Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03501-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03501-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03501-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03501-01
Accionante: MARY LUZ ZAMBRANO ARTEAGA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial — Confirma improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por los
accionantes contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de junio de
20261 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 11 de mayo de 20263, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante providencia del 12 de agosto de 20264 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Mary Luz Zambrano Arteaga, en nombre propio y en
representación de sus hijas Diana Carolina y María Isabel Castro Zambrano, así
como de su hermano Roberto Germán Arteaga Basante, interpuso acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso material y efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad material bajo una perspectiva de vulnerabilidad y la aplicación del
principio de confianza legítima.
1
Índice 21 Samai del proceso de radicado 11001-03-15-000-2026-03501-00.
2
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3
Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada al Tribunal
Administrativo de Nariño. Asimismo, se ordenó vincular como tercero con interés al Municipio de Pasto, al
Instituto para la Recreación y Deporte-Pasto Deporte y al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto.
4
Índice 28 Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Mary Luz Zambrano Arteaga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03501-01
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Nariño, con ocasión de la sentencia proferida el 23 de
enero de 2026 dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 52001-33-33-007-2016-00154-00/02.
3. En la providencia reprochada, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó
el fallo del 18 de agosto de 2020 en el que el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto declaró administrativa y patrimonialmente responsables
al municipio de Pasto y al Instituto para la Recreación y Deporte – Pasto Deporte,
por la afectación moral causada a la señora Zambrano Arteaga y, en
consecuencia, condenó a los demandados al pago de sesenta (60) SMLMV a
favor de la demandante.
4. En concreto, la parte actora formuló en su escrito de tutela las siguientes
pretensiones5:
PRIMERA: TUTELAR de manera integral y definitiva mis derechos
fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), al acceso material y efectivo
a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), a la igualdad material bajo una
estricta perspectiva de vulnerabilidad y enfoque diferencial (Art. 13 C.P.) y al
principio constitucional de la confianza legítima. Estos derechos fueron
flagrantemente quebrantados por el Tribunal Administrativo de Nariño al
incurrir en un ostensible defecto fáctico por omisión valorativa, una violación
directa de la Constitución y un abierto desconocimiento del precedente
jurisprudencial en su providencia de segunda instancia
Pretensiones Consecuenciales (Órdenes de Protección): SEGUNDA:
DEJAR SIN EFECTOS, como consecuencia ineludible de la declaratoria
anterior, la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de enero de 2026
por el Tribunal Administrativo de Nariño (Radicado 52-001-33-33-007-2016-
00154-02), y notificada el martes 14 de abril 2026 al correo electrónico os-
walg@hotmail.com mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia,
se negaron de manera arbitraria las pretensiones de reparación directa y, de
forma revictimizante, se me condenó en costas procesales.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que, en un
término perentorio no mayor a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación del fallo de tutela, profiera una sentencia de reemplazo que
resuelva de fondo el recurso de apelación, bajo los siguientes parámetros
ineludibles: (i) Valorar integramente y sin ceguera institucional las pruebas
documentales que demuestran la anuencia del Estado frente a mi
permanencia en el lugar, específicamente el Oficio del 23 de octubre de 2007
y la Constancia del 7 de febrero de 2007; (ii) Aplicar de manera obligatoria el
estándar de flexibilización probatoria y enfoque diferencial dada mi condición
de mujer víctima de desplazamiento forzado y madre cabeza de familia; y (iii)
Dar estricta aplicación al precedente constitucional sobre confianza legítima,
reconociendo que el Estado no puede defraudar las expectativas que él
mismo auspició ni tratar la ocupación como un simple "hecho ilícito"
generador de condenas procesales en mi contra
5
Transcrito literal de la Acción de Tutela. Puede contener errores.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
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1.2. Hechos
5. La accionante manifestó haber desempeñado labores de vigilancia, aseo
y control de acceso en la cancha del parque Bolívar, en la ciudad de Pasto, entre
el 1.º de junio de 2004 y el 13 de noviembre de 2014, y haber habitado los
camerinos de dicho escenario deportivo junto con su núcleo familiar como
mecanismo de subsistencia durante ese periodo.
6. No obstante, el 13 de noviembre de 2014, la accionante, sus hijas y su
hermano fueron desalojados de los camerinos por la Inspección de Policía
Tercera de Urbanismo de Pasto, en el marco de un procedimiento policivo.
