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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03438-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03438-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor Hoiber Ramos Beltrán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03438-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03438-001
Accionante : Hoiber Ramos Beltrán
Accionado : Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Vinculados : Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla y la E.S.E.
Hospital Local de Luruaco
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, controversias contractuales,
terminación unilateral del contrato de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela
incoada por Hoiber Ramos Beltrán contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El señor Hoiber Ramos Beltrán, quien actúa por medio de apoderado judicial,

interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

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Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03438-00
Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Veintitrés (23) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la cual, el Tribunal Administrativo
del Atlántico confirmó la providencia de Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025), en la que el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Barranquilla negó las
pretensiones formuladas en la demanda promovida contra la E.S.E. Hospital Local
de Luruaco. En su lugar, pide que se ordene a la autoridad accionada emitir un
nuevo fallo que proteja sus derechos fundamentales.

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, entre el señor Hoiber Ramos Beltrán y la
E.S.E. Hospital Local de Luruaco, se suscribió el contrato CPSP-107-2023 del Dos
(2) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), cuyo objeto consistía en la «[p]restación
de servicios profesionales para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos de cómputo de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco» , por el término de 12 meses.

5. Según afirmó el accionante, en el acta de inicio firmada en la misma fecha, se dejó

constancia que las partes cumplieron con los requisitos necesarios para la ejecución
del contrato, por lo que procedió a ejecutarlo. No obstante, señaló que, a partir de
marzo de 2023, luego de la posesión del nuevo gerente del Hospital, no se le
permitió el ingreso a las instalaciones de la entidad, lo que impidió el desarrollo del
objeto contractual.

6. El Once (11) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), el actor solicitó al Hospital

Local de Luruaco «información del estado del contrato suscrito entre la E.S.E. y el Peticionario
y copia de los antecedentes que conforman el contrato antes descrito y todas las actuaciones
posteriores expedidas por la E.S.E.».

7. Mediante oficio sin número del Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veintitrés

(2023), la entidad dio respuesta a la solicitud y le indicó que, «el contrato no revestía de
legalidad», por cuanto, «[e]l contrato no aparece publicado en el Secop II ni en SIA Observa, [n]o
existe etapa precontractual ni contractual, [n]o se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal
ni registro presupuestal, [n]o se evidencia acta de inicio del contrato, [n]o se evidencia los
antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales ni el certificado de medidas correctivas, [n]o se
evidencia el registro único tributario- RUT, [n]o se evidencia la existencia de estudios previos, [n]o

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

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se evidencia [h]oja de vida del contratista para verificar idoneidad para ejercer las actividades [y] [n]o
aparece certificado de carencia o insuficiencia de recurso humano en la planta de personal para
contratar a la persona».

8. En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, el señor Hoiber

Ramos Beltrán presentó demanda contra la E.S.E. Hospital Local de Luruaco, con
el fin de obtener la nulidad del oficio sin número del Veintinueve (29) de Agosto de
Dos Mil Veintitrés (2023). Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, se
declarara la existencia del contrato, se liquidara el mismo, se ordenara el
reconocimiento y pago de las sumas dejadas de percibir con sus respectivos
intereses y, además, pidió una indemnización de 100 SMLMV por la terminación
ilegal del contrato.

9. De ese asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto (4) Administrativo

de Barranquilla3 que, mediante sentencia del Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil
Veinticinco (2025), negó las pretensiones, al concluir que, la parte demandante no
cumplió con la carga de acreditar la existencia, el perfeccionamiento y la ejecución
del contrato CPSP-107-2023, suscrito con el Hospital Local de Luruaco. Para ello,
sostuvo que, aunque se aportaron documentos relacionados con la firma del
contrato, no se demostró el cumplimiento de las exigencias presupuestales, fiscales
ni contractuales requeridas para la ejecución, entre ellas, la afiliación al sistema de
seguridad social y pensional por parte del actor.

10. Asimismo, indicó que, los actos expedidos por la nueva administración del
Hospital se sustentaron en la falta de documentos que respaldaran el cumplimiento
de las etapas precontractuales y contractuales. En ese sentido, estimó que, el
material probatorio era insuficiente para demostrar los hechos en que se
fundamentaron las pretensiones de la demanda.

11. Inconforme con esa decisión, el señor Hoiber Ramos interpuso recurso de
apelación. En providencia del Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, confirmó lo resuelto por el A-quo,
al estimar que, si bien se acreditó la existencia y perfeccionamiento del contrato, el
actor no demostró el cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar su
ejecución. Al respecto precisó que, en la cláusula décima quinta se exigía, además

3
Proceso núm. 08001-33-33-004-2023-00346-00/01.

3

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Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
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del registro presupuestal, la afiliación al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales, así como la presentación del examen de preingreso.

