RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03479-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03479-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03479-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2026, en la que la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo presentada por Diego Hernán Bolaños González. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 10 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01 Accionante: Diego Hernán Bolaños González Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de Tutela SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03479-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: DIEGO HERNÁN BOLAÑOS GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Relevancia constitucional / Controversia de contenido patrimonial / Revoca y declara
improcedente.

Sentencia de Segunda Instancia

I. Síntesis de la Decisión

1. La Sala revocará la sentencia que negó el amparo solicitado por Diego Hernán Bolaños
González y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Los cuestionamientos relacionados con el Auto no. 147 del 11 de mayo de
2026 se refieren al alcance de las actuaciones dirigidas a materializar el embargo dentro
del proceso ejecutivo, por ende, esos reparos no trascienden la discrepancia sobre la
conducción del proceso y los instrumentos para obtener el pago del crédito, de modo que
la controversia permanece en el ámbito de la satisfacción de un interés patrimonial.

II. Antecedentes

La demanda

2. El señor Diego Hernán Bolaños González, en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1. Invocó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la tutela judicial efectiva, que estimó vulnerados por la falta de pronunciamiento sobre las
solicitudes presentadas dentro del proceso ejecutivo 76001-23-33-009-2018-00974-00,
adelantado contra la Fiscalía General de la Nación.

Hechos relevantes

3. El señor Diego Hernán Bolaños González es beneficiario de una conciliación judicial
aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto del 17 de agosto de
2012. El acuerdo se alcanzó durante el trámite de apelación de la sentencia del 23 de
septiembre de 2011, proferida dentro de un proceso de reparación directa por privación
injusta de la libertad.

4. Ante el cumplimiento parcial de la obligación a cargo de la Fiscalía General de la
Nación, los beneficiarios promovieron un proceso ejecutivo. El Juzgado Once
Administrativo de Cali libró mandamiento de pago y decretó el embargo de recursos de la
entidad en los autos 1103 y 1104 del 11 de julio de 2018, respectivamente.

1 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: Diego Hernán Bolaños González
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de Tutela

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca asumió el conocimiento del proceso y
modificó parcialmente el mandamiento de pago en auto del 15 de marzo de 2021.
Posteriormente, ordenó seguir adelante la ejecución el 19 de enero de 2024 y modificó la
liquidación del crédito el 30 de septiembre siguiente.

6. En el Auto no. 208 del 19 de mayo de 2025, el Tribunal amplió el límite del embargo
hasta el valor del crédito liquidado. La parte ejecutante solicitó reiterar la medida ante las
respuestas de las entidades financieras. El Tribunal accedió en el Auto no. 444 del 3 de
septiembre de 2025, porque consideró aplicable una excepción al principio de
inembargabilidad al tratarse del cumplimiento de una conciliación judicial.

7. El Banco Popular invocó una certificación de inembargabilidad de los recursos de la
Fiscalía y solicitó informar si debía tramitar el embargo. El Banco Agrario también alegó
la inembargabilidad y señaló la existencia de medidas anteriores, cuentas inactivas y sin
saldo, y la falta del número de la cuenta judicial para efectuar las consignaciones.

8. El apoderado de la parte ejecutante presentó un memorial el 7 de octubre de 2025.
Solicitó requerir nuevamente a los bancos y advertirles sobre las sanciones previstas en
el artículo 44 del Código General del Proceso, que pidió imponer de ser necesario.
También solicitó anunciar la compulsa de copias a la autoridad competente si persistían
en el incumplimiento, por considerar que esa conducta podía configurar fraude a
resolución judicial.

9. La parte ejecutante reiteró la solicitud de pronunciamiento el 20 de noviembre de 2025
y el 29 de enero de 2026.

Pretensiones

10. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales y ordenar al Tribunal
resolver de fondo, dentro de las 48 horas siguientes, el memorial del 7 de octubre de 2025
y sus reiteraciones. También pidió librar inmediatamente los oficios a las entidades
bancarias para evitar la prolongación de la afectación.

