Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03451-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03451-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03451-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: OMAR ORTIZ SEGURA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/
Reajuste de subsidio familiar – SLP del Ejército Nacional. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL: Se encuentra acreditada como causal general de procedibilidad de la
acción de tutela. DEFECTO SUSTANTIVO: No se encuentra acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resolverá la impugnación presentada por la parte accionante, por conducto
de apoderada, contra la sentencia del 5 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 5 de mayo de 2026, el señor Omar Ortiz Segura interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la prevalencia del
derecho sustancial, al respeto de los derechos adquiridos y a los principios de
seguridad jurídica, de no regresividad de los derechos de contenido prestacional y
de favorabilidad en materia laboral.
Hechos relevantes
2. El 11 de octubre de 2005, el señor Omar Ortiz Segura ingresó al Ejército Nacional
para prestar servicio militar obligatorio. El 15 de julio de 2008, se vinculó como
alumno de soldado profesional y el 30 de agosto de 2008, como soldado profesional.
3. Mediante escritura pública del 28 de mayo de 2015, el accionante acreditó la
existencia de una unión marital con su compañera permanente a partir del 8 de julio
de 2009.
4. Mediante orden administrativa de personal núm. 1900 del 30 de agosto de 2015,
el Ejército Nacional reconoció subsidio familiar del 23%, según lo estipulado por el
Decreto 1161 de 2014.
5. El 6 de noviembre de 2018, el demandante solicitó ante la Dirección de
Prestaciones Sociales del Ejército Nacional el reconocimiento y pago del subsidio
familiar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000. Mediante oficio
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
20193110113271 del 23 de enero de 2019, la entidad negó esta prestación, pues
ya se había reconocido la prestación en los términos del Decreto 1162 de 2014.
6. La parte actora promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio núm. 20193110113271
del 23 de enero de 2019. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordenara el reajuste del subsidio familiar en un 62.5% del sueldo básico, con
fundamento en lo establecido por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, así como
el pago retroactivo con fundamento en el reajuste reclamado.
7. El proceso correspondió al Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa que, por medio de sentencia del 11 de diciembre de 2023, negó
las pretensiones.
8. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que el Decreto 3770 de
2009 fue derogado por el Consejo de Estado mediante providencia del 8 de
septiembre de 2017 con efectos ex tunc, lo cual revivió las disposiciones contenidas
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para las situaciones no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta que fue subrogado por el Decreto 1161
de 2014. Sin embargo, señaló que dicha sentencia dispuso que el Decreto 1161 de
2014 continuaba en plena vigencia. Por otra parte, el actor consolidó su situación
bajo la vigencia del Decreto 1161 de 2014, pues puso en conocimiento de la entidad
su unión marital de hecho en el 2015. Por lo anterior, consideró que al demandante
no le asistía el derecho al reajuste del subsidio familiar.
9. Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de apelación.
Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Putumayo confirmó la decisión de primera instancia. De acuerdo con la autoridad
judicial, el demandante ya había consolidado su derecho bajo la norma vigente, esto
es, el Decreto 1611 de 2014, acto que goza de presunción de legalidad y no fue
objeto de demanda. Además, observó que la declaratoria de nulidad del Decreto
3370 de 2009 no afectó la situación jurídica del accionante. En efecto, si bien se
declaró la nulidad con efectos ex tunc, ello no implicó la reviviscencia automática de
derechos individuales ni de la invalidez de actos administrativos expedidos
válidamente bajo disposiciones vigentes. Además, la decisión no afectó situaciones
consolidadas al amparo de normas anteriores.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están
siendo vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Putumayo, al proferir
la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2025 en virtud de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, en lo relativo a la negativa de reconocer y
por ende reajustar el subsidio familiar devengado por el actor en su
asignación salarial mensual, conforme a la cuantía establecida en el artículo
11 del decreto 1794 del 2000.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto
negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía
establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Que una vez ordenada la nulidad solicitada, se ordene a la autoridad
judicial accionada Tribunal Administrativo del Putumayo, que profiera nueva
sentencia en la cual se ordene que el actor tiene derecho a que el subsidio
familiar sea liquidado y pagado conforme lo establece el artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera”1.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Putumayo, con
la expedición de la sentencia del 6 de noviembre de 2025, incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto realizó una indebida interpretación del concepto de situación
jurídica consolidada. Afirmó que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009
con efectos ex tunc implicó la reviviscencia del Decreto 1794 de 2000 para las
situaciones causadas entre la expedición de este último y la promulgación del
Decreto 1161 de 2014. En ese orden de ideas, argumentó que su unión marital de
hecho se configuró dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1794 de 2000, pues
se consolidó en el año 2009. Adicionalmente, sostuvo que su situación jurídica no
se había consolidado, puesto que realizó la solicitud del subsidio familiar en un
momento de incertidumbre normativa. Finalmente, señaló que la existencia del
Decreto 1161 de 2014 no tiene la virtualidad de extinguir ni sustituir el derecho a
que su situación sea valorada conforme al régimen revivido, toda vez que el Decreto
1161 de 2014 surgió precisamente para suplir el vacío normativo ocasionado con el
Decreto 3770 de 2009.
