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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03446-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03446-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 22 de mayo de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03446-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Caldas.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03446-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de Subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
22 de mayo de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, el
Departamento de Caldas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Hospital San Antonio de Marmato Caldas, con el fin de que se declarara
la nulidad parcial de la Resolución núm. SUB-90663 de 30 de marzo de
2021, mediante la cual se le asignó el 2,71% de cuota parte pensional de
la pensión de vejez reconocida al señor Luis Camilo Arango Gómez
durante el tiempo laborado en la ESE Hospital San Antonio de Marmato.

1.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, mediante

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providencia de 20 de noviembre de 2024, accedió a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de que declaró la nulidad parcial del acto
administrativo acusado y ordenó a Colpensiones excluir a la Dirección
Territorial de Salud de Caldas de la financiación de la cuota parte pensional
al considerar que “[…] no se advierte fundamento legal, para que aquella
fuera obligada a asumir una cuota parte pensional en relación con la
prestación reconocida a favor del señor Luis Camilo Gómez Arango, en un
porcentaje de 2.72%. Conforme lo anterior, dicha cuota se encuentra a
cargo del Departamento de Caldas y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y tal responsabilidad no recae en la Dirección Territorial de Salud
de Caldas […]”.

1.3. Contra la decisión anterior la parte demandante y demandada presentaron
recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante decisión de 13 de febrero
de 2026, revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de
oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación prejudicial
como requisito de procedibilidad, al considerar que era obligatorio agotar
dicho trámite conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 2220 de
2022, dado que la demanda se presentó en vigencia de dicha norma y por
tratarse de un litigio entre entidades públicas en el que las pretensiones
son de carácter económico.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia con ocasión de la sentencia acusada.

La parte actora mencionó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo al considerar que interpretó erróneamente los artículos 90 y 92 de
la Ley 2220 de 2022 y el artículo 161 de la Ley 2080 de 2021, por exigir
conciliación prejudicial en un asunto que versaba sobre contribuciones

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parafiscales. Asimismo, indicó que en el evento de considerarse conciliable el
asunto el requisito era facultativo, puesto que la demandante era una entidad
pública y además se solicitaron medidas cautelares patrimoniales.

Asimismo, indicó que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental
absoluto por exceso de ritual manifiesto “[…] al declararse de oficio una
excepción que nunca fue objeto de debate durante el trámite del proceso,
aunado a que: (ii) recae sobre un asunto que por su naturaleza tributaria es
legalmente no conciliable; y (iii) el resultado práctico es que se revoca una
sentencia de mérito favorable a la DTSC, que ya había reconocido la nulidad
del acto administrativo de Colpensiones, para sustituirla por un fallo inhibitorio
que deja en firme el acto ilegalmente expedido […]”.

Refirió que la autoridad accionada desconoció el precedente horizontal sobre
la naturaleza tributaria de las contribuciones parafiscales, al considerar que
“[…] La Corte Constitucional, en Sentencia C-040 de 1993 y C-711 de 2001,
estableció de manera vinculante que las contribuciones parafiscales son una
especie del género tributario […]”, en razón a ello, no era exigible el
agotamiento de la conciliación prejudicial.

Aunado a lo anterior, manifestó que la autoridad accionada “[…] ha proferido
durante los últimos años y en particular en el año 2026 sentencias que
resuelven de fondo controversias sobre cuotas partes pensionales entre
entidades públicas sin exigir el agotamiento de la conciliación prejudicial, lo
que evidencia una aplicación selectiva, contradictoria e injustificada de los
criterios de procedibilidad frente a casos de idéntica naturaleza […]”.

Finalmente, adujo que la autoridad accionada incurrió en violación directa de
la Constitución Política al no garantizar el derecho a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas procesales y al principio de eficacia y economía.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD,
al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURIDÍCA y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mi representada, actualmente
vulnerados por la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS, proferida dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho identificado con el radicado 17001-3333-003 2023-00035-00.

