Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03504-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03504-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03504-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03504-01
Accionante: CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ PETRO
Accionado: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos de la Unidad Nacional de Protección /
Modifica para ordenar el restablecimiento provisional del esquema de protección de una
defensora de derechos humanos y lideresa política, en aplicación de la presunción de riesgo y
de la carga de la prueba en cabeza de la UNP, mientras culmina una nueva valoración del nivel
de riesgo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia proferida el 4 de junio de 2026 por la Sección Quinta de
esta Corporación, que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida de la señora Claudia
Patricia Martínez Petro, y ordenó a la Unidad Nacional de Protección dar a conocer,
dentro del mes siguiente, el resultado del nuevo estudio de nivel de riesgo en curso.
2. La Sala confirmará el amparo concedido, así como la negativa de desvincular al
Tribunal Administrativo de Córdoba y la orden de dar a conocer el resultado del nuevo
estudio de riesgo. Sin embargo, adicionará una orden de restablecimiento provisional
del esquema de protección que la accionante tenía antes de la Resolución DGRP
011352 de 2025, por cuanto en el caso concurren los factores que, según la
jurisprudencia constitucional, habilitan la protección excepcional mientras la UNP
culmina la nueva valoración de riesgo.
II. ANTECEDENTES
El escrito de tutela
3. El 7 de mayo de 2026, la señora Claudia Patricia Martínez Petro presentó acción de
tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al trabajo
y a la libertad de expresión1, en razón de la reducción de su esquema de protección
dispuesta por la UNP y de la falta de información sobre el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa contra los actos administrativos que
definieron dicho esquema.
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Escrito de tutela del 7 de mayo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-03504-00.
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Accionante: Claudia Patricia Martínez Petro
Hechos relevantes
4. La accionante ostenta la condición poblacional de dirigente y activista de grupos
políticos declarados en oposición y, desde el año 2025, de dirigente y activista de
organizaciones defensoras de derechos humanos, en su calidad de integrante de la
organización “Líderes de Colombia”, con domicilio y actividad social y política en el
departamento de Córdoba.
5. Entre abril y agosto de 2023, la accionante relató haber sido objeto de varios episodios
de persecución por hombres en motocicleta mientras se desplazaba entre los municipios
de Ciénaga de Oro, Cereté y Montería, así como de un episodio en el que fue obligada
a abandonar una actividad de campaña electoral por hombres armados, hechos que
puso en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.
6. El 22 de agosto de 2023, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas
de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) aprobó en su favor medidas urgentes
de carácter temporal, consistentes en una persona de protección, un chaleco blindado
con enfoque de género y un botón de apoyo. Posteriormente, mediante la Resolución
DGRP 002123 del 1.º de abril de 2024, confirmada por la Resolución DGRP 004415 del
7 de junio de 2024, la UNP calificó su riesgo como ordinario, con una ponderación de
40,55 %, y dispuso finalizar dichas medidas.
7. Contra tales actos, la accionante formuló acción de tutela, en la que el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería concedió el amparo transitorio y
ordenó mantener el esquema hasta que se surtiera la conciliación extrajudicial, orden
que la UNP cumplió mediante la Resolución DGRP 006912 del 18 de septiembre de
2024.
8. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones
DGRP 002123 y 004415 de 2024, admitida el 11 de marzo de 2025 por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería bajo el radicado 23-001-33-33-
008-2024-00521-00.
9. El 19 de mayo de 2025, recibió en su residencia una esquela fúnebre acompañada
de un arreglo floral con la inscripción “Q.E.P.D. Claudia Petro”, hecho que reportó a la
Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a
la propia UNP. Con ocasión de este hecho, la UNP profirió la Resolución No. 121 del 26
de mayo de 2025, por riesgo inminente, mediante la cual ratificó la persona de
protección, el chaleco blindado y el botón de apoyo, e implementó un apoyo de
transporte de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10. El 2 de noviembre de 2025, denunció ante la Policía Nacional el hostigamiento
reiterado de un vehículo con vidrios polarizados que permaneció por más de una hora
frente a la salida del parqueadero de su residencia, hecho igualmente puesto en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación - Seccional BRIHO de Derechos
Humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación,
entidad que remitió requerimiento preventivo a la UNP para que resolviera con celeridad
su solicitud de trámite de emergencia.