7. Con fundamento en los hechos narrados, la accionante y su núcleo familiar
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el municipio de Pasto y el Instituto Municipal para la Recreación y el
Deporte – Pasto Deporte, correspondiéndole el conocimiento en primera
instancia al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Pasto bajo el
radicado 52001-33-33-007-2016-00154-00.
8. Mediante sentencia del 18 de agosto de 2020, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pasto declaró administrativa y patrimonialmente
responsables al municipio de Pasto y a Pasto Deporte, y, en consecuencia, los
condenó al pago de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) a favor de la demandante, al encontrar probado que la parte actora
habitó en la cancha por un periodo aproximado de diez años y que, al menos
durante 2006 y 2007, la administración municipal conoció y avaló dicha
permanencia.
9. El municipio de Pasto y Pasto Deporte interpusieron recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. El municipio de Pasto sostuvo que no
existió relación laboral entre las partes y que la accionante había promovido
múltiples procesos con pretensiones similares. Pasto Deporte, por su parte, alegó
que la ocupación fue indebida y que dio lugar a un proceso contravencional tras
solicitudes de la comunidad.
10. Mediante sentencia del 23 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Nariño revocó la decisión del juzgado de instancia, al no encontrar acreditado
que se hubiera otorgado un permiso para ocupar el espacio público, calificó la
ocupación como un "hecho ilícito" no generador de responsabilidad patrimonial
del Estado, y condenó en costas en primera y segunda instancia a la parte
demandante.
11. Por auto del 24 de julio de 2024 el Juzgado Administrativo Oral Circuito
Judicial de Pasto liquidó las costas en un valor total un millón seiscientos
veintisiete mil doscientos veintiséis pesos con un centavo m/cte. ($1.627.226,1).
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1.3. Sustento de la vulneración
12. La accionante justificó la vulneración de sus derechos fundamentales en
atención a que, en su concepto, se configuraron: i) un defecto fáctico ii) el
desconocimiento del precedente y iii) violación directa de la Constitución.
13. En lo relativo al defecto fáctico, señaló que, en la sentencia reprochada,
el Tribunal Administrativo de Nariño aceptó la existencia material de los hechos;
es decir, su presencia prolongada en las instalaciones deportivas y las labores
allí realizadas, pero concluyó, a su criterio, sin argumentación suficiente, que no
se acreditó el daño antijurídico y que su actuación carecía de buena fe,
calificando su permanencia como un «hecho ilícito» de ocupación del espacio
público.
14. Sostuvo que el Tribunal ignoró dos pruebas documentales que calificó
como determinantes: la Constancia del 7 de febrero de 2007 suscrita por el
Coordinador de Escenarios Deportivos, que certificaba que ella vivía en las
instalaciones de la cancha y trabajaba como celadora dependiente de Pasto
Deporte; y el Oficio del 23 de octubre de 2007 suscrito por la Directora (E) de
dicha entidad, mediante el cual se le impartían órdenes de control y
mantenimiento del escenario bajo amenaza de reporte a la administración
central.
15. La accionante afirmó que la omisión de valorar estos documentos tuvo una
incidencia directa y determinante en la decisión, pues, a su parecer, de haberse
considerado, se habría concluido, como lo hizo el juez de primera instancia, que
la ocupación estuvo mediada por la inducción a error por parte de la propia
administración.
16. Invocó, en respaldo de este cargo, las sentencias SU-126 de 2025 y SU-
167 de 2024, referidas a la falta de valoración de elementos probatorios que, de
haberse tenido en cuenta, habrían conducido a una solución distinta.
Adicionalmente, cuestionó que se le hubiera condenado en costas procesales,
circunstancia que calificó como revictimizante.
17. Respecto del cargo de desconocimiento del precedente, la accionante
sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció el precedente
constitucional vinculante sobre el principio de confianza legítima, consolidado
desde la Sentencia SU-360 de 1999 y reiterado en la Sentencia T-472 de 2009.
18. Indicó que, conforme a esta línea jurisprudencial, la administración no
puede alterar de forma intempestiva una situación que ella misma auspició, toleró
o consintió por un tiempo prolongado, sin otorgar un período razonable de
transición. Señaló que el caso resuelto en la Sentencia T-472 de 2009, relativo a
una familia desalojada tras desempeñarse como celadores de una institución
educativa a cambio de residir en sus instalaciones, era fácticamente análogo al
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suyo, y que el Tribunal accionado falló sin considerar dicho precedente, ni ofreció
argumentación para apartarse de él.