12. En ese sentido, señaló que, el accionante solo acreditó el pago de salud y pensión

el Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), esto es, 44 días después
de la firma del contrato, y no aportó prueba de afiliación al sistema de riesgos
laborales ni del examen de preingreso. Aunado a ello, indicó que, tampoco se allegó
copia del acta de inicio ni elementos que demostraran la ejecución efectiva de las
obligaciones pactadas, como informes al supervisor o constancias sobre el
mantenimiento y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo. Por lo
anterior, concluyó que, la E.S.E. Hospital Local de Luruaco no estaba obligada a
permitir la ejecución del contrato sin el cumplimiento previo de las exigencias
contractuales, razón por la cual, no se configuró el incumplimiento alegado por el
demandante.

13. Sobre la precedente situación, el accionante sostuvo que, la providencia objeto

de censura incurrió en desconocimiento del precedente judicial4, «al no aplicar de
manera correcta la jurisprudencia reiterada en materia de terminación unilateral de contratos de
prestación de servicios por parte de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)». En ese sentido,

afirmó que «cuando se demuestra la terminación ilegal de un contrato de prestación de servicios
[…] la entidad debe pagar los honorarios pactados dentro del contrato, especialmente cuando ha
impedido su ejecución y lo ha terminado sin reconocer indemnización alguna […]».

II. TRÁMITE PROCESAL

14. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Ocho

(8) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de tutela. En
dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico; y (ii)
dispuso vincular al Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla y a la E.S.E.
Hospital Local de Luruaco, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

4
Señaló como desconocidas las decisiones del 18 de noviembre de 2025, proceso núm. 08001-33-33-004-2023-00317-01,
13 de junio de 2025, proceso núm. 08001-33-33-004-2023-00339-01 y 13 de febrero de 2026, proceso núm. 08001-33-33-
001-2023-00330-02, todas ellas proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

4

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Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

15. 2.1.1 El Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla5 manifestó que, la

decisión que profirió estuvo debidamente sustentada en el material probatorio
allegado al proceso y en la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicable al caso.
En ese sentido, sostuvo que, no vulneró derecho fundamental alguno al accionante.

16. 2.1.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico6 pidió declarar improcedente la

tutela, toda vez que, el actor pretende usarla como una instancia adicional al
proceso ordinario para reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de la causa.

17. De otro lado, precisó que, la providencia cuestionada no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, pues, si bien reconoció la existencia
y perfeccionamiento del contrato, concluyó que, el demandante no acreditó los
requisitos para iniciar su ejecución, en especial la afiliación al sistema de seguridad
social y pensión exigidos en la cláusula décima quinta.

18. Asimismo, señaló que, tampoco se probó la ejecución efectiva de las obligaciones

pactadas, como la presentación de informes al supervisor o la puesta en
funcionamiento de los equipos de cómputo. Por ello, sostuvo que, la entidad no
estaba obligada a permitir la ejecución del contrato ni podía declararse
incumplimiento a su cargo. Finalmente, indicó que, no se desconoció el precedente
invocado, pues la decisión obedeció a las particularidades probatorias del caso
concreto.

19. 2.1.3 La E.S.E. Hospital Local de Luruaco guardó silencio en la oportunidad

prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

5
Visible a índice 8 de SAMAI.
6
Visible a índice 9 de SAMAI.

5

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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si la acción de tutela es procedente para examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la providencia del Veintiuno (21) de Abril de
Dos Mil Veinticinco (2025), en la que, el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de
Barranquilla negó las pretensiones formuladas en la demanda de controversias
contractuales promovida por el tutelante contra la E. S. E. Hospital Local de Luruaco
(expediente 08001-33-33-004-2023-00346-00/01); y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se
han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al
examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la

7 Sentencia C-590 de 2005.
8 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.

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actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

24. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

25. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se

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está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

3.5 Caso concreto

26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida aplicación jurisprudencial, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, por cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el Once (11) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)9 y la solicitud de amparo se presentó el Cinco
(5) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la
sentencia acusada no desató una acción de tutela.

27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente
horizontal invocada por el accionante.

3.5.1 Desconocimiento del precedente horizontal

28. La Corte Constitucional10, sobre este tipo de precedente, ha precisado:

El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena
otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos
adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla
totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus
sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.

[…]

En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se
configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin
realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos
análogos y para exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:

9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 4 de marzo de 2026, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 6 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
10
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine11.

29. De la anterior jurisprudencia, se colige que, el precedente horizontal tiene como

fin que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para desatar
una controversia, continúen con ella cuando se presenten posteriores asuntos bajo
su conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y pretensiones, no
obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta, siempre y cuando
motiven de manera razonable su nueva posición.