Fundamento de la demanda

11. El accionante sostuvo que el Tribunal incurrió en mora judicial injustificada porque no
resolvió las solicitudes encaminadas a hacer efectivo el embargo, pese a los memoriales
de impulso y las visitas presenciales al despacho. La falta de pronunciamiento sobre las
medidas correccionales y la compulsa de copias impedía superar la renuencia que
atribuyó a las entidades bancarias.

12. Argumentó que el acceso a la administración de justicia comprende la ejecución de
las decisiones judiciales y que la conciliación generó una confianza legítima en el
cumplimiento oportuno de la obligación. El principio de inembargabilidad no era absoluto
y, a su juicio, no podía impedir el pago de la indemnización. Por ello, el Tribunal debía
valorar la conducta de los bancos y adoptar las medidas solicitadas.

Trámite impartido e intervenciones

13. En auto del 7 de mayo de 20262, el despacho de primera instancia admitió la acción
de tutela y dispuso la notificación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2 SAMAI, índice 4 del proceso de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: Diego Hernán Bolaños González
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de Tutela

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 contestó y solicitó negar el amparo
o declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del impulso requerido
para materializar la medida cautelar. Explicó que, pese a su elevada carga procesal, había
atendido las peticiones del ejecutivo y que el 11 de mayo de 2026, antes de recibir la
notificación del auto admisorio, profirió el Auto no. 147.

15. En esa providencia, el Tribunal reseñó las respuestas bancarias, requirió a otras
entidades financieras para que cumplieran la medida y ordenó actualizar la liquidación del
crédito. Esas actuaciones demostraban la continuidad del trámite y las dificultades para
materializar el embargo obedecían a las circunstancias informadas por los bancos.

16. El accionante presentó un memorial el 14 de mayo de 20264. Sostuvo que el Auto no.
147 no resolvió las solicitudes sobre medidas correccionales y compulsa de copias y que
reiterar los requerimientos no garantizaba la efectividad del embargo. Por ello, pidió
descartar el hecho superado y ordenar al Tribunal imponer las sanciones de ley y
garantizar el cumplimiento de la medida.

Sentencia impugnada

17. La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de
junio de 20265, negó la solicitud de amparo porque no encontró acreditada una mora
judicial injustificada.

18. Consideró que el Tribunal había actuado diligentemente al ampliar y reiterar la medida
cautelar y requerir a las entidades financieras. La existencia de embargos anteriores y la
ausencia de cuentas activas explicaban las dificultades para materializarla. Por ello, no
advirtió un incumplimiento injustificado de los términos ni una conducta negligente
atribuible al despacho.

19. Frente a las medidas correccionales y la compulsa de copias, señaló que su adopción
dependía de la valoración del juez sobre la conducta de las entidades requeridas y no
constituía un deber automático. No encontró elementos que impusieran al Tribunal
adoptarlas y agregó que el demandante podía promover directamente las acciones que
estimara pertinentes.

Impugnación

20. El demandante impugnó6 porque la Subsección consideró el Auto no. 147 como una
respuesta de fondo, aunque no resolvió las solicitudes sobre poderes correccionales y
compulsa de copias. La reiteración de los oficios de embargo no atendía íntegramente lo
pedido ni permitía tener por diligente la actuación del Tribunal.

21. También cuestionó que el juez de tutela hubiera examinado directamente la
procedencia de las medidas sancionatorias y penales. Sostuvo que pretendía obtener una
decisión motivada del juez del proceso ejecutivo y que, al descartar la necesidad de
adoptar esas medidas, la Subsección sustituyó al Tribunal y justificó la falta de
pronunciamiento.

3 SAMAI, índice 8 del proceso de primera instancia.
4 SAMAI, índice 9 del proceso de primera instancia.
5 SAMAI, índice 13 del proceso de primera instancia.
6 SAMAI, índice 17 del proceso de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: Diego Hernán Bolaños González
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de Tutela

III. Consideraciones

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, en el que se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si la controversia satisface el requisito de relevancia
constitucional, a partir del contenido del Auto no. 147 del 11 de mayo de 2026 y de los
reparos formulados en la impugnación.

Análisis del caso concreto

24. La sentencia C-590 de 2005 sistematizó los requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales: relevancia constitucional, subsidiariedad,
inmediatez, incidencia decisiva de la irregularidad procesal cuando se alegue,
identificación razonable de los hechos y derechos afectados y alegación previa cuando
sea posible, y que no se cuestione una sentencia de tutela7. Su examen debe atender a
la naturaleza del reproche, pues esta acción se promovió inicialmente contra la omisión
de resolver unas solicitudes dentro del proceso ejecutivo.

