Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03465-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03465-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03465-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03465-00
Accionante: Juan Carlos Valbuena Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejera ponente: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03465-00
Accionante: Juan Carlos Valbuena Gutiérrez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra acto administrativo-Requisitos de procedencia. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Juan Carlos
Valbuena Gutiérrez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Juan Carlos Valbuena Gutiérrez, en nombre propio 1, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada y relativa, al trabajo, a la salud, a la vida, a la seguridad social y al debido
proceso administrativo2, que consideró vulnerados por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cali, con ocasión a la expedición de la Resolución número 085 del 4 de mayo
de 2026 mediante la cual nombró en propiedad al señor Manuel Alejandro Bastidas Patiño
en el cargo de Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Cali, que desempeñaba el aquí
accionante.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Juan Carlos Valbuena Gutiérrez, ocupó en provisionalidad el cargo de Juez 19
Laboral del Circuito de Cali desde el 7 de diciembre de 2022.
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 4079134A5B91538E BC6FDDFCCB35934B F8C9EFB980BC4C7C
AF608D06610894E6.
2 Ibid
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2.2. Manifestó que el 10 de septiembre de 2025 fue diagnosticado con “apnea severa del
sueño” y, posteriormente, con “desviación del tabique nasal e hipertrofia de cornetes”.
Como consecuencia de tales patologías, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle
del Cauca le ordenó, el 9 de diciembre de 2025, la práctica del procedimiento quirúrgico
denominado “turbinoplastia vía transnasal + septoplastia primaria transnasal”, así como
la realización de exámenes prequirúrgicos y valoración anestesiológica.
2.3. Indicó que la Nueva EPS no autorizó oportunamente el procedimiento quirúrgico,
motivo por el cual solicitó en enero de 2026 traslado a SANITAS EPS. No obstante, el 12
de febrero de 2026, NUEVA EPS rechazó inicialmente la petición. En consecuencia, el
16 de febrero siguiente, interpuso acción de tutela contra la NUEVA EPS, SANITAS EPS,
la ADRES y el Ministerio de Salud y Protección Social. El Juzgado 13 Laboral del Circuito
de Cali concedió el amparo, decisión que permitió su afiliación efectiva a SANITAS EPS
a partir del 1 de marzo de 2026.
2.4. Expuso que SANITAS EPS ordenó nuevas valoraciones médicas y exámenes
especializados, entre ellos un “polisomnograma en titulación de dispositivo médico”,
practicado el 9 de abril de 2026 en la IPS Cayre. El examen arrojó resultado positivo para
uso permanente de CPAP a presión de 7 cm de agua. Además, el 6 de abril de 2026 el
servicio de otorrinolaringología lo remitió a la Clínica MED para manejo quirúrgico y fijó
cita médica para el 6 de mayo de 2026 con el propósito de definir las pautas para la
cirugía requerida.
2.5. Afirmó que, con fundamento en su estado de salud, el 3 de marzo de 2026 solicitó al
Tribunal Superior de Cali el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por razones
de salud y la suspensión de la provisión definitiva de su cargo mientras persistiera su
condición médica. Posteriormente presentó escritos del 13 y 24 de marzo y del 13 de abril
de 2026, mediante los cuales informó hechos nuevos relacionados con su tratamiento
médico y el uso del dispositivo CPAP.
2.6. Indicó que, mediante Resolución No. 077 del 22 de abril de 2026, notificada el 23 de
abril siguiente, el tribunal negó la solicitud de estabilidad laboral reforzada al considerar
que las patologías acreditadas no demostraban una afectación significativa que
comprometiera el desempeño normal de sus funciones laborales. Contra dicha decisión,
el accionante interpuso recurso de reposición el 29 de abril de 2026.
2.7. Sostuvo que, sin haberse resuelto previamente el recurso de reposición interpuesto,
el tribunal expidió la Resolución núm. 085 del 4 de mayo de 2026, mediante la cual
nombró en propiedad al abogado Manuel Alejandro Bastidas Patiño en el cargo de Juez
Diecinueve Laboral del Circuito de Cali, en aplicación de la lista de elegibles conformada
dentro del respectivo concurso de méritos.