19. Adicionalmente, la accionante alegó el desconocimiento de las Sentencias
SU-167 de 2024, T-168 de 2025, SU-439 de 2024 y T-004 de 2025, en lo
concerniente a la aplicación obligatoria del enfoque diferencial, la perspectiva de
género y la flexibilización de los estándares probatorios frente a sujetos de
especial protección constitucional, en particular en litigios frente al Estado. Sobre
dichos precedentes, manifestó que, exigirle la demostración de su buena fe bajo
estándares probatorios rígidos, siendo víctima de desplazamiento forzado y
madre cabeza de familia, equivalía a imponerle una carga probatoria
desproporcionada, contraria a las subreglas fijadas en dichas providencias.
20. Por último, en relación con el cargo de violación directa de la
Constitución, la accionante planteó que la sentencia cuestionada contrarió los
artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, al haber sido resuelta bajo una
óptica que calificó de civilista y exegética, sin considerar su condición de sujeto
de especial protección constitucional como mujer víctima de desplazamiento
forzado desde el año 2003, madre cabeza de familia y cuidadora de un hermano
en situación de discapacidad. Argumentó que el Tribunal omitió administrar
justicia con enfoque diferencial, exigiéndole formalidades que consideró de
imposible cumplimiento frente a la administración, y que dicha omisión
desconoció el mandato constitucional de protección especial a personas en
condición de debilidad manifiesta.
21. Asimismo, señaló que la condena en costas procesales impuesta en su
contra desconoció el artículo 90 superior sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado y los artículos 228 y 229 relativos al acceso material y efectivo a la
administración de justicia, bajo la premisa de prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas. También invocó el artículo 82 de la Constitución, sosteniendo
que el deber estatal de protección del espacio público debía armonizarse con el
principio de no defraudar la confianza legítima de los administrados vulnerables.
1.4. Intervenciones
22. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
solicitó su desvinculación del proceso, al considerar que la tutela se dirige
exclusivamente contra la sentencia de segunda instancia y que su propia decisión
no vulneró derechos fundamentales.
23. El Tribunal Administrativo de Nariño pidió que se negaran las
pretensiones de la tutela, pues, a su juicio, su decisión estuvo debidamente
motivada y sustentada en una valoración adecuada del material probatorio y se
se ajustó a las garantías del debido proceso. Estimó también, que no se
encuentran configurados los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional.
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24. El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte - Pasto Deporte
solicitó declarar la improcedencia de la acción pues considera que la tutelante
pretende emplear la tutela como una instancia adicional y señaló que el juez
constitucional no debe estar llamado a sustituir el criterio jurídico del juez
ordinario. Además, manifestó que la condena en costas es una consecuencia
procesal ajena a su injerencia y precisó que, a la fecha de su intervención, no se
había realizado la liquidación de costas, ni iniciado proceso ejecutivo contra los
accionantes.
25. El Municipio de Pasto guardó silencio, pese a haber sido debidamente
notificado del trámite de la acción.
1.5. Sentencia de primera instancia
26. Mediante fallo del 16 de junio de 2026 la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción, al advertir que
esta no satisface el requisito de relevancia constitucional, con base en los
siguientes argumentos.
27. Respecto del defecto fáctico alegado, estimó que la autoridad judicial
accionada valoró en la sentencia del 23 de enero de 2026 las pruebas allegadas
por la parte actora, e incluso, se encargó de trascribir los fragmentos que la
señora Zambrano Arteaga consideró que eran relevantes para el proceso y que
el Tribunal Administrativo de Nariño sí valoró las pruebas documentales
incorporadas al proceso y expuso de manera suficiente las razones por las
cuales, pese a la existencia de los oficios, constancias y comunicaciones que
alega como «prueba reina», concluyó que no se configuró un daño antijurídico
que hiciera procedente la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado.
28. En lo que corresponde al presunto desconocimiento del precedente, la
Subsección C no evidenció tal desconocimiento, sino una discrepancia con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó de las reglas
jurisprudenciales que estimó pertinentes para resolver el caso concreto. Lo
anterior, en atención a que, a pesar de que la parte actora mencionó en el escrito
de tutela que la sentencia presuntamente desconocida, amparó los derechos de
una familia que habitaba en su lugar del trabajo, no se precisó si esta familia
contaba con un vínculo laboral y si tenía autorización previa del empleador para
ello, a diferencia de lo que ocurre en el caso concreto.
