Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03506-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03506-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03506-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03506-00
Accionante: AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A. Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la tutela porque el asunto carece de relevancia
constitucional. La parte accionante pretende reabrir un debate legal en torno a la
legalidad de un acto de adjudicación de un contrato con argumentos idénticos a los
que expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 7 de mayo de 2026, Americas Business Process Services S.A. y Carvajal
Tecnología y Servicios S.A.S. —integrantes de la Unión Temporal Gestión Servicios
TICS—, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela para la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la sentencia
del 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-36-000-2020-00200-01.
Hechos relevantes
3. La Unión Temporal Gestión Servicios TICS atacó la legalidad de la Resolución
2936 del 2 de septiembre de 2019 por la que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público adjudicó el proceso de licitación MHCP-LP-05-2019 a la Unión Temporal
COMBPCAM 2019.
4. Como sustento de sus pretensiones, la demandante alegó que el 14 de junio de
2019 el Ministerio demandado abrió el proceso de licitación antes identificado para
adjudicar un contrato para «prestar el servicio tercerizado de la operación, gestión
y modernización de los servicios tecnológicos» de la entidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
Accionante: Americas Business Process
Services S.A. y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
5. Las uniones temporales Gestión Servicios TICS y COMBPCAM 20191
participaron en el proceso de selección.
6. El 8 de julio de 2019, el Ministerio publicó un informe de evaluación que dispuso
que algunos oferentes no estaban habilitados para participar en el proceso. Allí
consignó que la Unión Temporal COMBPCAM 2019 no contaba con la capacidad
para contratar, porque la duración de una de las sociedades que la integraban2 iba
hasta noviembre de 2021, mientras que el plazo de ejecución del contrato se
extendía hasta julio de 20223.
7. La Unión Temporal COMBPCAM 2019 se opuso al informe. Alegó que la duración
que debía tenerse en cuenta era la de la sociedad extranjera Cambridge LLC4 y no
la de su sucursal en Colombia. El Ministerio acogió las observaciones y determinó
que la Unión Temporal COMBPCAM 2019 tenía capacidad para continuar en el
proceso de selección.
8. El 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de
adjudicación a la Unión Temporal COMBPCAM 2019 y, el 30 de septiembre del
mismo año, se celebró el contrato.
9. La Unión Temporal Gestión Servicios TICS cuestionó la legalidad de la resolución
de adjudicación y pidió la nulidad del contrato, bajo el argumento de que el Ministerio
permitió que la Unión Temporal COMBPCAM 2019 siguiera en el proceso de
selección, sin tener en cuenta las disposiciones normativas y las exigencias del
pliego de condiciones respecto de la capacidad para contratar.
10. En sentencia del 28 de febrero de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
La capacidad jurídica de la sociedad extranjera Cambridge International Systems
INC —con duración indefinida—, representada por la sucursal Cambridge LLC
Sucursal Colombia, se acreditó desde la presentación de la oferta, por ende, la
observación al informe de evaluación no constituyó una subsanación
extemporánea.
11. La demandante apeló. El juez de primera instancia no hizo un análisis del
régimen normativo mercantil de sucursales extrajeras en Colombia y se limitó a
analizar las normas que regulan la materia de forma aislada.
12. El 17 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado confirmó la decisión de primera instancia. La limitación establecida en el
inciso 3 del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 debe interpretarse restrictivamente. La
referida exigencia se hace a la persona jurídica extranjera y no puede extenderse a
1 Integrada por las sociedades Comware S.A., BPM Consulting LTDA y Cambridge LLC Sucursal
Colombia.
2 Cambridge LLC Sucursal Colombia.
3 Conforme al inciso tercero del artículo 6 de la Ley 80 de 1993, las personas jurídicas nacionales y
extranjeras deben acreditar que su duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más
y el inciso 5 del numeral 6.1.5 del pliego de condiciones disponía que la duración no podía ser inferior
a la del plazo del contrato y 30 meses más.
4 Con duración indefinida.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
Accionante: Americas Business Process
Services S.A. y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
sus sucursales, pues estas no son personas jurídicas, sino establecimientos de
comercio.
Pretensiones
13. Las accionantes solicitaron amparar sus derechos fundamentales, que se deje
sin efectos la sentencia del 17 de octubre de 2025 y que se ordene a la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictar una decisión de reemplazo.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. La tutela cumple con los requisitos generales de procedencia.
15. La sentencia del 17 de octubre de 2025 adolece de defecto procedimental
absoluto por violación del derecho de defensa.
16. La autoridad judicial accionada no se pronunció sobre los argumentos de la
apelación y basó su decisión en aspectos ajenos a los expuestos en el recurso.
17. En particular, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
abstuvo de pronunciarse sobre la falta de motivación o motivación insuficiente en
que incurrió el Tribunal en primera instancia y el hecho de que, si bien es cierto que
la sociedad extranjera tenía vigencia, eso no hace inaplicable el régimen normativo
que regula la constitución de las sucursales y obliga a que se estipule un término de
duración.
