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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03496-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03496-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Leidy Graciela Henao López, en representación del menor Daniel Esteban Correa Henao, contra el Tribunal Administrativo Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03496-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: DANIEL ESTEBAN CORREA HENAO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Inmediatez – La acción de tutela debe
presentarse en un término razonable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se declarará improcedente la solicitud de amparo. Se presentó la acción de tutela
en un término que no resulta razonable y no existen motivos que ameriten flexibilizar
el requisito de inmediatez.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 6 de mayo de 2026, la señora Leidy Graciela Henao López, en representación
de su hijo Daniel Esteban Correa Henao, presentó acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital,
a la seguridad social, a la vida digna y «los derechos prevalentes del niño», que
considera vulnerados por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Pretensiones

3. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, que se deje sin
efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y que se profiera una
nueva decisión que tenga en cuenta el interés superior del menor, la condición de
hijo póstumo y los principios constitucionales de la seguridad social.
Subsidiariamente que se ordene el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a favor del menor Daniel Esteban Correa Henao.

Fundamentos de la demanda de tutela

4. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

5. El señor Yhony Esteban Correa Villa fue reclutado para prestar el servicio militar
obligatorio desde el 23 de octubre de 2012. El 10 de diciembre de 2012 falleció por
una afección denominada Leptospirosis, «por lo que en el informativo administrativo

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

se estableció que la muerte del uniformado fue “simplemente en actividad”».

6. La señora Leidy Graciela instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, para que
se declarara la nulidad de las resoluciones 1858 del 30 de abril y 2998 del 18 de junio
de 2014, que negaron la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes del menor Daniel Esteban Correa Henao.

7. En sentencia del 22 de febrero de 2019, el Juzgado 21 Administrativo de Medellín
accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y le ordenó a la entidad demandada reconocer a favor
del menor Daniel Esteban Correa Henao la pensión de sobrevivientes contenida en
la Ley 100 de 1993 a partir del 11 de diciembre de 2012.

8. La parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de
Antioquia en sentencia del 28 de marzo de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

9. De la lectura integral de la solicitud de amparo, se colige que la accionante
considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:

10. Defecto sustantivo. Al aplicar de manera rígida el requisito de semanas
cotizadas previsto en la Ley 100 de 1993, sin considerar la condición del causante
como miembro de la fuerza pública; la situación del beneficiario como hijo póstumo;
los principios de favorabilidad y solidaridad en materia de seguridad social, y la
prevalencia de los derechos del niño según la Ley 1098 de 2006.

11. Desconocimiento del precedente. Omitió aplicar la jurisprudencia de la Corte
Constitucional según la cual los menores de edad son sujetos de especial protección,
debe privilegiarse el interés superior del niño y es posible flexibilizar requisitos
legales cuando están en juego derechos fundamentales.

12. Violación directa de la Constitución. Se desconoció el artículo 44 de la
Constitución Política al no darle el carácter prevalente de sus derechos y el principio
del interés superior del niño, desarrollado por la Ley 1098 de 2006. La providencia
cuestionada se limitó a realizar una interpretación restrictiva de las normas que
regulan el reconocimiento de la pensión del régimen especial para los integrantes de
la fuerza pública y deja de lado la garantía constitucional que se predica del interés
superior del niño.

13. Finalmente, alegó la configuración de un perjuicio irremediable porque la
negativa del reconocimiento pensional afecta la subsistencia de su hijo, su desarrollo
integral y el acceso a condiciones dignas de vida.

14. Es inminente porque el menor depende exclusivamente de sus ingresos – salario
mínimo legal mensual vigente-, el cual resulta insuficiente para garantizar sus
necesidades básicas.

15. Es grave porque afecta los derechos fundamentales de su hijo, en especial su
derecho al mínimo vital y a la seguridad social.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

16. Es urgente porque «yo como madre he asumido de manera exclusiva la carga
económica, emocional y material del cuidado de mi hijo, sin recibir ningún tipo de
ayuda por parte de la familia paterna de mi hijo».

17. Es impostergable porque someter a su hijo a los tiempos de un proceso ordinario
implica prolongar una situación de vulneración de sus derechos fundamentales.

18. Finalmente, expuso que se cumple el requisito de inmediatez. Si bien ha
transcurrido un lapso de 9 meses desde la ocurrencia de los hechos que dieron lugar
a la vulneración, ello se justifica porque desconocía las vías idóneas para la
protección de los derechos de su hijo y no contaba con una defensa técnica que la
orientara sobre el mecanismo constitucional procedente. Esa situación no podía
«trasladarse en perjuicio de mi hijo, quien es sujeto de especial protección
constitucional». Al tratarse de un menor de edad, el análisis debe flexibilizarse,
privilegiando la protección efectiva de sus derechos fundamentales sobre cualquier
consideración formal.

Trámite impartido

19. Mediante auto de 8 de mayo de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó
notificar la decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia, como autoridad
demandada, y al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional,
como terceros con interés.

20. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo de Antioquia informó que para la resolución del
caso debía aplicarse el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, en virtud del principio
de favorabilidad. Sin embargo, debía cumplirse todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la prestación.

22. Analizó la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del 12 de abril de
2018 con radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01, según la cual «tratándose de
soldados que prestan el servicio militar obligatorio, el requisito relevante no es el de
cotización sino el de semanas de afiliación al sistema, el cual se acredita con el
tiempo de vinculación al servicio».

23. Como el señor Correa Villa únicamente prestó el servicio militar por un lapso de
un 1 mes y 17 días, ese tiempo resultaba insuficiente para cumplir con el mínimo
exigido para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes, por lo que no era
posible acceder a las pretensiones de la demanda.

24. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional indicó que la tutela no puede
convertirse en un mecanismo para reabrir debates probatorios, ni convertirse en una
tercera instancia. Manifestó que, si bien se alegó el desconocimiento de los derechos
fundamentales del menor, lo perseguido con ello es que el juez de tutela se inmiscuya
en competencias que le son ajenas.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Problema Jurídico y metodología de la decisión

26. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial el de
inmediatez.

27. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
debe examinar si las decisiones censuradas, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, incurrieron en violación de los derechos fundamentales invocados.

Análisis de la Sala

Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

28. Legitimación en la causa. La señora Leidy Graciela Henao se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, porque es la representante legal del
menor Daniel Esteban Correa Henao, titular de los derechos fundamentales que
considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-021-2016-00261-01. Allí se
adoptó la decisión cuestionada.

29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque el
Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte actora.

30. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de
la misma naturaleza1. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad2, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la

1 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción

de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…).
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
2 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,

SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto».

31. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

32. Inmediatez. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales es la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el
mecanismo de amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.

33. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.

34. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»3.

35. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida
en un plazo irrazonable»4; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso
del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»5.

36. Para esta Subsección6, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

37. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos
que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan
incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Ibidem.
6 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,

expediente 11001031500020180390501, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

38. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante7.

39. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica8.

40. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó
es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial
situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al
juez9.

41. La solicitud de amparo no satisface el requisito de inmediatez: la providencia
censurada se profirió el 28 de marzo de 202510 y se notificó por correo electrónico el
31 del mismo mes y año11, mientras que la tutela se radicó el 6 de mayo12 de la
presente anualidad, esto es, un año y un mes después. Dicho intervalo resulta
excesivo, máxime cuando en el trámite no se acreditó circunstancia de carácter
excepcional que justifique la demora en la presentación de la acción constitucional.

42. Es evidente, entonces, que desde que tuvo conocimiento de la providencia de
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, debió
instaurar la demanda de tutela para reclamar la protección de los derechos
fundamentales que ahora invoca como vulnerados. Ese era, precisamente, el
momento oportuno para cuestionarlas.

43. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que:

44. Si bien el menor Daniel Esteban Correa Henao, representado por su madre, es
un sujeto de especial protección constitucional, no se logró demostrar que, debido a
esa situación, le hubiese sido imposible acudir con antelación al juez de tutela.

45. En la demanda se indicó que la demora en la presentación de la tutela se debió
a que desconocía las vías idóneas y no contaba con una defensa técnica sobre el
mecanismo constitucional procedente. Lo cierto es que el menor estuvo
representado por un abogado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, quien pudo informarle a su representante legal sobre los mecanismos
ordinarios y constitucionales que podía interponer en caso de que considerara
vulnerados sus derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que la tutela
no requiere de formalidades para su presentación.

46. No se observa la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir

7 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
8 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
9 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
10 Índice 22 de Samai del expediente ordinario de primera instancia.
11 Índice 24 de Samai del expediente ordinario de primera instancia.
12 Índice 2 de Samai, documento con descripción: «1ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2».

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

al juez de tutela, ni el aislamiento geográfico de la parte actora, ni mucho menos se
acreditó la vulnerabilidad económica o la afectación grave de los derechos de un
tercero. Tampoco se advierte que los hechos expuestos en la solicitud de amparo
representen una seria afectación a la seguridad jurídica.

47. Finalmente, aunque se alegó que la vulneración es permanente por comprometer
el mínimo vital, lo cierto es que no resulta desproporcionado exigir a la parte actora
que hubiera acudido en un término razonable al juez de tutela, para que este
analizara si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró o no sus derechos
fundamentales.

48. La tardanza en la interposición de la solicitud da cuenta de que la vulneración
alegada no es urgente, como lo pretende hacer ver la parte actora. En caso de que
se tratara de una amenaza actual, inminente y urgente de garantías constitucionales,
debía acudir a este valioso mecanismo en un término razonable, con el fin de que el
juez constitucional hiciera cesar la vulneración y adoptara las medidas que en
derecho corresponden.

49. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Leidy Graciela Henao López, en representación del menor Daniel Esteban
Correa Henao, contra el Tribunal Administrativo Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03496-00
Accionante: Daniel Esteban Correa Henao

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
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