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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03507-00

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03507-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la legalidad de la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026, proferida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, en el entendido de que su ámbito de aplicación territorial se circunscribe a los municipios comprendidos por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica conforme al condicionamiento fijado en la sentencia C-191 de 2026 de la Corte Constitucional, esto es, los ciento ochenta y un (181) municipios que registran afectaciones según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y los demás municipios respecto de los cuales 26 Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479) Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026 Asunto: Control inmediato de legalidad se demuestre, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria. SEGUNDO: ADVERTIR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS que la ejecución de los recursos que amparan las transferencias reguladas en la Resolución 46901 de 2026, en cuanto no se hayan comprometido o ejecutado, deberá sujetarse a las condiciones de ejecución financiera fijadas en el ordinal segundo de la sentencia C-191 de 2026 de la Corte Constitucional, en particular a la expedición del acto administrativo en el que la entidad ordenadora del gasto indique las razones por las cuales no es posible acudir a medios ordinarios de financiación y al deber de administración separada de los recursos de la emergencia. TERCERO: PRECISAR que esta sentencia produce efectos de cosa juzgada relativa, circunscrita a las normas superiores y a los aspectos analizados en esta providencia, y que no impide los efectos que se deriven de la decisión que adopte la Corte Constitucional en la revisión oficiosa de los Decretos Legislativos 241 y 245 de 2026. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, en la forma prevista en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03507-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026, expedida por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Control inmediato de legalidad

Procede la Sala Veintitrés Especial de Decisión a efectuar el control inmediato de
legalidad de la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026, expedida por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) al amparo del
Decreto Legislativo 245 de 2026, dictado con ocasión del estado de emergencia
económica, social y ecológica declarado en parte del territorio nacional.

I. ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL

1. Corresponde a la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026 expedida por el
director general del DPS, en cuyo epígrafe se citan las facultades conferidas por los
artículos 59, 61 y 65 de la Ley 489 de 1998, 65 y 66 de la Ley 2294 de 2023 y 5 y 8
del Decreto 017 de 2025, y en desarrollo expreso de los artículos 1 y 3 del Decreto
Legislativo 245 de 2026. Consta de veintiún artículos distribuidos en cinco capítulos
—generalidades, fuentes de información y transparencia, condiciones de acceso y
permanencia, ciclo operativo, y otras disposiciones— cuyo contenido se sintetiza a
continuación.

2. En las consideraciones, se invocan los artículos 11, 13, 44, 46, 47, 48 y 64
de la Constitución, el deber de proteger la vida digna, la alimentación y el mínimo
vital, y la necesidad de responder de manera oportuna a los efectos del frente frío.
También se refirió a las competencias ordinarias de los artículos 65 y 66 de la Ley
2294 de 2023, a la organización interna establecida en el Decreto 017 de 2025 y,
de manera principal, a los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo 245 de 2026.

3. El artículo 1 definió el objeto del acto en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los
criterios de focalización, identificación, priorización, selección, asignación,
monto, periodicidad y esquema de dispersión de la transferencia monetaria no
condicionada de la Línea de Intervención para Atención de Emergencias del
programa Renta Ciudadana, activada de manera excepcional y temporal en

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

virtud del artículo 3 del Decreto Legislativo 0245 de 2026 y en desarrollo del
Capítulo 2 del Título 3 de la Resolución 079 de 2024, con el fin de atender a los
hogares y unidades de intervención indígena damnificados por el evento
hidrometeorológico que dio lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 0150
de 2026.

4. El artículo 2, relativo al ámbito territorial, circunscribió la aplicación de la
resolución como sigue:

Artículo 2. Ámbito Territorial. La presente resolución aplica en los
departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar,
Magdalena y Chocó, en los municipios que fueron identificados como afectados
por el evento hidrometeorológico atípico ocurrido entre el 1 y el 6 de febrero de
2026, conforme a la delimitación territorial establecida en el Decreto Legislativo
0150 del 11 de febrero de 2026 y a los listados o reportes oficiales emitidos por
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD– o por
los Consejos municipales o departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres, o su instancia equivalente.