Trámite procesal
12. Por medio de auto del 8 de mayo de 2026, el despacho ponente de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia. Asimismo, ordenó notificar al presidente y los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Putumayo como accionados y al titular
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y al comandante
general del Ejército Nacional por considerar que les asistía interés jurídico. Entre
otras decisiones.
Intervenciones
13. El Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa
aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 86001-33-33-002-2022-00025-00.
14. El Tribunal Administrativo del Putumayo manifestó que la demanda de tutela
no acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En efecto,
consideró que los argumentos planteados en la tutela son los mismos que los
alegados en el proceso ordinario, especialmente en el recurso de apelación.
Sostuvo que allí el demandante planteó su inconformidad respecto a la
interpretación de los efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, la
reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y la no consolidación de su
1
Ver archivo “004ED_Demanda”, pág. 2.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
situación jurídica. Igualmente, sostuvo que, si se realizara un estudio de fondo, no
se configuró una vulneración de los derechos del demandante.
15. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó que
se “(…) nieguen las pretensiones del accionante al resultar esta acción
improcedente (…)”2. Sostuvo que la autoridad judicial no vulneró el derecho al
debido proceso del accionante. En efecto, argumentó que aquel no tenía derecho al
reconocimiento del subsidio familiar bajo el Decreto 1794 de 2000, toda vez que al
momento en que la autoridad reconoció el subsidio al accionante, estaba en
vigencia el Decreto 1161 de 2014. Adicionalmente, señaló que el Tribunal observó
un debido estudio del caso, una interpretación razonable de la situación jurídica y
fáctica del accionante, lo que le permitió confirmar la decisión de primera instancia.
También indicó que la autoridad judicial no desconoció el principio de favorabilidad,
toda vez que el régimen del Decreto 1161 de 2014 es incluso más favorable que el
del decreto 1794 de 2000, pues aquel incluye el subsidio familiar como partida
computable en la asignación de retiro.
La sentencia de primera instancia
16. Por medio de sentencia del 5 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. A juicio de la
Subsección, los argumentos de la tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
asuntos que ya fueron debatidos en el proceso ordinario. En efecto, mediante la
sentencia del 6 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Putumayo
consideró el alegato sobre la aplicación del Decreto 1794 de 2000 y consideró que
al actor ya se le había reconocido el subsidio familiar con fundamento en la norma
que para ese entonces estaba vigente, esto es, el Decreto 1161 de 2014. Por lo
anterior, el ad quem en el proceso ordinario señaló que la situación jurídica del actor
había quedado consolidada. Además, la Subsección también consideró que el juez
de segunda instancia también discutió los efectos jurídicos de la declaratoria de
nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, pues afirmó que ello no
implicó la reviviscencia automática de la norma anterior ni la invalidez de actos
expedidos válidamente antes de esta norma. Así pues, y toda vez que el actor no
planteó argumentos o problemas jurídicos diferentes que tuvieran relevancia
constitucional, la Subsección declaró improcedente la acción.
La impugnación
17. El señor Omar Ortiz Segura, por conducto de apoderada, presentó impugnación
contra la decisión precitada, mediante escrito en el cual reiteró los argumentos
expuestos en la demanda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
2
Ver archivo “011_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-202603451Contestac”, pág. 16.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
19. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad.
20. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá el problema a
propósito de si el Tribunal Administrativo del Putumayo, con la expedición de la
sentencia del 6 de noviembre de 2025, incurrió en un defecto sustantivo y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la prevalencia del derecho sustancial, al respeto de los derechos
adquiridos y a los principios de seguridad jurídica, de no regresividad de los
derechos de contenido prestacional y de favorabilidad en materia laboral.
21. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) el análisis de los defectos alegados.
