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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03495-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03495-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora Teresa Pérez López. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Francined de Jesús Cano Ramírez y otros, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03495-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03495-00
Accionante: Francined de Jesús Cano Ramírez y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito
-de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por los señores Francined de Jesús Cano Ramírez, Rosa Elena
Ramírez Sterling, Francined Cano Brito y Erbin Hinestroza Palacios, quienes actúan
en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad, vida digna y propiedad privada, ocurrida con
ocasión de las providencias del 11 de diciembre de 2024, del 28 de julio de 2025, del
11 de agosto de 2025, del 6 de octubre de 2025 y del 4 de noviembre de 2025,
expedidas al interior del proceso del medio de control de reparación directa 76001-
23-33-000-2015-00206-00 [01-02].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Francined de Jesús Cano Ramírez y otros1 interpusieron demanda de
reparación directa contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y la Nación – Rama Judicial, con la finalidad de que se les declarara
responsables administrativa y patrimonialmente por la falla del servicio electoral en
el conteo de votos de la elección de los representantes a la Cámara por el
departamento del Valle del Cauca para el periodo 2010-2014.

3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de agosto

1 Teresa Pérez López, en nombre propio y en representación de Juan David y Kristian Camilo Cano Pérez; Rosa

Elena Ramírez Sterling, Francined Cano Brito, Nancy Cano Ramírez, Fanny María Ramírez, Ruby Ramírez,
Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez, Sandra Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge
Eliecer Rivera Méndez, Luis Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera
Rojas.

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de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró
una falla del servicio, pues, aunque al candidato Juan Carlos Martínez se le
aumentaron 145 votos sin justificación, dicha irregularidad no viciaba la elección, a
menos de que ello cambiara el orden de elegibilidad en la votación final, lo que no se
demostró.

4. En sede de apelación, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 11 de diciembre de 2024, confirmó la decisión
judicial anterior.

5. Con posterioridad, la parte demandante formuló solicitud de adición, en la que
reiteró que la Sección Quinta declaró nulo tácitamente el acto administrativo electoral
de escrutinio contenido en el formulario E – 24 y que encontró demostradas las
irregularidades presentadas en el escrutinio, motivo por el cual consideró que tenía
derecho a reclamar la respectiva indemnización.

6. Al respecto, la autoridad judicial accionada, a través de la providencia del 11 de
agosto de 2025, advirtió que el reproche de la parte demandante consistía en una
transcripción de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, sin que se
indicaran los supuestos puntos sobre los cuales no se pronunció. Por ende, negó la
solicitud.

7. Por otra parte, los demandantes presentaron solicitud de nulidad, al considerar que
la sentencia del 11 de diciembre de 2024 fue proferida por un juez distinto de aquel
que escuchó los alegatos de conclusión, circunstancia contemplada en el numeral 7°
del artículo 133 del Código General del Proceso. No obstante, la autoridad judicial,
mediante providencia del 28 de julio de 2025 negó su petición.

8. Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de
súplica contra el auto del 28 de julio de 2025 y la autoridad judicial, por medio del
auto del 6 de octubre de 2025, confirmó su decisión y rechazó por improcedente el
recurso de súplica.

9. Finalmente, los demandantes presentaron solicitud de aclaración y adición respecto
de la decisión judicial anterior. Sin embargo, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la providencia del 4 de noviembre de 2025, negó
las peticiones, para lo cual argumentó que no se identificó ningún punto omitido en la
parte resolutiva de la providencia ni se señaló alguna expresión ambigua o de difícil
comprensión.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Fáctico: por indebida valoración probatoria de i) la sentencia de nulidad
electoral del 6 de diciembre de 2012, respecto de la cual únicamente tuvo en
cuenta que la Sección Quinta negó la nulidad por falta de acreditación de la

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incidencia de las irregularidades, pero omitió valorar que en esa misma
providencia se reconocieron falencias atribuibles a la [R]egistraduría Nacional
del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, y ii) la confesión judicial
realizada por Juan Carlos Martínez Gutiérrez en la contestación de la
demanda de nulidad electoral, mediante la cual aceptó expresamente la
votación atribuida a Francined de Jesús Cano Ramírez, circunstancia por la
que resultaba innecesaria la exigencia del formulario E-26 de revisión como
prueba exclusiva.

• Defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto: debido a
que validó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no ejerciera los
poderes coercitivos previstos en los artículos 37 y 40 del Código de
Procedimiento Civil para obtener el formulario E-26 de revisión, pese a tratarse
de un documento público bajo custodia exclusiva de la Registraduría y el CNE,
trasladando al señor Cano Ramírez una carga probatoria imposible.

Al respecto, sostuvo que la exigencia de dicha prueba no superaba un juicio
de proporcionalidad, pues, aunque el formulario era idóneo, no era el único
medio de prueba porque existía confesión judicial; tampoco era necesario
exigirlo al actor, dado que el juez podía compelir a las entidades a aportarlo; y
resultaba desproporcionado sacrificar el derecho a ser elegido y el acceso a
la justicia por la ausencia de un documento que el demandante no podía
obtener.

Asimismo, consideró que se privilegió la ausencia del formulario sobre otros
elementos probatorios, como la confesión judicial y la irregularidad ya
acreditada de los 145 votos sobrantes.

• Sustantivo por interpretación incorrecta de los artículos 177, 195 y 40 del
CPC, al exigir al demandante aportar el formulario E-26 de revisión para
acreditar la incidencia de las irregularidades electorales, pese a que existía
confesión judicial sobre la votación discutida y el documento estaba bajo
custodia exclusiva de la Registraduría y el CNE, imponiéndole así una carga
probatoria imposible y privilegiando un formalismo excesivo sobre la verdad
material.

• Error inducido, debido a que la Registraduría y el CNE habrían ocultado el
formulario E-26 de revisión durante el proceso de nulidad electoral, induciendo
a la Sección Quinta del Consejo de Estado a adoptar una decisión errada por
una aparente falta de prueba y, a su vez, la Subsección C de la Sección
Tercera de la Corporación validó posteriormente ese error pese a conocer el
contenido del documento y las demás pruebas sobre las irregularidades
electorales.

11. Por último, la parte accionante sostuvo que la sentencia de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado era inconvencional porque vulneró el derecho
político de acceso a cargos públicos previsto en el artículo 23 de la CADH, al permitir
que la falta de entrega del formulario E-26 de revisión y la omisión judicial en

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obtenerlo afectaran el resultado electoral, e incumplió el deber de protección judicial
del artículo 25 de la CADH, al privilegiar un formalismo excesivo sobre la justicia
material y dejar al actor sin un recurso judicial efectivo.

2.3. Pretensiones

12. La parte accionante solicitó:

«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29
CP), acceso a la administración de justicia (Art. 229 CP) y el derecho a elegir y
ser elegido (Art. 40 CP) de los accionantes, así como los de igualdad (Art. 13
CP) y, la propiedad privada (Art. 58 CP), los cuales fueron vulnerados por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
de reparación directa con radicado 76001233300020150020602 (65879).

SEGUNDA: ORDENAR dejar sin efectos totalmente la sentencia proferida el 11
de diciembre de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, así como de todas las providencias que resolvieron los recursos y
solicitudes subsiguientes, por haber incurrido en defectos fácticos,
procedimentales y sustantivos (desconocimiento del precedente).

TERCERA: En consecuencia, ORDENAR a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que, en un término no mayor a treinta (30) días
o, el que a su discreción considere el despacho, profiera una nueva sentencia de
segunda instancia en la que se valore de manera integral el acervo probatorio,
reconociendo especialmente como error judicial de la sección quinta del Consejo
de Estado dentro del trámite de nulidad electoral, haberle restado plena validez
a la confesión judicial del demandado electo, señor JUAN CARLOS MARTINEZ
GUTIERREZ, respecto a la votación obtenida por el actor, al tiempo que, se
pronuncie de fondo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
dicho error jurisdiccional en que incurrió la judicatura en el citado proceso judicial,
en el que además dio por probada judicialmente la falla del servicio electoral al
descontarle 151 votos al candidato electo.