5. El artículo 3 adoptó las definiciones específicas de la línea de intervención,
entre ellas la de corte oficial de damnificados, entendido como el registro
consolidado por la UNGRD1 o por los consejos departamentales o municipales de
gestión del riesgo, que contiene únicamente los hogares y unidades de intervención
indígena cuya condición de damnificados fue certificada durante la vigencia del
estado de emergencia y hasta el 13 de marzo de 2026, a partir de las fuentes válidas
señaladas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 245 de 2026. Este registro
constituye el insumo oficial y vinculante para la identificación y selección de
potenciales beneficiarios, así como la de hogar damnificado, y adiciona a la
definición general del programa el elemento de la damnificación certificada como
condición constitutiva de la unidad de intervención.

6. El artículo 4 fijó el monto de la transferencia en quinientos mil pesos
($500.000) por hogar o unidad de intervención indígena damnificada, por cada ciclo
operativo en estado activo, y previó una regla de armonización con el programa de
compensación del IVA, conforme a la cual el valor liquidado por la línea de
emergencias se calculará de manera complementaria al monto recibido por aquel
programa, de modo que la sumatoria de ambas transferencias no exceda en ningún
caso el tope señalado en el mismo ciclo operativo. El artículo 5, por su parte, reguló
la periodicidad y la duración máxima de la intervención así:

Artículo 5. Periodicidad y duración máxima de la intervención. La dispersión de
la transferencia monetaria no condicionada de la Línea de Intervención para
Atención de Emergencias del programa Renta Ciudadana se realizará
mensualmente, garantizando hasta cinco (5) pagos a los hogares y unidades
de intervención indígena beneficiarios, y hasta el agotamiento de la
disponibilidad presupuestal asignada mediante el Decreto Legislativo 0245 de
2026. En todo caso, la intervención estará sujeta a la vigencia fiscal del año

1
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

2026, de conformidad con el principio de anualidad presupuestal consagrado
en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto–
, sin que en ningún caso pueda realizarse pago alguno con cargo a la presente
resolución con posterioridad al 31 de diciembre de 2026.

7. El mismo artículo sujetó el número efectivo de ciclos y el universo de
beneficiarios por ciclo a la disponibilidad presupuestal autorizada en el marco del
Decreto Legislativo 245 de 2026, con prohibición expresa de adquirir compromisos
que superen los recursos aprobados, y el artículo 6 excluyó el reconocimiento de
pagos retroactivos por ciclos anteriores al registro del hogar, admitiendo únicamente
la liquidación acumulada de hasta un pago no cobrado en el ciclo inmediatamente
anterior, sin que la acumulación genere derechos adquiridos.

8. En el capítulo de fuentes de información y transparencia, el artículo 7 autorizó
a la entidad para acceder y hacer uso de las bases de datos oficiales de una lista
determinada de entidades públicas —entre ellas el DNP2, el DANE3, los ministerios
del Interior, de Salud y del Trabajo, la UNGRD, la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la Defensoría del Pueblo, las entidades territoriales y las autoridades propias
de los pueblos indígenas certificadas por el Ministerio del Interior—, de conformidad
con el artículo 8 del Decreto Legislativo 245 de 2026, con sujeción a los principios
de finalidad, circulación restringida, seguridad y confidencialidad previstos en las
Leyes 1581 de 20124 y 1266 de 20085, así como a los criterios de necesidad y
proporcionalidad derivados de la finalidad excepcional de la intervención, con la
precisión de que la información obtenida solo podrá utilizarse para los fines de la
resolución. El artículo 8 reguló la divulgación de información general, estadística y
procedimental de la intervención, con reglas de supresión o anonimización de los
datos que permitan la identificación directa de las personas.

9. En materia de acceso y permanencia, el artículo 9 estableció las condiciones
de entrada de los potenciales beneficiarios6, con reglas especiales para la población
indígena, cuya pertenencia se acredita mediante los listados de las autoridades
propias del respectivo pueblo certificadas por el Ministerio del Interior, y para la
población migrante, respecto de la cual la ausencia de regularización migratoria no
constituye, por sí sola, causal de exclusión, siempre que la damnificación esté
debidamente certificada por la autoridad competente. El artículo 10 reguló las
condiciones de permanencia7 y previó como efecto de su incumplimiento la
suspensión preventiva del hogar, que no implica retiro definitivo, con posibilidad de
reactivación en ciclos posteriores una vez subsanada la causal, y con un régimen
de notificación personal, electrónica o mediante edicto que indica la causal
específica y el mecanismo de aclaración o subsanación dentro del mes siguiente.

