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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03427-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03427-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, únicamente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03427-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03427-01
Demandante: JORGE ANDRÉS LÓPEZ CHAMORRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la sentencia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con
el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 16 de julio de 20261, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida contra la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 5 de mayo de 20262, el señor Jorge Andrés López Chamorro, por medio de
apoderado judicial3, interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias de: (i) segunda instancia del 18 de marzo
de 20254 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó
la providencia del 12 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 76001-33-33-015-2019-00162-01, promovido contra la Nación – la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, y (ii) la providencia del 5 de marzo

1
Notificado el 23 de julio de 2026.
2
Demanda en línea No. 24031.
3
Reconocido como apoderado de la parte accionante en el auto que admite la demanda del 12 de
mayo de 2026, índice 5 del aplicativo Samai.
4
Notificada el 21 de marzo de 2025, índice 19 del aplicativo Samai del radicado 7600133-33-015-
2019-00162-01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Andrés López Chamorro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

de 20265 que declaró infundado el recurso el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia del 18 de marzo de 2025.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

Por las anteriores consideraciones solicito que se AMPAREN los DERECHOS
FUNDAMENTALES vulnerados a el señor JORGE ANDRES LOPEZ CHAMORRO,
como son los del DEBIDO PROCESO establecido en el Art. 29 de la Carta Política,
consecuencialmente se deje sin ningún efecto jurídico la sentencia de segunda
instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA-
SALA DE ORALIDAD de fecha Marzo 18 de 2025, dentro del Radicado 7600133-33-
015-2019-00162-01, MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, cuya
Magistrada Ponente fue la Dra. PATRICIA DEL PILAR FEUILLETH PALOMARES y
la SECCION TERCERA del CONSEJO DE ESTADO, por medio del cual se resuelve
el RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, a
través de la providencia de fecha Marzo 05 de 2026, dentro del radicado 11001-03-
26-0002025-00142-00 ( 73.609) cuyo Consejero Ponente fue el Dr. FERNANDO
ALEXEI PARDO FLOREZ y se ORDENE a las mencionadas autoridades judiciales
accionadas, dictar las providencias correspondientes, teniendo en cuenta la
sentencia de unificación de fecha Agosto 28 de 2014, proferida por la SECCIÓN
TERCERA del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. HERNAN ANDRADE
RINCON, dentro del radicado N. 68001-23-31-000-2002-025-48-01 (36.149), en la
cual se establece que a pesar que la medida de aseguramiento de detención
preventiva, se profiera con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad,
por el hecho de no haberse condenado, precluida la investigación a favor del
procesado, se configura daño antijuridico, que debe ser objeto de indemnización, en
virtud de la privación injusta de la libertad, al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de
1996 o Estatutaria de la Justicia vigente al momento de los hechos que dieron lugar
a la detención injusta del señor JORGE ANDRES LOPEZ CHAMORRO6.

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo presentada por el accionante y del expediente se extraen
los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia.

El señor Jorge Andrés López Chamorro se desempeñó como patrullero de la Policía
Nacional de Colombia. El 13 de mayo de 2016, en el municipio de Palmira, Valle
del Cauca, participó en un operativo policial junto con los patrulleros Ubeimar
Andrés Ramírez Herrera y Luber Fabián Velasco Fajardo, integrantes de la patrulla
motorizada 21-3 del CAI del barrio Las Flores.

Contó que en dicha diligencia capturaron en flagrancia al ciudadano Jesús Heladio
Giraldo Cano, quien conducía una motocicleta y portaba un arma de fuego calibre
nueve milímetros. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad
competente.

Indicó que según el dictamen pericial, el arma incautada resultó inhabilitada para
disparar, pues se constató la destrucción de la aguja percutora, presuntamente
realizada por los patrulleros Ramírez Herrera y Velasco Fajardo, con el fin de

5
Notificado el 16 de marzo de 2026, índice 18 del aplicativo Samai del radicado 11001-03-26-000-
2025-00142-00.
6
Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2
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Demandante: Jorge Andrés López Chamorro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

impedir su utilización como prueba en el proceso penal adelantado contra el
capturado.

Posteriormente, el actor fue capturado el 12 de octubre de 2016 por los delitos de
cohecho propio en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o
destrucción de elementos materiales probatorios, presuntamente por haber recibido
dinero con el fin de dañar la aguja percutora del arma incautada antes de la
experticia correspondiente. La investigación penal se radicó bajo el número 76001-
60-08778-2016-00015-00 y estuvo a cargo de la Fiscalía 162 Seccional de Cali.