11. El 13 de diciembre de 2025, el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR) de la
UNP culminó el estudio de nivel de riesgo correspondiente a la Orden de Trabajo O.T.
711527, en el que ponderó el riesgo de la accionante como extraordinario, con un
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porcentaje de 50,55 %. En sesión del 15 de diciembre de 2025, el Comité de Evaluación
del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) recomendó “ajustar las medidas
de protección (…): finalizar un esquema de protección tipo ligero conformado por una
(1) persona de protección y un apoyo de transporte (…). Finalizar un botón de apoyo.
Ratificar un (1) chaleco blindado con enfoque de género”2, recomendación que la
Dirección General de la UNP adoptó mediante la Resolución DGRP 011352 del 17 de
diciembre de 2025.
12. Se interpuso recurso de reposición contra dicho acto, resuelto desfavorablemente
mediante la Resolución DGRP 003955 del 29 de abril de 2026, en la cual la UNP sostuvo
que la ponderación de riesgo extraordinario no implica, por sí sola, la obligación de
mantener la totalidad de las medidas previamente asignadas, y que estas pueden
ajustarse conforme a los principios de idoneidad, temporalidad, subsidiariedad y
racionalización del gasto público.
13. El 14 de abril de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería declaró su falta de competencia para conocer de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado 23-001-33-33-008-2024-
00521-00 y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Córdoba, donde fue recibida
el 5 de mayo de 2026 y registrada bajo el radicado 23-001-23-33-000-2026-00094-00,
sin que a la fecha de presentación de la tutela se hubiera fijado fecha para audiencia
inicial.
14. Actualmente, su esquema de protección se encuentra reducido a una (1) persona de
protección, sin vehículo, sin botón de pánico operativo y sin chaleco blindado ajustado
a sus condiciones, no obstante, la UNP sostiene en sus actuaciones que mantiene
vigentes la persona de protección, el chaleco blindado con enfoque de género, el botón
de apoyo y el apoyo de transporte reconocidos mediante la Resolución No. 121 de 2025.
Pretensiones
15. La accionante solicita se ordene a la UNP cesar la vulneración de sus derechos
fundamentales y mantener el esquema de seguridad consistente en dos (2) hombres de
protección, un (1) vehículo de seguridad, un (1) chaleco antibalas y un (1) botón de
pánico, como medida definitiva y, de manera subsidiaria, como medida provisional
mientras culmina el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Fundamentos
16. La accionante sostuvo que la UNP desconoció las múltiples denuncias, informes de
autoridades y hechos de amenaza acreditados en el expediente administrativo al calificar
su riesgo, y que la reducción de su esquema resulta incompatible con la persistencia de
una calificación de riesgo extraordinario. Invocó, además, el derecho a la seguridad
personal desarrollado por la jurisprudencia constitucional en torno a los niveles de riesgo
y amenaza, y el derecho al debido proceso administrativo.
Trámite impartido
17. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela, vinculó a la UNP, al Tribunal
Administrativo de Córdoba y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, y negó la medida provisional solicitada por la accionante, al considerar que no
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Resolución DGRP 011352 del 17 de diciembre de 2025, considerandos.
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se acreditaba una situación concreta grave o de urgente atención distinta al incremento
de las medidas de protección con las que contaba.
Intervenciones
18. El Tribunal Administrativo de Córdoba se opuso a la prosperidad del amparo y
alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la vulneración alegada no se
dirige contra actuaciones u omisiones atribuibles a ese despacho, sino contra las
decisiones administrativas de la UNP; no obstante, informó que la demanda de nulidad
y restablecimiento remitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Montería había sido
recientemente radicada e ingresada al despacho para lo pertinente.
19. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería señaló que
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se le había impreso el trámite
correspondiente conforme al procedimiento contencioso administrativo, sin que se
hubiese puesto en riesgo o vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, y
relacionó las actuaciones surtidas.