25. Durante el trámite, el Tribunal profirió el Auto no. 147 del 11 de mayo de 2026 y el
accionante, en memorial del 14 de mayo siguiente, cuestionó que esa providencia no
resolvió íntegramente lo pedido. De ese modo, al reproche inicial por la omisión se sumó
uno dirigido contra una decisión concreta, lo que impone examinar los presupuestos
propios de la tutela contra providencias judiciales.

26. El señor Diego Hernán Bolaños González está legitimado para actuar porque integra
la parte ejecutante y reclama la protección de sus propios derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
está legitimado por pasiva, pues conoce del ejecutivo y es la autoridad a la que se atribuye
la falta de pronunciamiento.

27. Se satisface la inmediatez respecto del reproche inicial, pues la falta de
pronunciamiento denunciada persistía cuando se presentó la tutela. La parte ejecutante
había solicitado una decisión el 7 de octubre de 2025 y reiterado su petición el 20 de
noviembre siguiente y el 29 de enero de 2026. Esas actuaciones acreditan, además, que
puso de presente ante el Tribunal la necesidad de resolver lo solicitado y la acción de
tutela se presentó el 6 de mayo de 2026, lapso razonable.

28. En cuanto a la subsidiariedad, al momento de promoverse la acción no existía una
providencia que pudiera recurrirse para controvertir la respuesta a esos memoriales. La
sentencia SU-333 de 2020 precisó que, frente a la mora judicial, el interesado debe haber
actuado diligentemente, sin que resulte exigible promover recursos, incidentes o nuevas
peticiones que únicamente prolonguen la demora8. Por ello, el reclamo inicial por omisión
supera este presupuesto.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: Diego Hernán Bolaños González
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de Tutela

29. La acción tampoco se dirige contra una sentencia de tutela. La Sala examinará si la
controversia satisface el requisito de relevancia constitucional. La sentencia SU-215 de
2022 explicó que su exigencia busca, entre otras finalidades, evitar que la tutela se utilice
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes9.

30. La Corte Constitucional precisó que las controversias de contenido estrictamente
económico o referidas exclusivamente a la interpretación y aplicación de normas legales
carecen de relevancia constitucional cuando no se justifica una afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales10. Por ello, la sola invocación del debido
proceso y del acceso a la administración de justicia no permite tener por satisfecho este
requisito.

31. En este caso, las solicitudes cuya falta de resolución cuestiona el accionante están
encaminadas a materializar el embargo decretado dentro del proceso ejecutivo y obtener
el pago del crédito a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Los requerimientos a las
entidades financieras, las medidas correccionales y la compulsa de copias se solicitaron
como instrumentos para lograr el cumplimiento de la medida cautelar y, mediante ella, la
satisfacción de la obligación económica.

32. El accionante sostiene que el Tribunal debía emitir una decisión motivada sobre esas
solicitudes y que el Auto no. 147 del 11 de mayo de 2026 no atendió íntegramente lo
pedido. La Sala considera que, en los términos en que se plantea esa inconformidad, la
discusión se concentra en el tratamiento procesal de las solicitudes dirigidas a obtener el
recaudo. El cuestionamiento busca definir el alcance de las actuaciones que
corresponden al juez del ejecutivo para asegurar la satisfacción del crédito.

33. La finalidad económica del proceso no excluye por sí sola la relevancia constitucional.
Sin embargo, a partir del objeto concreto de las solicitudes y de la función que el
accionante atribuye a las medidas reclamadas, la Sala estima que esta controversia
permanece en el ámbito de la conducción del proceso ejecutivo y de la satisfacción de un
interés patrimonial. La referencia al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia se articula en torno a ese propósito, sin que la discusión, así delimitada, trascienda
al plano constitucional.

34. En consecuencia, la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional. Por tanto, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2026, en la que la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo presentada por Diego
Hernán Bolaños González. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03479-01
Accionante: Diego Hernán Bolaños González
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de Tutela

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.