29. En relación con el cargo de defecto sustantivo por violación directa a la
constitución, el a quo determinó que el reproche de la accionante iba dirigido en
dos sentidos.
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30. En primer lugar, que se desconoció su condición de sujeto de especial
protección constitucional, cuestión superada a criterio de la Subsección C, a partir
del siguiente razonamiento:
5.4. Por otro lado, respecto a la configuración del defecto sustantivo, la parte
actora reprochó que se desconoció su condición de sujeto de especial
protección constitucional y que fue injustamente condenada en costas
procesales.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño, a partir
del testimonio brindado por Luis Humberto Castro Tez, reconoció que la
señora Mary Luz Zambrano Arteaga llegó al parque Bolívar tras ser víctima
de desplazamiento en departamento de Putumayo. Asimismo, a partir de las
razones expuestas con anterioridad, se observa que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis completo de los hechos, en los que se
determinó que “un hecho ilícito como lo es la ocupación de un espacio
público, no puede ser fuente de obligaciones para quien lo ocasiona”
31. En segundo lugar, en sentir de la accionante, la condenada en costas fue
injusta. Al respecto, la Subsección C evidenció que la providencia impugnada
contiene un análisis suficiente del artículo 188 del Código del CPACA, disposición
sobre la cual explicó que la condena en costas opera de manera objetiva frente
a la parte vencida en el proceso.
1.6. Impugnación
32. La accionante sostuvo que la decisión de la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación partió de una interpretación excesivamente
restrictiva de los presupuestos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales y que desconoció la naturaleza constitucional de las cuestiones
planteadas, las cuales, a su juicio, trascendían una simple discrepancia
probatoria o interpretativa, por comprometer derechos fundamentales de sujetos
de especial protección constitucional.
33. La impugnante formuló nueve cargos contra la sentencia recurrida: i)
indebida aplicación del requisito de relevancia constitucional; ii) contradicción
entre la motivación y la parte resolutiva de la sentencia, al señalar que, pese a
declarar la improcedencia, la providencia desarrolló un examen material de los
defectos alegados; iii) desconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales; iv) interpretación
restrictiva del principio de confianza legítima, al considerar que la sola cita de la
Sentencia SU-360 de 1999 no equivalía a su aplicación efectiva; v) ausencia de
un verdadero análisis con enfoque diferencial y protección reforzada respecto de
las condiciones personales de la accionante y su núcleo familiar; vi) error en el
examen del defecto fáctico, al sostener que la sentencia impugnada confundió la
mera mención de los medios de prueba con su valoración efectiva; vii) violación
directa de los artículos 13, 29, 83, 93 y 229 de la Constitución Política; viii)
desconocimiento del deber de protección constitucional reforzada frente a
víctimas de desplazamiento forzado y personas con discapacidad; y ix) error
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constitucional en el análisis de la condena en costas impuesta en el proceso
ordinario.
34. En sustento de los reproches anteriores, la impugnante argumentó que la
providencia recurrida incurrió en una contradicción metodológica al afirmar la
ausencia de relevancia constitucional mientras examinaba individualmente el
defecto fáctico, el desconocimiento del precedente, el defecto sustantivo, la
violación directa de la Constitución y la condena en costas.
35. Asimismo, señaló que la sentencia impugnada omitió verificar si las
condiciones de víctima de desplazamiento forzado, madre cabeza de familia y
cuidadora de una persona con discapacidad fueron efectivamente incorporadas
al razonamiento jurídico del Tribunal Administrativo de Nariño, y que la imposición
de costas procesales fue avalada sin efectuar un juicio de proporcionalidad, ni de
protección reforzada.
36. Con fundamento en lo expuesto, la impugnante solicitó revocar
integralmente la sentencia impugnada y declarar que la acción de tutela sí cumple
el requisito de relevancia constitucional; conceder el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad material, de acceso efectivo a la
administración de justicia, a la buena fe, a la confianza legítima y a la protección
reforzada; dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño del
23 de enero de 2026; y ordenar a dicho Tribunal proferir una nueva decisión
conforme a los parámetros constitucionales invocados.