20. La Unidad Nacional de Protección contestó la demanda y solicitó declarar
improcedente el amparo. Argumentó que las decisiones sobre el esquema de protección
de la accionante obedecen a estudios técnicos y científicos adelantados por el CTAR y
validados por el CERREM, que las medidas otorgadas mediante trámite de emergencia
tienen naturaleza provisional y no generan derechos adquiridos a su permanencia
indefinida, y que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo para controvertir la legalidad de
los actos administrativos cuestionados. Señaló, además, que el juez de tutela no puede
sustituir la valoración técnica especializada del nivel de riesgo ni las competencias
exclusivas del CTAR y del CERREM.
Sentencia de primera instancia
21. En sentencia del 4 de junio de 2026, la Sección Quinta de esta Corporación negó la
solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de Córdoba y la nueva medida
provisional deprecada por la accionante; tuteló los derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la seguridad e integridad personal y a la vida; ordenó a la UNP
dar a conocer, dentro del mes siguiente a la notificación, el resultado del nuevo estudio
de nivel de riesgo adelantado mediante la Orden de Trabajo No. 2824 de 2026; y declaró
improcedente el amparo en lo demás, al considerar que la accionante no había agotado
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las
Resoluciones DGRP 011352 de 2025 y DGRP 003955 de 2026, ni solicitado en ese
proceso medida cautelar alguna.
22. El a quo advirtió, adicionalmente, que si bien la accionante había promovido con
anterioridad otras acciones constitucionales relacionadas con hechos parcialmente
coincidentes, en esta oportunidad exponía nuevas situaciones que, aunque guardan
relación con aquellas, no configuraban identidad de causa, objeto y partes que ameritara
un estudio de temeridad.
Impugnación
23. La accionante impugnó. Solicita la revocatoria parcial del fallo de primera instancia,
con fundamento, en síntesis, en los siguientes argumentos: (i) desconocimiento del
principio de prevención y del deber reforzado de protección frente a un riesgo calificado
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como extraordinario; (ii) valoración insuficiente de hechos sobrevinientes, entre ellos el
retiro verbal, el 2 de junio de 2026, del único hombre de protección que permanecía
asignado; (iii) desconocimiento de los principios de precaución y favorabilidad; (iv)
desatención de los estándares interamericanos de protección de defensores de
derechos humanos; y (v) razonabilidad de la medida solicitada, consistente en la
asignación de dos (2) hombres de protección y un (1) vehículo blindado.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.3
Problema jurídico y metodología de la decisión
25. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 4
de junio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tuteló los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad e integridad
personal y a la vida de la accionante, pero se abstuvo de ordenar el restablecimiento del
esquema de protección que le fue reducido mediante la Resolución DGRP 011352 de
2025.
26. Para resolver, la Sala (i) analizará la procedencia de la acción de tutela; (ii) reiterará
la jurisprudencia sobre el derecho a la seguridad personal y el deber reforzado de
protección de defensores de derechos humanos y líderes políticos; (iii) explicará el
alcance de la presunción de riesgo y de la carga de la prueba en cabeza de la UNP; (iv)
desarrollará el contenido del debido proceso administrativo y la carga de motivación
cualificada de los actos que reducen esquemas de protección; y (v) resolverá el caso
concreto, con el análisis de los cargos de la impugnación.
Procedencia de la acción de tutela
Legitimación por activa
27. La acción fue presentada directamente por la señora Claudia Patricia Martínez Petro,
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la reducción de su
esquema de protección, por lo que se encuentra satisfecho con este presupuesto.
Legitimación por pasiva
28. La UNP es una entidad pública a la que se atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por ser la autoridad competente para evaluar el nivel de
riesgo de la accionante y definir, modificar o suprimir las medidas de protección a su
favor, de manera que se encuentra legitimada como parte pasiva.
