medida, en el presente caso, la Sala declarará carencia actual de objeto por
hecho superado, ya que la situación que generó la presunta vulneración del derecho
fundamental de la parte demandante ya fue corregida por la autoridad judicial
demandada, pues como se vio ya fue proferida la providencia de obedézcase y
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cúmplase remitida la primera copia de la sentencia a la parte demandante y realizada
la liquidación de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1.Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso.
2.En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3.Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4.Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara el voto

Ausente con permiso (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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