3.6 Análisis del caso concreto

30. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en desconocimiento del precedente judicial «al no aplicar de manera correcta la
jurisprudencia reiterada en materia de terminación unilateral de contratos de prestación de servicios
por parte de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)», en ese sentido, afirmó que, «cuando
se demuestra la terminación ilegal de un contrato de prestación de servicios […] la entidad debe
pagar los honorarios pactados dentro del contrato, especialmente cuando ha impedido su ejecución
y lo ha terminado sin reconocer indemnización alguna […]».

31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Ahora bien, partiendo del supuesto que el contrato es válido y produce efectos entre las
partes, es importante determinar, si efectivamente el mismo, se ejecutó en los términos
y condiciones pactados y en caso afirmativo, si la entidad, incumplió el mismo, al no
permitirle al demandante, el ingreso a sus instalaciones, por cuanto a su juicio, el
contrato no era válido.

[…]

Así las cosas, para poder iniciar la ejecución del contrato de prestación de servicios
profesionales CPSP-017-2023 del 2 de enero de 2023, suscrito por las partes, además
del registro presupuestal que como se mencionó anteriormente sí fue aportado, la
cláusula décima quinta, exige, que el demandante, este afiliado al sistema de seguridad

11
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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social integral en salud y pensión, así como al sistema de riesgos laborales y la
presentación del certificado del examen de preingreso vigente.

En ese sentido, contrario a lo que afirma el recurrente, de acuerdo con el artículo 167
del Código General del Proceso, el cual establece el principio de la carga probatoria, le
corresponde al demandante acreditar, el cumplimiento de dichas obligaciones, para
garantizar la ejecución del referido contrato.

Respecto a la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, pese a que
el demandante aporta el respectivo certificado, dicha obligación, fue cumplida, tan solo
hasta el 16 de febrero de 2023, esto es, 44 días después de la firma del contrato, por lo
que de antemano, se colige, que antes del 16 de febrero de 2023, dicho contrato, no
pudo ser ejecutado.
Por otro lado, frente al requisito de afiliación al sistema riesgos laborales y el certificado
del examen de preingreso, dentro del plenario, no obra prueba alguna, que permita
inferir, el cumplimiento de estas 2 obligaciones, por lo que el demandante, incumplió
con lo descrito en la cláusula décima quinta y por ende, el contrato de prestación de
servicios, no pudo ser ejecutado por las partes.

En efecto, previo a la ejecución del objeto contractual, el demandante, tenía el deber de
acreditar ante la entidad demandante, el pago de los aportes a seguridad social en
pensión y salud y riesgos laborales […]

Lo anterior, aunado al hecho, que el demandante, tampoco aporta, copia del acta de
inicio que supuestamente suscribieron las partes, como prueba de la fecha en que se
inició la ejecución del contrato, aun sin el lleno de los requisitos estipulados en la
cláusula en mención.

Por lo anterior, contrario a lo que afirma el recurrente, la entidad demandada, ante la
falta del cumplimiento de los requisitos pactado para iniciar la ejecución del contrato por
parte del demandante, no se encontraba obligada a permitir la ejecución de las
obligaciones pactadas, en el clausulado de dicho contrato.

En ese sentido, no habrá lugar a declarar un incumplimiento por parte de la entidad
demandada, toda vez, que su conducta, se encuentra conforme a lo estipulado en el
contrato, pues si permite que el demandante, ejecute las actividades pactadas, sin el
cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social, incurriría en una violación de
las disposiciones consagradas en el Decreto 1562 de 2012, relativo a riesgos laborales
y el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 en materia de aportes a salud y pensión.

De igual forma, aun cuando no se cumplió con los requisitos establecidos en la cláusula
décima quinta, el demandante, tampoco aporta prueba alguna, que permita evidenciar,
la ejecución de las obligaciones contenidas en la cláusula cuarta del contrato, tales
como la presentación del informe parcial al Supervisor del contrato o la puesta en
funcionamiento, de los equipos de cómputo de la entidad, por lo que se, infiere que
dicho contrato, en ningún momento fue ejecutado por el demandante.

En ese sentido, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos señalados en la
cláusula décima quinta, ni la ejecución de las actividades pactadas en la cláusula cuarta,
la entidad demandada, se encontraba habilitada, para dar por terminado el contrato de
prestación de servicios CPSP-017-2023 del 2 de enero de 2023, de conformidad con el
numeral 4° de la cláusula décima séptima.

[…]

En iguales condiciones, se había pronunciado esta Sala, en sentencia del 31 de enero
de 2025, expediente 08001-33-33-001-2023-00334-02, medio de control, controversias
contractuales, demandante, Luzmila Morales Mercado, demandada, Empresa Social del
Estado Hospital Local del Municipio de Luruaco, controversia, terminación unilateral del

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contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, con el mismo ponente de esta
decisión, aspectos, que fueron estudiados por el Consejo de Estado, en sede de tutela12.