2.8. Finalmente, señaló que el Tribunal accionado desconoció la jurisprudencia
constitucional relacionada con la estabilidad laboral reforzada y la protección especial de
las personas en condición de debilidad manifiesta. Añadió que es padre cabeza de familia
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y que su eventual desvinculación pondría en riesgo la continuidad de la cirugía
programada, la entrega del dispositivo CPAP y la atención médica requerida por él y por
su núcleo familiar.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó:
“1. Se tutele a mi favor los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada
y relativa, al trabajo, la salud, vida, seguridad social y al debido proceso
administrativo, con el fin que se me conceda el reconocimiento de estabilidad laboral
reforzada por razones de salud y la suspensión de provisión del cargo hasta que
subsista la condición médica acreditada.
2. En el caso que se considere, que a pesar del peticionario merecer el fuero de salud
solicitado se deba ofertar el cargo que ocupa a las personas que conforman el actual
registro nacional de elegibles para el cargo de Juez Laboral del Circuito, se disponga,
que sea nombrado en provisionalidad en un cargo equivalente que haya en las
vacantes futuras que se generen en el Distrito Judicial de Cali o a nivel nacional, si se
tiene en cuenta que a nivel nacional para esta especialidad se ofertaron 119 cargos
equivalentes y la lista de elegibles fue conformada solo con 97 personas. Maxime
cuando el Tribunal de Cali sabe, que próximamente quedaran más plazas disponibles
y definitivas en esta Ciudad, porque los Juzgados Laborales del Circuito números 05,
07, 08 y 17 quedaran acéfalos por el hecho de los titulares conformar la actual lista
de elegibles para ocupar el cargo de Magistrado Sala Laboral (sic)”3.
Adicionalmente, como medida provisional deprecó:
“Señor Juez de tutela, en razón a que en la cita médica que tengo programada para
mañana 06 de mayo en la Clínica MED, el medico me dará las pautas para
practicarme la cirugía denominada “TURBINOPLASTIA VÍA TRANSNASAL +
SEPTOPLASTIA PRIMARIA TRANSNASAL” previos los exámenes médicos de rigor
y la correspondiente valoración médica con anestesiólogo, le pido el favor que
mientras se resuelve esta acción suspenda los efectos de la resolución que expidió el
Tribunal de Cali No. 085 del 04 de mayo de 2026, por medio de la cual en mi remplazo
se nombró en propiedad al Dr. Manuel Alejandro Bastidas Patiño en el cargo de Juez
19 Laboral del Circuito de Cali” 4.
Como fundamentos de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que su condición de
salud le otorga estabilidad laboral reforzada. Expuso que actualmente adelanta un
proceso médico que incluye i) una cirugía de turbinoplastia y septoplastia, ii)
implementación de terapia con dispositivo CPAP y; la inclusión en un programa
especializado para el tratamiento de la apnea de sueño. En consecuencia, sostuvo que
su desvinculación pondría en riesgo la continuidad de los procedimientos y afectaría
gravemente su salud.
Cuestionó que el tribunal accionado hubiera considerado que podía seguir accediendo a
los servicios de salud después de su desvinculación, pues no cumple con los requisitos
3 Ibid.
4 Ibid.
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normativos para acceder al periodo de protección laboral, pues apenas se afilió a la EPS
Sanitas en marzo de 2026.
Adujo que se vulneró su debido proceso administrativo, en la medida en que interpuso
recurso de reposición en contra de la resolución que le negó la estabilidad laboral
reforzada y este no había sido resuelto cuando el Tribunal expidió el acto mediante el
cual nombró en propiedad al doctor Manuel Alejandro Bastidas Patiño en el cargo que
ocupaba.
Agregó que reconocía que el nombramiento del elegible constituye una causal objetiva
de retiro, sin embargo, afirmó que la jurisprudencia constitucional exige adoptar medidas
de protección respecto de quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta.
En su criterio, el tribunal debió: i) procurar que fuera uno de los últimos provisionales en
ser retirados; ii) evaluar la posibilidad de reubicarlo en otro cargo equivalente; y adoptar
medidas para proteger su situación particular de salud.
Finalmente, puso de presente que su desvinculación no solo lo afectaba a él, sino también
a su esposa e hija, quienes dependen económicamente de sus ingresos y figuran como
beneficiarias de su afiliación en el sistema de salud.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 11 de mayo de 20265, la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó como terceros con interés al Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de
Administración de Carrera Judicial, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al señor Manuel Alejandro
Bastidas Patiño; negó la medida provisional solicitada por el actor; ordenó la notificación
a las partes; y dispuso la suspensión de los términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca6 pidió declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva en el asunto, dado que, no es la autoridad llamada
a pronunciarse de la solicitud de amparo, en la medida en que carece de competencia
alguna para establecer la procedencia de la estabilidad laboral reforzada y su correlativa
reubicación en cargos vacantes.
