RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03449-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03449-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03449-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03449-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. El accionante pretende discutir la exigibilidad del requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, lo cual constituye un asunto de
mera legalidad, y utiliza este mecanismo como una tercera instancia para modificar
la decisión que le fue desfavorable.

II. ANTECEDENTES
La demanda

2. El 5 de mayo de 2026, la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), a
través del subdirector jurídico, presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia1, los cuales considera vulnerados por la
sentencia del 12 de diciembre de 2025, dictada por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-33-33-002-2023-00033-01, que revocó el fallo apelado
y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad y, en consecuencia, negó
las pretensiones de la demanda.

Hechos relevantes

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
DTSC demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al departamento de Caldas, a la E.S.E.

1 También consideró desconocido el principio de seguridad jurídica.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Hospital Felipe Suárez de Salamina y a la E.S.E. Hospital Local San Juan de Dios
de Pensilvania, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución
No. SUB 261617 del 21 de septiembre de 2022 y que la DTSC no era la entidad
competente para el pago de la cuota parte pensional causada por la señora María
Noelia López Soto2. Además, a título de restablecimiento del derecho solicitó a
Colpensiones redistribuir dicha cuota y condenar al departamento de Caldas y al
Ministerio para que reintegren las sumas que haya pagado la DTSC.

4. La demanda se repartió al Juzgado Segundo Administrativo de Manizales bajo el
radicado 17001-33-33-002-2023-00033-00, quién accedió a las pretensiones de la
demanda al determinar que el pago del pasivo pensional generado en instituciones
públicas del sector salud a 31 de diciembre de 1993 está a cargo de las entidades
territoriales y del Ministerio de Hacienda. Igualmente, no era responsabilidad de las
E.S.E. ya que carecían de personería jurídica para la época de los hechos. En
consecuencia, ordenó a Colpensiones expedir un nuevo acto administrativo
asignando como obligados de la cuota parte pensional al departamento y al
Ministerio.

5. Colpensiones y el departamento de Caldas apelaron.

6. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia
del 12 de diciembre de 2025, revocó el fallo apelado y declaró probada de oficio la
excepción de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad ya que, según el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, este requisito
es obligatorio cuando las partes en conflicto son entidades públicas. Precisó que, si
bien las pretensiones encaminadas a cuestionar la legalidad del acto administrativo
no son susceptibles de conciliación, las de restablecimiento del derecho, como la
redistribución de la cuota parte pensional y la devolución de lo pagado, tienen
naturaleza patrimonial y económica, por lo que resultan conciliables.

Pretensiones

7. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, dejar
sin efectos la sentencia del 12 de diciembre de 2025 y que se ordenara al Tribunal
Administrativo de Caldas que dicte una decisión de reemplazo en la que resuelva
de fondo los recursos de apelación, sin aplicar el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial al ser un proceso de naturaleza tributaria o parafiscal.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 12 de diciembre de 2025 adolece de los siguientes defectos:

2 Ya que la señora López Soto laboró en la ESE Hospital Felipe Suárez de Salamina del 19 de julio

de 1984 al 25 de agosto de 1989 y en el Hospital San Juan de Dios de Pensilvania del 26 de agosto
de 1989 hasta el 14 de marzo de 1990, equivalente a 2.036 días laborados.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

9. Sustantivo. No se efectuó el análisis de procedibilidad atendiendo el marco legal
que regula los asuntos susceptibles y no susceptibles de conciliación extrajudicial.
Por un lado, el numeral primero del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 prohíbe
taxativamente conciliar conflictos de carácter tributario, además el propio Tribunal
reconoció que la cuota parte pensional es una contribución parafiscal —especie del
género tributo—, por lo que el litigio está excluido de dicho requisito. Por otro lado,
bajo el artículo 161 del CPACA3, la conciliación es puramente facultativa debido a
la condición de entidad pública de la DTSC, por tratarse de un asunto laboral y
pensional, y por haber solicitado una medida cautelar de carácter patrimonial.

10. Defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto. Se sacrificó el
derecho sustancial en aras de un formalismo desproporcionado, ya que el
incumplimiento del requisito de procedibilidad es una causal de inadmisión de la
demanda de carácter subsanable, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2220 de
2022 y la jurisprudencia, así que, de haberse advertido dicha falencia en primera
instancia, la DTSC pudo haberla corregido. A pesar de ello, el proceso surtió todas
sus etapas y no fue sino en la sentencia de segunda instancia que el Tribunal
declaró de oficio la excepción, dictando una decisión sorpresiva que lo privó de toda
oportunidad de contradecir o subsanar.

11. Desconocimiento del precedente judicial en tres dimensiones. Primero,
respecto al precedente vertical de la Corte Constitucional (sentencias C-040 de
1993 y C-711 de 2001) al negar el carácter tributario a pesar de haber reconocido
la naturaleza de las cuotas partes pensionales como contribución parafiscal.
Segundo, frente a su propio precedente horizontal, al haber proferido fallos de fondo
durante los últimos años en controversias idénticas sobre cuotas partes sin exigir el
agotamiento de la conciliación. Tercero, al ignorar la línea jurisprudencial el Consejo
de Estado sobre la procedencia del fallo de mérito cuando el proceso ha surtido
íntegramente todas sus etapas y el debate versa sobre materia pensional y de
seguridad social.

