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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03469-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03469-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 14 abril de 2016, radicación número 2016-00061-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03469-00 Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03469-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03469-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO FRENTE AL
DERECHO DE PETICIÓN Y LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE
ACCIÓN SE LE INFORMÓ AL ACTOR SOBRE EL ESTADO DEL
PROCESO CUESTIONADO.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1 y su

SECRETARÍA.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor GLENEN ALEXANDER ROSS, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1 En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03469-00
Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por

el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto, presuntamente, no

ha resuelto las solicitudes que presentó el 17 y 24 de abril del

presente año, en las que pidió información acerca del estado actual

de la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2026-00187-00.

I.2 Hechos

Sostuvo que el 17 de abril de 2026 elevó una petición ante el

TRIBUNAL con el fin de obtener información acerca del estado

actual de la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2026-00187-00, la cual fue asignada por reparto el 10

de ese mes y año en curso al despacho de la magistrada

MARCELA DE JESÚS LÓPEZ ÁLVAREZ, por cuanto no había

recibido comunicación alguna sobre el trámite impartido a la

misma desde su radicación.

Alegó que el 24 de abril del presente año solicitó nuevamente

información del estado actual de la mencionada acción de tutela,

sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. Además, indicó

que al consultar el aplicativo de consulta de procesos SAMAI, no

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

encontró que se haya surtido alguna actuación dentro de la

misma.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia, se ordene a la parte

demandada dar una respuesta clara, concreta y de fondo frente a

las solicitudes que presentó con el fin de conocer el estado actual

de la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2026-00187-00.

I.4. Defensa

I.4.1.- El TRIBUNAL señaló que no ha vulnerado el derecho

fundamental alegado, por cuanto el accionante ha sido notificado

de todas las actuaciones surtidas dentro de la acción constitucional

objeto de controversia, por lo que solicitó denegar el amparo

deprecado.

I.4.2.- La SECRETARÍA hizo un recuento de todas las

actuaciones surtidas dentro de la acción constitucional objeto de

controversia.

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el señor GLENEN ALEXANDER ROSS,

actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual,

a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA,

toda vez que, presuntamente, a la fecha de presentación de la

solicitud de amparo de la referencia no habían resuelto las

solicitudes presentadas el 17 y 24 de abril de 2026, en las que

pidió información sobre el trámite actual de la acción

constitucional identificada con el número único de radicación

2026-00187-00.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente

hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición

ejercido ante autoridades judiciales.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades

judiciales

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo

no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que

se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez

durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó

los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el

operador constitucional se encuentra en la obligación de

determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones

netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea

el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta

procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20173,

en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de

2015, proferida dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en
considerar que su amparo no resulta procedente por vía
de acción de tutela, cuando lo que se pretende es
obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó
los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el
operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones
netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, M.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2017-02583-
00.

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro.
2008-00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente
a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto
para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder
al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los
cauces procesales llevaría al caos a la administración de
justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a
responder solicitudes como la de la actora en detrimento de
la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que
cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del
debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones
ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en
relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas
bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que
presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite
en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-
377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal, pues para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición
por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte
del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias
de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la
formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.”

(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual

hace referencia a la porción asignada a cada juez o tribunal para

su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la
cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que
corresponde a cada juez o tribunal, mediante la
determinación de los asuntos que le corresponde conocer,
atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar,
etc)4.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en
general consiste en la potestad que tiene el Estado para
administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es
titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes
causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal
virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces
ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita
al ámbito propio de la competencia5 que le asigna la ley6
[…]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor

es que el TRIBUNAL de respuesta a las solicitudes de 17 y 24 de

abril de 2026, de forma clara, de fondo y concreta, lo cual implica

4
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
5
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan
las siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del
proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso
(factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el
proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor
de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes;
inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio
jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de
orden público puesto que se funda en principios de interés general”.
6
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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una actuación del juez dentro de la acción constitucional objeto de

estudio, por lo que la Sala declarará improcedente el amparo

solicitado respecto del derecho de petición alegado frente a dicha

autoridad judicial, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

No obstante lo anterior, la Sala procederá a verificar si fueron

resueltas las mencionadas solicitudes elevadas por el actor.

De las pruebas obrantes en el proceso se observa que el

TRIBUNAL el 24 de abril de 2026 remitió la última solicitud

elevada por el accionante a la SECRETARÍA indicándole que le

informara sobre el estado de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2026-00187-00, respuesta que por

error involuntario fue remitida al correo del Despacho 01 de la

misma Corporación, en vez de ser enviada al correo del accionante

así:

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No obstante, revisado el expediente digital y las pruebas allegadas

al presente proceso, esta Sala encuentra que lo pretendido en las

solicitudes elevadas por el actor, ya fue resuelto con la notificación

de la sentencia de 24 de abril de 2026, proferida dentro de la

referida acción constitucional, la cual se surtió el 6 de mayo del

año en curso al correo electrónico del demandante

oialc.glenn@gmail.com que para tal fin suministró. En efecto:

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Ahora, en atención a que la presente acción de tutela fue radicada

el 5 mayo del presente año7 y lo pretendido por el actor en sus

solicitudes tendiente a obtener información respecto del estado

actual de la acción constitucional identificada con el número único

de radicación 2026-00187-00, le fue puesto en conocimiento con

la notificación electrónica de la sentencia allí proferida al día

siguiente, esto es, mientras se encontraba en trámite la acción

7
La mencionada acción de tutela fue remitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena
de Indias Con Función de Control de Garantías el 6 de mayo de 2026 a la Secretaría del Consejo
de Estado.

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constitucional de la referencia, decisión frente a la cual éste

inclusive el 7 de mayo de esta anualidad presentó escrito de

impugnación, la Sala encuentra que ya se subsanó lo alegado por

aquel y, por ende, declarará la carencia actual de objeto por hecho

superado, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar

alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que

le han sido encomendados»8. Y en la misma sentencia se precisó

que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a

través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción

8
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración
a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta
inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que,
en la actualidad, no se encuentran afectados ni
amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”9 (Negrilla
fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto
que justifica la intervención preferente del juez constitucional.
Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se
presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y
el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la

9
Ibídem.

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afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde
su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”10.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en

el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los

hechos que originaron la presente acción de tutela han sido

superados, razón por la que se declarará la carencia actual de

objeto del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 14 abril de 2016, radicación número 2016-00061-01.

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Actor: GLENEN ALEXANDER ROSS

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado

frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en

la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO

POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de mayo de

2026.

PABLO ANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIAMARGOTH PEÑAGARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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