CUARTA: Subsidiariamente y, de considerarlo necesario REALÍCESE por el
Honorable Juez de Tutela un control de convencionalidad y, un juicio de
proporcionalidad entre la carga probatoria impuesta al señor FRANCINED
CANO RAMÍREZ dentro del proceso de nulidad electoral y, la omisión
sistemática del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional con
relación a adjuntar al plenario el formulario E-26 de revisión del que se dolió la
sección quinta del Consejo de Estado, elemento suasorio que a sentir de esa
corporación era indispensable para no haberse inhibido en el proceso de nulidad
electoral. Porque de hacerse

En dicho control y análisis, se debe reconocer que la exigencia de aportar el
formulario E-26 de revisión al demandante FRANCINED CANO RAMÍREZ
constituyó una carga desproporcionada e imposible (carga diabólica) que
desconoció el estándar de protección que hoy recoge el parágrafo 1 del artículo
175 de la Ley 1437 de 20111. En tanto que su conducta diligente se agotó en
haber pedido el decreto de la prueba que no tenía en su poder en la oportunidad
procesal. En consecuencia, se solicita declarar que la falta de remisión del
expediente administrativo completo por parte de las autoridades electorales de
la época, junto con la falta de ejercicio de los poderes de ordenación y corrección
del juez, no podía operar en perjuicio del demandante, sino que debió valorarse
como una falla del servicio y un indicio en favor de la verdad real acreditada por
otros medios probatorios, como la confesión judicial del demandado.

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QUINTA: Subsidiariamente y, de considerarlo necesario, DECLÁRESE por el
Juez de Tutela que la Subsección C de la Sección Tercera vulneró el derecho
fundamental al debido proceso al omitir la valoración del formulario E-26 de
revisión efectivamente incorporado al proceso de reparación directa, bajo el
erróneo criterio de que la realidad probatoria de este proceso debía supeditarse
a las omisiones del proceso de nulidad electoral.

SEXTA: Subsidiariamente y, de considerarlo necesario, ORDÉNESE por el Juez
de Tutela a la autoridad accionada que, en su nueva providencia, aplique el
principio de Unicidad de la Justicia y valore el formulario E-26 de revisión, junto
con la sentencia del seis (6) de diciembre dos mil doce (2012) de la Sección
Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
(expedientes acumulados 110010328000201000071-00 y
110010328000201000074 00), como pruebas reinas de la falla del servicio y del
error jurisdiccional, entendiendo que la reparación directa es el escenario idóneo
para corregir las injusticias materiales derivadas de formalismos excesivos en
procesos previos.

SÉPTIMA: Subsidiariamente y, de considerarlo necesario, por el Juez de Tutela
a la Subsección C de la Sección Tercera que rompa la escisión probatoria
artificiosa y valore el formulario E-26 de revisión y, la sentencia del seis (6) de
diciembre dos mil doce (2012) de la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado (expedientes acumulados
110010328000201000071-00 y 110010328000201000074-00), elementos
suasorios axiales aportados en este proceso como la evidencia incontrovertible
de que la voluntad popular fue falseada. Se le exhorte a entender que la Justicia
es una Unidad Dialéctica y que no puede existir una sentencia “legal” que se
fundamente en una mentira administrativa acreditada materialmente y,
judicialmente en el expediente.

OCTAVA: Que la orden impartida por el Honorable Magistrado, sea de inmediato
cumplimiento». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. Por medio del auto del 7 de mayo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado como accionado y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Nación - Rama Judicial y a los señores Teresa Pérez
López, Juan David y Kristian Camilo Cano Pérez, Nancy Cano Ramírez, Fanny, María
Ramírez, Ruby Ramírez, Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez, Sandra
Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge Eliecer Rivera Méndez, Luis
Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera Rojas
como terceros interesados en el resultado del proceso.

14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que, en
principio, la acción de tutela se dirige contra la sentencia proferida el 11 de diciembre
de 2024, respecto de la cual se presentó solicitud de adición, resuelta el 11 de agosto
de 2025, notificada el 2 de septiembre y ejecutoriada el 8 de septiembre del mismo
año y, aunque también se cuestionan las providencias del 28 de julio y 4 de
noviembre de 2025, contra esta últimas no se elevó cargo alguno. Por ende, estimó
que el conteo del término de inmediatez inició el 8 de septiembre de 2025, mientras

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que la acción de tutela se presentó el 6 de mayo de 2026 y, en ese sentido, no resulta
procedente su análisis de fondo.

15. De otra parte, sostuvo que la acción de tutela tampoco cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues no se advierte vulneración alguna de los derechos
fundamentales, sino una insatisfacción de sus intereses y su intención de controvertir
la decisión judicial en una tercera instancia para reevaluar la controversia objeto de
la litis, situación que encontró acreditada con la aparente reiteración de los hechos y
argumentos de la demanda de reparación directa y del recurso de apelación.