Indicó que fue trasladado al establecimiento carcelario y penitenciario de Yotoco,
Valle del Cauca, donde permaneció privado de la libertad hasta el 23 de junio de
2017. No obstante, la Fiscalía Seccional 142 de Palmira, en audiencia celebrada el
22 de junio de 2017 ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Judicial de Palmira,
solicitó la preclusión de la investigación a su favor, con fundamento en la causal
sexta del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal7. El despacho judicial,
mediante auto No.165 de la misma fecha, decretó la preclusión, ordenó el
levantamiento de las medidas de aseguramiento y dispuso la libertad inmediata del
señor López Chamorro.

Como consecuencia de lo anterior, el actor y su núcleo familiar8 en junio de 2019
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de
que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por el
error judicial y la privación injusta de su libertad.

Lo anterior, al considerar que permaneció privado de la libertad durante 8 meses y
5 días injustamente por un delito que no cometió.

Surtidas las etapas del trámite dentro del proceso de reparación directa con
radicado 76001-33-33-015-2019-00162-00, el 12 de diciembre de 2023, el Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali profirió sentencia de primera
instancia, mediante la cual negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa y declaró probada las excepciones de inexistencia de nexo
causal y de daño antijurídico formuladas por las entidades demandadas.

Concluyó que no se configuró error jurisdiccional ni detención arbitraria, dado que
la medida de aseguramiento impuesta se sustentó en elementos materiales

7
ARTÍCULO 332. CAUSALES. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:
1. <Numeral modificado por el artículo 10 de la Ley 2477 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:>
Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal debido, entre otras razones, a la
configuración de cualquiera de las causales que la extinguen.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código.
PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 10 de la Ley 2477 de 2025. El nuevo texto es
el siguiente:> Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público,
el procesado o su defensor, también podrían solicitar al juez de conocimiento la preclusión.
8
Paola Cristina Olaya Cupitre, Jaime López, Elizabeth Chamorro Becerra, Dayan Mauricio
López Chamorro y Jhon Jairo Medina Chamorro.

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Demandante: Jorge Andrés López Chamorro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

probatorios sólidos, entre ellos informes de campo e interceptaciones telefónicas,
que justificaban razonablemente la restricción de la libertad.

Asimismo, precisó que la preclusión posterior de la investigación penal no generaba
responsabilidad estatal ni convertía la detención en injusta. Finalmente, determinó
que los hechos se originaron en la conducta ilícita y en la aceptación de cargos por
parte de los compañeros de patrulla, lo que fracturó el nexo de causalidad atribuible
a la administración de justicia.

Manifestó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y que la Sala
de Oralidad del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del
18 de marzo de 20259, confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda de
reparación directa y condenó en costas de segunda instancia a la parte
demandante.

El ad quem fundamentó su decisión en que la privación de la libertad de accionante
no constituyó un daño antijurídico, toda vez que la medida de aseguramiento
decretada cumplió con los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

El tribunal explicó que, en la etapa inicial del proceso penal existían
interceptaciones telefónicas y elementos materiales probatorios que permitían
inferir razonablemente la participación del ex patrullero en los delitos de cohecho
propio y alteración de elemento material probatorio. Por lo tanto, concluyó que la
posterior preclusión de la investigación, originada en la aceptación de
responsabilidad exclusiva por parte de otros uniformados, no convertía
retroactivamente en arbitraria o injustificada una medida restrictiva adoptada
legítimamente bajo el contexto probatorio inicial.

Contra la anterior decisión interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia en el que se estableció como sentencia de unificación vulnerada la
proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, dentro del proceso radicado
bajo el número 52001-23-31-000-1996-07459-01 (24354), en el cual fungió como
demandante el señor Luis Carlos Orozco Osorio y como demandada la Fiscalía
General de la Nación. El asunto fue asignado a la Sección Tercera del Consejo de
Estado, bajo el radicado 11001-03-26-000-25-00142-00 (73.609), y admitido
mediante auto de 27 de noviembre de 2025.

Dicho recurso fue resuelto mediante providencia del 5 de marzo de 2026 10, en la
cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y condenó en costas a los
recurrentes, fijando agencias en derecho por un salario mínimo legal mensual
vigente.

