RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03459-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03459-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03459-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03459-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03459-00
Accionante: Lizeth Fernanda Moncada Motta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / INMEDIATEZ.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 5 de mayo de 2026, la señora Lizeth Fernanda Moncada Motta, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo,
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y seguridad social.

2.
Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por dicha autoridad judicial al
proferir la sentencia del 9 de octubre de 20252, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 3 que promovió contra la Nación–Ministerio de
Defensa–Ejército Nacional; cuyo fin era que se declarara la nulidad de las
resoluciones a través de las cuales le determinaron una disminución de la capacidad
laboral -no apta para la actividad militar-, le cancelaron la matrícula en la Escuela
Militar de Suboficiales del Ejército Nacional y le negaron una reubicación laboral4.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 17 de octubre de 2025.
3 Radicado: 25307-33-33-002-2019-00289-01.
4 Solicitó nulidad del i) acta de la Junta Médico Laboral N° 104682 de 14 de noviembre de 2018, ii) acta N° 064894

de 26 de marzo de 2019, iii) Resolución 000647 de 11 de abril de 2019 y, iv) acta Tribunal Médico Laboral y de
Policía TML 19-2-240 de 30 de abril de 2019.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03459-00
Accionante: Lizeth Fernanda Moncada Motta
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.
A través de la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B revocó la decisión del a quo5, para en su lugar
negar las pretensiones. Estimó que la decisión adoptada por la Escuela Militar de
Suboficiales Sargento Inocencio Chincá para proceder a la cancelación de la
matrícula y la pérdida de calidad de alumna de la actora se fundamentó en la
valoración médica y técnica realizada por las autoridades competentes. Adujo que
según el reglamento interno se pierde la calidad de alumno cuando se es declarado
no apto por impedimentos psicofísicos, de acuerdo con las autoridades competentes
de la materia, en este caso la Junta Medico Laboral y Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, lo cual se dio en el asunto analizado.

4.
La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que aplicó de forma
irrestricta el reglamento de la Escuela Militar de Suboficiales sobre la Constitución,
ignorando que la estabilidad laboral reforzada se extiende a quienes, aunque no
tengan una vinculación formal, se encuentran en un proceso de formación pública
que les genera una expectativa legítima y protección especial. Por lo que erró al
considerar que la reubicación laboral no era predicable a los alumnos por no ostentar
un vínculo laboral, desconociendo las sentencias T-465 de 2003 y T-250 de 1993.

5.
Sostuvo que la autonomía universitaria de las escuelas militares (Ley 30 de 1992)
no es un mecanismo que se debe utilizar de manera arbitraria para violar derechos
fundamentales. Las decisiones de retiro deben ser motivadas objetivamente,
demostrando que no hay ni un solo puesto en toda la institución donde el alumno
pueda servir, según las sentencias T-068 de 2018 y C-063 de 2018, las cuales fueron
desconocidas por el ad quem quien no valoró los títulos técnicos en contabilización
de operaciones comerciales y financieras, así como en servicio al cliente de la
demandante.

6.
Arguyó que está probada su debilidad manifiesta, en la medida en que: (i) según
el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá y
Cundinamarca con posterioridad a la lesión lumbar, desarrolló un fenómeno
trombocitopénico y una posible lupus eritematosa sistémica, diagnósticos que
incluyen el uso de corticoides e hidroxicloroquina; (ii) se encuentra en situación de
pobreza moderada, como lo certifica el Sisbén, por lo que no tiene recursos
económicos para sufragar un tratamiento; (iii) la historia clínica expone que su
patología es crónica, lo que le genera una barrera para conseguir empleos que
exijan esfuerzo físico; y, (iv) depende económicamente de su papá y se encuentra
desempleada, tal como lo demuestra la declaración de dependencia económica
rendida ante la Notaría Novena de Bucaramanga.

7.
Expuso que el Tribunal ignoró que al desvincularla de la Escuela de Suboficiales
no solo se le quitó su formación académica, sino que instó para quedar fuera de un
mercado laboral civil para sus limitaciones físicas.

5 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot mediante sentencia emitida el 30 de septiembre de

2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03459-00
Accionante: Lizeth Fernanda Moncada Motta
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8.
Concluyó que el accionado incurrió en una vía de hecho al omitir la valoración
integral del acervo probatorio y, desconocer que el Estado tiene una obligación de
solidaridad reforzada con quienes sufren daños en su integridad mientras sirven a
la Nación, así sea en período de formación, desconociendo de manera directa el
bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

9. Mediante auto de 12 de mayo de 20266 se admitió la presente acción, se ordenó

notificar de su presentación a la autoridad accionada, se negó la medida provisional
solicitada y se vinculó a la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional, en
calidad de tercero con interés. Se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba pertinente, dentro del marco
de las competencias a ella asignadas, interviniera en el presente asunto.

10. También se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot

para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 25307-33-33-
002 2019-00289-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
B7.

11. Hizo un recuento de las decisiones adoptadas en el marco del proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho, para después concluir que no se evidenciaba
vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante por parte de
ese despacho judicial, por lo que no se debía acceder al amparo solicitado. Adicionó
que la acción constitucional no puede constituir una tercera instancia en la que se
pretenda la declaratoria favorable de las pretensiones invocadas en el proceso
ordinario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

12. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, al no encontrarse
superado el requisito general de inmediatez, en tanto no se presentó dentro de un
plazo razonable, desde que se notificó la providencia cuestionada.

13.
Esta Sala ha expresado que excepcionalmente procede contabilizar dicho término
desde la ejecutoria de la decisión, únicamente en los casos en que se hubiese
realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de
aclaración, de corrección o de adición de una decisión o, incluso, un incidente de
nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes. Dicha excepción
se justifica porque los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esa clase de

6 Notificado el 15 de mayo de 2026.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 9 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03459-00
Accionante: Lizeth Fernanda Moncada Motta
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

solicitudes podrían tener incidencia o modificar el alcance de la decisión que se
reprocha en sede de tutela. Por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto
de cuestionamiento.

14. En ese sentido, la Sala encuentra que la accionante alega la presunta vulneración

de sus derechos fundamentales con ocasión de la sentencia de 9 de octubre de
2025, la cual se notificó a través de correo electrónico del viernes 17 de octubre de
ese mismo año8. Conforme a ello, la notificación -en tanto fue por medios
electrónicos- se entiende surtida el martes 21 de octubre de 2025. No obstante, la
demanda de tutela fue presentada el 5 de mayo de 2026, es decir, por fuera del
término razonable establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada de
esta Corporación.

15. Además, no se vislumbra que la parte actora hubiera presentado alguna solicitud

adicional posterior a la expedición del fallo cuestionado, que tuviera la entidad de
suspender el término de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo. Del
mismo modo no expuso motivo alguno por el cual hubiera presentado la acción
constitucional fuera del término jurisprudencialmente establecido.

16. Conforme a lo anterior, el asunto no supera el requisito general de inmediatez;

por lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente solicitud de amparo.

17.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

8 El mensaje se envío el 16 de octubre de 2025, pero en horario no hábil, esto es a las 10:57 pm, por lo que se

entiende remitido al día siguiente.
9 VF

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03459-00
Accionante: Lizeth Fernanda Moncada Motta
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

5

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.