Puso de presente que las decisiones respecto de los nombramientos y situaciones
administrativas de quienes ocupan los cargos en provisionalidad en los despachos
judiciales o administrativos de la Rama Judicial, escapan su competencia, pues sus
facultades fijadas y delegadas por la Ley Estatutaria, se limitan a la administración de la
carrera judicial, esto es, formular las listas de candidatos para proveer en propiedad unos
5 Índice 00006 del aplicativo SAMAI, certificado816FF266B255D58C 777FF0F95AE3AC6B A8970887AE068902
4F478963FF2F2015.
6 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado BA8F3C978ED4E0F9 0385776F68874CCA B85EE46237E8A897
DBCB4271D3A165A9.
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cargos de Jueces de la República, sin que tenga competencia alguna para interferir en el
proceso de nombramiento, y posesión, que corresponde exclusivamente al nominador.
4.2. El señor Manuel Alejandro Bastidas Patíno 7 se opuso a las pretensiones de
amparo en la medida en que no superan en requisito de subsidiariedad. Sostuvo que el
accionante pretende cuestionar actos administrativos que gozan de legalidad y que
pueden ser controvertidos mediante los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro de los cuales puede solicitar el decreto de medidas
cautelares.
Explicó que fue nombrado en propiedad mediante la Resolución 085 del 4 de mayo de
2026, aceptó el nombramiento el 12 de mayo siguiente y presentó renuncia al cargo que
ejercía en propiedad como Juez Laboral Municipal de Armenia (la cual fue aceptada
mediante Resolución SP-065-2026 del 14 de mayo de 2026), confiando legítimamente
en que asumiría el nuevo cargo.
Añadió que su nombramiento como Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Cali no
obedecía a una decisión discrecional o arbitraria, sino al cumplimiento de una lista de
elegibles derivada de un concurso de méritos.
Respecto al fuero de salud invocado por el accionante, sostuvo que el Tribunal Superior
de Cali ya concluyó, mediante la Resolución 077 del 22 de abril de 2026, que la apnea
del sueño alegada no generaba una limitación funcional que afecte significativamente su
desempeño laboral ni lo ubique en condición de discapacidad o debilidad manifiesta.
Señaló además que no existen pruebas de incapacidades prolongadas o restricciones
laborales derivadas de dicha patología, y que la cirugía programada corresponde, en
principio, a un procedimiento ambulatorio.
Por otra parte, se opuso a la afirmación según la cual la desvinculación implicaría la
pérdida de la atención médica, esto, en la medida en que el traslado entre EPS no afecta
la antigüedad del afiliado y la normativa vigente garantiza la continuidad del servicio de
salud y la posibilidad de movilidad entre regímenes, de modo que no existe riesgo cierto
de interrupción del tratamiento.
De otra parte, expuso que él mismo presenta una condición médica de larga data 8,
consistente en trastornos de ansiedad, depresión y antecedentes de tratamiento por
adicción a medicamentos, circunstancias que han dado lugar a múltiples
recomendaciones médicas y restricciones laborales orientadas a mantenerlo cerca de su
red de apoyo familiar en Cali. Por lo tanto, indicó que esas patologías sí lo ubican en
7 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado C08F023A8B70D941 F814143BBA1CD5D7 BFA5F31B5E9D8874
7A7A8908629C37A3.
8 En su escrito sostuvo que en 2022 presentó acción de tutela para solicitar la protección de su estabilidad laboral
reforzada y así poder continuar vinculado en provisionalidad al Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali, una vez venció
la licencia de dos años que le otorgó el Tribunal Superior de Armenia para desempeñar otro cargo en la Rama Judicial.
Indicó que la tutela se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000 2022-06295-00 y fue desfavorable en primera y
segunda instancia, al estimarse que no se cumplía el requisito de subsidiariedad y que debía acudir a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad de los actos administrativos que determinaron mi separación
del cargo y la no prorroga de la licencia no remunerada por el Tribunal de Armenia.