La sala determinó que dicha regla no constituía el criterio vigente al momento de la
decisión, dado que la jurisprudencia había evolucionado a partir de la sentencia del

9
La sentencia se notificó a través de correo electrónico el 21 de marzo de 2025.
«La providencia registró salvamento de voto de la magistrada Angélica María Hernández, quien
consideró que debió accederse a las pretensiones de la demanda debido a que la medida de
aseguramiento estuvo insuficientemente fundamentada».
10
Notificado el 16 de marzo de 2026.

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15 de agosto de 2018 y pronunciamientos posteriores, en los cuales se estableció
que el carácter injusto de la detención debía analizarse bajo los principios de
legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento.

En consecuencia, concluyó que el Tribunal del Valle del Cauca no vulneró la
jurisprudencia unificada, sino que aplicó correctamente la regla vigente al estudiar
la antijuridicidad del daño y descartar la responsabilidad estatal.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora alegó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por
la configuración de un defecto sustantivo originado en el desconocimiento del
precedente judicial.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrieron en tal irregularidad al apartarse sin justificación de
la jurisprudencia de unificación emanada de la jurisdicción contencioso
administrativa. En concreto en la omisión de la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 (Rad. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón), en la cual se
estableció que la responsabilidad patrimonial del Estado por detención preventiva
se rige por un régimen objetivo sustentado en el artículo 90 de la Constitución y en
la Ley 270 de 1996.

Dicho régimen prevé la existencia de un daño antijurídico indemnizable siempre
que la persona privada de la libertad no resulte condenada, incluso en los
supuestos de preclusión por persistencia de la presunción de inocencia, sin que
tenga relevancia la observancia de los parámetros de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad y legalidad en la adopción de la medida cautelar.

Asimismo, el fundamento de la acción de tutela se apoyó en las subreglas fijadas
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-113 de 2018, relativas a la fuerza
vinculante del precedente vertical. Alegó que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron los principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica al
incumplir las cargas de transparencia y suficiencia exigidas para apartarse de una
regla de unificación. Indicó que omitieron razones válidas que justificaran el cambio
jurisprudencial y aplicaron un criterio que negó la reparación solicitada.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

El despacho mediante de auto del 12 de mayo de 2026, admitió la tutela y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Sección Tercera del
Consejo de Estado en calidad de demandadas.

Igualmente, dispuso notificar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Nación, Fiscalía General de la Nación [entidades que
actuaron como demandadas en el proceso de reparación directa]; a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, vinculadas al
proceso; al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali [autoridad
que dictó sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa 76001-
33-33-015-2019-00162-00/01]; a los señores Paola Cristina Olaya Cupitre, Dayan

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Mauricio López Chamorro, Jhon Jairo Medina Chamorro, Jaime López y Elizabeth
Chamorro Becerra que actuaron en calidad de demandantes en el proceso de
reparación directa y en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés que participaron
en el proceso de reparación directa y en el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Sección Tercera del Consejo de Estado

Mediante informe allegado el 15 de mayo de 202611, el magistrado ponente de la
providencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, aclaró que
el criterio jurisprudencial de 2013 no constituía la postura vigente de esta
corporación cuando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió el fallo de
segunda instancia y mucho menos cuando profirió su providencia.

Explicó que, en armonía con la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional,
la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó su doctrina mediante la
providencia del 15 de agosto de 2018, en la cual se reconoció la autonomía judicial
bajo el principio iura novit curia para determinar el título de imputación aplicable
según las particularidades del caso concreto.

Destacó que las reglas vigentes, reiteradas tras la sentencia SU-363 de 202112 y
providencias de 201913 y 202014, condicionaron la valoración de la privación de la
libertad al examen de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad de la
medida de aseguramiento. Concluyó que el accionante pretende utilizar la acción
de tutela como una instancia adicional no prevista en la ley para reabrir un debate
ya resuelto en la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la cual afirmó
que la providencia cuestionada no adoleció de arbitrariedad ni irracionalidad y
propugnó por la desestimación del amparo solicitado.

1.5.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Por medio de escrito remitido el 15 de mayo de 202615, la entidad vinculada indicó
que la sentencia del 18 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y la providencia del 5 de marzo de 2026 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado resultan conformes al ordenamiento jurídico.