29. Respecto del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería y del
Tribunal Administrativo de Córdoba, la Sala observa que la sentencia de primera
instancia desestimó la excepción de falta de legitimación propuesta por este último, al
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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considerar que se trata de autoridades directamente vinculadas por la accionante
respecto de la tramitación del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, extremo que no fue objeto de cuestionamiento en la impugnación, por lo que
la Sala no encuentra razón para apartarse de dicha conclusión.
Inmediatez
30. El amparo se promovió el 7 de mayo de 2026, esto es, 7 días después de que fue
resuelto desfavorablemente el recurso de reposición mediante la Resolución DGRP
003955 del 29 de abril de 2026, y menos de cinco (5) meses después de la expedición
de la Resolución DGRP 011352 del 17 de diciembre de 2025 que dispuso la reducción
del esquema. Se trata, en ambos casos, de un término razonable que satisface el
requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
31. La procedencia de la acción de tutela en el presente asunto exige analizar el requisito
de subsidiariedad frente a la existencia de medios ordinarios de defensa judicial. Por
regla general, el ordenamiento jurídico dispone que este mecanismo solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, motivo por el cual la
Unidad Nacional de Protección (UNP) argumenta que la actora debe acudir al medio de
control correspondiente para cuestionar las resoluciones que redujeron su esquema,
advirtiendo que la tutela no puede reemplazar los procedimientos constituidos para la
defensa de los derechos, ni siquiera bajo el pretexto de que sean demorados.
32. En efecto, se evidencia que la señora Claudia Patricia Martínez Petro ya instauró
una demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente
a los actos del 2024, y que, respecto a las resoluciones expedidas en 2025 y 2026 que
finalizaron sus medidas de seguridad, no ha ejercido los mecanismos judiciales que tiene
a su disposición para cuestionar su legalidad.
33. A pesar de la existencia de estos medios ordinarios ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, la jurisprudencia constitucional ha precisado que exigir su agotamiento
resulta desproporcionado cuando están en juego los derechos a la vida y a la seguridad
personal de sujetos calificados con riesgo extraordinario, pues en tales circunstancias el
mecanismo principal pierde su idoneidad y eficacia.
34. Frente a estos eventos de inminente peligro que recaen sobre líderes y defensores
de derechos humanos, la regla jurisprudencial aplicable al caso exceptúa la
subsidiariedad estricta y habilita la procedencia directa, determinando textualmente que
la acción de tutela es viable, “cuando se trata de decisiones relativas a esquemas de
protección adoptadas por la UNP, la discusión trasciende el control de mera legalidad
de los actos administrativos y compromete de manera inmediata la protección de
derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personal. En ese
contexto, no resulta exigible el agotamiento previo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar dichas decisiones, especialmente cuando
se trata de personas sometidas a riesgos extraordinarios o que ostentan la calidad de
sujetos de especial protección constitucional"4.
35. Esta procedibilidad excepcional se torna inaplazable en el caso concreto ante la
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Corte Constitucional, Sentencia T-093/26
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grave y persistente incertidumbre sobre la situación de seguridad de la accionante en
razón a las nuevas circunstancias que ameritaron el estudio iniciado en marzo de 2026.
36. Dado que la UNP se encuentra adelantando una nueva evaluación bajo la orden de
trabajo No. 2824 del 2026 sin que haya emitido un pronunciamiento de fondo, someter
a la actora a la espera prolongada de un proceso ordinario, mientras enfrenta situaciones
de vulnerabilidad frente a actores ilegales, consumaría un daño irreparable.
37. Por consiguiente, la tutela se erige como el mecanismo indispensable para impulsar
las actuaciones administrativas estancadas y ordenar a la entidad que "dé a conocer en
debida forma el resultado del estudio de nivel riesgo", garantizando efectivamente los
derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de la actora.
Caso concreto
38. La Sala comparte la decisión de la Sección Quinta en cuanto tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad e integridad personal y
a la vida de la accionante, y en cuanto ordenó a la UNP dar a conocer, dentro del mes
siguiente a la notificación, el resultado del estudio de nivel de riesgo adelantado
mediante la Orden de Trabajo No. 2824 de 2026. Igualmente se comparte la negativa a
desvincular al Tribunal Administrativo de Córdoba, frente al cual no se acreditó mora
judicial alguna.