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condición de especial protección constitucional y que impedirle posesionarse en Cali
podría agravar significativamente su estado de salud.
Por último, agregó que, si el juez del amparo le reconociera al accionante algún tipo de
protección, la medida no debía afectar el nombramiento por mérito. Esto, en el entendido
que la jurisprudencia constitucional exige adoptar la medida menos gravosa frente a los
de derechos de carrera.
4.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali-Presidencia9 solicitó declarar la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad. Sostuvo que
como el amparo se dirigía contra un acto administrativo de carácter particular y concreto,
el ordenamiento jurídico ha previsto medios de control ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, tales como la acción de nulidad y la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro de las cuales es posible solicitar medidas
cautelares, incluida la suspensión provisional del acto.
Informó que el 12 de mayo de 2026 se notificó al señor Valbuena Gutiérrez la Resolución
096 de 2026, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
ahora accionante y mantuvo su postura.
4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10 solicitó declarar la
improcedencia de la acción en su contra, en la medida en que se configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que las peticiones del convocante recaen
únicamente en decisiones propias de la autoridad nominadora, por lo que carecía de
competencia en la relación laboral del accionante.
4.5. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial11 pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva en el asunto, dado
que, de la lectura de la solicitud presentada, no fue posible endilgar hecho o actuación
que vulnerara de alguna forma los derechos fundamentales del accionante, en atención
a que no es la autoridad competente para decidir sobre el reconocimiento de la estabilidad
laboral reforzada (para el efecto aportó la Circular CJC22-2).
4.6. Encontrándose el proceso al despacho para fallo, la parte accionante 12 informó como
hecho sobreviniente que el 16 de junio de 2026, a las 7:00 a.m., le programaron una
intervención quirúrgica de otorrinolaringología en la Clínica MED.
9 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 42AA2BAE05CA0C65 534D656B2E65D9D1 F41A12FB39388078
80D4ED52891C13CE.
10 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado EC391DAEE1E4DD8E 32C3F887FA559E50 FD3EC8872A35F852
B9D9EFA0F179E8C1.
11 Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado 7899093004BC85BC C6F251BF4E5B1862 ED555EA99C48CD53
25F73FA2FA69990A.
12 Índice 00025 del aplicativo SAMAI, certificado AFC2D2B02E398B0F 9605D8542D4167E5 373509A66011C4A9
EFE0DD443D67974B.
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4.7. Posteriormente, el señor Manuel Alejandro Batidas Patiño 13 aportó el Acta de
posesión al cargo de Juez Diecin ueve Laboral del Circuito de Cali, suscrita el 1 de junio
de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Juan Carlos
Valbuena Gutiérrez, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados con
ocasión del acto administrativo proferido por la parte accionada.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, por cuanto profirió la Resolución 077 del 22 de abril de 2026,
que negó la solicitud de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada y la Resolución
085 del 4 de mayo de 2026, a través de la cual se nombró en propiedad al doctor Manuel
Alejandro Bastidas Patiño, por lo que fue su actuación a la que la parte accionante
atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo, se
procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte
accionante.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley14.
13 Índice 00026 del aplicativo SAMAI, certificado F34074F257A8E82D 5A5295D292BDEED8 7F6E5755F2F0ED13
47A66BE0F77C9C2D.
14 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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4.1. Subsidiariedad
En relación con este requisito, resulta importante destacar que está definido
expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591
de 199115.
La Corte Constitucional16 ha sostenido que es deber de la accionante desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las competencias de
las distintas autoridades judiciales. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que:
“Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos
de carácter particular y concreto, la Corte ha indicado que la excepcionalidad del
recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo
idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados
por el principio de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la
administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. De
allí que la legalidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar
a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna, del
ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.”17
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que el accionante solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y relativa, al trabajo, a la
salud, a la vida, a la seguridad social y al debido proceso administrativo, los cuales
consideró vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con ocasión de
la expedición de la Resolución No. 077 del 22 de abril de 2026, mediante la cual se negó
su solicitud de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada por razones de salud, así
como de la Resolución No. 085 del 4 de mayo de 2026, por medio de la cual se nombró
15“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
17 Sentencia T-332 de 2018. Exp T-6-583.643. M.P. Diana Fajardo Rivera. Bogotá D.C. dieciséis (16) de agosto de dos
mil dieciocho (2018).
