Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03435-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03435-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03435-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03435-01
Accionante: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma parcial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de junio de
2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 12 de mayo de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 10 de julio de 2026 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, por medio de apoderado
judicial, instauró acción de tutela3 en contra del Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Tercera de Decisión, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, así como el «principio de seguridad jurídica».
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión. A su vez
ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del departamento
de Caldas, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y la E.S.E. Hospital Felipe
Suárez de Salamina (Caldas). Encontrándose el expediente al despacho para proferir sentencia
de segunda instancia, advirtió la necesidad de vincular a tercero con interés, en ese sentido,
mediante auto del 31 de julio de 2026 ordenó la vinculación del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Manizales.
3 El 24 de julio de 2026.
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2. La vulneración de sus garantías constitucionales se las adjudica a la
sentencia del 13 de febrero de 2026, mediante la cual el tribunal accionado
revocó el fallo de primera instancia del 7 de octubre de 2025 proferido por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales que accedió a las
pretensiones y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Ello,
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 17001-33-39-006-2023-00230-00/02/03.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO
PROCESO, SEGURIDAD JURIDÍCA y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA de mi representada, actualmente vulnerados por la decisión del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CE CALDAS, proferida dentro del Proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el radicado 17001-3339-
006- 2023-00230-00.
Como consecuencia de la anterior declaración, se concedan las siguientes
pretensiones en salvaguarda de los derechos fundamentales de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas:
SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 020 proferida el 13 de
febrero de 2026 dentro del expediente radicado 17001-3339-006-2023-00230- 00.
por el Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones y el Departamento de Caldas, sin
aplicación del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, en atención
a la naturaleza tributaria o parafiscal de las cuotas partes pensionales.4
1.2. Hechos
4. El 6 de julio de 20235, la Dirección Territorial de Salud de Caldas presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones (en adelante Colpensiones), el departamento de Caldas y la E.S.E.
Hospital Felipe Suárez de Salamina (en adelante la E.S.E.).
5. Mediante ese medio de control, la entidad pretendió que se anularan, de
manera parcial, las Resoluciones SUB 125537 de 10 de junio de 2020 y SUB
DPE 16851 de 22 de diciembre del mismo año, mediante las cuales Colpensiones
le reconoció una pensión de vejez al señor Julio Enrique Arroyave Marín,
específicamente respecto de la cuota parte pensional que se le atribuyó6 con
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Aunque el accionante en la demanda señala que «presentó demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho el primero de febrero de 2023».
6 Equivalente al 13.03% de la mesada, que corresponde a 1.328 días laborados.
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ocasión del tiempo7 que el señor Arroyave Marín laboró para la E.S.E. Hospital
Felipe Suárez de Salamina. En consecuencia, pidió que se declarara que no era
la entidad competente para sufragar dicha cuota parte, se le ordenara a
Colpensiones redistribuirla entre el departamento de Caldas y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y, se le reintegrara el dinero pagado por dicho
concepto.
6. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, que, mediante decisión
del 7 de octubre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Al respecto,
sostuvo que Colpensiones asignó indebidamente la cuota parte pensional a la
Dirección Territorial de Salud de Caldas con base en una certificación (CETIL8) y
en «un trámite de consulta irregulares», lo que vulneró el debido proceso y
configuró la falsa e indebida motivación. Además, determinó que, conforme al
régimen del pasivo prestacional del sector salud y al contrato de concurrencia
083 de 2001, el señor Arroyave Marín no era beneficiario del fondo, por lo que la
carga correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 1979 a 8 de mayo de
1983 debía recaer en la E.S.E. y no en la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
7. Inconformes con lo resuelto en primera instancia, Colpensiones y la E.S.E.
Hospital Felipe Suárez de Salamina, interpusieron recurso de apelación. En
resumen, Colpensiones indicó que el a quo desconoció que la entidad actuó
conforme al marco normativo que regula las cuotas partes, y aplicó las reglas de
concurrencia y proporcionalidad según el tiempo laborado por el afiliado.
8. Por su parte, la E.S.E. señaló que el juzgado desconoció el régimen legal
y jurisprudencial del pasivo prestacional del sector salud causado a 31 de
diciembre de 1993, al no atribuir la responsabilidad al departamento de Caldas.
Alegó que la no inclusión del trabajador como beneficiario del Fondo del Pasivo
Prestacional no extingue la obligación estatal de concurrir, pues la identificación
y reporte de beneficiarios era una carga compartida entre la entidad territorial y
los hospitales.
9. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Tercera de Decisión, el cual mediante providencia del 13 de febrero de 2026
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio
la excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad, con fundamento en el parágrafo del artículo 92 de la
Ley 2220 de 20229. Lo anterior, por cuanto la demanda se presentó en vigencia
de la referida ley —el 6 de julio de 2023—, ambas partes eran entidades públicas
7 Del 1 de septiembre de 1979 al 8 de marzo de 1983.
8 Certificado de Información Laboral – Cetil No. 202002890801026000290002 del 25 febrero de
2020, expedido por la institución hospitalaria.
9 Artículo 92. Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. […]
Parágrafo. La conciliación será requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas partes
sean entidades públicas.
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y se formularon pretensiones de contenido patrimonial, precisiones a partir de las
cuales consideró necesario el requisito previo.
1.3. Sustento de la vulneración
10. La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas, al
proferir la providencia cuestionada, incurrió en los defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
11. En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que desconoció el marco legal
que regula la conciliación extrajudicial, pues, pese a que «reconoció la naturaleza
parafiscal de las cuotas partes pensionales», concluyó que el asunto era de
carácter laboral y no tributario. Sostuvo que, conforme a los artículos 90 de la Ley
2220 de 2022 y 161 del CPACA, los asuntos tributarios no son conciliables y, en
todo caso, el requisito era facultativo por tratarse de una entidad pública y
haberse solicitado una medida cautelar de carácter patrimonial. Agregó que la
providencia incurrió en un error de subsunción normativa al aplicar la
consecuencia jurídica prevista para la falta de agotamiento de la conciliación sin
que se configurara su supuesto fáctico y jurídico.
12. Respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
señaló que el tribunal declaró de oficio la falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial únicamente en la sentencia de segunda instancia, pese a que la
demanda había sido admitida, el proceso había surtido todas sus etapas y se
había proferido una decisión favorable a la entidad. Adujo que, al tratarse de un
requisito subsanable, la decisión la privó de la oportunidad de corregir la supuesta
falencia y de ejercer su derecho de contradicción, además de sacrificar el derecho
sustancial en favor de una exigencia formal que, a su juicio, no resultaba
aplicable.
13. Afirmó que se configuró el desconocimiento del precedente, en tanto la
autoridad judicial accionada se apartó de las sentencias C-040 de 1993 y C-711
de 2001 de la Corte Constitucional, según las cuales las contribuciones
parafiscales son una especie del género tributario. Asimismo, alegó el
desconocimiento del precedente horizontal, pues el mismo tribunal habría
resuelto de fondo «otros procesos10» con fecha «anterior y posterior» relativos a
cuotas partes pensionales sin exigir el agotamiento de la conciliación prejudicial.
Finalmente, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado11
10 Sentencias de segunda instancia de los procesos 17001-33-33-002-2021-00004-02, 17001-
3339-006-2022-00001-03, 170013339-008-2021-00127-03, 170013339-004-2021-00035-03,
17001-3333-004-2021-00126-02, 17001-3333-002-2022-00310-03, 17001-3333-002-2022-
00208-02, 17001-33-33-002-2020-00159-02 y 17001-3333-005-2020-00242-02 proferidas por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
11 Sentencia de 10 de septiembre de 2009. Exp. 73001-23-31- 000-2008-00504-01(AC). M.P.
Marco Antonio Velilla Moreno.
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sobre «la procedencia del fallo de mérito cuando el proceso ha surtido
íntegramente todas sus etapas», según la cual el juez debe actuar con especial
cuidado al declarar excepciones de procedibilidad en materia pensional y de
seguridad social, por tratarse de derechos que en su mayoría son irrenunciables
e imprescriptibles, y que el rechazo de la demanda por este motivo implica una
especial responsabilidad en la actividad judicial.
14. Por último, alegó una violación directa de la Constitución, por cuanto
desatendió sus garantías a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al darle un trato diferente frente a otros procesos sobre
cuotas partes pensionales en los que sí se ha decidido de fondo, se creó una
etapa adicional y obligatoria —la conciliación—, la cual es facultativa para las
entidades públicas e improcedente para asuntos de naturaleza parafiscal, con lo
cual se impuso una carga prohibida por la ley.
