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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03462-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03462-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a los Juzgados Sexto y Treinta y Cuatro Administrativo de los Circuitos Judiciales de Cali y Bogotá, respectivamente, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, respecto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, hoy Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la ciudadana Martha Lucia Hernández Ballesteros respecto a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura y, en consecuencia, ORDENAR a la citada entidad que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, computadas a partir de la notificación de la presente providencia, emita y notifique una respuesta de fondo a la solicitud que le fue puesta en conocimiento el 6 de abril de 2026. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. QUINTO: En el evento que no sea impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03462-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00
Demandante: MARTHA LUCÍA HERNÁNDEZ BALLESTEROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Concede amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La señora Martha Lucia Hernández Ballesteros, actuando en nombre propio, mediante
escrito remitido vía correo electrónico el 5 de mayo de 2026, presentó acción de tutela
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los Juzgados Segundo,
Sexto, y Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, de Cali,
y de Bogotá, respectivamente, y la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura. El
objeto del amparo constitucional es la protección de su derecho fundamental de
petición, presuntamente trasgredido por las accionadas, por la falta de respuesta a la
solicitud que les fuere presentada el 6 de abril de 2026.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de la garantía constitucional
invocada y, en ese sentido, formuló las siguientes pretensiones:

1 Ver índice 2 de Samai

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Martha Lucía Hernández Ballesteros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

1. Que se ampare el derecho constitucional aquí resaltado y expuesto, el cual fue
vulnerado con los hechos en cuestión.

2. Que se ordene a las entidades o sujetos accionados a dar respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente a las peticiones en cuestión y a las pretensiones que se elevaron
con ellas.2

1.3. Hechos

La accionante relató que el 6 de abril de 2026 presentó ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, los Juzgados Segundo, Sexto, y Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Buenaventura, de Cali, y de Bogotá, respectivamente, una
solicitud cuyo objeto era obtener copia integra del expediente 76109-33-31-002-2008-
00168-00/01, así como también peticionó el acceso al citado asunto en la plataforma
de SAMAI.

Indicó que la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la fecha de
presentación del escrito, dio respuesta indicando que, dado que el asunto había
finalizado en el año 2012, no se contaba con expediente digitalizado. Asimismo,
precisó que las piezas procesales habían sido devueltas al juzgado de origen, esto es
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, suprimido
por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se remitió la consulta a la Oficina
de Apoyo Judicial de Buenaventura y a los demás juzgados para que dieran
respuesta.

A su turno, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura,
el 7 de abril de 2026, informó a la demandante que el contencioso sobre el cual versa
la consulta fue tramitado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura, siendo suprimido. Asimismo, precisó que no cuenta con el asunto
en cuestión en sus archivos y tampoco que le haya sido reasignado, por lo que remitió
la consulta al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura, el 9
de abril de 2026, refirió que no tiene a su cargo el proceso 76109-33-31-002-2008-
00168-00/01, por lo que remitió la consulta a la Oficina de Apoyo Judicial de
Buenaventura.

Conforme lo anterior, precisó que la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, pese a haber sido destinatarios de
su petición, no emitieron respuesta de fondo frente a su petición.

2 Transcripción original con posibles errores.

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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

En criterio de la accionante, la omisión de las accionadas ha trasgredido el derecho
fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, pues, se
encuentra vencido el término para que las accionadas expidan una respuesta de
fondo.

1.5. Trámite de la acción de tutela e intervenciones

La Magistrada Ponente de la presente decisión, mediante proveído del 11 de mayo de
20263, admitió la acción constitucional; ordenó la notificación de las autoridades
accionadas; y vinculó como terceros con interés a los Juzgados Primero
Administrativo Mixto y Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura.

La Secretaría General, en cumplimiento de la anterior decisión, el 13 de mayo de 202,6
remitió a los destinatarios las notificaciones correspondientes4, en virtud de las cuales
se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5

Solicitó que desestimen las pretensiones de la demanda, pues el 6 de abril de 2026
se remitió a la accionante respuesta a su solicitud, explicándole que, dada la
antigüedad del asunto, en dicha Corporación no reposaba pieza procesal alguna y
tampoco se contaba con copia digitalizada.

3 Ver índice 4 de Samai
4 Ver índice 7 de Samai
5 Ver índice 10 de Samai

3
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1.5.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura 6

Como punto de partida explicó que anteriormente se encontraba denominado como
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, pues el otrora
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura fue suprimido
por el Consejo Superior de la Judicatura el 11 de enero de 2023.

En ese sentido, acotó que los asuntos que se encontraban a cargo del extinguido
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura fueron
redistribuidos entre sus pares, esto es los Juzgados Primero y Tercero del mismo
circuito judicial.