Análisis formal de la acción de tutela
a) Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
22. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20053, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
23. De manera frecuente, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, y (vii) que,
cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
24. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales;
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente;
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
25. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos, se iniciará el estudio de mérito.
b) estudio de la procedibilidad en el caso concreto
26. En el presente asunto, se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 6 de noviembre de 2025 puso fin al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo
razonable porque la providencia enjuiciada se notificó por vía electrónica el 7 de
noviembre de 202510 y la tutela se interpuso el 5 de mayo de 2026; (iii) no se invoca
una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta
oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
prevalencia del derecho sustancial, al respeto de los derechos adquiridos y a los
principios de seguridad jurídica, de no regresividad de los derechos de contenido
prestacional y de favorabilidad en materia laboral; y (v) no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado11 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz12.
27. En este contexto, contrario a lo señalado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de primera instancia, la Sala advierte
que (vi) se cumple con el requisito de relevancia constitucional, dado que la parte
actora explicó las razones por las cuales considera que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a
la prevalencia del derecho sustancial, al respeto de los derechos adquiridos y a los
principios de seguridad jurídica, de no regresividad de los derechos de contenido
prestacional y de favorabilidad en materia laboral.
28. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección13, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el reajuste de un subsidio familiar de
un soldado profesional del Ejército Nacional, aspecto que guarda relación con el
derecho fundamental a la seguridad social.
10
Ver expediente 86001-33-33-002-2022-00025-01, índice 14 de Samai.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
13
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2026. Rad.
11001-03-15-000-2025-05979-01.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
29. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”14 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales15”.
30. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección revocará la sentencia del 5
de mayo de 2026, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y,
en su lugar, se procederá a efectuar un análisis de fondo en el asunto bajo estudio.
c) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
31. En el presente asunto, la parte actora cuestiona que el Tribunal Administrativo
del Putumayo, con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre de 2025, incurrió en
un defecto sustantivo, por cuanto no consideró que el derecho al subsidio familiar
para soldados profesionales del Ejército Nacional se tornó exigible a partir del 8 de
junio de 2017, fecha en la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos
ex tunc del Decreto 3770 de 2009. Esa circunstancia, a su juicio, reactivó la
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para efectos del reajuste de
dicho emolumento.
32. Ahora bien, de conformidad con los fundamentos que sirvieron de base para
proferir la decisión enjuiciada, esta Subsección advierte que la autoridad judicial
accionada examinó expresamente los efectos derivados de la sentencia del 8 de
junio de 2017 del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró, con efectos ex
tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, derogatorio del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000. En particular, analizó la vigencia de dicha disposición y el
alcance de sus efectos respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas en
materia de reconocimiento del subsidio familiar de los soldados profesionales.
33. En ese sentido, el Tribunal señaló que los efectos ex tunc de la declaratoria de
nulidad del Decreto 3370 de 2009 implican que la norma quedó retirada del
ordenamiento desde su promulgación, pero no la reviviscencia automática de
derechos individuales ni la invalidez de actos expedidos válidamente. Por lo anterior,
señaló que dicha declaratoria de nulidad no tuvo incidencia sobre personas cuya
situación jurídica ya se hubiera consolidado.
34. Así pues, al resolver el recurso de apelación, la autoridad judicial accionada
valoró las pruebas obrantes en el expediente y concluyó que tanto la solicitud de
reconocimiento del subsidio familiar como el acto mediante el cual este fue
reconocido se produjeron durante la vigencia del Decreto 1161 de 2014. En efecto,
advirtió que, mediante escritura pública del 28 de mayo de 2015, el accionante
declaró la existencia de la unión marital con su compañera permanente desde el 8
de julio de 2009, en la cual nació su hijo. Además, observó que, mediante orden
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
15
Ibid.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
administrativa de personal núm. 1900 del 30 de agosto de 2015, la entidad
reconoció la prestación del subsidio familiar al demandante con fundamento en el
Decreto 1611 de 2014.
35. En consecuencia, la autoridad judicial concluyó que los efectos de la sentencia
del 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 no
resultaban extensivos al caso concreto, en la medida en que la situación jurídica del
demandante ya se encontraba definida y consolidada con anterioridad a dicho
pronunciamiento. Por tal razón, consideró improcedente reconocer y pagar el
subsidio familiar en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.
36. Así las cosas, lejos de acreditarse alguna causal específica de procedibilidad en
la que haya incurrido la autoridad judicial accionada, en este caso lo que resulta
claro es una inconformidad de la parte accionante con las conclusiones a las que
arribó el juez de lo contencioso administrativo al momento de resolver la segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
37. Por lo anterior, se revocará la sentencia del 5 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, en su lugar, se
negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor
Omar Ortiz Segura, por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo
del Putumayo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por el señor
Omar Ortiz Segura, contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03451-01
Accionante: Omar Ortiz Segura
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
10
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