37. De manera subsidiaria, solicitó revocar la declaratoria de improcedencia y
disponer que se profiriera una nueva decisión que efectuara un estudio de fondo
de los defectos constitucionales planteados.
II. CONSIDERACIONES
38. La Sala confirmará la decisión del 16 de junio de 2026 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo ante la falta del requisito de relevancia
constitucional.
2.1. Caso concreto. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales
39. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
40. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
41. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
42. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
43. La Sala advierte que, en este caso, se satisface el requisito de legitimación
en la causa por activa, pues es la señora Mary Luz Zambrano Arteaga fue la parte
demandante en el proceso de reparación directa en el que se profirió la
providencia que se cuestiona en esta oportunidad.
44. Asimismo, se advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño también
está legitimado por pasiva por ser la autoridad judicial que dictó la sentencia
objeto de estudio.
45. Ahora bien, en lo que respecta a la petición de desvinculación promovida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto en su
informe, la Sala negará tal solicitud toda vez que, su incorporación al proceso se
da en la calidad de tercero con interés atendiendo a su calidad de juez de primera
instancia del proceso ordinario de reparación directa.
8
(i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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46. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
47. En el caso bajo estudio, la accionante cuestiona la decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño del 23 de enero de 2026 dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 52001-33-33-007-2016-00154-
00/02 al considerar que vulneró derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso material y efectivo a la administración de justicia, a la igualdad material
bajo una perspectiva de vulnerabilidad y al principio de confianza legítima.
48. De acuerdo con la solicitud de amparo, y como se expuso
exhaustivamente en acápites anteriores, la accionante fundamentó la tutela en
tres cargos contra la sentencia del tribunal: i) defecto fáctico ii) desconocimiento
del precedente y iii) violación directa de la Constitución.
49. Por su parte, en el escrito de impugnación, esgrimió nueve cargos en
contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, los cuales, íntegramente se subsumen
o se derivan de los tres cargos originales de la tutela; no obstante, puesto que se
trata de argumentos nuevos que se no plantearon en el escrito inicial, su estudio
en esta sede transgrediría los derechos de defensa y contradicción de la
contraparte, que no tuvo la oportunidad de controvertir lo expuesto en la
impugnación. Motivo de lo anterior, no se realizará un estudio individual de los
nueve cargos contenidos en dicho escrito. La Sala entonces, se limitará al análisis
de los tres cargos originales de la solicitud de amparo.
50. En ese contexto, se advierte que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, como lo concluyó el a quo, puesto que la
parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del
proceso y, con ello, reabrir la discusión ya zanjada por los jueces ordinarios.
51. Lo anterior, debido a que todas las explicaciones y cargos planteados en
la acción de tutela están dirigidos a mostrar una inconformidad respecto de la
valoración probatoria del expediente, la aplicación del derecho legislado y la
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
10
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jurisprudencia traída al caso, así como también a controvertir el razonamiento de
los operadores judiciales de instancia.
52. En concreto, la accionante afirmó en su escrito de impugnación que se
configura un defecto fáctico, ya que el Tribunal, pese a aceptar los hechos
materiales de su presencia y trabajo prolongado en las instalaciones deportivas,
concluyó que no existió daño antijurídico y que su actuación careció de buena fe,
calificando su permanencia como ocupación ilícita del espacio público.
53. Sostuvo que se ignoraron dos pruebas cuya valoración habría llevado a
una conclusión distinta, similar a la del juez de primera instancia. Citó las
sentencias SU-126 de 2025 y SU-167 de 2024 como respaldo, y cuestionó
además la condena en costas pese a la existencia de dichas pruebas.
54. Bajo ese entendido, el reproche elevado no constituye un asunto
constitucionalmente relevante, pues versa meramente de una discusión de
carácter probatorio. Tal cuestión, fue abordada en un primer momento por el
Tribunal en el marco del proceso ordinario y luego por la Subsección C en el
conocimiento de la presente acción al declarar la falta de relevancia
constitucional.