15. Adicionalmente, sostuvo que pasó por alto los principios de eficacia,
economía y prevalencia del derecho sustancial, puesto que, aunque podría
presentar nuevamente la demanda, esto implica un desgaste a la administración
de justicia, además de que «sacrifica una sentencia de mérito correcta» que ya
había resuelto de fondo el conflicto, con base en un requisito formal inaplicable e
incumplible.
1.4. Intervenciones
16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó falta de legitimación
en la causa por pasiva, al no haber participado en la expedición de la decisión
cuestionada ni tener facultad para modificarla. Asimismo, calificó como
improcedente el mecanismo constitucional, en tanto carecía de relevancia
constitucional, al ser usada como una instancia adicional.
17. El departamento de Caldas señaló que la providencia cuestionada no
vulneró derecho fundamental alguno, pues se fundamentó en la aplicación de las
normas procesales vigentes, que como la demanda ordinaria había sido
presentada el «1 de febrero de 2023», resultaba aplicable la Ley 2220 de 2022,
cuyo artículo 92 establecía la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad cuando ambas partes eran entidades públicas.
18. El Tribunal Administrativo de Caldas indicó que la decisión cuestionada
se sustentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la obligatoriedad
de agotar la conciliación extrajudicial cuando ambas partes son entidades
públicas12 y la facultad del juez de verificar dicho requisito toda vez que su
12 Sentencia de 20 de noviembre de 2025, expediente 17001-23-33-000-2025-00157-01 (2783-
2015).
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ausencia imposibilita el acceso a la administración de justicia 13. Precisó que los
procesos invocados como precedentes fueron promovidos antes de la entrada en
vigencia de la Ley 2220 de 2022, esto es, con anterioridad al 30 de diciembre de
2022.
19. Colpensiones adujo que la acción de tutela no podía ser usada como una
instancia adicional, que en el presente asunto la discusión ya había sido resuelta
y permitir un nuevo pronunciamiento contravenía la autonomía e independencia
de los jueces, por lo que consideró configurada la cosa juzgada y solicitó declarar
improcedente el amparo.
1.5. Sentencia de primera instancia
20. Mediante proveído del 16 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
21. Precisó que la controversia planteada se circunscribía a la interpretación y
aplicación del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, asunto que fue resuelto de
«forma razonable por el juez natural». En ese sentido, indicó que, como la
demanda fue presentada el 6 de julio de 2023, resultaba aplicable la norma
referida, la cual establece la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad cuando ambas partes son entidades públicas. Adicionó que la
demanda contenía pretensiones de contenido patrimonial y conciliables, por lo
que consideró razonable el rechazo de la demanda.
22. En cuanto al desconocimiento del precedente horizontal, «que sustentaba
también el defecto por violación directa de la constitución», precisó que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria, pues no acreditó que el
caso bajo estudio tuviera elementos fácticos y sustantivos similares a «los casos
en los que se adoptaron decisiones previas por parte del tribunal, relativas a no
exigir ese requisito de procedibilidad». Puntualizó que, aquellas demandas
correspondían a procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley
2220 de 2022.
1.6. Impugnación
23. La parte actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, para
que, en su lugar, se amparen sus derechos y se acceda a las pretensiones.
24. Al respecto, indicó que la acción constitucional no planteaba una simple
discrepancia interpretativa, sino una vulneración de derechos fundamentales
derivada de los defectos alegados en la demanda. Precisó que su inconformidad
13 Sentencias de 5 de junio de 2025, expediente 18001-23-40-000-2016-00087-01 (2891-2019),
y de 14 de julio de 2025, expediente 47001-23-33-000-2020-00578-01 (71447).
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se centraba en que el tribunal exigiera un requisito de procedibilidad inaplicable
al caso en concreto, lo cual le negó el acceso a una decisión de fondo.
25. Adujo que se vulneró el derecho a la igualdad, en tanto el mismo tribunal
resolvió de fondo «en múltiples ocasiones y sin exigir conciliación prejudicial,
procesos de idéntica naturaleza: mismas partes, mismo objeto litigioso, mismo
fundamento normativo» y aquí lo hizo sin ofrecer motivación alguna del cambio
de criterio, razón por la cual, se debía realizar el estudio de la acción
constitucional14.
26. Finalmente, reiteró que la decisión objeto de reproche reconoció la
naturaleza de contribución parafiscal de las cuotas partes pensionales, pero
convalidó la exigencia de la conciliación, ignorando que estas son una especie
del tributo y, por tanto, que estaban comprendidas en la prohibición del artículo
90, numeral 1, de la Ley 2220 de 2022, que excluía de conciliación los conflictos
tributarios. En consecuencia, solicitó que se estudiara de fondo la tutela, se
ampararan los derechos invocados y se fijara un criterio unificado que «garantice
que casos iguales reciban el mismo tratamiento ante la administración de
justicia».
