Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03492-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
2 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03492-00
Demandante: Hernando Blanco García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03492-00
Demandante: Hernando Blanco García
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial
Temas: Petición. Hecho Superado
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Hernando Blanco García
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de mayo de 2026, el señor Hernando Blanco García interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición y al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELEN los derechos fundamentales de petición y debido proceso del suscrito actor
HERNANDO BLANCO GARCIA.
2. Que como consecuencia de ello SE ORDENE a la autoridad accionada resolver y
responder de fondo, de manera clara, precisa y concreta, previa revisión de los
cuadernillos y hojas de respuestas originales del examen lo siguiente:
a.- Todos los puntos expuestos por el suscrito en el memorial del Recurso de Reposición
CONTRA LA RESOLUCION N.º CJR26-0012 (13 de enero de 2026) “Por medio de la cual
se publican los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de Magistrado de
Tribunal Superior - Sala Civil”;
Específicamente TODOS LOS PUNTOS DEL MEMORIAL DE AMPLIACIÓN DEL
RECURSO, en particular el fundamento 3 y pedimento 7, relacionado con la revisión
pregunta a pregunta y solicitud de aumento del puntaje a 123 puntos en la prueba
psicotécnica.
b.- Los puntos del memorial de adición, aclaración, complementación y corrección,
presentado por el suscrito frente al LA RESOLUCIÓN N.° CJR26-0152 DEL 25 marzo de
2026 que resolvió el recurso aludido de forma INCOMPLETA y que dio lugar a esta tutela.»
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Demandante: Hernando Blanco García
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, por medio del cual «se adelanta el proceso de selección y se
convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial», en adelante Convocatoria 27.
El tutelante se inscribió, participó y superó todas las fases y pruebas de la
Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial. En este proceso se postuló al cargo de magistrado de Tribunal Superior de
Distrito Judicial – Sala Civil, donde acreditó todos los requisitos exigidos.
En la etapa clasificatoria, se determinó la puntuación que recibirían los siguientes
factores: i) pruebas de aptitudes y conocimientos; ii) prueba psicotécnica; iii) curso de
formación judicial inicial; iv) experiencia adicional y docencia; y v) capacitación
adicional. En el componente de prueba psicotécnica, se estableció que se otorgarían
hasta 200 puntos en el resultado final.
El 13 de enero de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR26-0012 «Por medio de la cual se
publican los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de
méritos […]», donde se calificó al aspirante, aquí tutelante, con puntaje de 611,20
puntos, de los cuales 46,62 corresponden a la prueba psicotécnica.
Inconforme, el tutelante interpuso recurso de reposición contra el citado acto
administrativo y solicitó la corrección y modificación del puntaje, al considerar que en
la prueba psicotécnica se presentaron defectos técnicos en las preguntas y hojas de
respuestas, lo que generó su invalidez en tanto el cuestionario de preguntas daba tres
opciones de respuesta y la hoja de respuestas tenía cuatro opciones, hecho que lo
indujo en error al marcar la D pretendiendo marcar la C.
Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución CJR26-0152 del 25 de marzo de
2026, en la cual la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura confirmó
el puntaje obtenido por el actor.
Inconforme con lo anterior, el 26 de marzo de 2026, el tutelante presentó solicitud de
adición, aclaración, corrección y/o complementación, dado que, según su dicho, la
Unidad resolvió parcialmente el recurso presentado, al omitir pronunciarse sobre
aspectos esenciales como los errores en el conteo de puntos, el puntaje obtenido en
35 preguntas, el total de 123 puntos en la prueba psicotécnica y la solicitud de revisión
detallada de respuestas y cuadernillos, lo que constituyó una respuesta incongruente,
incompleta y sin fondo.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor consideró que la omisión en resolver de manera congruente y completa los
puntos del recurso, su ampliación y las solicitudes posteriores constituye una
vulneración evidente del derecho fundamental de petición, tal como lo ha reiterado la
Corte Constitucional (Sentencia T-682 de 2017), al señalar que este derecho exige no
solo una respuesta oportuna, sino también clara, de fondo y coherente frente a lo
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solicitado, incluidos los recursos en la vía administrativa; en consecuencia, la falta de
una respuesta adecuada habilita la acción de tutela como mecanismo idóneo para su
protección, por lo que resulta procedente ordenar a la autoridad la emisión de una
nueva decisión que resuelva integralmente lo pedido.
4. Trámite previo
Mediante auto del 10 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela1, ordenó notificar
al demandante y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial en calidad de demandado, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
y a los aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior – Sala Civil,
relacionados en Resolución CJR26-0012 del 13 de enero de 2026, por medio de la
cual se publicaron los resultados de la etapa clasificatoria, a quienes se les remitió
copia de la demanda y sus anexos.
5. Oposición
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados y
solicitó negar el amparo, al considerar que las actuaciones administrativas se
desarrollaron conforme a las reglas del proceso de selección y a la normativa
aplicable.