16. En gracia de discusión, señaló que la parte accionante alegó la configuración de
los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, pues i) se ignoró la confesión judicial
de Juan Carlos Martínez Gutiérrez, ii) se validó la pasividad del juez de la nulidad
electoral frente a la obtención del formulario E-26 y iii) se alejó de la interpretación
adecuada respecto de los poderes correccionales del juez. Sin embargo, aseguró
que el análisis del caso concreto se realizó adecuadamente, de acuerdo con los
medios de convicción decretados y practicados en el proceso ordinario.

17. Al respecto, indicó que el señor Cano Ramírez incumplió la carga de allegar el
formulario E-26 de revisión, por lo que la Sección Quinta del Consejo de Estado no
pudo contrastar la incidencia de las irregularidades advertidas en el proceso de
nulidad electoral con los resultados obtenidos por los demás candidatos.

18. Asimismo, resaltó que la supuesta confesión de Juan Carlos Martínez Gutiérrez
no resultaba suficiente para probar la votación supuestamente obtenida por el señor
Cano Ramírez, en la medida en que la declaración de parte puede ser valorada
únicamente en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas o que
favorezca a la parte contraria y porque dicho aspecto no fue aceptado en el proceso
de nulidad electoral por las demandadas Consejo Nacional Electoral y Registraduría
Nacional del Estado Civil.

19. Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta de
los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional o, en su defecto, se denieguen
las pretensiones de la demanda por no configurarse los defectos alegados.

20. La señora Teresa Pérez López, en calidad de cónyuge del señor Francined de
Jesús Cano Ramírez, afirmó que la acción de tutela sí cumple los requisitos de
inmediatez, pues se presentó cuando se habían agotado todos los mecanismos de
defensa; y relevancia constitucional, en la medida en que se pretende demostrar la
existencia de defectos en las providencias cuestionadas y, con ello, una vulneración
iusfundamental. Además, consideró que los defectos alegados sí se configuraron en
el proceso objeto de análisis.

21. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que la acción de tutela se dirige contra la sentencia proferida el 11 de diciembre
de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no contra

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una actuación u omisión de las entidades, por lo que no les corresponde proteger los
derechos fundamentales invocados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. De la solicitud de coadyuvancia

23. La señora Teresa Pérez López presentó solicitud de coadyuvancia respecto de
la parte demandante, en calidad de cónyuge del señor Francined de Jesús Cano
Ramírez. Sobre el particular, argumentó que, contrario a lo expuesto por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la acción de tutela sí
cumplía el requisito de inmediatez, pues la última providencia del proceso
cuestionado se expidió el 4 de noviembre de 2025. Además, reiteró los argumentos
planteados por la parte accionante en el escrito de tutela.

24. Al respecto, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«Artículo 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por
un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la
Sala).

25. Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que:

«[L]a coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que este pueda realizar planteamientos distintos
o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante
(…)»3.

26. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la señora Pérez López cuenta
con interés directo en el resultado del proceso, en la medida en que es la cónyuge

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
3 Sentencia T-070 de 2018, Corte Constitucional

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del señor Cano Ramírez y comparte las pretensiones de la acción de tutela. Por lo
anterior, esta Sala de Subsección anticipa que aceptará la solicitud de coadyuvancia
respecto de la parte demandante, de acuerdo con los fundamentos fácticos y
jurídicos allí planteados.

3.3. Cuestión previa

27. Si bien el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, esta
Subsección considera que sí cuentan con interés directo en el resultado del proceso,
en la medida en que fungieron como entidades demandadas al interior del medio de
control de reparación directa promovido por la parte accionante y otros, de modo
que se negarán sus peticiones.

3.4. Problema jurídico

28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad,
en particular, el de inmediatez. En caso afirmativo, deberá establecerse si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en los defectos
fáctico, procedimental, sustantivo, error inducido y si contrarió la Convención
Americana de los Derechos Humanos en la sentencia del 11 de diciembre de 2024,
al interior del medio de control de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-
2015-00206-00 [01-02].

3.5. Procedencia de la acción de tutela

29. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

30. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

32. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier

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autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

33. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
34. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

35. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.

3.6. Del requisito de inmediatez

36. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto
de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación4, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable5»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»6; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos»7.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
5 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084

de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
6 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905

de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883
de 2009, entre otras.
7 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692

de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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37. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de
derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

38. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente» 6.