39. No obstante, la sentencia impugnada incurrió en un déficit de protección al limitarse
a ordenar la culminación y comunicación del nuevo estudio de riesgo, sin disponer el
restablecimiento transitorio de las medidas retiradas, pese a que en el caso concreto
concurren los factores que la Sentencia SU-546 de 2023 identifica como habilitantes en
casos como el que nos ocupa.
40. La Sentencia SU-546 de 2023 constituye un precedente fundamental que delimitó
los derechos constitucionales de las personas que integran la población líder y defensora
de derechos humanos, estableciendo que estos deben ser articulados en una política
pública participativa, que cuente inexcusablemente con un enfoque étnico y de género.
41. Esta providencia reconoció que la labor de defender derechos activa deberes
continuos y reforzados para las autoridades del Estado, por lo que precisó que esta
población tiene, entre otros, el derecho a la seguridad personal bajo un enfoque de
seguridad humana, así como el derecho al debido proceso administrativo.
42. Frente a este último aspecto, la Corte fue enfática en señalar que el debido proceso
comprende la obligación de realizar una debida motivación técnica del grado de
protección reconocido, exigiendo una argumentación especial y minuciosa cuando la
Unidad Nacional de Protección (UNP) pretenda reducir el nivel de seguridad otorgado
inicialmente.
43. Para materializar esta garantía y evitar arbitrariedades, la mencionada sentencia
estableció cuatro subreglas específicas que rigen los procesos de valoración del riesgo
y cuyo respeto es imperativo; (i) La primera subregla exige que la evaluación del riesgo
se funde en un examen integral e individualizado de todos los factores de amenaza,
advirtiendo que la omisión injustificada de variables en la matriz de calificación constituye
una violación al debido proceso; (ii) la segunda subregla le impone a la UNP la obligación
de precisar el puntaje asignado a cada variable y especificar el porcentaje de riesgo
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ponderado, prohibiendo que la entidad se limite únicamente a citar conclusiones de
informes técnicos sin valorar las particularidades concretas; (iii) la tercera subregla
determina que las medidas adoptadas deben ser idóneas y eficaces, dejando claro que
toda reducción de un esquema de seguridad debe fundarse en una disminución
relevante del riesgo, pues de lo contrario se desconoce el derecho a la seguridad
personal; (vi) la cuarta subregla consagra un enfoque diferencial que activa una
presunción de riesgo a favor de los defensores de derechos humanos, lo que traslada la
carga probatoria a la UNP, obligándola a desvirtuar dicha presunción únicamente
mediante estudios técnicos y rigurosos.
44. En el presente caso, el estudio del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo -CTAR
adelantado mediante la Orden de Trabajo O.T. 711527, así como las Resoluciones
DGRP 011352 de 2025 y DGRP 003955 de 2026, reconocen que la accionante se
encuentra en un nivel de riesgo extraordinario, con ponderación de 50,55 %,
porcentaje que representa, además, un incremento frente a la ponderación de 40,55 %
(riesgo ordinario) determinada en el estudio de 2023-2024.
45. Según lo relatado por la accionante y reconocido por la propia UNP al transcribir las
conclusiones del analista de riesgo en la Resolución DGRP 011352 de 2025, el 20 de
mayo de 2025 la accionante recibió en su residencia una corona fúnebre con la
inscripción “Q.E.P.D.”, hecho por el cual instauró denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación (NC 230016001358202510236) y que fue puesto en conocimiento de la
Defensoría del Pueblo de Córdoba. A ello se suman la captura por la Policía Nacional de
un sujeto portador de una granada en el entorno inmediato de la accionante en 2023, el
hostigamiento reiterado de un vehículo frente a su residencia el 2 de noviembre de 2025
y la existencia de múltiples denuncias penales activas por amenazas ante la Fiscalía
General de la Nación.
