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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03450-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03450-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 20 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03450-00 Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03450-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03450-001
Accionante : Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado : Tribunal Administrativo de Caldas
Vinculados : Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
Departamento de Caldas, E.S.E. Hospital San Félix de la
Dorada Caldas, Juzgado Octavo Administrativo de Manizales
y Nubia Tang Chang Romero
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar, cuotas partes pensionales
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela
incoada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas2 contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. La DTSC, quien actúa por medio de apoderado judicial, interpuso el presente

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
En adelante la DTSC.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caldas.

3. Por consiguiente, solicitó:

[…]

SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 211 proferida el 12 de
diciembre de 2025 dentro del expediente radicado 17001-3339-008-2023-00155-01 por
el Tribunal Administrativo de Caldas.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que profiera una nueva
sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de apelación
interpuesto, sin aplicación del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial,
en atención a la naturaleza tributaria o parafiscal de las cuotas partes pensionales.

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la

accionante, se puede evidenciar que, la DTSC en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Colpensiones y
otros con el fin de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones SUB 11578 del
Diecisiete (17) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023) y SUB 52561 del Veinticuatro
(24) de Febrero de ese mismo año, por medio de las cuales se le asignó una cuota
parte pensional equivalente al 11,92% de la pensión de vejez reconocida a la
señora Nubia Tang Chang Romero, correspondiente a 1.404 días laborados en la
ESE Hospital San Félix de La Dorada, Caldas.

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordenara a Colpensiones

redistribuir la cuota parte pensional, excluyendo a la Dirección y reintegrar,
debidamente indexadas, las sumas que hubiere llegado a cancelar.

6. De ese asunto conoció en primera instancia el Juzgado Octavo Administrativo de

Manizales4 que, mediante sentencia del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), negó las pretensiones, al concluir que, «[…] los recursos
provenientes del contrato de concurrencia No. 083 del 2001 estaban destinados para cubrir bonos
pensionales, pero también cuotas partes pensionales […]». De otro lado, indicó que, «[…] en
el Certificado de Calidad de Beneficiarios del 11 de junio de 1991 para el Departamento de Caldas
en el reporte que realizó el Hospital San Félix de la Dorada de los empleados se encontró como

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
4
Proceso núm. 17001-33-39-008-2023-00155-00/01.

2

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activos a la pensionada [Nubia Tang Chang Romero] […]». En ese sentido, precisó que, la

señora Chang Romero «[…] es uno de los beneficiarios del Contrato de Concurrencia No. 083
del 2001, por tanto, es una de las beneficiarias del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud,
en consecuencia, la cuota parte pensional correspondiente a la pensionada debe estar a cargo de
la DTSC quien es la entidad delegada por el Departamento de Caldas para la administración de
los recursos provenientes de la concurrencia a través de otra entidad […]» .

7. Inconforme con esa decisión, la DTSC interpuso recurso de apelación. En
providencia del Doce (12) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) el Tribunal
Administrativo de Caldas modificó lo resuelto por el a quo y, en consecuencia,
declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, al estimar que, «[…] tanto la parte
demandante Dirección Territorial de Salud de Caldas, como la demandada Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público),
Departamento de Caldas y ESE Hospital San Félix de La Dorada Caldas, son entidades públicas
[…]».

8. En ese sentido, señaló que, en el caso concreto resultaba razonable dar aplicación

a lo dispuesto «[…] en la Ley 2220 de 2022, por cuanto, se trata una ley especial que regula
aspectos puntuales concernientes a la figura jurídica de la conciliación y porque empezó a regir con
anterioridad a la radicación de la demanda [16 de mayo de 2023] […]». En ese orden, sostuvo

que, «[…] al tratarse de pretensiones de índole económica que no versan sobre derechos ciertos e
indiscutibles ni sobre asuntos cuyo carácter no es conciliable, esta Sala considera que la DTSC
estaba obligada a adelantar el trámite de la conciliación extrajudicial, requisito que no cumplió [...]».

9. Sobre la precedente situación, la accionante sostuvo que, la providencia objeto de

censura incurrió en los siguientes defectos.