18. El fallador de segundo grado cambió las razones para confirmar la decisión de
primera instancia y con ello le impidió «controvertir los nuevos argumentos».
Además, no analizó los cargos de la demanda a la luz del pliego de condiciones.
19. La sentencia de segunda instancia sustituye la legislación mercantil, al crear
«un escenario imaginario en el que la ley 80 le aplica a una sociedad extranjera» e
interpretar indebidamente el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.
20. Por lo anterior, la sentencia también carece de motivación y adolece de
defecto sustantivo.
Trámite en primera instancia
21. Mediante auto del 8 de mayo 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
vinculó a los terceros con interés.
22. Solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca copia del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36-000-
2020-00200-00/01.
Intervenciones
23. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 indicó que
la sentencia que se cuestiona contiene los argumenos para que el juez del amparo
adopte la decisión que corresponda.
5 SAMAI, índice 14.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
Accionante: Americas Business Process
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Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
24. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En
su defecto, negar el amparo porque no se configuran los defectos que la parte actora
le atribuye a la sentencia que cuestiona.
25. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 allegó copia del expediente digital del proceso objeto de esta
controversia.
26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para dictar sentencia de
primera instancia, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20198.
Problema jurídico
28. La Sala determinará si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las accionantes, por
desconocer la legislación mercantil sobre las sucursales de personas jurídicas
extranjeras en Colombia.
29. Para resolver el problema jurídico, la Sala verificará si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
superarse, determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
alegados.
Análisis de la Sala
Inmediatez
30. Este requisito se cumple, porque la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación profirió la sentencia que se cuestiona el 17 de octubre de 2025,
decisión que fue notificada el 10 de noviembre de 2025, mientras que la parte actora
presentó la solicitud de amparo el 7 de mayo de 2026. Por tanto, el término es
razonable.
Subsidiariedad
31. El artículo 86.3 de la Constitución, en armonía con el numeral 1 del artículo 6
del Decreto Ley 2591 de 19919, establece que la acción de tutela tiene un carácter
6 SAMAI, índice 13.
7 SAMAI, índice 12.
8 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
9 «La acción de tutela no procederá (…) [c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
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Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
subsidiario, por lo que resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario
evitar la concreción de un perjuicio irremediable10.
32. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues las
accionantes agotaron los mecanismos judiciales previstos en el ordenamiento
jurídico para discutir el asunto.
Relevancia constitucional
33. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales11.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
34. La solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, porque la
controversia que la accionante plantea es una reiteración del debate que formuló en
el recurso de apelación y tiene una naturaleza legal con efectos económicos que no
compromete derechos fundamentales.
35. Las accionantes pretenden que el juez constitucional reevalúe el Código de
Comercio y el pliego de condiciones para obtener una decisión favorable a sus
intereses, pese a que la autoridad judicial accionada resolvió la cuestión de manera
razonable.
36. En específico, las demandantes se encuentran inconformes con la
interpretación y el alcance que la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación dio al inciso tercero del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 y a las normas
que rigen la constitución de sucursales de personas jurídicas extranjeras en
Colombia, sin exponer razones de orden constitucional que permitan advertir que el
juicio es caprichoso o irrazonable.
37. La parte actora insiste en que bajo una correcta interpretación del artículo 6 de
la Ley 80 de 1993 y de los artículos 469 y siguientes del Código de Comercio es
posible deducir la conclusión que respalda la tesis que ha mantenido a lo largo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que consiste en que la exigencia
de duración debe extenderse a la duración prevista en el acto de constitución de la
sucursal de una persona jurídica extranjera.
38. Sin embargo, ese fue el debate que resolvió la autoridad judicial accionada en
la sentencia del 17 de octubre de 2025 en la que concluyó que la exigencia que
contiene el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 debe interpretarse
restrictivamente «sin que resulte posible (…) hacer extensible tal regla a su sucursal
10 Al respecto, ver la sentencia T-108 de 2024.
11 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii)
impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
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Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
en Colombia. Lo anterior, se encuentra reforzado por el hecho de que las sucursales
no son personas jurídicas, sino establecimientos de comercio».
39. La autoridad judicial accionada explicó que la conclusión anterior no varía frente
al análisis de las normas del Código de Comercio —en específico, respecto de los
artículos 471 y 472—, pues el incumplimiento de los requisitos del acto de
constitución de la sucursal puede tener consecuencias en el derecho comercial,
pero no constituye un motivo para desconocer «la lectura restrictiva del inciso 3 del
artículo 6 de la Ley 80 de 1993».
40. Contrario a lo que sostiene la parte actora, la autoridad judicial accionada
resolvió la controversia también a la luz de la interpretación de la legislación
mercantil que regula la materia, pero concluyó que la exigencia de duración de la
sociedad para tener capacidad solo se extiende a la persona jurídica que pretenda
participar en un proceso de contratación estatal.
41. Por tratarse de una reiteración del debate que se surtió en el proceso ordinario,
la Sala declarará improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Americas Business Process Services S.A. y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03506-00
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Services S.A. y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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