2
Departamento Nacional de Planeación.
3
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
4
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
5
“Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y
se dictan otras disposiciones”.
6
Inclusión en el corte oficial de damnificados, acreditación de la condición de damnificación certificada y verificación de
identidad.
7
Vigencia del documento de identidad del titular, consistencia de la información y subsistencia de la condición de
damnificación.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

El artículo 11 tipificó las causales de retiro del listado de potenciales beneficiarios,
entre ellas la falta de subsanación oportuna de la causal de suspensión.

10. El artículo 12 estructuró el ciclo operativo de la intervención —identificación,
priorización, registro, liquidación, dispersión y actualización de información— y
clasificó a los hogares en los estados de registro activo, suspendido, retirado y no
priorizado, con exclusión expresa del estado inactivo del régimen ordinario, por
cuanto la línea de emergencias no contempla esquema de corresponsabilidades, y
defirió el desarrollo procedimental interno al manual del ciclo operativo que expida
la Dirección de Transferencias Monetarias, el cual no podrá establecer condiciones
adicionales de acceso, permanencia o retiro distintas de las previstas en la
resolución.

11. El artículo 13 fijó los criterios de priorización para el evento de que la
demanda supere la capacidad presupuestal, mediante un orden territorial
escalonado que inicia en el municipio con mayor nivel de afectación certificada por
la UNGRD, incorpora primero las unidades de intervención indígena y luego los
hogares damnificados de ese municipio, y continúa sucesivamente en orden
descendente de afectación. Además, previó criterios de desempate sucesivos
relacionados con la vulnerabilidad socioeconómica según Sisbén IV o el Registro
Social de Hogares, el número de niñas, niños y adolescentes, personas mayores de
sesenta años, personas con discapacidad registradas en el RLCPD 8 , víctimas de
desplazamiento forzado inscritas en el RUV9, jefatura femenina, fecha de registro
en los listados certificados por la UNGRD, mayor número de integrantes y, en último
término, un mecanismo algorítmico aleatorio.

12. El artículo 14 reguló la titularidad de la transferencia, con reglas de sustitución
del titular cuando este no supere las validaciones de identidad y de designación en
hogares sin integrantes mayores de edad, evento en el cual solo pueden ser titulares
los adolescentes entre catorce y diecisiete años, en aplicación del principio de
capacidad legal progresiva reconocido por los artículos 3 y 10 del Código de la
Infancia y la Adolescencia10, con preferencia por la persona identificada con sexo
femenino y con la previsión de que, cuando en la focalización o ejecución se
identifique un menor en situación de riesgo, la entidad deberá informar al ICBF11
para la activación del proceso de restablecimiento de derechos, sin que ello implique
la exclusión del hogar. Los artículos 15 a 18 regularon el registro automático de los
hogares priorizados, la liquidación y la entrega de la transferencia12 con trazabilidad,
seguridad y oportunidad, y con la posibilidad de emitir órdenes de no pago cuando
con posterioridad a la liquidación se identifiquen inconsistencias que comprometan
la correcta asignación de los recursos.

13. Finalmente, el artículo 19 dispuso que la vinculación a la línea de
emergencias no implica retiro, suspensión ni pérdida del cupo en las líneas
regulares del programa, cuyas condicionalidades no serán exigibles durante la

8
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.
9
Registro Único de Víctimas.
10
Ley 1098 de 2006.
11
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
12
Mediante giro postal o abono a producto financiero o billetera digital.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

vigencia de la intervención, con retorno automático del hogar a la línea regular una
vez esta finalice; el artículo 20 inaplicó transitoriamente las exclusiones del artículo
3.2.3 de la Resolución 079 de 2024, incluidas las relacionadas con la participación
en otros programas sociales, y declaró compatible la transferencia con otros apoyos
derivados de la misma emergencia, salvo disposición en contrario. El artículo 21
previó la vigencia del acto a partir del día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial.

II. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

14. Entre el 1 y el 6 de febrero de 2026 se presentó un evento hidrometeorológico
atípico, asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío, que generó lluvias
intensas, inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y afectaciones
humanas, habitacionales, productivas y de infraestructura en los departamentos de
Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La
magnitud, simultaneidad y extensión territorial de esos impactos comprometieron el
mínimo vital, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de la población
damnificada.

15. Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137
de 1994, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero
de 2026, por medio del cual declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica en los ocho departamentos mencionados, por el término de treinta días
calendario. En el mismo acto habilitó la adopción de decretos legislativos destinados
exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluidas
las operaciones presupuestales necesarias para ese propósito.

16. En el curso del alistamiento institucional, el DPS puso de presente que sus
programas ordinarios13 no contaban con recursos ni con mecanismos de
focalización suficientemente ágiles para absorber, sin habilitación excepcional, la
atención masiva de hogares damnificados. En esa línea, la entidad justificó ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la necesidad de recursos adicionales y, en
respuesta a requerimientos formulados dentro del control constitucional del decreto
declaratorio, explicó las limitaciones operativas y presupuestales de los
instrumentos ordinarios14.

17. El 12 de marzo de 2026 el Gobierno nacional expidió los Decretos
Legislativos 241 y 245 de 2026. El primero adicionó el Presupuesto General de la
Nación y asignó al DPS recursos por $408.560’135.746. El segundo autorizó a la
entidad para implementar, de manera extraordinaria, transitoria y limitada a la
emergencia, medidas de atención a la población damnificada, entre ellas
transferencias monetarias extraordinarias para la protección del mínimo vital,
apoyos de atención alimentaria y agua segura, y reglas excepcionales de
identificación y focalización con base en censos y reportes oficiales de
damnificados.

13
Entre ellos Renta Ciudadana, Compensación del IVA y Colombia Mayor.
14
Comunicaciones del DPS al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 15 y 21 de febrero de 2026, con certificación de
la Oficina Financiera de la entidad sobre la necesidad de la adición presupuestal, y memorando M-2026-40100-008417.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

18. El Decreto Legislativo 245 de 2026 también ordenó al DPS expedir la
reglamentación operativa de esas medidas. En particular, dispuso que la entidad
debía definir, mediante acto administrativo, los criterios de identificación,
focalización excepcional, priorización, selección, asignación, dispersión y
verificación aplicables a los hogares damnificados, así como los mecanismos de
transparencia y control para evitar duplicidades. Además, autorizó la excepción al
trámite de publicidad previa cuando este resultara incompatible con la urgencia de
la atención y reguló el intercambio de información necesaria para la operación, con
sujeción a las normas de protección de datos personales.

19. Como insumo censal y operativo para la focalización de la transferencia —y
no como delimitación general del ámbito territorial de la emergencia—, el 13 de
marzo de 2026 la UNGRD consolidó el corte de hogares damnificados que identificó
129.186 familias y 364.061 personas en 92 municipios de los departamentos
priorizados15, universo que comprende tanto los hogares como las unidades de
intervención indígena damnificadas, pues el corte oficial se integra, respecto de
ambas categorías, con los registros certificados por la UNGRD o por los consejos
de gestión del riesgo, al paso que la pertenencia a los pueblos indígenas se acredita
con los listados censales emitidos por sus autoridades propias y certificados por el
Ministerio del Interior.

20. El alistamiento presupuestal se completó con el Decreto 366 del 7 de abril de
2026, que liquidó los recursos adicionados al Presupuesto General de la Nación, y
con la Resolución 768 del 15 de abril de 2026, mediante la cual el DPS efectuó la
desagregación interna de los recursos y su registro en el SIIF Nación.

21. Concluido el alistamiento normativo, técnico, censal y presupuestal, el 5 de
mayo de 2026 el director general de Prosperidad Social expidió la Resolución
46901, mediante la cual activó la Línea de Intervención para la Atención de
Emergencias del programa Renta Ciudadana y reglamentó la entrega de
transferencias monetarias no condicionadas a hogares y unidades de intervención
indígena damnificados.

22. Mediante oficio del 6 de mayo de 202616, el jefe de la Oficina Jurídica del
DPS remitió a la Secretaría General de esta Corporación el acto junto con el
expediente administrativo de producción normativa, integrado por la memoria
justificativa17, el documento técnico de diseño, focalización y operación, los
Decretos Legislativos 150, 241 y 245 de 2026, el Decreto 366 de 2026 y las
Resoluciones 079 de 2024, 652 de 2025 y 768 de 2026 de la misma entidad18.