II. CONSIDERACIONES
27. La Sala confirmará parcialmente la decisión del 16 de junio de 2026,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional respecto de algunos
cargos, y negará el amparo frente a otro, como se expondrá más adelante.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
28. El Consejo de Estado15 y la Corte Constitucional16, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
14 Sentencias de segunda instancia de los procesos 17001-33-33-002-2021-00004-02, 17001-
3339-006-2022-00001-03, 170013339-008-2021-00127-03, 170013339-004-2021-00035-03,
17001-3333-004-2021-00126-02, 17001-3333-002-2022-00310-03, 17001-3333-002-2022-
00208-02, 17001-33-33-002-2020-00159-02 y 17001-3333-005-2020-00242-02 proferidas por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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cumplimiento de ciertos requisitos generales17 y a la configuración de algún
defecto especial18 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la
sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.
29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
30. En el presente caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no
cumple con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial, como pasa a explicarse.
31. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
32. La sala advierte que la Dirección Territorial de Salud de Caldas está
legitimada en la causa por activa, por ser quien promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se adoptó la sentencia de
segunda instancia que se cuestiona por esta vía.
33. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Tercera de Decisión se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión objeto de estudio en el presente trámite
constitucional.
34. Ahora bien, como fue expuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público solicitó su desvinculación del presente trámite, tras afirmar que no está
legitimado en la causa por pasiva; sin embargo, el a quo no resolvió tal solicitud.
35. En consecuencia, la Sala negará esa petición en atención a que su
vinculación al trámite se ordenó en calidad de tercero, por el interés que le puede
17 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
18 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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asistir en caso de que se adopte alguna determinación relacionada con la
providencia judicial objeto de reproche.
36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional19, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
37. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
del 13 de febrero de 2026, mediante la cual el tribunal accionado revocó el fallo
de primera instancia del 7 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales que accedió a las pretensiones y, en su
lugar, declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
38. En ese sentido, la parte actora insiste en que el tribunal accionado incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por cuanto
consideró que la controversia relativa a la redistribución de una cuota parte
pensional entre entidades públicas estaba sometida al requisito de conciliación
extrajudicial previsto en el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 y, en consecuencia,
declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de dicho
presupuesto procesal.
39. En concreto, sostuvo que la autoridad judicial accionada interpretó
equivocadamente el régimen jurídico aplicable, pues las cuotas partes
pensionales tendrían naturaleza parafiscal y, por ende, estarían comprendidas
dentro de los asuntos tributarios excluidos de conciliación. Asimismo, alegó que
la conciliación resultaba facultativa por tratarse de una entidad pública y por
haberse solicitado medidas cautelares de contenido patrimonial.
40. Igualmente, cuestionó que el tribunal hubiera declarado la falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial únicamente al proferir la sentencia de
segunda instancia, pese a que la demanda había sido admitida, el litigio se había
tramitado integralmente y existía una decisión favorable de primera instancia.
41. Adicionalmente, sostuvo que la providencia desconoció el precedente
19 Sentencia SU-215 de 2022.
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vertical de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionado con la
naturaleza parafiscal de las cuotas partes pensionales y con la necesidad de
privilegiar decisiones de fondo frente a exigencias meramente formales. También
alegó la configuración de un desconocimiento del precedente horizontal, pues,
según afirmó, el mismo Tribunal Administrativo de Caldas resolvió procesos
similares sin exigir el agotamiento de la conciliación prejudicial.
42. Al respecto, la Sala advierte que tal como lo consideró el a quo, la
controversia propuesta carece de relevancia constitucional. Eso es así frente a
los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente vertical y violación directa de la Constitución, ya
que los argumentos desarrollados en la solicitud de amparo se dirigen,
esencialmente, a cuestionar la interpretación jurídica efectuada por el tribunal
accionado respecto del alcance de los artículos 90 y 92 de la Ley 2220 de 2022,
así como de las normas que regulan la conciliación extrajudicial en asuntos
contencioso administrativos.
43. En efecto, del examen de la providencia cuestionada se observa que la
autoridad judicial accionada estudió expresamente los aspectos que ahora son
presentados como fundamento de la acción de tutela.