[…]

Igualmente, se precisa, que si bien esta Sala, dentro del expediente, 2023-00317, con
ponencia del Dr. César Augusto Torres Ormaza, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en una controversia relativamente similar, los hechos son
distintos, pues allí sí se probó la existencia del contrato por un mes, que fue
exclusivamente a lo que se accedió en ese entonces.

[…]

32. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que, si bien el

contrato de prestación de servicios CPSP-107-2023 existía y se perfeccionó, no
había lugar a declarar su incumplimiento, toda vez que, el señor Hoiber Ramos
Beltrán no acreditó el cumplimiento de los requisitos pactados para iniciar su
ejecución ni probó el desarrollo de las obligaciones contractuales.

33. Para arribar a esa conclusión, el Tribunal precisó que, la cláusula décima quinta

del contrato exigía, además del registro presupuestal, la afiliación del contratista al
sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como la
presentación del certificado de examen de preingreso; Sin embargo, encontró que
el pago de salud y pensión solo se acreditó el Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil
Veintitrés (2023), esto es, 44 días después de la suscripción del contrato (Dos (2)
de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023)), y que no obraba prueba de afiliación al
sistema de riesgos laborales ni del referido examen.

34. De igual forma, la autoridad judicial accionada advirtió que, el actor no aportó

copia del acta de inicio ni elementos que demostraran la ejecución de las actividades
pactadas en la cláusula cuarta, tales como informes al supervisor o constancias
sobre el mantenimiento y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo de
la entidad. Por ello, concluyó que, la E.S.E. Hospital Local de Luruaco no estaba
obligada a permitir la ejecución del contrato sin el cumplimiento previo de las
exigencias contractuales y legales.

35. Bajo ese contexto, no se advierte que, la providencia cuestionada hubiera
incurrido en desconocimiento del precedente. Aunque el actor sostiene que, el
Tribunal debía aplicar la tesis conforme con la cual, cuando una Empresa Social del

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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2025, proceso núm. 11001-03-15-000-
2025-00851-00 (AC), M. P, María Adriana Marín.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03438-00
Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Estado termina de manera ilegal un contrato de prestación de servicios e impide su
ejecución, debe reconocer los honorarios pactados, esa regla no resultaba
aplicable, pues, la sentencia censurada partió de una premisa distinta, esto es, que
no se acreditó que el contrato hubiera podido ejecutarse válidamente ni que el
contratista hubiera cumplido las condiciones previstas para iniciar la prestación del
servicio.

36. Así las cosas, la autoridad accionada no omitió el análisis de las sentencias

invocadas como desconocidas. Por el contrario, respecto de la decisión del
Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida dentro del
proceso núm. 08001-33-33-004-2023-00317-01, explicó que, si bien en ese asunto
se accedió parcialmente a las pretensiones, los presupuestos fácticos y probatorios
eran distintos, pues, allí sí se probó la existencia del contrato por un mes. Por ello,
no puede afirmarse que el Tribunal se hubiera apartado injustificadamente de dicho
criterio, ya que, en el presente asunto se concluyó que, el accionante no acreditó
los requisitos para la ejecución del contrato.

37. Ahora bien, en lo que corresponde a las providencias del Trece (13) de Junio de

Dos Mil Veinticinco (2025) y Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
dictadas en los procesos núm. 08001-33-33-004-2023-00339-01 y 08001-33-33-
001-2023-00330-02, respectivamente, la Sala advierte que, no fueron proferidas por
la misma Sección del Tribunal accionado. Por lo tanto, para que se configure el
desconocimiento del precedente horizontal, la providencia que se aduce
desconocida y la que es objeto de inconformidad en el sub lite, aparte de guardar
correspondencia entre los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las
controversias expuestas, deben ser dictadas por la misma sala de decisión,
presupuestos que no se cumplieron y, de todas formas, como se explicó en párrafos
precedentes, la autoridad judicial accionada puede variar o apartarse de su postura
previa, siempre y cuando motive con suficiencia su nueva posición, como
evidentemente ocurrió en este caso.

38. Por lo anterior, se evidencia que, la providencia censurada no deviene de una

interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que, sus argumentos
estuvieron debidamente motivados, lo cual, no contraviene precedente horizontal
alguno.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03438-00
Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

39. Finalmente, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

40. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor

no acreditó que la providencia del Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, hubiere incurrido en
desconocimiento del precedente judicial. Por tal motivo, se negará la solicitud de
amparo.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocados por el señor Hoiber Ramos Beltrán,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03438-00
Accionante: Hoiber Ramos Beltrán
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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