Indicó que su actuación estuvo estrictamente reglada por el Acuerdo PCSJA18-11077
de 2018, el cual constituye norma obligatoria tanto para la administración como para
los concursantes. Igualmente, explicó que la prueba psicotécnica fue diseñada,
aplicada y calificada por la Universidad Nacional de Colombia bajo criterios técnicos y
psicométricos estandarizados, mediante una fórmula objetiva aplicada de manera
uniforme a todos los aspirantes, lo cual garantizó los principios de igualdad, mérito y
transparencia.
Manifestó que el recurso de reposición fue resuelto oportunamente mediante la
Resolución CJR26-0152 del 25 de marzo de 2026, con fundamento en el concepto
técnico del operador de la prueba, y se confirmó el puntaje asignado al tutelante.
Precisó que no hubo evidencia de errores en la calificación, que las reglas de
evaluación habían sido previamente informadas, y que situaciones como la marcación
de opciones inexistentes se calificaban como omisiones conforme a criterios
generales aplicados de manera uniforme a todos los participantes.
La entidad manifestó que la presunta vulneración del derecho de petición desapareció,
toda vez que la solicitud de adición, aclaración, corrección y complementación
presentada por el accionante el 26 de marzo de 2026 fue efectivamente resuelta
mediante el Oficio CJO26-2680 del 28 de mayo de 2026, el cual fue debidamente
notificado. En ese sentido, consideró que la pretensión de la tutela ya había sido
satisfecha antes de adoptarse una decisión judicial, con lo cual se configuró la
carencia actual de objeto. Precisó, con sustento en la jurisprudencia constitucional,
que cuando la situación que origina la acción de tutela se supera, cualquier orden del
juez carece de efecto práctico y se torna improcedente el amparo solicitado.
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Mediante proveido del 8 de mayo de 2026, se inadmitió la demanda de tutela con el objeto de que el demandante prestara
juramento en el escrito inicial. Yerro que fue subsanado por el 12 mayo de 2026.
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Finalmente, la entidad concluyó que no existió vulneración de derechos
fundamentales, dado que todas las solicitudes del accionante fueron atendidas de
manera oportuna, motivada y conforme a las disposiciones que regulaban el concurso.
En consecuencia, solicitó negar la acción de tutela, tanto por configurarse el hecho
superado como por la inexistencia de afectación a los derechos alegados.
6. Intervinientes
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla argumentó que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, pues no tenía competencia sobre los actos cuestionados por el
accionante. Indicó que las inconformidades se dirigían contra decisiones relacionadas
con la calificación y resolución de recursos dentro del concurso de méritos, materias
que correspondían exclusivamente a la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
mientras que su función se limitaba al desarrollo del curso de formación judicial.
De manera subsidiaria, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente por no
cumplirse el requisito de subsidiariedad. Explicó que las controversias derivadas de
concursos de méritos debían ser tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo mediante los medios de control ordinarios, como la nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales resultaban idóneos y eficaces para
controvertir los actos administrativos del proceso de selección, sin que se evidenciara
un perjuicio irremediable que habilitara la intervención del juez constitucional.
Finalmente, concluyó que no se configuran las excepciones que permitirían la
procedencia de la tutela en este tipo de asuntos y que un eventual pronunciamiento
del juez constitucional implicaría invadir la competencia del juez natural. En
consecuencia, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
subsidio, la improcedencia de la acción de tutela.
El señor Byron Valdivieso manifestó que participó en la convocatoria y obtuvo una
posición de mérito tras agotar los recursos correspondientes. Señaló que la tutela no
es un mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de defensa judicial, conforme al
principio de subsidiariedad, y que el caso planteado corresponde a un debate propio
de la jurisdicción contencioso-administrativa y no a un asunto de relevancia
constitucional. Asimismo, indicó que el accionante contaba con otros mecanismos
idóneos para controvertir los actos del concurso y solicitó que se niegue el amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde determinar si la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y de acceso a cargos públicos del señor Hernando Blanco García, por
no dar una respuesta de fondo a la solicitud de adición, aclaración, corrección y/o
complementación presentada contra la Resolución CJR26-0152 del 25 de marzo de
2026 que confirmó la Resolución CJR26-0012 «Por medio de la cual se publican los
resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de méritos […]».
La Sala anticipa que, en el presente caso, se declarará la carencia actual del objeto
por hecho superado, porque en el trámite de la tutela la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta a la solicitud de
adición, aclaración, corrección y/o complementación mediante el Oficio CJO26-2680
del 28 de mayo de 2026.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: i) de la
legitimación en la causa; ii) del derecho fundamental de petición; iii) de la figura de la
carencia actual de objeto; iv) del caso concreto respecto del hecho superado.
(i) De la legitimación en la causa
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó su desvinculación del trámite de
la presente acción de tutela, alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que no le asistía competencia respecto de los actos cuestionados por el
accionante, los cuales se circunscriben a la calificación de la prueba psicotécnica y a
la resolución de los recursos interpuestos dentro del concurso de méritos, funciones
que, según indicó, corresponden exclusivamente a la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.