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en propiedad a Manuel Alejandro Bastidas Patiño en el cargo de Juez Diecinueve Laboral
del Circuito de Cali, que venía desempeñando en provisionalidad.
En esencia, el actor sostiene que tales decisiones desconocieron su condición de sujeto
de especial protección constitucional derivada de sus padecimientos de salud y
condujeron a su desvinculación del cargo sin que se hubieran adoptado medidas de
protección a su favor.
5.2. El accionante expuso que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali vulneró sus
garantías fundamentales al negar el reconocimiento de la protección laboral derivada de
su condición médica y proceder posteriormente al nombramiento en propiedad de quien
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para el cargo de Juez Diecinueve Laboral
del Circuito de Cali.
Sostuvo que padece apnea severa del sueño, desviación del tabique nasal e hipertrofia
de cornetes, patologías que, en su criterio, afectan significativamente su desempeño
laboral y lo hacen acreedor de la estabilidad laboral reforzada reconocida por la
jurisprudencia constitucional. Indicó, además, que se encuentra en tratamiento médico
especializado, pendiente de una intervención quirúrgica y de la implementación de terapia
con dispositivo CPAP, circunstancias que evidencian su condición de sujeto de especial
protección constitucional.
Señaló que el tribunal desconoció las pruebas médicas aportadas al expediente y
concluyó erradamente que sus padecimientos no comprometían de manera significativa
su capacidad laboral. Asimismo, cuestionó que la autoridad accionada hubiera
considerado garantizada la continuidad de su atención en salud una vez producida su
desvinculación, pese a que, según afirmó, la interrupción de su vínculo laboral pondría
en riesgo la realización de los procedimientos médicos y tratamientos que actualmente
adelanta.
5.3. Así entonces, la Sala evidencia que los motivos de inconformidad antes señalados,
están dirigidos a controvertir la legalidad de los actos administrativos que eligieron para
el cargo ofertado a una persona distinta al actor, los cuales son de carácter particular y
concreto.
En ese sentido, se advierte que los argumentos traídos por el señor Juan Carlos Valbuena
corresponden a una clara defensa que debe resolver el juez natural de la causa, en la
cual no puede inmiscuirse el juez constitucional, pues es precisamente aquel quien puede
determinar de fondo si las autoridades judiciales expidieron los actos administrativos con
algún vicio, si se apartaron de las condiciones señaladas en los acuerdos del Consejo
Superior de la Judicatura o, si hubo omisión en el decreto de acciones afirmativas en
atención a la estabilidad laboral reforzada alegada.
En consecuencia, la vía adecuada para cuestionar la legalidad de estos actos
administrativos es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
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en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Al interior de este, de acuerdo con el artículo
229 ibidem y subsiguientes, se prevé la posibilidad de solicitar la práctica y adopción de
medidas cautelares para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
La norma citada dispone que, en cualquier estado del proceso, incluso antes de ser
notificado el auto admisorio, los jueces o magistrados están avalados para decretar las
medidas cautelares que estimen necesarias. La Corte Constitucional mencionó en la
sentencia de unificación SU-691 de 2017 que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 las medidas cautelares que adopten los jueces en
este tipo de procesos “(…) pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión por lo que se podría decretar una o varias de ellas”.
Así las cosas, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, pues el señor
Valbuena Gutiérrez tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y las medidas cautelares que dispone la Ley 1437 de 2011, para debatir la
legalidad de los actos administrativos con los que se encuentra inconforme y procurar por
la defensa de los derechos fundamentales que eventualmente estime amenazados con
estos. Máxime si se tiene en cuenta que, al momento de interposición de la acción tuitiva
aún se encontraba pendiente de resolver el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 077 del 22 de abril de 2026, que negó la solicitud de estabilidad laboral
reforzada.
5.4. Ahora bien, sin perjuicio de la conclusión anterior, pese a que el actor argumentó la
vulneración de sus derechos fundamentales por el nombramiento del señor Valbuena
Gutiérrez, en atención a su estabilidad laboral reforzada, lo cierto es que por medio de la
Resolución 096 del 12 de mayo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición en los siguientes términos:
“3. En cuanto a la supuesta omisión de la valoración de los hechos sobrevinientes
que el servidor informó el 13 de abril de 2026, la Sala precisa que ello no se acompasa
con el contenido de la Resolución, como quiera que, en efecto, los documentos que
se allegaron como prueba de la solicitud fueron examinados y, por eso mismo,
referenciados en la providencia (f°10); sin embargo, se itera que a partir de ellos, lo
que se extrae es que el funcionario fue sometido al examen de «POLISOMNOGRAMA
EN TITULACIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO» y que, con ocasión de ello, se le
agendó cita médica para el pasado 6 de mayo de este año.