• Sustantivo, por cuanto no examinó el requisito de conciliación extrajudicial
a partir del marco normativo aplicable. En su criterio, el numeral 1.º del
artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 excluye de ese trámite los conflictos de
carácter tributario, en ese sentido, precisó que, «[…]no son susceptibles de
conciliación extrajudicial los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Esta
disposición no admite interpretación distinta a su tenor literal, por cuanto el legislador no
introdujo ninguna distinción en razón de la etapa, la naturaleza de las partes, o la fase —de
asignación de responsabilidad o de cobro coactivo— en que se debata el conflicto. La norma
es clara: si el asunto es tributario, no es conciliable[...]»

3

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Además, también sostuvo que, el artículo 161 del CPACA, prevé el carácter
facultativo de la conciliación en asuntos laborales y pensionales, cuando
demanda una entidad pública o se solicitan medidas cautelares de carácter
patrimonial. Por ello, señaló que, aun si se admitiera la tesis laboral del
Tribunal, la DTSC no estaba obligada a agotar dicho trámite.

• Procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, al considerar que
se dio prevalencia a una exigencia formal. Pues, de acuerdo con el artículo
92 de la Ley 2220 de 2022, la falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial constituye una causal de inadmisión de la demanda y, por tanto,
es subsanable en la etapa inicial del proceso. No obstante, la demanda fue
admitida sin reparo sobre ese aspecto, el trámite surtió sus etapas y solo en
la sentencia de segunda instancia se declaró de oficio la excepción, sin tener
la oportunidad de pronunciarse, controvertir o corregir la supuesta falencia.
Agregó que, esa decisión fue sorpresiva, vulneró el debido proceso y el
principio de contradicción, más aún cuando, en su criterio, el asunto no era
conciliable por su naturaleza tributaria.

• Desconocimiento del precedente, al considerar que, desconoció las
sentencias C-040 de 1993 y C-711 de 2001 de la Corte Constitucional, en
cuanto reconocen que las contribuciones parafiscales integran el género
tributario, pese a que el propio Tribunal aceptó que las cuotas partes
pensionales tienen naturaleza parafiscal. Además, del precedente horizontal5
ya que, la Corporación accionada había resuelto asuntos análogos sobre
cuotas partes pensionales entre entidades públicas, sin exigir el requisito de
la conciliación prejudicial. Finalmente, indicó que la sentencia se apartó de la
línea del Consejo de Estado6 que en su criterio ha indicado que, «[…] el juez
debe ejercer extremo cuidado al declarar excepciones de procedibilidad en materia
pensional y de seguridad social, por tratarse de derechos que en su mayoría son
irrenunciables e imprescriptibles […]».

5
Señaló como desconocidas las decisiones proferidas al interior de los procesos núm. 17001-33-33-002-2021-00004-02 (13
de febrero de 2025), 17001-33-39-006-2022-00001-03 (7 de abril de 2025), 17001-33-39-008-2021-00127-03 (6 de febrero
de 2026), 17001-33-39-004-2021-00035-03 (6 de febrero de 2026), 17001-33-33-004-2021-00126-02 (6 de marzo de 2026),
17001-33-33-002-2022-00310-03 (13 de marzo de 2026), 17001-33-33-002-2022-00208-02 (27 de marzo de 2026) y 17001-
33-33-002-2020-00159-02 (27 de abril de 2026).
6
Sentencia del 10 de septiembre de 2009, proceso núm. 73001-23-31-000-2008-00504-01(AC), M.P, Marco Antonio Velilla
Moreno.

4

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• Violación directa de la Constitución, en su sentir se vulneraron los
artículos 13, 29, 209, 228 y 229 de la Constitución Política.

II. TRÁMITE PROCESAL

10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Siete

(7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis 2026, admitió la presente acción de tutela. En
dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caldas; y (ii)
dispuso vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al departamento de Caldas, a la
E. S. E. Hospital San Félix de La Dorada, Caldas, al Juzgado Octavo Administrativo
de Manizales y a la señora Nubia Tang Chang Romero, en los términos del artículo
13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

11. 2.1.1 El Juzgado Octavo Administrativo de Manizales7 manifestó que, carece

de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que, los reproches formulados
por la parte accionante se dirigen contra la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas. Precisó que, la providencia de primera
instancia no es objeto de censura en este trámite constitucional, por lo que no le
resulta atribuible la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

12. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Caldas8 solicitó declarar improcedente la

acción de tutela, al considerar que, la DTSC pretende reabrir, por esta vía, un debate
meramente legal ya resuelto por el juez natural, relacionado con la exigencia de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Señaló que, la demanda
ordinaria fue radicada el Dieciséis (16) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), cuando
ya se encontraba vigente la Ley 2220 de 2022 y que en el parágrafo del artículo 92
se exige dicho requisito cuando ambas partes son entidades públicas, condición
que se cumplía en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

13. Indicó que, no se configuró el defecto sustantivo, pues, la decisión se fundó en

normas vigentes y en una interpretación razonable del CPACA, la Ley 2220 de 2022

7
Visible a índice 13 de SAMAI.
8
Visible a índice 14 de SAMAI.

5

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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

y la jurisprudencia del Consejo de Estado9. Precisó que, aunque las cuotas partes
pensionales tienen naturaleza parafiscal, en el caso concreto no se discutía su cobro
coactivo, sino su asignación y distribución dentro del reconocimiento pensional, por
lo que, la controversia era laboral y no tributaria. Además, sostuvo que, las
pretensiones de restablecimiento, relativas a la redistribución de la cuota y la
devolución de lo pagado, tenían contenido económico y eran conciliables.

14. Frente al defecto procedimental, afirmó que, aunque se hubiera admitido la
demanda por el juez de primera instancia, ello no impedía revisar nuevamente los
presupuestos procesales al momento de dictar sentencia, pues, los artículos 207 y
187 del CPACA autorizan el control de legalidad y la declaratoria de excepciones
que se lleguen a encontrar probadas. Finalmente, negó el desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución, porque los procesos invocados
por la DTSC fueron radicados antes de la vigencia de la Ley 2220 de 2022 y, por
tanto, no resultaban comparables. Además, la providencia cuestionada fue producto
de una interpretación razonada de las normas aplicables y no desconoció los
derechos fundamentales invocados.

15. 2.1.3 El departamento de Caldas10 pidió negar el amparo constitucional, toda

vez que, la decisión reprochada estuvo debidamente fundada en derecho, en ese
sentido indicó que, la demanda fue presentada cuando ya se encontraba vigente la
Ley 2220 de 2022 en cuyo artículo 92 prevé que la conciliación extrajudicial es
obligatoria cuando ambas partes son entidades públicas. En ese sentido, sostuvo
que, dicho presupuesto se cumplía en el proceso ordinario, pues, las partes allí
intervinientes tienen tal naturaleza.

16. 2.1.4 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público11 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y su desvinculación del trámite, al considerar que,
no tuvo injerencia en la providencia cuestionada y que la accionante pretende reabrir
un debate jurídico ya definido por el juez natural.

9
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 30 de septiembre de 2024. Consejero
ponente: Wilson Ramos Girón. Radicado: 15001-33-33-001-2024-00006-01 (28925), Consejo de Estado, Sección Cuarta; C.P.
Milton Chaves García, providencia de noviembre 22 de 2018, radicado nro. 25000- 23 37-000-2016-02069-01(23683). En ese
sentido, consultar autos de diciembre 13 de 2017, radicado nro. 23165, C.P. Jorge Octavio Ramírez R.; y de septiembre 27
de 2018, radicados nros. 23562 y 23368, C.P. Dr. Julio Roberto Piza».
10
Visible a índice 16 de SAMAI.
11
Visible a índice 19 de SAMAI.

6

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17. 2.1.5 La E.S.E Hospital San Félix de la Dorada, Caldas12 manifestó que, carece

de legitimación en la causa por pasiva, dado que, no profirió la providencia objeto
de tutela ni tiene competencia para modificarla, revocarla o dejarla sin efectos. Por
ello, sostuvo que, no existe actuación u omisión atribuible a esa entidad que haya
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la DTSC. En consecuencia,
solicitó negar el amparo y su desvinculación del trámite.

18. 2.1.6 La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)13 solicitó

declarar improcedente el mecanismo constitucional, al considerar que, la accionante
pretende utilizar el mecanismo como una tercera instancia para controvertir una
decisión judicial ejecutoriada. Además, sostuvo que, la tutela contra providencias
judiciales es excepcional y que, en este caso, no se acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

19. 2.1.7 La señora Nubia Tang Chang Romero guardó silencio en la oportunidad

prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

12
Visible a índice 20 de SAMAI.
13
Visible a índice 21 de SAMAI.

7

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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa por pasiva

22. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional14, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

23. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la E.S.E Hospital San Félix

de la Dorada, Caldas en sus escritos de intervención solicitaron su desvinculación
del trámite al carecer de legitimación en la causa por pasiva.