11
Índice 13 del aplicativo Samai.
12
Sentencia de unificación dictada por la Corte Constitucional el 22 de octubre de 2021, expediente
T-7.785.966.
13
Sentencia de tutela proferida el 15 de noviembre de 2019 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz.
14
Sentencia del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado
expediente 46497 / 46947, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, emitida en cumplimiento y
reemplazo de lo ordenado en el fallo de tutela de 2019.
15
Índice 16 del aplicativo Samai.

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Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

Señaló que los fallos fueron producto de un ejercicio hermenéutico fundado en la
autonomía e independencia judicial reconocidas por los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política y por la Ley 270 de 1996.

Precisó que la acción de tutela carece de los requisitos generales y específicos de
procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional, y que el actor pretende
indebidamente utilizarla como una tercera instancia para reabrir un debate procesal
ya concluido.

Argumentó que el demandante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
en los términos del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, pues no demostró un daño
grave ni inminente.

Explicó que la privación preventiva de la libertad derivó de una medida cautelar
dictada legalmente por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Cali, ajustada a los
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Indicó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejerce funciones
estrictamente administrativas, sin competencia jurisdiccional. Finalmente, solicitó la
declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de dicha dirección y la desestimación de la acción de amparo.

1.5.3. Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali

Mediante comunicación enviada el 15 de mayo de 202616, la titular del juzgado rindió
informe en el que alegó la ejecución estricta de las órdenes impartidas por la
corporación y anexó el archivo correspondiente al expediente solicitado.

1.5.4. Procuraduría General de la Nación

El procurador delegado expuso que la acción de tutela cuestionó las decisiones
judiciales proferidas el 18 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el 5 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

Tras verificar las actuaciones registradas en el medio de control de reparación
directa y en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, constató la
ausencia de intervención procesal previa por parte del Ministerio Público.

Con fundamento en dicha omisión y en la falta de interés directo en la litis, solicitó
la desvinculación de la Procuraduría General de la Nación del trámite de la acción
de tutela, sustentando su pretensión en la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la pretensión principal objeto del amparo.

1.5.5. Fiscalía General de la Nación

La entidad vinculada afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva
dentro del trámite de amparo. Argumentó que las atribuciones constitucionales y
legales de la entidad se circunscriben al ejercicio de la acción penal y a la

16
Índice 17 del aplicativo Samai.

7
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Demandante: Jorge Andrés López Chamorro
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investigación de conductas punibles, conforme a los artículos 249 y 250 de la
Constitución Política y al artículo 66 de la Ley 906 de 2004.

Sostuvo que no existe relación de causalidad entre una acción u omisión imputable
a la fiscalía y las vulneraciones alegadas por los tutelantes. Asimismo, precisó que
la legitimación de la causa por pasiva implicaba la aptitud legal de la autoridad
llamada a responder por la afectación de las garantías fundamentales, cualidad de
la cual carece la institución frente a los cuestionamientos dirigidos contra
providencias judiciales dictadas en el trámite ordinario.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción y la desvinculación
formal del proceso constitucional.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción constitucional impetrada por no cumplir con
los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

Frente a la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 18 de
marzo de 2025 y ejecutoriada el 27 de marzo de 2025, concluyó que el amparo fue
radicado el 5 de mayo de 2026, es decir, 1 año, 1 mes y 8 días después, superando
el límite jurisprudencial de seis meses.

En relación con el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 5 de marzo
de 2026, determinó que la acción carecía de relevancia constitucional, dado que
los cargos presentados fueron incongruentes y pretendieron convertir la tutela en
una instancia adicional. Además, el actor no acreditó un error ostensible que
justificara la intervención frente a una providencia de órgano de cierre.

Finalmente, negó la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación
y la Procuraduría General de la Nación al precisar que su participación se dio en
calidad de terceros con interés.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito presentado el 29 de julio de 2026, el tutelante impugnó el fallo
del 16 de julio de 202617 en los siguientes términos:

«En mi calidad de apoderado de la parte accionante dentro del asunto de la
referencia, IMPUGNO dentro del término de Ley la Sentencia de Tutela de fecha 16
de Julio de 2026 de primera instancia».