3.6.1. Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto

39. Si bien la parte accionante considera que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de diciembre de 2024 incurrió en los
defectos fáctico, procedimental, sustantivo, error inducido y contrarió la Convención
Americana de los Derechos Humanos, conviene analizar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, en especial, el de inmediatez.

40. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

• El señor Francined de Jesús Cano Ramírez y otros8 interpusieron demanda
de reparación directa contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Nación – Rama Judicial.

• El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de
agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

• En sede de apelación, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 11 de diciembre de 2024, confirmó la
decisión judicial anterior.

• Con posterioridad, la parte demandante formuló solicitud de adición, la cual
fue resuelta desfavorablemente por la autoridad judicial mediante auto del 11
de agosto de 2025.

• Asimismo, los demandantes presentaron solicitud de nulidad. No obstante, la
autoridad judicial, a través de la providencia del 28 de julio de 2025 negó la
petición. Inconformes, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio de
súplica, pero la Corporación por medio del auto del 6 de octubre de esa
anualidad, lo negó y rechazó por improcedente, respectivamente. Finalmente,
la parte demandante presentó solicitud de aclaración y adición respecto de la

8 Teresa Pérez López, en nombre propio y en representación de Juan David y Kristian Camilo Cano Pérez; Rosa

Elena Ramírez Sterling, Francined Cano Brito, Nancy Cano Ramírez, Fanny María Ramírez, Ruby Ramírez,
Javier Ramírez, Jessica Alexandra Cano Pérez, Sandra Viviana Vélez, Juan Diego Galeano Ramírez, Jorge
Eliecer Rivera Méndez, Luis Carlos Chantre Vargas, Víctor Manuel Marín Serna y Johnny Alexandre Rivera
Rojas.

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decisión judicial anterior, la cual fue resuelta desfavorablemente a través de la
providencia del 4 de noviembre de 2025.

• Los señores Francined de Jesús Cano Ramírez, Rosa Elena Ramírez Sterling,
Francined Cano Brito y Erbin Hinestroza Palacios presentaron la acción de
tutela objeto de análisis el 6 de mayo del año en curso.

41. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subsección considera pertinente establecer
desde qué momento resulta adecuado iniciar el cómputo del requisito de inmediatez
en el caso concreto.

42. Por regla general, dicho requisito es exigible respecto de toda acción de tutela. Sin
embargo, cuando el mecanismo constitucional se dirige a cuestionar una providencia
judicial, su presentación debe efectuarse dentro de un término razonable y
proporcionado, contado desde la ocurrencia del hecho que presuntamente ocasionó
la vulneración de derechos fundamentales9.

43. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado10 precisó que la acción de tutela contra
providencia judicial debe promoverse dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la decisión judicial cuestionada. En particular, la Sección
Segunda de esta Corporación ha sostenido que el término de inmediatez inicia desde
la ejecutoria de la providencia objeto de reproche constitucional.

44. Sin embargo, en el caso concreto, se observa que, contra la sentencia del 11 de
diciembre de 2024, la parte demandante presentó solicitudes de adición y nulidad.
No obstante, respecto de esta última se derivaron los recursos de reposición y súplica
y, con posterioridad, se presentó una solicitud de aclaración y adición.

45. Al respecto, el artículo 302 del Código General del Proceso prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia,
solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».

46. Así las cosas, esta Subsección considera que la ejecutoria de la sentencia del 11
de diciembre de 2024 se encontraba supeditada a la decisión que resolvió la solicitud
de adición formulada respecto de aquella. En consecuencia, dado que dicha

9
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-
1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
10 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, Exp. 2012-02201.

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providencia se notificó el 2 de septiembre de 2025 y quedó ejecutoriada el 8 de
septiembre del mismo año, esta última fecha se erige como el punto de partida para
el cómputo del término de inmediatez en el presente asunto.

47. En ese contexto, la parte accionante tenía plazo hasta el 8 de marzo de 2026 para
presentar la acción de tutela contra la sentencia del 11 de diciembre de 2024, pero lo
hizo el 6 de mayo de 2026, es decir, 2 meses después del término establecido para
tales efectos y sin justificar su tardanza ni exponer una situación excepcional que le
permita al juez constitucional flexibilizar el cumplimiento del requisito. Por lo tanto,
esta Subsección declarará improcedente el escrito de tutela presentado por el señor
Francined de Jesús Cano Ramírez y otros.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora Teresa
Pérez López.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Francined de Jesús Cano Ramírez y otros, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TURJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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