24. Al respecto, la Sala advierte que sus vinculaciones en el presente asunto fueron

en calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico

25. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Doce (12) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Caldas, modificó la providencia del Cuatro (4) de Diciembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), en la que el Juzgado Octavo Administrativo de
Manizales negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra Colpensiones y otros
(expediente 17001-33-39-008-2023-00155-00/01); y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

14
Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.

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26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una

15 Sentencia C-590 de 2005.
16 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.

9

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evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

3.5 Caso concreto

29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio de la
actora, en una indebida aplicación normativa y jurisprudencial, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 15 de enero de 202617 y la solicitud de amparo se presentó el 5 de
mayo de 2026, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató
una acción de tutela.

30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo, defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente comoquiera que, pese a que la demandante también señaló violación
directa de la Constitución, no agotó la carga argumentativa suficiente para
fundamentarlo. En todo caso, la génesis de la vulneración invocada radica, a su

17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 16 de diciembre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 19 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.

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juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y jurisprudencial, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe
interpretar de manera extensiva el escrito inicial18, resulta procedente analizar este
trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela contra providencia
judicial.

3.5.1 Defecto sustantivo

31. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

32. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 20.

3.5.2 Defecto procedimental

33. Sea lo primero indicar que este defecto encuentra su razón de ser en los artículos

29 y 228 de la Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal21.

18
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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34. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)

absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…]
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos,
por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales» 22, es decir, se
privilegian aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía
de acceso a la administración de justicia23.

3.5.3 Desconocimiento del precedente

35. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia24, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo25 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe26.

3.6 Análisis del caso concreto

36. En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo por cuanto no examinó el requisito de conciliación
extrajudicial a partir del marco normativo aplicable. En su criterio, el numeral 1.º del
artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 excluye de ese trámite los conflictos de carácter
tributario. En ese sentido, precisó que, «[…] no son susceptibles de conciliación extrajudicial
los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Esta disposición no admite

22
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
24
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
25
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
26
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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interpretación distinta a su tenor literal, por cuanto el legislador no introdujo ninguna distinción en
razón de la etapa, la naturaleza de las partes, o la fase —de asignación de responsabilidad o de
cobro coactivo— en que se debata el conflicto. La norma es clara: si el asunto es tributario, no es
conciliable[...]».

37. También sostuvo que, el artículo 161 del CPACA, prevé el carácter facultativo de

la conciliación en asuntos laborales y pensionales, cuando demanda una entidad
pública o se solicitan medidas cautelares de carácter patrimonial. Por ello, señaló
que, aun si se admitiera la tesis laboral del Tribunal, la DTSC no estaba obligada a
agotar dicho trámite.

38. Asimismo, en defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto,

al considerar que, se dio prevalencia a una exigencia formal. Pues, de acuerdo con
el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, la falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial constituye una causal de inadmisión de la demanda y, por tanto, es
subsanable en la etapa inicial del proceso. No obstante, la demanda fue admitida
sin reparo sobre ese aspecto, el trámite surtió sus etapas y solo en la sentencia de
segunda instancia se declaró de oficio la excepción, sin tener la oportunidad de
pronunciarse, controvertir o corregir la supuesta falencia. Agregó que, esa decisión
fue sorpresiva, vulneró el debido proceso y el principio de contradicción, más aún
cuando, en su criterio, el asunto no era conciliable por su naturaleza tributaria.

39. Por último, en desconocimiento del precedente al considerar que, desconoció

las sentencias C-040 de 1993 y C-711 de 2001 de la Corte Constitucional, en cuanto
reconocen que las contribuciones parafiscales integran el género tributario, pese a
que el propio Tribunal aceptó que las cuotas partes pensionales tienen naturaleza
parafiscal. Además, del precedente horizontal27 ya que, la Corporación accionada
había resuelto asuntos análogos sobre cuotas partes pensionales entre entidades
públicas, sin exigir el requisito de la conciliación prejudicial. Finalmente, indicó que
la sentencia se apartó de la línea del Consejo de Estado28 que en su criterio ha
indicado que, «[…] el juez debe ejercer extremo cuidado al declarar excepciones de procedibilidad
en materia pensional y de seguridad social, por tratarse de derechos que en su mayoría son
irrenunciables e imprescriptibles […]».