12. Violación directa de la Constitución. Se desconocieron i) el derecho a la
igualdad, por el trato desigual e injustificado respecto de otros procesos de identifica
naturaleza resueltos de fondo por el mismo Tribunal; ii) el derecho al debido
proceso, al imponer la conciliación como una etapa adicional y obligatoria cuando
legalmente es facultativa; iii) los principios de eficacia y economía, toda vez que la
decisión generó un debate procesal eterno al no producir efectos de cosa juzgada
material, obligando a repetir indefinidamente un proceso que ya surtió todas sus
etapas; iv) el derecho de acceso a la administración de justicia, al crear una barrera
exigiendo agotar la conciliación como requisito de procedibilidad cuando la ley lo
excluyó; y v) la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, al
sacrificar una sentencia de mérito en aras de un requisito formal inaplicable.

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 8 de mayo de 20264, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal

3 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
4 SAMAI, índice 5 del expediente.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Administrativo de Caldas y vinculó, en calidad de terceros con interés, al ministro de
Hacienda y Crédito Público, al presidente de Colpensiones, al gobernador del
departamento de Caldas y a los gerentes de la E.S.E Hospital Departamental Felipe
Suárez de Salamina y la E.S.E. Hospital Local San Juan de Dios de Pensilvania.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Caldas5, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, pidió que se declare su improcedencia al no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional al pretender una revisión de los criterios
adoptados en la sentencia bajo la formulación de reproches de naturaleza
estrictamente legal e intentar reabrir el debate ya agotado en una providencia
judicial, convirtiéndolo en una instancia adicional. Finalmente, señaló que no se
configuran los defectos endilgados y que la decisión adoptada se encuentra
debidamente motivada y sustentada en el marco normativo aplicable.

15. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela al considerar, en primer lugar, que esta desnaturaliza el
mecanismo constitucional al pretender utilizarlo como una tercera instancia para
reabrir el debate agotado en la segunda instancia, sin que se configure ninguno de
los defectos alegados. En segundo lugar, hay una falta de legitimación en la causa
por pasiva por parte del Ministerio, toda vez que no expidió los actos administrativos
demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni participó en
los hechos que originaron la demanda. Finalmente, argumentó que no le
corresponde asumir el pago de la cuota parte pensional.

16. El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales7 allegó copia digitalizada
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-33-33-
002-2023-00033-00/01.

17. La Gobernación de Caldas8 señaló que la sentencia reprochada se ajustó al
ordenamiento jurídico vigente así que no incurrió en ninguno de los defectos
alegados. Asimismo, el Tribunal no vulneró derecho fundamental alguno, más bien
el accionante está en desacuerdo con la aplicación de la normativa procesal.

18. La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pensilvania9 indicó que la sentencia
del 12 de diciembre de 2025 se ajusta a derecho, por lo que no debe concederse el
amparo invocado. Además, la tutela carece de relevancia constitucional al pretender
utilizarla como tercera instancia y así reabrir un debate estrictamente legal y
procesal ya resuelto. Finalmente, indicó que el Tribunal acertó al determinar que el

5 SAMAI, índice 13 y 18 del expediente. Documento con certificado 7C903E0FCF75466B
06A363BA3295DD57 51C598BD192A78D6 1A01F8A6279E9DA5.
6 SAMAI, índice 14 y 17 del expediente. Documento con certificado 5EA1EFE9E29F6B4E

B79CF2A3276A1EFF 16091D6E8CA039AB 24B79C79BA8A2941.
7 SAMAI, índice 15 del expediente.
8 SAMAI, índice 16 del expediente.
9 SAMAI, índice 19 del expediente.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

conflicto no versa sobre la naturaleza tributaria de la cuota parte, sino sobre la
responsabilidad prestacional derivada de la historia laboral de una servidora pública.

19. Colpensiones10 adujo que la autoridad judicial accionada procedió conforme a
la ley y la Constitución. Igualmente, la acción de tutela pretende constituirse en una
tercera instancia, lo que invadiría la órbita del juez ordinario, así que debe declararse
improcedente al no haberse materializado ningún defecto o vulneración de derechos
fundamentales.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.

Problema jurídico y metodología de la decisión

21. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si
la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados y si, por
consiguiente, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia de la DTSC.

Análisis de la Sala

22. Legitimación en la causa. La DTSC se encuentra legitimada para interponer la
acción de tutela, al ser la titular de los derechos que considera vulnerados, en su
condición de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado
17001-3333-002-2023-00033-01, en el marco del cual se adoptó la decisión
cuestionada.

23. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia del 12 de diciembre de 2025, a la que la parte actora
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

24. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia cuestionada fue proferida el 12 de diciembre de 2025 y
notificada el 16 del mismo mes, y la solicitud de amparo se presentó el 5 de mayo
de 2026, término razonable.