1.8. Trámite en segunda instancia

El 21 de agosto de 202618, el magistrado ponente de esta decisión manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia al invocar las causales previstas
en los numerales 1° y 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal19. Sin

17
Notificada el 23 de julio de 2026.
18
Índice 4 del aplicativo Samai.
19
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

8
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Demandante: Jorge Andrés López Chamorro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

embargo, mediante auto del 28 de agosto de 202620, la magistrada Gloria María
Gómez Montoya lo declaró infundado al no encontrar demostrados los supuestos
para su configuración.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Jorge Andrés López Chamorro,contra las providencia dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el 16 de julio de 2026, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201521, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si las decisiones
dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneraron el derecho fundamental invocado por la parte actora
con ocasión de las sentencias proferidas el 18 de marzo de 2025 dentro del proceso
de reparación directa con radicado 76001-33-33-015-2019-00162-00/01 y el 5 de
marzo de 2026 en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
identificado con el radicado 11001-03-26-000-2025-00142-00 (73.609).

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias

(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
(…)
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.
20
Índice 9 de Samai.
21
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de inmediatez conviene señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u
omisión a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por
lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer
una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz22.

En criterio de la sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el
cual se calcula desde la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que
da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida
por esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.23

Frente a este punto y, pese a lo señalado en primera instancia, la sala advierte que
sí se encuentra acreditado el requisito de inmediatez. En este caso, dado que el
accionante acudió primero al mecanismo procesal disponible para la defensa de sus
derechos fundamentales y plantear el presunto desconocimiento del precedente
vinculante a su caso, no es posible desconocer dicha actuación para efectos de
determinar si la acción de tutela se presentó de manera oportuna o no.

Por lo mismo, este presupuesto se debe contabilizar desde la ejecutoria de la
decisión adoptada en dicho recurso por ser la que puso fin a la controversia
planteada por el accionante, relacionada con la falta de aplicación de la decisión de
unificación sobre la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la
libertad.

Así, comoquiera que la providencia fue dictada el 5 de marzo de 2026 y la solicitud
de amparo se radicó el 5 de mayo siguiente, es evidente que su presentación se
realizó dentro del término razonable de 6 meses previsto jurisprudencialmente por
esta corporación, lo que permite concluir que en este caso se supera el requisito de
inmediatez.

2.4.2. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de

22
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
23
Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.

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amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el presente asunto, el tutelante cuestionó: (i) las sentencias de segunda instancia
del 18 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que confirmó la providencia del 12 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de reparación directa y (ii) la providencia del
5 de marzo de 2026 que declaró infundado el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia del 18 de marzo de 2025.

Las autoridades judiciales adoptaron dicha determinación al considerar que la regla
de unificación del 17 de octubre de 2013, invocada por los recurrentes, había sido
superada por la línea jurisprudencial vigente, según la cual, el título de imputación
no se encontraba predeterminado de manera previa sino que y exigía evaluar en
cada caso la antijuridicidad del daño a través del análisis de legalidad, razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad de la medida preventiva impuesta.

A juicio del demandante, las decisiones adoptadas por las accionadas vulneraron
su derecho fundamental al debido proceso alegando la configuración de un defecto
sustantivo derivado del desconocimiento del precedente judicial al omitir la
aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 [radicado. 36149],
en la cual se consolidó que la responsabilidad patrimonial del Estado por detención
preventiva se rige por un régimen objetivo, conforme al artículo 90 de la Constitución
Política y la Ley 270 de 1996. Para el actor se configura el daño antijurídico cuando
la persona privada de la libertad no resulta condenada, incluso en casos de
preclusión, sin que tenga relevancia la legalidad o proporcionalidad de la medida
cautelar.

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Frente al particular, se observa que el tribunal al momento de resolver el mentado
recurso indicó:

« 71. En primer lugar, el recurso de apelación defiende la premisa de que se debe
aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, porque a Jorge Andrés López
Chamorro se le precluyó la investigación por no haber cometido las conductas
punibles. Para ello, invoca las sentencias SU-072 de 2018, de la Corte Constitucional,
y del 26 de noviembre de 2015, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

72. En ese sentido, conviene hacer dos precisiones. La primera, que la sentencia del
26 de noviembre de 2015 fue expedida antes de que la Corte Constitucional y la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificaran la jurisprudencia sobre la
privación injusta de la libertad (lo que ocurrió en agosto de 2018) y, por ende, no
puede ser tenida como precedente judicial vinculante. La segunda, que las
consideraciones efectuadas en la SU-072 de 2018 no pretendían definir el título de
imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional) aplicable a los
casos de privación injusta de la libertad, sino que hizo énfasis en la necesidad de que
se analizara la antijuridicidad del daño y, por ello, en la necesidad de examinar si la
restricción de la libertad era arbitraria, irrazonable y/o desproporcionada. Ahora, lo
que sí dijo la Corte Constitucional en esa sentencia es que era válido asumir la
existencia del daño antijurídico cuando la preclusión o absolución se daba porque el
hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque en esos casos era
evidente que la restricción de la libertad resultaba irrazonable y desproporcionada.
Sin embargo, ello no procede en este caso, pues la preclusión de Jorge Andrés López
Chamorro no se dio porque el hecho no haya existido ni porque la conducta hubiese
sido objetivamente atípica (recuérdese que los otros dos policías asumieron la
responsabilidad penal)».