No obstante, se negará dicha solicitud, en tanto existe una relación funcional entre las
competencias de la Escuela Judicial y el proceso del concurso de méritos en el cual
se enmarca la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
i) Derecho fundamental de petición
En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
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última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado y, iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario2.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”3. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”4.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.
ii) De la carencia de objeto
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en
las siguientes circunstancias: el daño consumado5, el hecho superado6, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente7.
iii) La carencia actual de objeto en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Blanco García interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición por
cuanto estimó que la falta de una respuesta congruente, completa y de fondo frente a
2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
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Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
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Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
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los puntos planteados en el recurso, su ampliación y las solicitudes posteriores
configuraba una vulneración del derecho fundamental de petición.
La Sala observa que en el caso objeto de estudio existe carencia actual de objeto por
hecho superado, porque con ocasión de la interposición de la presente acción de
tutela, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura mediante el Oficio CJO26-2680 del 28 de mayo de 2026, le resolvió la
solicitud de adición, aclaración, corrección y/o complementación presentada el 26 de
marzo de 2026 por el accionante contra la Resolución CJR26-0152 del 25 de marzo
de 2026 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR26-
0012 «Por medio de la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria
correspondiente al concurso de méritos […]».
En dicho oficio se le informó lo siguiente:
Ahora bien, revisados nuevamente los insumos técnicos remitidos por la Universidad
Nacional de Colombia, encargada del diseño, estructuración, impresión, aplicación y
calificación de las pruebas del concurso, así como de la lectura óptica y procesamiento de
las hojas de respuestas, se constató que no existió ningún error en el puntaje asignado al
factor “Prueba Psicotécnica”.
En efecto, conforme al “Instructivo para la presentación de las pruebas escritas”,
correspondiente a la Convocatoria 272, la prueba psicotécnica estuvo integrada por un
total de setenta (70) preguntas. No obstante, realizada la verificación de la hoja de
respuestas y de la ficha técnica del operador de la prueba, se evidenció que la distribución
de sus respuestas corresponde a siete (7) respuestas de nivel alto, once (11) respuestas
de nivel medio y seis (6) respuestas de nivel bajo, para un total de veinticuatro (24) de
setenta (70) respuestas, la cuales fueron calificadas conforme se detalla a continuación:
[…]
En consecuencia, el puntaje asignado en las Resoluciones CJR26-0012 del 13 de enero
de 2026 y CJR26-0152 del 25 de marzo de 2026 corresponde a los registros técnicos de
calificación remitidos por la Universidad Nacional de Colombia y a la correcta aplicación
de los valores definidos para cada nivel de desempeño en la prueba psicotécnica.
En virtud de lo expuesto, no se advierte la existencia de error u omisión que justifique la
adición, aclaración, corrección o complementación de la Resolución CJR26-0152 del 25
de marzo de 2026, razón por la cual no hay lugar a acceder a la solicitud formulada.»
Dicha respuesta fue comunicada al actor el 29 de mayo de 2026, tal como se observa
a continuación:
En lo que aquí interesa, hay que decir que la carencia de objeto exige que la pretensión
de tutela se supere sin que medie orden judicial, tal como sucede en el caso objeto
de estudio, pues con ocasión de la solicitud de amparo la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la solicitud de
adición, aclaración, corrección y/o complementación presentada por el actor.
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Asimismo, la Sala encuentra que el señor Blanco García fue incluido en el Registro
Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal Superior – Sala Civil,
conformado mediante la Resolución PCSJSR26-074 del 29 de mayo de 2026,
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
En efecto, la citada resolución dispuso la inscripción de los tutelantes dentro de la lista
de elegibles en orden descendente de puntaje, lo que evidencia de manera objetiva
su condición vigente como aspirantes habilitados para acceder al cargo, en los
términos del sistema de carrera judicial, donde se registró al tutelante en el puesto 30.
En este orden, el derecho fundamental de petición se satisface cuando la autoridad
emite una respuesta oportuna, clara, de fondo y debidamente motivada dentro de su
ámbito de competencia, sin que sea exigible que dicha respuesta resulte favorable a
los intereses del peticionario, toda vez que, conforme a reiterada jurisprudencia, existe
una diferencia entre el derecho a solicitar y el derecho a obtener lo pedido. Por ello,
una decisión negativa no configura, por sí sola, vulneración alguna, siempre que se
encuentre sustentada en razones jurídicas suficientes.
En tal sentido, si el accionante manifiesta inconformidad con el contenido de la
respuesta por no ajustarse a sus expectativas, dicha situación corresponde a un
desacuerdo material con la decisión adoptada y no a la afectación del derecho
fundamental invocado, máxime cuando cuenta con otro medio de defensa judicial
idóneo, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, escenario en el cual puede controvertir
la legalidad del acto administrativo correspondiente, donde puede solicitar como
medidas cautelares.
En consecuencia, se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación elevada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
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Demandante: Hernando Blanco García
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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