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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03466-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03466-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora María Cristina Arrieta Blanquicett, conforme las consideraciones expuestas. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el 5 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03466-00 expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03466-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03466-00
Accionante: María Cristina Arrieta Blanquicett
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena

Tema: Resolución que negó la concesión de días de descanso
compensatorios. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Cristina Arrieta
Blanquicett, en nombre propio, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la igualdad, debido proceso administrativo, a la
familia, a la salud y vida digna, los cuales considera vulnerados por la autoridad
judicial accionada, con ocasión de la expedición de la Resolución número 060 del 9
de abril de 2026, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena negó la concesión de dos de los tres días de descanso compensatorios
solicitados, derivados de su designación como escrutadora de la Comisión
Municipal de Sincelejo en las elecciones del Congreso de la República del año 2026.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narró que se desempeña como Jueza Primera Civil del Circuito
Especializada en Restitución de Tierras de Sincelejo, vinculada a la Rama Judicial.
Que entre los días 8 y 15 de marzo de 2026, fue designada como escrutadora de la
Comisión Municipal de Sincelejo con ocasión de las elecciones al Congreso de la
República. Indicó que prestó servicios efectivos los días domingo 8 de marzo,

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sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo de 2026, los cuales corresponden a
días no laborales para su cargo judicial, y que cumplió jornadas aproximadas de
doce horas diarias, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Afirmó que la carga laboral total ascendió a noventa y seis horas semanales,
situación que certificó y puso en conocimiento del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena.

Que, con fundamento en las labores desarrolladas, solicitó el reconocimiento de tres
días de descanso compensatorio. No obstante, mediante la Resolución número 060
del 9 de abril de 2026, la autoridad judicial accionada reconoció únicamente un día
de descanso compensatorio y negó los dos restantes, decisión que, a su juicio,
carece de una motivación suficiente, clara y proporcional, en atención al tiempo
efectivamente laborado y a la naturaleza de las funciones desempeñadas.

Que interpuso oportunamente recurso de reposición y en subsidio de apelación, en
los cuales alegó la desproporción entre el trabajo realizado y la compensación
reconocida, la vulneración del derecho fundamental al descanso y su condición de
mujer cabeza de hogar, recientemente divorciada.

Que su hijo presenta «diagnóstico de CI limítrofe», recibe tratamiento psicológico
permanente y se encontraba en preparación para una cirugía ortognática,
circunstancias que exigían acompañamiento constante.

Adujo que la negativa del descanso compensatorio afectaba de manera directa su
salud física y emocional, su vida familiar, el equilibrio entre sus deberes laborales y
familiares y su dignidad humana; además, señaló que la decisión administrativa
omitió la aplicación del enfoque de género y diferencial que rigen las actuaciones
de la Rama Judicial.

PRETENSIONES

La accionante solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados, se
deje sin efectos «el numeral 3.1 de la Resolución número 060 de 2026, en cuanto
negó los días compensatorios restantes» y se le ordene al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena que «reconozca los dos (2) días de descanso
compensatorio que me fueron negados, por haber trabajado mayormente en días y
horas no laborables: los días 8, 14 y 15 de marzo de 2026».

TRÁMITE DEL PROCESO

El 8 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por intermedio de su
secretario general, indicó que la decisión administrativa se adoptó atendiendo a la
necesidad del servicio y en aplicación de criterios normativos y jurisprudenciales
vigentes, por lo cual negó la solicitud y en sede de reposición mantuvo incólume la
decisión inicial.

En relación con el recurso de apelación, afirmó que este resultaba improcedente,
pues los tribunales superiores no cuentan con superior administrativo ni funcional,
de conformidad con el artículo 74 del CPACA y con lo señalado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Auto del 2 de octubre de 2014.

Adujo que la acción de tutela era improcedente contra actos administrativos, al
existir mecanismos ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para controvertir la legalidad del acto cuestionado. Señaló que la accionante no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni demostró la urgencia o
impostergabilidad de una medida de amparo, por lo cual consideró que no se
satisfacía el requisito de subsidiariedad exigido para la procedencia excepcional de
la tutela.