27
Señaló como desconocidas las decisiones proferidas al interior de los procesos núm. 17001-33-33-002-2021-00004-02 (13
de febrero de 2025), 17001-33-39-006-2022-00001-03 (7 de abril de 2025), 17001-33-39-008-2021-00127-03 (6 de febrero
de 2026), 17001-33-39-004-2021-00035-03 (6 de febrero de 2026), 17001-33-33-004-2021-00126-02 (6 de marzo de 2026),
17001-33-33-002-2022-00310-03 (13 de marzo de 2026), 17001-33-33-002-2022-00208-02 (27 de marzo de 2026) y 17001-
33-33-002-2020-00159-02 (27 de abril de 2026).
28
Sentencia del 10 de septiembre de 2009, proceso núm. 73001-23-31-000-2008-00504-01(AC), M.P, Marco Antonio Velilla
Moreno.

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40. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

En el caso en concreto, se observa que la demanda fue presentada el 16 de mayo de
2023, esto es, en vigencia de la Ley 2220 de 2022, la cual entró en vigor seis meses a
partir del 30 de junio de 2022 fecha de su expedición, esto es, a partir del 30 de
diciembre de 2022.

Igualmente se observa que, tanto la parte demandante Dirección Territorial de Salud de
Caldas, como la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones,
Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), Departamento de Caldas y ESE
Hospital San Félix de La Dorada Caldas, son entidades públicas de conformidad con el
artículo 104 del CPACA.

De lo anterior se concluye que al presente asunto le son aplicables los preceptos
consagrados en la Ley 2220 de 2022, por cuanto, se trata una ley especial que regula
aspectos puntuales concernientes a la figura jurídica de la conciliación y porque empezó
a regir con anterioridad a la radicación de la demanda

[…]

En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte demandante, al presente asunto no
le es aplicable lo consagrado en los artículos 613 del Código General del Proceso que
prevén que “cuando quien demande sea una entidad pública” no le es exigible el
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, como se advierte, dichos
preceptos solo regulan lo relativo al hecho en el que la demandante sea una entidad
pública, pero, no contemplaron la hipótesis en que ambas partes sean entidades
públicas, aspecto que fue regulado puntual y específicamente en la Ley 2220 de 2022.

[…]

Sobre el asunto objeto de controversia, se advierte que, si bien las pretensiones recaen
sobre actos administrativos a través de los cuales se realizó un reconocimiento
pensional; lo cierto es que, en este caso lo que se cuestiona es la asignación de la cuota
parte pensional fijada por Colpensiones en contra de la DTSC, lo que en nada afecta
los derechos mínimos e irrenunciables de la señora Nubia Tang Chang Romero.

Así mismo, se aclara que, si bien hay pretensiones orientadas a cuestionar la legalidad
parcial de actos administrativos que no son susceptibles de conciliación, en tanto su
definición corresponde de manera exclusiva a esta jurisdicción; ello no sucede con las
solicitudes formuladas a título de restablecimiento del derecho.

Al efecto, es oportuno recordar el contenido normativo del inciso sexto del artículo 89
de la Ley 2220 de 2022 vigente para la época de presentación de la demanda, el cual
estableció que:

“Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre
los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 93
de la Ley 1437 de 2011, evento en el cual, una vez aprobado el acuerdo por el
juez contencioso administrativo, se entenderá revocado o modificado el acto y
sustituido por el acuerdo”.

Esto implica reconocer que si bien la legalidad no se concilia, sino los efectos
económicos de los actos administrativos, la consecuencia de la conciliación es entender
revocado el acto administrativo objeto de censura.

Y este asunto, conforme a lo expuesto, contienen derechos de naturaleza patrimonial y
económica que pueden ser objeto de disposición por las partes, y se alega una de las
causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, específicamente “Cuando sea

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manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”; por lo que se hace exigible
la conciliación extrajudicial.

