Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03505-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03505-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03505-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03505-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: ABIMAEL ANTONIO BERDUGO ESCORCIA
Accionado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
procedencia de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por Abimael Antonio Berdugo
Escorcia contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia, en nombre propio, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, dignidad humana,
al debido proceso y mínimo vital en conexidad con el principio de confianza legítima,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 25 de septiembre de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 08001-23-33-000-2018-00574-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
08001-23-33-000-2018-00574-00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con
el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 013521 de 8 de abril,
RDP 021388 de 27 de mayo y RDP 027057 de 2 de julio de 2015 mediante las cuales
se le negó el reconocimiento de la pensión gracia y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condenara a la demandada a reconocer, liquidar y pagar una
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
pensión gracia, incluyendo todos los factores salariales devengados en particular “[…]
asignación básica, prima exclusiva, horas cátedra, prima de vacaciones, prima de
navidad y cualquier otro factor salarial […]”, y que se le pagaran las mesadas
pensionales causadas desde el momento que causó estatus jurídico pensional.
2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, mediante providencia de 4 de
octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Señaló
que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de providencia
de 25 de septiembre de 2025, confirmó lo resuelto.
2.4. Consideró que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, seguridad social, dignidad humana, al debido proceso
y mínimo vital en conexidad con el principio de confianza legítima, por haber
incurrido en un defecto fáctico.
2.5. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] Para el caso de marras, al
desconocerse la pertinencia de las pruebas por mi presentadas, en especial el
decreto 0098 del 05/02/1975, se configura la existencia de un claro defecto fáctico,
que se acompasa con los alcances jurídicos y jurisprudenciales, trazados en la
sentencia de unificación en comento. para el caso de marras cuando en la sentencia
objeto de tutela al negarse el derecho, inobservando la pertinencia, particularidad y
determinación del DECRETO 0098 DEL 05/02/1975 y el ACTA DE POSESIÓN DEL
20/02/1975, el Consejo de Estado incurrió en un ostensible DEFECTO FÁCTICO
POR VALORACIÓN INCOMPLETA; dado que para que esto se materialice, el juez
de conocimiento, al ignorar el acervo probatorio al momento de interpretar todas y
cada una de las pruebas y realizar conclusiones respecto a ellas, incurra en una
inadecuada conceptualización de la prueba […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] interponer ACCIÓN DE TUTELA, contra LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERO
PONENTE DOCTOR JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA; en
especial contra la PROVIDENCIA JUDICIAL de fecha veinticinco 25 de
Septiembre de dos mil veinticinco 2025 a través de la cual el CONSEJO DE
ESTADO, COFIRMÓ (sic) la Sentencia proferida el 04/10/2024, por el
Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, Sección B,
por medio de la cual se NEGÓ las pretensiones (PENSION DE GRACIA A
DOCENTE TERRITORIAL).
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito de usted Honorable
Magistrado (SALA PLENA) disponer y ordenar a la parte accionada y a mi favor,
Amparar los derechos fundamentales de MI PERSONA (SEÑOR ABIMAEL
ANTONIO BERDUGO ESCORCIA, C.C número 3.756.097); ordenándose, a
quien corresponda que se realice en debida forma el análisis fáctico, probatorio
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
y sustantivo de las pruebas por mi aportadas en el proceso judicial de
conocimiento, en especial el Decreto 0098 del 05/02/1975 y su coetánea acta
de posesión, así como los certificados expedidos por la entidad territorial del
Atlántico en diferentes lustros, y en consecuencia reconsiderar mi latente
derecho a acceder al disfrute y goce de la pensión de gracia en calidad de
docente público, modalidad hora cátedra con vinculación TERRITORIAL, desde
el 05/02/1975 hasta el 01/10/2012. […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 12 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y
al Tribunal Administrativo del Atlántico.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegó el siguiente informe:
5.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó que se desestimaran las
pretensiones del accionante y se declarara su improcedencia, por cuanto fue
resuelto por vía administrativa y judicial adquiriendo firmeza y efectos de cosa
juzgada.
5.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó negar la
solicitud de amparo, por considerar que no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales del accionante. Precisó que “[…] no incurrió en ninguna conducta
que configure el defecto fáctico alegado, en tanto, valoró íntegramente los
certificados aportados por el demandante y estos dieron cuenta que, su vinculación
fue nacional […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. El señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia, en nombre propio, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, dignidad humana,
al debido proceso y mínimo vital en conexidad con el principio de confianza legítima,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 25 de septiembre de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 08001-23-33-000-2018-00574-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.
VI.4.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez
18. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.
13
19. Al respecto, la jurisprudencia constitucional , ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”14. [Negrilla fuera del texto].
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
14
Ibidem.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].
21. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.
22. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello
en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que
el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.
23. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente indicar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada por
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
correo electrónico el 22 de octubre de 202519, y (ii) la presente solicitud de amparo
fue radicada el 6 de mayo de 202620.
24. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 6 de mayo de 2026, la
Sala observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.
25. En ese orden de ideas, y en atención a que no se observa una causal que
justifique la demora en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala
considera que no se satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la
inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder
a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.
26. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de
la solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
19
Expediente núm. 08001233300020180057401, índice 19 de SAMAI. Mensajes de datos enviado el 20 de octubre de 2025.
20
Índice 2 de SAMAI.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03505-00
Accionante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.