Posteriormente, el 11 de enero de 2024, la directora de la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico, dispuso ajustar la nomenclatura de los juzgados de
Buenaventura, pasando de llamarse Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura a Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura.

Precisado lo anterior, explicó que, una vez consultado el inventario de asuntos a su
cargo, no se encontró el expediente correspondiente al proceso 76109-33-31-002-
2008-00168-00/01, así como tampoco fue objeto de redistribución. En ese sentido, se
dio traslado de la solicitud a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura y con copia
a la actora.

6 Ver índice 11 de Samai

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Conforme lo anterior, en sentir de la autoridad judicial, se advierte que no ha
trasgredido la garantía constitucional invocada, dado que dio trámite a la solicitud
remitiendo por competencia la misma, lo cual le fue debidamente notificado a la
peticionaria.

1.5.3. Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura7

Explicó que, mediante respuesta del 9 de abril de 2026, se informó a la actora que el
expediente solicitado no reposa en los archivos de ese juzgado y se dio traslado de la
solicitud a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura.

7 Ver índice 12 de Samai

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Conforme lo anterior, en su criterio, no vulneró el derecho fundamental de petición y,
en consecuencia, solicitó que se niegue el amparo pretendido.

1.5.4. Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura8

Por conducto del jefe de la dependencia, solicitó que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado. Para lo cual, puso de presente lo siguiente:

Que no se encontró registro alguno del proceso 76109-33-31-002-2008-00168-00/01,
respecto al inventario de procesos que en su momento fue entregado por el
desparecido Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura.

Conforme lo anterior, procedió a atender la solicitud remitiendo dicha respuesta al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, y a los Juzgado Primero y Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura.

8 Ver índice 13 de Samai

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1.5.5. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali9

Explicó que, una vez revisado el correo electrónico institucional, no se encontró
constancia alguna que la solicitud presentada por la accionante hubiese sido radicada
en dicha autoridad judicial.

No obstante, con ocasión de la solicitud de amparo, el juzgado procedió a emitir
respuesta el 14 de mayo de 2026 y notificada al correo electrónico reportado,
explicando que su intervención en el proceso 76109-33-31-002-2008-00168-00/01 se
limitó a tramitar un despacho comisorio el 24 de septiembre de 2008, época para la
cual no había expedientes digitalizados.

Conforme lo expuesto, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.

1.5.6. Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá10

Indicó que no fue destinataria de la solicitud promovida por la accionante. No obstante,
una vez fue notificada de la acción constitucional, procedió a emitir respuesta a la
actora el 14 de mayo de 2026.

En dicha comunicación, precisó que su participación en el contencioso objeto de
consulta se limitó a la gestión de un despacho comisorio proveniente del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, el cual, luego de
haberse concretado, se devolvió el 7 de mayo de 2009, época para la cual no existía
SAMAI y tampoco había expedientes digitales.

9 Ver índice 14 de Samai
10 Ver índice 15 de Samai

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Por lo anterior, pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela del asunto, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
591 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, es
necesario resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los Juzgados Segundo, Sexto,
y Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, de Cali,
y de Bogotá, respectivamente, y la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura,
vulneraron el derecho fundamental de petición de la señora Martha Lucía
Hernández Ballesteros por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 6
de abril de 2026?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental de petición; (iii)
la carencia actual de objeto; y, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

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fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el interesado invoque
y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela como
mecanismo transitorio.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»11. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido12.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del

11 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

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peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada»13.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […]
la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»14.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada15.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos
en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo16.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho

13 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
14 Ibídem.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.5. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones17 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este
aspecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente18”.

17 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
18 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.

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Lo anterior, fue posteriormente reiterado en sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, en la que se precisó lo siguiente:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.19

Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales20.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal21.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados22.

19 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.6. Caso concreto

La solicitud de amparo constitucional presentada por la ciudadana Martha Lucía
Hernández Ballesteros tiene como finalidad el amparo de su derecho fundamental de
petición, pues el 6 de abril de 2026 presentó una solicitud relacionada con el proceso
ordinario de reparación directa 76109-33-31-002-2008-00168-00/01, en la que requirió
que se le entregara una copia integra de éste, así como el acceso a la plataforma de
Samai para realizar su consulta.

Como punto de partida, se debe determinar si efectivamente las autoridades
recibieron dicha comunicación. Al respecto, se tienen las siguientes imágenes que lo
acreditan:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Martha Lucía Hernández Ballesteros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

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Demandante: Martha Lucía Hernández Ballesteros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

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Demandante: Martha Lucía Hernández Ballesteros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

Conforme lo anterior, se tiene que, contrario a lo aseverado por los Juzgados Sexto y
Treinta y Cuatro Administrativos de los Circuitos Judiciales de Cali y Bogotá,
respectivamente, tales autoridades judiciales efectivamente conocieron de la solicitud
presentada por la accionante el 6 de abril de 2026 y dentro del término legal
establecido se abstuvieron de dar una respuesta de fondo.