44. Así, analizó la fecha de presentación de la demanda, verificó que esta fue
instaurada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, examinó la naturaleza de las
partes involucradas en la controversia y concluyó que se trataba de un litigio entre
entidades públicas con pretensiones de contenido patrimonial, supuesto frente al
cual el parágrafo del artículo 92 de dicha normativa imponía el agotamiento de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
45. Del mismo modo, explicó las razones por las cuales consideró inaplicable
el artículo 613 del Código General del Proceso y concluyó que la controversia no
versaba sobre el reconocimiento de un derecho pensional cierto e indiscutible,
sino sobre la distribución de la carga económica derivada de una cuota parte
pensional, circunstancia que, en su criterio, hacía procedente la conciliación.
46. En ese contexto, la Sala encuentra que los reproches formulados por la
accionante no evidencian, prima facie, una problemática autónoma de naturaleza
constitucional, sino una discrepancia frente a las conclusiones jurídicas
alcanzadas por el juez natural acerca del régimen de procedibilidad aplicable al
medio de control promovido.
47. Nótese que la parte actora insiste en que las cuotas partes pensionales
tienen naturaleza parafiscal, que los asuntos asociados a ellas deben
considerarse excluidos de conciliación y que la ley no imponía el requisito exigido
por el tribunal. Sin embargo, tales planteamientos se orientan a obtener una
interpretación distinta de las disposiciones legales analizadas por la autoridad
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judicial accionada y no a demostrar una actuación arbitraria o una restricción
manifiestamente irrazonable de los derechos fundamentales invocados.
48. Lo mismo ocurre respecto del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, aunque la accionante sostiene que la exigencia de la conciliación
extrajudicial fue declarada tardíamente y le impidió subsanar la supuesta falencia
advertida, lo cierto es que su inconformidad se dirige a cuestionar la conclusión
jurídica alcanzada por el tribunal respecto de las consecuencias derivadas del
incumplimiento del requisito de procedibilidad, asunto que fue objeto de análisis
expreso en la providencia censurada.
49. De otra parte, tampoco se advierte la relevancia constitucional frente al
alegado desconocimiento del precedente vertical, si bien la accionante invocó
providencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sus argumentos
se limitaron a afirmar que tales decisiones respaldaban una conclusión jurídica
diferente a la adoptada por la autoridad accionada, sin explicar la similitud fáctica
y jurídica entre esos asuntos y el caso objeto de controversia, ni justificar por qué
las reglas allí contenidas eran aplicables al caso en concreto.
50. Así las cosas, la Sala precisa que la controversia propuesta no gira en
torno a la protección inmediata de garantías fundamentales, sino a establecer
cuál es la interpretación correcta de las disposiciones legales que regulan la
conciliación prejudicial, la naturaleza de las cuotas partes pensionales y las
consecuencias procesales derivadas de la falta de agotamiento de dicho
requisito.
51. Por tanto, admitir el estudio de fondo de tales cuestionamientos implicaría
convertir la acción de tutela en una instancia adicional para revisar el acierto de
las conclusiones jurídicas adoptadas por el juez ordinario, lo cual desborda el
ámbito de competencia del juez constitucional, que está restringido a la
protección de derechos fundamentales y no a la resolución de controversias de
naturaleza legal o al estudio de meras inconformidades con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales de la causa.
52. Sin embargo, frente al reproche relacionado con el desconocimiento del
precedente horizontal, esta Sala encuentra que sí se supera el requisito de
relevancia constitucional, pues la parte accionante argumentó que en las
decisiones de segunda instancia proferidas en los procesos que considera
análogos20 también se discutió la asignación de cuotas partes pensionales, había
identidad en cuanto a las partes involucradas, el objeto de la controversia y el
marco normativo aplicable, sin que se exigiera agotar el referido requisito previo.
20 Identificados con los radicados núm. 17001-33-33-002-2021-00004-02, 17001-3339-006-2022-
00001-03, 170013339-008-2021-00127-03, 170013339-004-2021-00035-03, 17001-3333-004-
2021- 00126-02, 17001-3333-002-2022-00310-03, 17001-3333-002-2022-00208-02, 17001-33-
33-002-2020-00159-02 y 17001-3333-005-2020-00242-02.
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53. En esos términos, para la Sección, sobre este cargo sí se cumplió con la
carga mínima argumentativa necesaria para realizar un estudio de fondo, en tanto
de este podría existir una posible transgresión del derecho a la igualdad.
54. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir las providencias que censura mediante esta vía. Asimismo, tampoco
se advierte que los reproches del accionante puedan ser propuestos mediante
los recursos extraordinario de revisión21 o de unificación de jurisprudencia22.
55. Inmediatez. La Sala encuentra superado este requisito, puesto que la
sentencia cuestionada se profirió el 13 de febrero de 2026 y la acción de tutela
se interpuso el 24 de julio de esta anualidad. Así, sin que sea necesario constatar
la fecha de ejecutoria de las providencias, es evidente que la acción fue ejercida
dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 como plazo razonable para ejercer la acción constitucional.
56. Naturaleza jurídica de la decisión. Se supera este presupuesto, ya que
la providencia cuestionada se expidió al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Entonces, la decisión sub examine no
corresponde a una decisión de tutela, a un fallo dictado en un proceso de control
abstracto de constitucionalidad, y tampoco a una sentencia interpretativa de la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
57. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima argumentativa
sobre las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió
en una vulneración de las garantías constitucionales.
2.1.2. Generalidades del defecto de desconocimiento del precedente
judicial
58. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales se
desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga al
juez a fallar en el mismo sentido23. Cabe destacar que el acatamiento de la ratio
decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto de
discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
21 Regulado en los artículos 250 y ss. de la Ley 1437 de 2011.
22 Regulado en los artículos 256 y ss. de la Ley 1437 de 2011.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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regla o subregla de derecho24.
59. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
60. Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho cargo se
configura si: (i) en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia
anterior existe una regla jurisprudencial que puede ser aplicable a futuros
casos; (ii) dicha razón de decisión resuelva un problema jurídico análogo o
semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) los hechos del caso son
equiparables25.
2.1.3. La providencia cuestionada no incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente horizontal.
61. Como se expuso previamente, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo de Caldas decidió de fondo las controversias relativas a cuotas
partes pensionales sin exigir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad del medio de control en los procesos con los radicados
núm. 17001-33-33-002-2021-00004-02, 17001-3339-006-2022-00001-03,
170013339-008-2021-00127-03, 170013339-004-2021-00035-03, 17001-3333-
004-2021-00126-02, 17001-3333-002-2022-00310-03, 17001-3333-002-2022-
00208-02, 17001-33-33-002-2020-00159-02 y 17001-3333-005-2020-00242-02.
62. Para la Sección, no se configura este defecto toda vez que, aunque la
parte accionante afirmó que se trataba de casos análogos en los que se discutió
la asignación de cuotas partes pensionales y existía identidad respecto de las
partes, el objeto y el marco normativo aplicable, lo cierto es que las demandas
que iniciaron aquellos procesos fueron presentadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 2220 de 2022, razón por la cual fueron examinados bajo un
marco normativo distinto al aplicable en el presente caso.
63. En ese orden de ideas, esta Sección considera que este reproche no tiene
vocación de prosperidad, dado que en las decisiones invocadas como
precedente desconocido fueron adoptadas en un contexto normativo distinto al
que regía al momento de la presentación de la demanda del presente asunto,
razón por la cual, no es posible afirmar que la sentencia cuestionada se apartó
de una regla de decisión previamente fijada.
24 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
25 Corte Constitucional, Sentencias SU-295 de 2023, SU-446 de 2022, SU-317 de 2021, entre
otras.
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64. En tal medida, no le corresponde al juez constitucional equiparar
controversias que fueron resueltas bajo regímenes jurídicos distintos, pues,
precisamente, el presupuesto para la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente exige que exista identidad sustancial entre los
casos confrontados, particularmente en lo relativo al marco normativo aplicable y
a la regla de decisión derivada de este.
65. En consecuencia, no puede afirmarse que el tribunal accionado se hubiere
apartado injustificadamente de un criterio previamente fijado sobre el punto
objeto de debate en este asunto.
2.2. Conclusión
66. Por ende, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela frente a los cargos
por defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente vertical y de violación directa de la Constitución,
y negará el amparo respecto del defecto por desconocimiento del precedente
horizontal, al no encontrarlo configurado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
II. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 16 de junio de 2026,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la Dirección Territorial de
Salud de Caldas frente a los cargos por defectos sustantivo, procedimental por
exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente vertical, violación
directa de la Constitución y, NEGAR el defecto por desconocimiento del
precedente horizontal.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
TERCERO NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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