Bajo este entendido, se determina que las pretensiones de restablecimiento del derecho
formuladas en el presente medio de control no corresponden a derechos ciertos e
indiscutibles, sino que se inscriben dentro de aquellos susceptibles de conciliación. En
particular, en los casos donde se debate la asignación de cuotas partes pensionales y
la devolución de lo cancelado, lo que constituye un derecho de naturaleza patrimonial
que puede ser objeto de transacción, dado que la discusión no recae sobre la existencia
del derecho pensional de la señora Nubia Tang Chang Romero, sino sobre la legalidad
de la asignación de la cuota parte pensional a la DTSC y, como consecuencia, la
cesación en el pago y la devolución de lo cancelado.

En ese orden de ideas, al tratarse de pretensiones de índole económica que no versan
sobre derechos ciertos e indiscutibles ni sobre asuntos cuyo carácter no es conciliable,
esta Sala considera que la DTSC estaba obligada a adelantar el trámite de la
conciliación extrajudicial, requisito que no cumplió, tal como se desprende de las
pruebas obrantes en el expediente y de lo manifestado por su apoderado en el escrito
de demanda.

Además, aunque la parte actora solicitó una medida cautelar con la demanda, se
advierte que esta no es de carácter patrimonial, al haber solicitado únicamente la
suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones SUB 11587 del 17 de enero
de 2023 y SUB 52561 del 24 de febrero de 2023, actos administrativos demandados,
en los términos del numeral 3 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, por lo que aquella
petición no tiene la virtualidad de tornar facultativo el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, pues su intención es simplemente suspender los efectos
temporales de los actos administrativos referenciados.

Sobre la suspensión provisional de actos administrativos, el Consejo de Estado 29 ha
sido claro en señalar que dicha medida no tienen un contenido patrimonial.

[…]

De igual forma, se advierte que si bien, las cuotas partes pensionales son contribuciones
parafiscales, en este caso se debate su asignación en el proceso de reconocimiento
pensional y no el proceso de cobro coactivo, por lo que corresponde a un conflicto en
material laboral y no tributario; por lo que tampoco se podría considerar que el caso se
encuentra excluido de la conciliación extrajudicial de conformidad con el artículo 90 de
la Ley 2220 de 2022 y el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015.

[…]

Por lo tanto, ante el incumplimiento del requisito de procedibilidad correspondía a la
Jueza de primera instancia adoptar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico, pues
si bien es cierto, la demanda se admitió acogiendo las manifestaciones de la
demandante, no lo es menos que aquella actuación, que permitió avanzar en las
diferentes etapas procesales, en modo alguno impedía que al desatar el problema
jurídico, se evaluara nuevamente, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad
con el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, agotada cada etapa del proceso, el juez
debe ejercer el control de legalidad y que, en términos del artículo 187 de la misma
normativa, «en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquier otra que el fallador encuentre probada»

[…]

Llegados al momento de proferir el fallo, lo que corresponde a la realidad procesal es
que se encontró probada la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, y es de aquellas que el juez debe declarar

29
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 6 de octubre de 2017, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicación 25000-23-41-000-2015-00554-01, posición reiterada en auto del 3 de junio de 2021,
proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación 05001-23-33-000-
2020-03298-01, M.P. Oswaldo Giraldo López».

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de encontrar acreditada, según el inciso segundo del artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]

41. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que la DTSC

estaba obligada a agotar la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, pues, la demanda fue presentada el 16 de mayo de 2023, cuando ya
se encontraba vigente la Ley 2220 de 2022, y tanto la entidad demandante como
las demandadas en el proceso ordinario eran de naturaleza pública.

42. Para arribar a esa conclusión, el Tribunal Administrativo de Caldas precisó que,

la Ley 2220 de 2022 regula de manera expresa la conciliación extrajudicial y que,
en el caso concreto, resultaba aplicable el parágrafo del artículo 92 de dicha
disposición, en cuanto exige dicho trámite cuando intervienen entidades públicas.
Por ello, estimó que, la DTSC no podía acudir directamente a la jurisdicción
contencioso - administrativa sin acreditar el agotamiento previo de ese requisito.