55. Ciertamente, de la revisión del proceso ordinario, se logra constatar que,
en esa oportunidad, el Juez de segunda instancia incorporó al expediente, como
pruebas documentales, la constancia del 7 de febrero de 2007, suscrita por el
Coordinador de Escenarios Deportivos y el Oficio del 23 de octubre de 2007,
suscrito por la directora (E) de dicha Pasto Deporte11. Y que sobre dichas pruebas
estimó:
«Si bien evidencia la existencia de los oficios ya señalados, no observa que
las actuaciones de la señora Mary Luz Zambrano Arteaga se hayan ceñido
a los postulados de la buena fe. En el expediente, no obran pruebas
encaminadas a demostrar que la ocupación de los camerinos de la cancha
del parque Bolívar del Municipio de Pasto, estuviera precedida de un hecho
permisivo de la administración de ocupar tal lugar, con fines de vivienda tanto
para ella como para su núcleo familiar.
Es decir, que la génesis de dicha ocupación (hechos anteriores al 2006)
tuviera anuencia de una autoridad competente o de un hecho lícito del cual,
la señora Mary Luz Zambrano Arteaga sin mayor examen, hubiese creído
que el espacio no se catalogaba como público o que le era permitida su
permanencia, más cuando se trataba de un camerino de una cancha de
fútbol»12.
56. La anterior valoración hecha por el Tribunal responde al ejercicio de
razonamiento necesario para determinar la existencia de buena fe como
componente de la expectativa legítima que resultaría en la antijuridicidad del
11
Tribunal Administrativo de Nariño, Sentencia de segunda instancia. Expediente 52-001-33-33-007-2016-
00154-02 (10160). Párrafos 9.1.17 y 9.1.3.
12
Párrafos 12.1.7 y 12.1.8 Ibidem.
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daño alegado. Presupuesto que, en su criterio, no se configuró, derivando en la
ausencia de responsabilidad administrativa y por consiguiente, en la negativa a
las pretensiones de la demandante.
57. Esa tesis fue compartida por el ad quo constitucional al abordar la falta de
relevancia constitucional del cargo así:
De esta manera, se advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño sí
valoró las pruebas documentales allegadas al proceso y expuso de manera
suficiente las razones por las cuales, pese a la existencia de dichos
documentos, concluyó que no se configuró un daño antijurídico que hiciera
procedente la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado.
En efecto, la autoridad judicial accionada sostuvo de manera expresa que,
aunque se encontraba acreditado que para el año 2006 Pasto Deporte
conocía la situación de la señora Zambrano Arteaga y de su núcleo familiar,
no se demostró la existencia de un permiso o autorización otorgados por la
administración que le permitieran considerar que la cancha de fútbol del
parque Bolívar no constituía un bien de uso público o que estaba facultada
para ocuparlo de manera permanente.
58. Respecto al desconocimiento del precedente, invocó la línea
jurisprudencial sobre confianza legítima (SU-360 de 1999 y T-472 de 2009),
argumentando que la administración no puede alterar intempestivamente una
situación que ella misma toleró por largo tiempo, y señaló como fácticamente
análogo el caso de la T-472 de 2009. También alegó el desconocimiento de las
sentencias SU-167 de 2024, T-168 de 2025, SU-439 de 2024 y T-004 de 2025
sobre enfoque diferencial, perspectiva de género y flexibilización probatoria para
sujetos de especial protección.
59. Sobre el particular, es preciso señar que, en lo que respecta a las
sentencias señaladas en el párrafo inmediatamente anterior, dicho cargo carece
de la carga argumentativa necesaria para que proceda un estudio de fondo por
parte del juez constitucional.
60. Lo anterior, en atención a que, no se hizo un análisis de respecto de la
equivalencia y aplicación de dicho precedente en el caso concreto. La accionante
se limitó a la simple enunciación de las providencias, sin atender a la
argumentación requerida en las tutelas contra providencia judicial que pretendan
hacer valer el cargo por desconocimiento del precedente. Bajo ese entendido, se
confirmará la improcedencia de la acción de tutela frente al reproche.
61. Ahora, si bien es cierto que la accionante en su escrito estimó que en la
Sentencia T-472 de 2009 (donde se recogía lo planteado en la SU-360 de 1999)
la Corte amparó los derechos del accionante y que el «caso de la señora Mary
Luz Zambrano es fácticamente idéntico», como lo señaló el a quo, el tribunal
demandado estudió la buena fe de la actora, en los términos descritos en los
acápites citados ut supra.