15
Documento Técnico de diseño, focalización y operación, y anexos 2 a 8 de la memoria justificativa.
16
Oficio S-2026-10400-065575.
17
Que contiene el análisis de viabilidad jurídica y técnica y la justificación de la excepción a la consulta pública previa.
18
Obran en el expediente digital, además del texto de la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026 y del oficio de remisión,
los siguientes documentos: (i) el formato de memoria justificativa del 8 de abril de 2026, que contiene el análisis de viabilidad
jurídica y técnica del acto y la justificación de la excepción a la publicidad previa del proyecto normativo; (ii) el Documento
Técnico de diseño, focalización y operación elaborado por la Dirección de Transferencias Monetarias, soporte financiero y
material de la intervención; (iii) las copias de los Decretos Legislativos 150, 241 y 245 de 2026 y del Decreto 366 de 2026; (iv)
las Resoluciones 079 de 2024, 652 de 2025 y 768 de 2026 de Prosperidad Social, que contienen la reglamentación ordinaria
del programa Renta Ciudadana, la modificación de los estados de registro y la desagregación presupuestal interna,
respectivamente; y (v) la respuesta de la entidad al requerimiento probatorio de la Corte Constitucional, que incluye el
concepto de la Subdirección Técnica de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Ese acervo resulta suficiente para adelantar

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

III. ACTUACIONES SURTIDAS

23. Por auto del 13 de mayo de 202619, el despacho avocó el conocimiento del
asunto tras verificar, de manera preliminar, la concurrencia de los presupuestos de
procedencia del control, ordenó notificar la decisión al DPS, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, dispuso informar a la
comunidad sobre la existencia del proceso para que cualquier ciudadano pudiera
intervenir por escrito en defensa o impugnación de la legalidad del acto, y ordenó
correr traslado al Ministerio Público por el término de diez días. El aviso fue fijado y
publicado en la forma ordenada, junto con la pieza informativa elaborada por la
Oficina de Prensa de la Corporación20, sin que durante el término de fijación se
presentara intervención ciudadana.

24. Agotada esa etapa, el 5 de junio de 2026 se surtió el traslado especial a la
Procuraduría General de la Nación21, con lo cual el proceso ingresó al despacho
para el registro del proyecto de fallo, en los términos del numeral 6 del artículo 185
del CPACA.

Concepto del Ministerio Público

25. El procurador delegado solicitó declarar ajustada a derecho la resolución. En
cuanto a los presupuestos formales y de procedibilidad, encontró acreditados: la
competencia de la autoridad emisora, tanto en su dimensión ordinaria 22 como en la
extraordinaria conferida por el Decreto Legislativo 245 de 2026; la naturaleza
general, abstracta e impersonal del acto; su motivación fáctica y causal; la licitud y
determinación de su objeto; su regularidad formal en cuanto a nomenclatura, fecha
y firma; y, la oportuna remisión a esta Corporación dentro del término de cuarenta y
ocho horas.

26. Sobre la temporalidad, advirtió que si bien la resolución se profirió el 5 de
mayo de 2026, lapso que pudiera parecer prolongado frente a la inmediatez que
demanda una urgencia humanitaria, la dilación obedeció a una justificación técnica
y financiera insalvable, pues la expedición del acto dependía de la consolidación de
los censos oficiales de damnificados por la UNGRD y de la consecución y adición
de los recursos financieros para amparar el gasto, materializada semanas después
con los Decretos 241 y 366 de 2026 y la Resolución 768 de 2026. Además, indicó
que el acto cumple el mandato de transitoriedad, al restringir el auxilio a un máximo
de cinco ciclos de pago y fijar como fecha preclusiva el 31 de diciembre de 2026.

el juicio de legalidad, sin que se hiciera necesario el decreto oficioso de pruebas adicionales en los términos del numeral 4
del artículo 185 del CPACA.
19
SAMAI, índice 7.
20
Expediente digital, archivo “037Avisoalacomu_aviso2”
21
SAMAI, índice 18.
22
Derivada del Decreto 4155 de 2011, de los artículos 65 y 66 de la Ley 2294 de 2023, que asignaron de forma privativa al
DPS la administración, ejecución y reglamentación del programa Renta Ciudadana, y del Decreto 017 de 2025.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