No obstante, también se da por acreditado que los citados juzgados, con ocasión del
escrito de tutela y la notificación del auto admisorio de ésta, procedieron a emitir una
respuesta de fondo, en la que indicaron que, respecto al proceso ordinario de
reparación directa 76109-33-31-002-2008-00168-00/01, fungieron como autoridades
comisionadas del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura, habiendo realizado la gestión encomendada y, en consecuencia, no
cuentan con archivo físico o digital alguno respecto al citado asunto.

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Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

Por lo anterior, se tiene que los hechos que dieron origen a la trasgresión de la
garantía constitucional cesaron, pues al haberse expedido la respuesta, con
independencia del sentido de ésta, se resolvió de fondo la consulta presentada por la
parte accionante. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto a los Juzgados Sexto y Treinta y Cuatro Administrativos de
los Circuitos Judiciales de Cali y Bogotá, respectivamente.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, hoy Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, y el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura en sus respuestas indicaron
que habían remitido por competencia el asunto a la Oficina de Apoyo Judicial de
Buenaventura.

Lo anterior, se encuentra acreditado en el presente asunto, pues así fue confesado
por la parte actora en los hechos de su escrito de amparo, cuando indicó que los días
6, 7 y 9 de abril cada una de las citadas autoridades le informó que no contaban con
el expediente digital o físico correspondiente al proceso ordinario 76109-33-31-002-
2008-00168-00/01, danto traslado a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura.

Ahora bien, al haberse promovido la acción constitucional contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura, hoy Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura, con posterioridad a tales respuestas, lo procedente es negar el
amparo solicitado, pues se entiende que nunca hubo vulneración del derecho
fundamental de petición.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

Finalmente, respecto a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, se tiene que
dicha autoridad tuvo conocimiento de la solicitud con ocasión de los traslados que se
le hiciere por parte de las anteriores autoridades judiciales.

Asimismo, se tiene por acreditado que el 14 de mayo de 2026, posterior a la fecha de
presentación de la acción de tutela, dicha entidad emitió respuesta dirigida al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, y a los Juzgado Primero y Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura, en la que informó lo siguiente:

«[…] no se encontró registro alguno del proceso de reparación directa identificado con
la radicación No. 76109-33-31-002-2008-00168-00. Debido a lo anterior, y al no obrar
constancia documental de dicho proceso dentro del inventario recibido, no ha sido
posible adelantar la redistribución del expediente mencionado, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo No. CSJVAA22-60 del 16 de diciembre de 2022, proferido por
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca».

No obstante, la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, pese a tener conocimiento
de la solicitud presentada por la ciudadana Martha Lucía Hernández Ballesteros,
omitió dar una respuesta de fondo en la que absolviera los interrogantes por ella
planteados en su solicitud, esto es la copia integra del expediente correspondiente al
proceso ordinario 76109-33-31-002-2008-00168-00/01.

En el presente asunto, conforme los medios de prueba arrimados al proceso, se tiene
que la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura emitió múltiples comunicados, pero
cada uno de ellos fue dirigido a las autoridades judiciales, sin que se encuentre alguno
dirigido a la accionante, pues nunca hubo una respuesta formal a dicha persona
respecto a la solicitud presentada.

Puestas de ese modo las cosas, la Sala estima que la Oficina de Apoyo Judicial de
Buenaventura vulneró el derecho fundamental de petición de la ciudadana Martha
Lucía Hernández Ballesteros, por cuanto omitió responder la petición presentada el 6
de abril de 2026, que le fue remitida por competencia en la misma fecha por parte del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En consecuencia, se dispondrá que dicha entidad, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, computadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda
a responder de fondo la solicitud y que dicha contestación sea debidamente notificada
a la interesada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: Martha Lucía Hernández Ballesteros
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03462-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a los
Juzgados Sexto y Treinta y Cuatro Administrativo de los Circuitos Judiciales de Cali y
Bogotá, respectivamente, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, respecto del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura, hoy Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la ciudadana Martha
Lucia Hernández Ballesteros respecto a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura
y, en consecuencia, ORDENAR a la citada entidad que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, computadas a partir de la notificación de la presente providencia,
emita y notifique una respuesta de fondo a la solicitud que le fue puesta en
conocimiento el 6 de abril de 2026.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

QUINTO: En el evento que no sea impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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