12
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62. Así mismo, la relevancia de dichas providencias fue también abordada por
la Subsección C . En el fallo impugnado, se consideró que no resultaba
procedente efectuar el examen de los presupuestos específicos para la
aplicación del principio de confianza legítima desarrollados en la decisión traida
a colación. Lo anterior toda vez que, el Tribunal accionado estructuró su análisis
a partir del principio de buena fe y que este había sido desconocido por la parte
actora, sin que lo anterior fuera una interpretación arbitraria sino el ejercicio de la
autonomía del juez en el marco del proceso ordinario.
63. Y concluyó que el reproche formulado por la parte actora no evidencia un
desconocimiento del precedente constitucional, sino una discrepancia con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó de las reglas
jurisprudenciales que estimó pertinentes para resolver el caso concreto.
conclusión que comparte esta sección.
64. Finalmente, en lo que respecta el cargo por violación directa de la
Constitución, planteó que el fallo desconoció su condición de mujer víctima de
desplazamiento forzado, madre cabeza de familia y cuidadora de un familiar en
situación de discapacidad, vulnerando los artículos 13, 29, 90, 228, 229 y 82
superiores, al exigirle formalidades desproporcionadas y condenarla en costas
tras negarle la indemnización reconocida en primera instancia.
65. Las afirmaciones y reproches realizados por la accionante respecto de la
presunta ausencia de valoración de su condición de sujeto de especial protección
no constituyen per se una contradicción flagrante al texto constitucional, ni
general incompatibilidad con las disposiciones de la Carta.
66. Dicho sea de paso que el reproche elevado en los escritos de tutela e
impugnación sobre el desconocimiento de su condición, fue estudiado por la
Subsección C en la sentencia de primera instancia, evidenciando que conforme
a las pruebas del expediente ordinario, se advirtió que, el Tribunal en ningún
momento omitió el hecho de que la señora Zambrano Arteaga fuese una víctima
de desplazamiento forzado y que, con ocasión a dicho desplazamiento haya
llegado al parque Bolívar y habitase los camerinos de la cancha. No siendo esto
un criterio habilitante o justificante para ocupar el espacio público, ni significando
un amparo automático por considerarse un sujeto de especial protección
constitucional.
67. En el análisis, de la condición de sujeto de especial el tribunal concluyó
que “un hecho ilícito como lo es la ocupación de un espacio público, no puede
ser fuente de obligaciones para quien lo ocasiona”.
68. Por último, en relación con la condena en costas procesales, que la
accionante considera injusta, la Sala coincide con el razonamiento expuesto por
la Subsección C, en sede de tutela, sobre el análisis y aplicación objetiva de los
presupuestos normativos que regulan la materia, y pretender revocar dicha
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condena implicaría un estudio de fondo sin que el asunto revista la relevancia
constitucional para ello; lo anterior en atención a que tal decisión, a criterio de
esta Sala, no fue dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de las
pruebas y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario y
como consecuencia procesal lógica, y constitucionalmente ajustada, de quien fue
vencido en juicio.
69. Se reitera entonces que, el juez de tutela no está llamado a reabrir el
debate definido en el proceso ordinario; por consiguiente, no le corresponde
efectuar una nueva valoración probatoria, ni interferir en la órbita de competencia
del juez natural.
70. Lo anteriormente expuesto, evidencia que el debate planteado a través de
los cargos esgrimidos en la acción constitucional sub judice y reiterados en el
escrito de impugnación no difiere de aquel que fue propuesto y resuelto por en el
proceso de reparación directa. Entonces, cualquier decisión del juez de tutela
tornaría este mecanismo en una instancia adicional del proceso ordinario, lo que
demuestra su falta de relevancia constitucional.
71. Al respecto, la Sala recuerda que la acción de tutela contra providencias
judiciales como un mecanismo excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. De
allí que esta se conciba como un «juicio de validez» y no como un «juicio de
corrección» del fallo cuestionado13.
72. Ello es así, en tanto su objeto no es constituir una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron origen a la controversia. Por tal motivo, pretender reabrir el
debate probatorio del proceso ordinario, desnaturaliza este mecanismo
constitucional excepcional, al emplearlo como un juicio de corrección o una
tercera instancia.
73. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
74. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
13
Sobre este punto consultar Sentencias T-310 de 2009, T-126 de 2018 y T-016 de 2019.
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estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa.
2.2. Conclusión
75. En síntesis, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta no
satisface el requisito general de relevancia constitucional exigido para la
procedencia del amparo contra providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 16 de junio de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, con fundamento en los motivos
expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR La solicitud de desvinculación del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto por las razones contenidas en esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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