27. En el plano material, consideró que las medidas superan el juicio de
conexidad, por cuanto se circunscriben a los ocho departamentos afectados y
ejecutan de manera exegética el mandato del artículo 3 del Decreto Legislativo 245
de 2026, persiguiendo el mismo fin teleológico de protección del mínimo vital y la
seguridad alimentaria de la población golpeada por el evento; el de necesidad, en
sus dimensiones fáctica23 y jurídica24; y el de proporcionalidad, dado que el monto
de $500.000 responde a un cálculo económico estricto tomado de la línea de
pobreza extrema per cápita del DANE.

28. Por último, precisó que la declaratoria de legalidad definitiva se encuentra
supeditada a los efectos del control automático e integral de constitucionalidad que
adelanta la Corte Constitucional sobre los Decretos Legislativos 150 y 245 de 2026,
en el entendido de que la subsistencia y validez material de la resolución depende
de manera inescindible de la declaratoria de exequibilidad de las normas con fuerza
de ley que le sirven de sustento, sin que ello obste el pronunciamiento de esta
jurisdicción, pues el control inmediato de legalidad es un mecanismo autónomo cuya
procedencia no está supeditada al pronunciamiento previo del juez constitucional.

IV. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 137 de 199425 y con los artículos
111, numeral 8, 136 y 185 del CPACA26, el Consejo de Estado es competente para
ejercer el control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general dictadas
por autoridades nacionales en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción,
control cuya sustanciación corresponde a uno de los magistrados de la Corporación
y cuyo fallo se atribuye a esta Sala Especial de Decisión conforme al Reglamento
Interno27.

30. La Resolución 46901 de 2026 emana del DPS, organismo del orden nacional,
rector del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, de modo que
el factor subjetivo radica la competencia en esta Corporación.

Naturaleza, características y alcance del control inmediato de legalidad

31. El control inmediato de legalidad es un mecanismo judicial excepcional,
automático y oficioso, concebido como límite al ejercicio de la función administrativa

23
Ante la incapacidad de los programas ordinarios para absorber el choque sin desfinanciar a los beneficiarios estructurales.
24
Con ocasión de la inviabilidad de exigir a las familias damnificadas el trámite de encuesta del Sisbén IV, que hacía
indispensable la regla de excepción de focalización por censos oficiales.
25
“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los
decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad
de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado
si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la
jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.
26
El artículo 136 del CPACA agrega que “[s]i no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio
su conocimiento”; el artículo 111, numeral 8, ejusdem asigna a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la función de
“[e]jercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con
fundamento y durante los estados de excepción”, y el artículo 185 regula el trámite del medio de control.
27
Acuerdo 080 de 2019.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

durante los estados de excepción28 y como herramienta de la tutela judicial efectiva
en situaciones de anormalidad institucional. Del texto de los artículos 20 de la Ley
137 de 199429 y 136 del CPACA30 se desprende que su procedencia exige la
concurrencia de tres condiciones: (i) que se trate de medidas de carácter general; (ii)
dictadas en ejercicio de la función administrativa; y (iii) como desarrollo de uno o más
de los decretos legislativos expedidos en el marco del estado de excepción. La falta
de alguno de esos presupuestos impide adelantar el examen de legalidad propio de
este mecanismo, sin perjuicio de que el acto pueda ser controvertido mediante los
medios ordinarios de control.

32. El examen es integral, pues comprende la confrontación del acto, tanto en
sus aspectos formales como materiales, con las normas superiores que integran su
contexto jurídico específico. Esa integralidad, sin embargo, es relativa, por cuanto
no obliga al juez a contrastar la medida con la totalidad del ordenamiento, sino con
las disposiciones superiores que resulten pertinentes y guarden relación directa con
su contenido y fundamento. El parámetro de control está conformado, según el
caso, por la Constitución Política, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción31,
el decreto declaratorio, los decretos legislativos que habilitan directamente la
medida y las demás normas superiores aplicables a la materia regulada.