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado se refirió frente a las
sentencias invocadas así:

« 20. Encuentra la Sala que, a pesar de que la providencia invocada por la
demandante era una sentencia de unificación, pues fue proferida por el pleno de la
Sección Tercera, por importancia jurídica y con los fines referidos, no es el criterio
actual, ni lo era cuando el Tribunal profirió la sentencia recurrida.

21. En efecto, en línea con la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional,
el Pleno de la Sección en la sentencia del 15 de agosto de 2018 varió su postura
respecto de la providencia de 201324, para indicar que “el funcionario judicial, en
preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia,
puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que
considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma
razonada los fundamentos que le sirven de base para ello”25.

22. Ahora, vale señalar que, aunque aquella providencia quedó sin efectos por una
orden impartida en una acción de tutela26, la cual fue cumplida el 6 de agosto de
202021, estas últimas providencias reiteran lo dicho por esta Corporación, en el
sentido de que el carácter injusto de la privación de la libertad se debe analizar a
partir de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad de la
medida de aseguramiento27»

24
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp.
23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2018, exp.
46947, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-00169-01, M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Esta providencia fue revisada por
la Corte Constitucional mediante sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021
27
En la misma dirección de las sentencias C-037 de 1996, C-469 de 2016 y SU-072 de 2018 de la
Corte Constitucional.

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En tal sentido se avizora que, prima facie, las autoridades judiciales ya se
pronunciaron sobre lo alegado por la parte actora, esto es la inaplicación de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014
[radicado. 36149] y de 17 de octubre de 201328.

Por otro lado, si en gracia de discusión el actor consideraba que en su caso debía
aplicarse la postura demarcada en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014 [radicado 36149], así debió alegarlo en el proceso ordinario, o incluso, en el
extraordinario de unificación, pero no lo hizo. Por lo que, como este planteamiento
no fue presentado ante el juez de lo contencioso administrativo en la instancia
procesal idónea para su discusión, pretender introducirlo ahora en sede de tutela
implica desconocer el requisito de subsidiariedad, pues la acción constitucional no
está destinada a suplir la carga procesal incumplida en el trámite ordinario. Así,
cuando el solicitante omite exponer oportunamente sus explicaciones o subsanar
deficiencias dentro del proceso ordinario, no puede luego pretender corregir tales
omisiones a través del amparo constitucional, máxime si no acredita una vulneración
manifiesta de derechos fundamentales, como ocurre en este caso.

Así las cosas la sala percibe que lo planteado bajo el defecto de desconocimiento
del precedente corresponde, en realidad, es a una discrepancia frente a lo decidido
en el trámite anterior, pues se observa que la pretensión del actor se dirige a
configurar un defecto con fundamento en una sentencia de unificación cuya
aplicación no fue solicitada en el recurso extraordinario, razón por la cual no integró
el objeto del examen realizado en la providencia cuestionada.

En tal medida, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a colación los
argumentos ya expuestos dentro del proceso ordinario, sino que es un medio
excepcionalísimo a través del cual se revalúan las decisiones que recaen en la
arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad judicial.

Por lo anterior, esta sección concluye que no se acreditaron los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el
requisito de relevancia constitucional, pues resulta evidente que la acción de tutela
y los defectos invocados por la parte accionante reflejan únicamente una
inconformidad con lo decidido por los jueces naturales.

De conformidad con lo expuesto esta sala de decisión confirmará la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia pero
únicamente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el
accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que
su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en la providencia
objeto de reproche.

28
Sección Tercera, Sala Plena del Consejo de Estado; C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Radicación N°
52001-23-31-000-1996-07459-01 (23354); Actor: Luis Carlos Orozco Osorio contra la Fiscalía
General de la Nación.

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Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03427-01

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela,
únicamente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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