10 SAMAI, índice 20 del expediente. Documento con certificado 2A21279DB9E68E60
0C89D65E69FF0A51 90D7B5C65473D01E 80653176BE2557A5.
11 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

25. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
26. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

27. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales12. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

28. Los argumentos expuestos por la actora no evidencian la vulneración de una
garantía fundamental, sino su inconformidad con la aplicación de la normativa
procesal aplicable y la conclusión a la que arribó el Tribunal demandado.

29. Insiste en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
no atender el marco legal aplicable a los asuntos susceptibles o no de conciliación
extrajudicial; procedimental por exceso de ritual manifiesto, al prevalecer las formas
procesales sobre el derecho sustancial en un trámite en el que ya se surtieron todas
las etapas; desconocimiento del precedente respecto de la naturaleza tributaria de
las contribuciones parafiscales, el precedente horizontal del propio Tribunal y la
postura del Consejo de Estado, quien ha instado por la procedencia del fallo de
mérito cuando el proceso se ha agotado en su integridad; y, finalmente, una
violación directa de la constitución, al vulnerar de manera flagrante los derechos
fundamentales incoados.

30. Sin embargo, la Sala considera que el razonamiento realizado por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas no es caprichoso ni
arbitrario, y el solo hecho de que el interesado no comparta la tesis acogida en la
sentencia censurada no la invalida.

31. En la sentencia cuestionada, el Tribunal explicó con claridad que la Ley 2220
de 2022 era aplicable al caso, pues se trata de una ley especial que regula aspectos
puntuales concernientes a la conciliación, además de ser la norma vigente al
momento de la presentación de la demanda (1° de febrero de 2023).

32. Siendo así, le era aplicable el parágrafo del artículo 92, el cual determinó la
conciliación como requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas partes
son entidades públicas, ya que tanto la parte demandante (DTSC), como las
demandadas (Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
departamento de Caldas, la ESE Hospital Felipe Suárez de Salamina y la ESE
Hospital Local San Juan de Dios de Pensilvania) cumplen con esta naturaleza, de
conformidad con el artículo 104 del CPACA.

12 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia

constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

33. Además, si bien la DTSC dirigió pretensiones orientadas a cuestionar la
legalidad parcial del acto administrativo demandado, que no es susceptible de
conciliación, sí lo es respecto de las pretensiones de restablecimiento del derecho
de conformidad con el inciso sexto del artículo 89 de la Ley 2220. Es decir, al
tratarse de pretensiones de carácter económico, son susceptibles de conciliación.

34. Incluso se refirió a la medida cautelar presentada con la demanda y determinó
que no era de carácter patrimonial, porque versaba sobre la suspensión provisional
de los efectos de la resolución atacada; es decir, su finalidad era privar su
ejecutoriedad, por lo que dicha petición no tornó en facultativo el requisito a agotar.

35. Explicó por qué no era aplicable el numeral primero del artículo 90, que
excluyó los conflictos de carácter tributario como asunto susceptible de conciliación.
Si bien reconoció la calidad de contribución parafiscal de las cuotas partes
pensionales, el Tribunal aclaró que no era un proceso de cobro coactivo ya que se
estaba debatiendo su asignación en el trámite de reconocimiento pensional, por lo
que era un conflicto laboral y no tributario.

36. Finalmente, precisó que la admisión de la demanda no impedía realizar un
control de legalidad al momento de fallar. De conformidad con los artículos 187 y
207 del CPACA, el juez tiene el deber de evaluar los requisitos de procedibilidad en
la sentencia y declarar de oficio cualquier excepción que encuentre probada, como
ocurrió en el caso concreto.

37. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, el juez natural
efectuó un análisis integral y razonado de la normativa y la jurisprudencia aplicable.
En efecto, la autoridad judicial accionada diferenció de manera acertada la
naturaleza laboral del asunto sometido a su conocimiento y expuso con claridad las
razones por las cuales la accionante debió agotar dicho requisito de procedibilidad
antes de acudir a la jurisdicción.

38. Se advierte que el argumento de la DTSC sobre el desconocimiento del
precedente horizontal no aplica para este caso. Las sentencias mencionadas en el
escrito de tutela se tramitaron bajo demandas interpuestas antes de que empezara
a regir la Ley 2220 de 2022. Esta ley especial cambió las reglas y obligó a las
entidades públicas a intentar conciliar, siendo esta la razón por la que no se les
solicitó agotar dicho requisito. Así las cosas, al tratarse de un marco normativo
distinto, las situaciones no son idénticas y, por lo tanto, el Tribunal no se apartó de
sus propias decisiones.

39. En suma, la controversia planteada por la DTSC, con fundamento en los
defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación
directa a la Constitución, busca en realidad convertir la tutela en una tercera
instancia. La discusión se reduce a un simple desacuerdo sobre cómo el Tribunal
interpretó y aplicó las normas procesales —asunto de mera legalidad—, por lo que
el caso carece de relevancia constitucional e impide al juez de tutela intervenir en
lo que es propio de la autonomía judicial.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03449-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

40. Conforme a lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la DTSC, por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.