46. La accionante puso de presente, en el escrito de impugnación, que el 2 de junio de
2026 la UNP habría notificado verbalmente el retiro inmediato del único hombre de
protección que permanecía asignado. Este hecho no fue controvertido por la UNP, que
no ha tenido oportunidad procesal de pronunciarse sobre él, ni fue valorado por la
sentencia de primera instancia. Sin que corresponda a esta Sala tenerlo por probado en
forma definitiva, su sola alegación, sumada a la ausencia de contradicción, resulta
suficiente para activar la interpretación favorable a la protección de los derechos
fundamentales que impone la Sentencia SU-546 de 2023 en casos de duda razonable.
47. La UNP no explicó, en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, por
qué el chaleco blindado con enfoque de género resulta, por sí solo, idóneo, suficiente y
proporcional frente a un riesgo extraordinario que además se incrementó respecto de la
valoración anterior. La motivación de la Resolución DGRP 003955 de 2026 se limitó a
invocar los principios de idoneidad, temporalidad, subsidiariedad y racionalización del
gasto público, sin identificar los elementos concretos del contexto —seguimientos,
hostigamientos, amenazas con arma de fuego y arma de guerra, esquela fúnebre—
considerados para concluir que la persona de protección y el apoyo de transporte ya no
resultaban necesarios.
48. La concurrencia de estos factores impone, conforme a la subregla fijada en la
Sentencia SU-546 de 2023 y aplicada en la Sentencia T-093 de 2026, ordenar el
restablecimiento transitorio del esquema de protección con el que contaba la accionante
antes de la Resolución DGRP 011352 de 2025, esto es, una (1) persona de protección,
apoyo de transporte hasta por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y un
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(1) botón de apoyo, medidas que se sumarán al chaleco blindado con enfoque de género
que la UNP ha mantenido vigente en todo momento.
49. En consecuencia, la sentencia impugnada será modificada, en el sentido de
adicionar una orden de restablecimiento provisional del esquema de protección que la
accionante tenía antes de la Resolución DGRP 011352 de 2025, la cual permanecerá
vigente hasta que la UNP notifique el resultado del nuevo estudio de nivel de riesgo
(Orden de Trabajo No. 2824 de 2026) y quede en firme el acto administrativo definitivo
que de él se derive, incluida la resolución de los recursos que llegaren a interponerse.
Los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se
mantendrán incólumes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de
la sentencia proferida el 4 de junio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro de la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral Quinto de la sentencia impugnada, en el sentido de
precisar que la improcedencia allí declarada se mantiene únicamente respecto del control
de legalidad de fondo de las Resoluciones DGRP 011352 del 17 de diciembre de 2025 y
DGRP 003955 del 29 de abril de 2026 -frente a las cuales la accionante aún no ha
ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y cuyo
conocimiento de fondo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo-,
sin perjuicio de la medida de protección transitoria que se ordena en el numeral siguiente.
TERCERO: ADICIONAR la parte resolutiva de la sentencia impugnada con un nuevo
numeral, del siguiente tenor:
“Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca
en favor de la señora Claudia Patricia Martínez Petro el esquema de
protección del que era beneficiaria con anterioridad a la Resolución DGRP
011352 del 17 de diciembre de 2025, consistente en: (i) una (1) persona de
protección; (ii) apoyo de transporte hasta por dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes; y (iii) un (1) botón de apoyo, medidas que se adicionarán
al chaleco blindado con enfoque de género actualmente vigente. Este
esquema permanecerá vigente hasta que la Unidad Nacional de Protección
notifique el resultado del estudio de nivel de riesgo adelantado mediante la
Orden de Trabajo No. 2824 de 2026 y quede en firme el acto administrativo
definitivo que en virtud de dicho estudio se profiera, incluida la resolución de
los recursos de la vía gubernativa que llegaren a interponerse.”
CUARTO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el nuevo estudio de
nivel de riesgo adelantado mediante la Orden de Trabajo No. 2824 de 2026, se pronuncie
de manera expresa sobre los hechos sobrevinientes puestos de presente por la
accionante en el escrito de impugnación, en particular el relativo al retiro verbal del
hombre de protección el 2 de junio de 2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03504-01
Accionante: Claudia Patricia Martínez Petro
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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