Que el Tribunal actuó en estricta observancia de la normativa electoral y
administrativa aplicable, en especial del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 y de
la Sentencia C-1005 de 2007 de la Corte Constitucional, de las cuales se desprende
que la labor de escrutador da lugar al reconocimiento de un día de descanso
compensatorio, con independencia del número de días en que se desarrollen los
escrutinios.

Que la Resolución número 060 de 2026 y los actos posteriores se encuentran
debidamente motivados, en tanto se fundamentan en lineamientos jurisprudenciales
aplicables, atienden criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se ajustan a la
práctica consolidada en este tipo de situaciones.

Señaló que no se configuró una vulneración del derecho fundamental al descanso,
dado que el ordenamiento jurídico no prevé el reconocimiento de un día
compensatorio por cada día de escrutinio y que el otorgamiento de un día constituye
la forma legal de compensación prevista para dicha actividad especial.

Que la situación personal expuesta por la accionante no tiene la entidad suficiente
para desvirtuar la legalidad del acto administrativo ni para imponer un criterio distinto
al fijado por la normativa y la jurisprudencia aplicable.

Solicitó negar el amparo constitucional, o de manera subsidiaria, declarar la
improcedencia de la acción de tutela.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de
subsidiariedad; y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad

Al respecto, en el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 se señala
como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante», en aras de respetar la división de competencias delineada en la
Constitución Política.

Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados o b) existiendo otro medio de defensa judicial,
se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o eficaz para
el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable 1.

Además, el máximo tribunal constitucional 2 ha considerado que puede resultar
procedente flexibilizar los requisitos generales de procedencia, entre ellos, la
exigencia de subsidiariedad cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional; para lo cual se debe atender específicamente al caso concreto.

Análisis del caso concreto

La señora María Cristina Arrieta Blanquicett solicitó la protección de los derechos

1 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de 2000,

T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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fundamentales al «trabajo en condiciones dignas y justas, al descanso necesario, a
la igualdad, al debido proceso administrativo, a la vida familiar y a la protección
reforzada como mujer cabeza de familia», los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con ocasión de la expedición
de la Resolución número 060 del 9 de abril de 2026, mediante la cual se le reconoció
un día de descanso compensatorio y se le negaron dos días adicionales, derivados
de su designación como escrutadora de la Comisión Municipal de Sincelejo en las
elecciones al Congreso de la República del año 2026.

De las pruebas allegadas al expediente se establece que la inconformidad de la
accionante se dirige de manera concreta contra un acto administrativo de carácter
particular, expedido por una autoridad judicial en ejercicio de funciones
administrativas, por lo cual debe tenerse en cuenta que para este tipo de debate
existen los mecanismos judiciales ordinarios, en particular los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011, que permiten cuestionar la legalidad del acto y
solicitar medidas cautelares cuando se estime necesario y obtener, de ser el caso,
el restablecimiento del derecho.

La accionante alegó su condición de mujer cabeza de hogar y que su núcleo familiar
incluye a un menor de edad con diagnóstico médico que lo ubica como sujeto de
especial protección constitucional; no obstante, la Sala no advierte la necesidad ni
la urgencia de la intervención del juez constitucional, en la medida en que la
situación que refiere como vulneradora de derechos no resulta actual, la situación
fáctica narrada, que en su momento le impidió el descanso y le dificultó atender a
su hijo menor ocurrió en marzo de manera que en la actualidad no se avizora la
inminencia de un perjuicio irremediable cuya ocurrencia deba impedirse mediante la
acción constitucional.

En este orden, para cuestionar el acto administrativo que considera lesivo de sus
derechos fundamentales, la accionante cuenta con los medios de defensa judiciales,
señalados párrafos atrás; lo que significa que en este caso no se cumple con el
requisito de subsidiariedad característico de este mecanismo y, al no haberse
acreditado la inminencia de un perjuicio irremediable, una intervención en el asunto
por parte del juez constitucional conllevaría la extralimitación en sus competencias.
En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora María Cristina Arrieta Blanquicett, conforme las consideraciones expuestas.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03466-00

expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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