No obstante, tales elementos dan cuenta del manejo clínico de la patología, pero no
acreditan una limitación funcional laboral. En ellos no se consigna incapacidad,
restricción para ejercer funciones judiciales, recomendación de reubicación,
reducción de jornada, adaptación del puesto de trabajo, ni barrera concreta en el
entorno laboral que permita concluir que el servidor se encuentra en debilidad
manifiesta para efectos de estabilidad reforzada.
4. De otra parte, en lo relativo al reparo asociado a que el periodo de protección laboral
en salud, se precisa que dicha consideración tuvo carácter complementario y no
constituyó la razón determinante de la decisión. No obstante, se reitera que, como se
dijo en la providencia, puede acceder a los mecanismos de protección al cesante
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previstos en la Ley 1636 de 2013, los cuales permiten la permanencia en el régimen
contributivo de seguridad social en salud hasta por un término adicional de seis (6)
meses, sin que para ello deba estar afiliado por un período de un (1) año a la misma
EPS.
5. Además, se reitera que acceder a la suspensión de la provisión del cargo implicaría
anteponer una vinculación provisional al derecho de quienes integran la lista de
elegibles y superaron el concurso de méritos. La estabilidad relativa del servidor
provisional no equivale a permanencia indefinida ni puede convertirse en un
mecanismo para diferir la provisión definitiva del empleo judicial”18.
En este punto, la Sala pone de presente que la Corte Constitucional ha sostenido que los
servidores que desempeñan cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral
relativa o intermedia, que implica i) que el nominador debe motivar el acto administrativo
exponiendo las razones de la decisión, como una garantía mínima derivada del derecho
fundamental al debido proceso y al principio de publicidad. La desvinculación sólo puede
darse por causales legales, como la calificación de desempeño para esa modalidad de
servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la
vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos 19. ii) En el último
evento, esto es, por la provisión del cargo en propiedad, los derechos de las personas
nombradas en provisionalidad ceden frente a aquella persona que ganó el concurso de
méritos.
5.5. Según lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora incumplió el requisito de
subsidiariedad, pues tiene otro mecanismo judicial para proteger sus derechos
fundamentales, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción contenciosa, pues el problema aquí planteado debe resolverlo el juez
natural del asunto, sin que corresponda al juez constitucional intervenir en el asunto. En
este contexto, la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo o
sustitutivo de los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles, salvo que se acredite
su ineficacia o insuficiencia para la protección de los derechos invocados, circunstancia
que no ocurrió en este caso.
Por ende, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente, pues
aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el
legislador para la protección de los derechos, y suplir la inactividad de la parte que no
hizo uso de estos oportunamente. La solicitud de amparo constitucional es de carácter
supletorio y residual, lo que conlleva a que no sea utilizada como un elemento alternativo
de aquellos a los que el legislador ha determinado para solución de conflictos, por cuanto
estos mecanismos establecen las pautas conforme deben debatirse y darle solución a
las controversias que se deriven de actos administrativos.
5.6. Tampoco se acredita un perjuicio irremediable que habilite la procedencia
excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, pues no obra prueba que permita
concluir que la desvinculación del cargo implique la suspensión inmediata de los servicios
18 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 0057042F11266E91 674EAF205E03772D 30385F416FB6D4DF
EA187EFEAC98CBBE.
19 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-063 de 2022, T-373 de 2017, SU-556 de 2016 y T-245 de 2007.
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médicos requeridos por el accionante, la cancelación de la intervención quirúrgica
programada o la imposibilidad de continuar afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en Salud por los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.
La mera inconformidad con lo decidido en el acto censurado no faculta al juez
constitucional para examinar los cargos y pruebas que la autoridad judicial contra la que
se dirige la acción consideró o no al resolver el asunto. En este sentido, compete al
interesado demostrar, conforme los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional, que la actuación de aquella fue consecuencia de una afectación al debido
proceso.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, aspecto que la torna en improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Juan
Carlos Valbuena Gutiérrez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por no
superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERP: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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