43. Ahora bien, frente al argumento de la tutelante, según el cual el artículo 161 del

CPACA prevé el carácter facultativo de la conciliación prejudicial cuando demanda
una entidad pública, en asuntos laborales o pensionales, o cuando se solicitan
medidas cautelares de carácter patrimonial, la Sala advierte que, dicha disposición
no podía leerse de manera aislada. En efecto, el Tribunal partió de una
interpretación sistemática entre el CPACA y la Ley 2220 de 2022, esta última
especial en materia de conciliación y vigente para la fecha de presentación de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. Bajo esa comprensión, el hecho que la DTSC sea una entidad pública no tornaba,

por sí solo, facultativo el requisito, pues, el asunto no se limitaba a la hipótesis
general de una entidad pública demandante, sino a un litigio entre entidades
públicas, supuesto regulado de manera específica por el artículo 92 (parágrafo)30
de la Ley 2220 de 2022. Por tanto, la lectura propuesta por la accionante no
demuestra, por sí misma, una aplicación arbitraria o irrazonable del ordenamiento
jurídico.

30
«PARÁGRAFO. La conciliación será requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas partes sean entidades
públicas.».

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45. De igual forma, aunque la Dirección sostuvo que, aun de aceptarse la tesis laboral

del Tribunal, la conciliación sería facultativa, la Sala encuentra que, la autoridad
accionada no examinó el asunto como una controversia pensional sobre derechos
ciertos e irrenunciables, sino como un debate de contenido económico entre
entidades públicas, relacionado con la distribución de una cuota parte pensional y
la devolución de lo pagado por dicho concepto.

46. En ese sentido, la providencia cuestionada explicó que, las pretensiones de
restablecimiento del derecho tenían contenido patrimonial, pues, estaban
orientadas a obtener la redistribución de la cuota parte pensional y la devolución de
lo pagado. Por ello, consideró que, podían ser objeto de conciliación en los términos
del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, sin que ello implicara conciliar la legalidad
del acto administrativo, sino sus efectos económicos.

47. De otra parte, en cuanto a la solicitud de medida cautelar, la autoridad judicial

accionada precisó que, la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos demandados no correspondía a una medida de carácter patrimonial,
sino, a la suspensión de los actos mediante los cuales se asignó a la tutelante la
cuota parte de la pensión reconocida a la señora Chang Romero. Por tanto, dicha
petición no tenía la virtualidad de tornar facultativo el requisito de procedibilidad.

48. Respecto del argumento según el cual, el asunto ordinario estaba excluido de

conciliación por tratarse de una controversia tributaria, la Sala observa que, la
autoridad accionada no desconoció que las cuotas partes pensionales tienen
naturaleza parafiscal. No obstante, en el caso concreto no se discutía el
reconocimiento pensional de la señora Chang Romero, sino quien era la entidad
llamada a responder por la cuota parte pensional asignada con ocasión de ese
reconocimiento, cuestión de naturaleza laboral, como lo ha precisado esta
Corporación31.

49. De ahí que, el Tribunal diferenciara entre la naturaleza parafiscal de las cuotas

partes pensionales y el objeto concreto del litigio. En ese sentido, concluyó que, no
se trataba de un proceso de cobro coactivo ni de una discusión tributaria en sentido

31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 22 de noviembre de 2018, proceso núm. 25000-23-37-000-2016-02069-01
(23683), M. P, Milton Chaves García, en el cual se indicó que, «[…] los actos relacionados con la determinación y distribución
de la mesada pensional entre las entidades concurrentes son de naturaleza laboral, y por tanto corresponden a la Sección
Segunda […]» y precisó «[…] [c]omoquiera que el Departamento de Boyacá controvierte la cuota parte pensional a su cargo
determinada por FONPRECON que sirve de soporte financiero de la pensión reconocida al señor Rafael Antonio Forero
Castellanos, la controversia planteada es de naturaleza laboral […]».

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estricto, sino de un debate sobre la asignación de una obligación económica entre
entidades públicas dentro del proceso de reconocimiento pensional. Por ello, estimó
que, el asunto no se encontraba dentro de aquellos que la ley excluye de la
conciliación prejudicial, conforme al artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 y al artículo
2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015.

50. Por todo lo anterior, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo
alegado. La providencia cuestionada no se fundó en una norma inexistente,
derogada o inaplicable, sino en una interpretación razonable de las reglas que
regulan la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso - administrativos. Que
la parte tutelante estime que, debía prevalecer otra lectura normativa no convierte,
por sí solo, la decisión en arbitraria.