Como consecuencia de la anterior declaración, se concedan las
siguientes pretensiones en salvaguarda de los derechos fundamentales
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas:

SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 023 proferida
el 13 de febrero de 2026 dentro del expediente radicado 17001-3333-003-
2023-00035 00 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que
profiera una nueva sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo
el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el Departamento
de Caldas, sin aplicación del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial, en atención a la naturaleza tributaria o parafiscal de las
cuotas partes pensionales […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 6 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y se vinculó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, al señor Luis Camilo
Gómez Arango, a Colpensiones, a la ESE Hospital San Antonio de Marmato,
al Departamento de Caldas y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 22 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando la solicitud de
amparo.

3. Mediante auto de 19 de junio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

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III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Caldas sostuvo que en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho actuó de conformidad a las normas
que regulan la materia y la jurisprudencia vigente, asimismo, indicó que el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial es un aspecto que se
debe revisar de oficio incluso antes de dictar sentencia, por tanto, este era
obligatorio al ser la parte demandante y demandada entidades públicas.

2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la desvinculación de la
acción de tutela al carecer de legitimación en la causa por pasiva, e indicó que
pese haber sido parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que se
discute, lo cierto es que no puede pronunciarse al respecto si el superior
judicial aplicó o no en debida forma la normativa procedimental, por tanto, le
corresponde al accionante probar lo pertinente.

3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales informó
que remitió el expediente ordinario solicitado e indicó que las pretensiones de
la parte actora no se dirigen contra su despacho, por tanto, se atiene a lo que
se resuelva.

4. Colpensiones solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción
del derecho reclamado por el actor, teniendo en cuenta que no puede
constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate,
asimismo afirmó que no tiene competencia para realizar acciones
encaminadas a satisfacer las pretensiones del accionante.

5. La Gobernación del Departamento de Caldas solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela al considerar que, la sentencia de segunda instancia
proferida por la autoridad accionada no vulnera los derechos fundamentales
invocados y se funda en la correcta aplicación de las normas de procesales
vigentes.

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IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 22 de mayo de 2026, negó el amparo invocado y la solicitud de
desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Advirtió que en la providencia objeto de la acción de tutela no se configura el
defecto sustantivo, al considerar que, “[…] la autoridad judicial demandada
expuso de manera razonada y suficiente las disposiciones normativas que
consideró aplicables al caso concreto y explicó por qué, tratándose de un litigio
entre entidades públicas con pretensiones de contenido patrimonial
relacionadas con la distribución de una cuota parte pensional, resultaba
obligatorio agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
[…]”.

Mencionó que no se configura un defecto procedimental, al considerar que,
“[…] el tribunal explicó que la omisión del agotamiento de la conciliación
generaba el rechazo de la demanda y que dicha exigencia debía verificarse en
atención a que el proceso se promovió entre entidades públicas y con
pretensiones de contenido patrimonial […]”, asimismo, indicó que “[…]
tampoco resulta acertado afirmar que la admisión inicial de la demanda saneó
definitivamente el requisito de procedibilidad, en la medida que el artículo 187
del CPACA y la jurisprudencia en la materia permiten al juez verificar en
cualquier etapa del proceso los presupuestos procesales indispensables para
dictar una decisión de fondo […]” lo cual no le impedía al a quo examinar la
ausencia de conciliación prejudicial y declarar probada de oficio la excepción
correspondiente.

Finalmente, afirmó que no se configura el desconocimiento del precedente
horizontal invocado, en tanto que, “[…] en las providencias invocadas como
desconocidas el análisis se concentró en la determinación material del sujeto
obligado al pago del pasivo prestacional, en el asunto cuestionado el estudio

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se enfocó, de manera previa, en la procedencia misma de la demanda por el
incumplimiento del requisito de conciliación prejudicial […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que en la
decisión adoptada se incurrió en un yerro de valoración constitucional y legal.

Adicionalmente, señaló que en la providencia impugnada se incurrió en error
de interpretación al validar la tesis de la autoridad accionada, por cuanto, “[…]
el razonamiento expuesto por el despacho de primera instancia se aparta de
una interpretación integral del ordenamiento jurídico. Al confrontar los
presupuestos teóricos citados por la misma Sala con el caso concreto, se
advierte una contradicción lógica en la decisión: si bien el fallo reconoce la
naturaleza de 'contribución parafiscal' de las cuotas partes, omite aplicar las
consecuencias jurídicas derivadas de dicha calificación […]”.