51. Tampoco se advierte que, la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en

defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto. Si bien la demanda fue
admitida sin que se exigiera inicialmente el agotamiento de la conciliación
extrajudicial, esa circunstancia no impedía al Tribunal verificar nuevamente los
presupuestos procesales al momento de dictar sentencia. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 207 del CPACA , que dispone:

[….] CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales,
salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.
(Negrillas de la Sala).

52. A su vez, el inciso segundo del artículo 187 ibidem prevé:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas la[s] excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus. (Negrillas de la Sala).

53. Bajo ese marco, la declaratoria de la excepción de falta de agotamiento de la

conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad no obedeció a un mero
formalismo desprovisto de sustento, sino, al ejercicio de una potestad procesal
prevista en el ordenamiento jurídico.

54. Por tanto, no se configura el exceso ritual manifiesto alegado, pues, la autoridad

accionada explicó las razones por las cuales consideró exigible dicho requisito en
el caso concreto y sustentó su decisión en las reglas procesales que habilitan al

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juez para ejercer control de legalidad y decidir las excepciones que encuentre
probadas.

55. Ahora bien, frente al desconocimiento del precedente constitucional, la Sala
advierte que, las sentencias C-040 de 1993 y C-711 de 2001 fueron invocadas para
sostener que, las contribuciones parafiscales integran el género tributario. Sin
embargo, esa premisa no fue desconocida por el Tribunal, toda vez que, su decisión
no negó tal naturaleza, sino que precisó que, en el caso concreto, la controversia
no recaía sobre el cobro tributario o parafiscal, sino sobre la distribución de una
cuota parte pensional.

56. En relación con el precedente horizontal invocado, revisadas las decisiones
alegadas como desconocidas, se tiene que, las demandas correspondientes a esos
asuntos fueron presentadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022.
Por tanto, en dichos procesos no resultaba exigible el agotamiento de ese requisito
en los términos de la citada normativa, a diferencia del caso objeto de estudio, en el
que la demanda fue radicada el Dieciséis (16) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023),
cuando ya regía dicha disposición. En consecuencia, no se advierte identidad
normativa para concluir que la autoridad accionada se hubiera apartado
injustificadamente de su precedente.

57. Para predicar el desconocimiento del precedente horizontal no basta con señalar

que existen decisiones anteriores sobre una situación semejante, sino que resulta
necesario demostrar que, la autoridad judicial resolvió de manera diferente un
asunto sustancialmente análogo, bajo el mismo marco normativo aplicable y sin
ofrecer una justificación suficiente. En este caso, la entrada en vigor de la Ley 2220
de 2022 constituye un elemento normativo relevante que impide equiparar, sin más,
los asuntos invocados por la accionante con el proceso ordinario que dio lugar a la
providencia cuestionada.

58. En relación con la sentencia del Consejo de Estado del 10 de septiembre de 2009,

expediente 73001-23-31-000-2008-00504-01, es oportuno indicar que, dicha
providencia fue proferida dentro de una acción de tutela con efectos inter-partes y
se ocupó de un supuesto fáctico y jurídico distinto, relacionado con descuentos
superiores al 50% de una mesada pensional y la eventual afectación del mínimo
vital del pensionado. Por tanto, si bien allí se efectuaron consideraciones sobre la

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protección constitucional de derechos pensionales, no se fijó una regla que resultara
aplicable al asunto objeto de estudio, en el que no se discute el reconocimiento ni
el pago de una pensión, sino la distribución de la cuota parte pensional entre
entidades públicas. En consecuencia, la decisión invocada como desconocida no
tiene la entidad suficiente para configurar el desconocimiento del precedente
alegado.

59. Por todo lo anterior, la Sala considera que, la providencia cuestionada no incurrió

en los defectos sustantivo, procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto ni
desconocimiento del precedente, puesto que, la determinación objeto de reproche
estuvo debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad
con las pruebas y postura jurisprudencial sobre la materia.

60. Finalmente, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN

61. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora

no acreditó que la providencia del 12 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, hubiere incurrido en los defectos sustantivo,
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto ni desconocimiento del
precedente. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por la Dirección
Territorial de Salud de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03450-00
Accionante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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