Asimismo, mencionó que se configura el defecto procedimental absoluto por
exceso de ritual manifiesto “[…] Al limitarse a aplicar el parágrafo del artículo
92 de la Ley 2220 de 2022 bajo el argumento de que el litigio enfrenta a dos
entidades públicas, la autoridad judicial accionada […]” sin examinar que “[…]
el artículo 90 de la misma Ley 2220 de 2022 excluye de forma taxativa la
conciliación en asuntos tributarios […]” e ignorando que, “[…] el ordenamiento
procesal administrativo exceptúa de obligatoriedad la conciliación cuando se
solicitan medidas cautelares de carácter patrimonial […]”.

Refirió que, en cuanto al desconocimiento del precedente, “[…] quedó
acreditado que el mismo Tribunal Administrativo de Caldas, en al menos ocho
(8) sentencias de segunda instancia proferidas entre 2025 y 2026, resolvió de
fondo procesos de idéntica naturaleza (nulidad y restablecimiento del derecho
sobre cuotas partes pensionales entre entidades públicas) sin exigir el
requisito de conciliación prejudicial. Si bien no se establece un precedente de
forma expresa, tal y como lo señala el despacho, se configuran antecedentes
jurisprudenciales […]”.

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Finalmente manifestó que, “[…] el fallo impugnado omitió pronunciarse sobre
la violación directa de la Constitución, el cual fue planteado de manera
autónoma frente a los artículos 13, 29, 209 y 229 de la norma superior […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber
incurrido presuntamente en defecto sustantivo, defecto

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución Política.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

La Corte Constitucional ha precisado que el requisito general de
subsidiariedad comprende tres supuestos que determinan la improcedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales: (i) cuando el asunto está en
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha reconocido dos excepciones al
requisito de subsidiariedad que rige la procedencia de la acción de tutela: (i)
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende
evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que

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cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de la
adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto,
que la protección constitucional es impostergable .

En el presente asunto, la Sala observa que la inconformidad planteada por la
parte accionante está asociada a que la autoridad accionada declaró probada
de oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación prejudicial
como requisito de procedibilidad, al considerar que la demanda se presentó
en vigencia de la Ley 2220 de 2022 y por tratarse de un litigio entre entidades
públicas en el que las pretensiones son de carácter económico. Con
fundamento en ello, revocó la decisión de primera instancia y profirió un fallo
inhibitorio. En consecuencia, la parte actora pretende que se deje sin efectos
dicha providencia y se ordene la emisión de una nueva decisión.

A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de diciembre de 20223 señaló que la causal de nulidad
originada en la sentencia se ha extendido a la violación del debido proceso en
los términos del artículo 29 de la Constitución Política y, dentro de ese marco,
la jurisprudencia se ha ocupado de identificar variados vicios que darían lugar
a su configuración4, tales como: (i) haberse dictado con sustento, únicamente,
en una prueba obtenida con violación al debido proceso, (ii) haberse dictado
fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al proceso, (iii)
proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio injustificado
y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.

Al respecto, la Sala advierte que el cuestionamiento formulado podía
plantearse a través del recurso extraordinario de revisión, con fundamento en
la causal 5 prevista en el artículo 250 del CPACA, tal como lo ha reconocido
esta Corporación5.

3 Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
4 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial

de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
5Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016,

expediente No. 11001-03-15-000-2015-02342-00.

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Igualmente, esta Sección6 ha sostenido que el recurso extraordinario de
revisión, amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir
el presunto fallo inhibitorio injustificado.

En razón a lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela por este
aspecto no cumple con el requisito de la subsidiariedad, máxime cuando no se
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la solicitud de
amparo procediera como mecanismo transitorio.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por la parte accionante y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 22 de mayo de 2026 proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de

18 de octubre de 2019. Exp. 76001-23-31-000-2010-02053-02.

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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