33. En el plano formal, corresponde verificar la competencia de la autoridad, la
observancia de las formas exigidas para la expedición del acto, su motivación,
identificación, firma, publicidad y demás requisitos relevantes. En el plano material,
debe establecerse si las medidas guardan relación directa y específica con las
causas y finalidades del estado de excepción y de los decretos legislativos que
desarrollan, si eran necesarias frente a la insuficiencia de los instrumentos
ordinarios, si resultan proporcionales a la gravedad de la situación y si respetan los
límites constitucionales y legales aplicables. Este examen no autoriza al juez a
sustituir la valoración técnica de la administración ni a juzgar la conveniencia de la
política pública, pero sí a controlar que las decisiones técnicas estén debidamente
sustentadas y permanezcan dentro del marco de habilitación excepcional.

34. La sentencia produce efectos de cosa juzgada erga omnes respecto de las
normas superiores y de los aspectos efectivamente examinados. Por consiguiente,

28
El artículo 215 de la Constitución Política faculta al presidente de la República para declarar, con la firma de todos los
ministros, el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 superiores
que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, por períodos hasta de treinta días que, sumados, no podrán exceder de noventa en el
año calendario. La declaratoria habilita al Gobierno para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, decretos que deben referirse a materias que tengan relación directa y
específica con el estado de emergencia y que se encuentran sometidos a límites formales y materiales estrictos, pues han de
llevar la firma del presidente y de todos los ministros, ser motivados, circunscribirse a las medidas estrictamente necesarias,
guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos y respetar las prohibiciones de la ley estatutaria de los estados de
excepción.
29
“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los
decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad
de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado
si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la
jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.
30
“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los
decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado
si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las
autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente
aprehenderá de oficio su conocimiento”.
31
Ley 137 de 1994.

9

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Asunto: Control inmediato de legalidad

la decisión no impide que el acto sea posteriormente controvertido mediante los
medios ordinarios de control por cargos distintos o con fundamento en disposiciones
que no hayan integrado el juicio realizado en este proceso.

35. Este control es autónomo respecto de la revisión automática de
constitucionalidad de los decretos legislativos, y su ejercicio no está supeditado a
un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el particular, pues tales
decretos se presumen constitucionales y conservan fuerza ejecutoria mientras no
sean retirados del ordenamiento. No obstante, las decisiones del juez constitucional
son vinculantes e integran el parámetro del juicio de legalidad. Por ello, cuando se
haya definido la constitucionalidad del decreto declaratorio o de alguna de las
normas habilitantes, el juez contencioso debe atender los condicionamientos
fijados, y si sobreviene la inexequibilidad de la disposición que sirve de fundamento
jurídico al acto administrativo, deberá determinar sus consecuencias sobre la fuerza
ejecutoria de este, de acuerdo con el artículo 91, numeral 2, del CPACA 32.

Objeto y alcance de la decisión

36. El objeto de este control se circunscribe a las reglas generales que se
adoptaron en la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026 para activar y operar la
Línea de Intervención para Atención de Emergencias. La decisión no comprende
los actos posteriores de liquidación, los listados de hogares priorizados o
beneficiarios, las órdenes de no pago, el manual del ciclo operativo, las decisiones
individuales de suspensión, retiro o reactivación, ni los demás actos particulares que
se expidan en ejecución del régimen controlado. Tampoco supone un control
autónomo de las Resoluciones 079 de 2024, 652 de 2025 o 768 de 2026, ni del
Decreto 366 de 2026, que se valoran únicamente como antecedentes, contexto
operativo o soporte presupuestal del acto sometido a examen.

Verificación de los presupuestos de procedencia del medio de control

37. Corresponde a la Sala verificar si el acto sometido a control satisface los
presupuestos que habilitan el control inmediato de legalidad. Para ello, se analizará
si se trata de una medida administrativa de carácter general, si fue expedida en
ejercicio de función administrativa por autoridad competente, si constituye un
desarrollo directo de los decretos legislativos dictados durante el estado de
excepción y si fue remitida oportunamente a esta Corporación. Solo acreditados
esos requisitos se procederá con el estudio de legalidad en sentido estricto, pues el
presente medio de control no recae sobre cualquier actuación expedida con ocasión
de la emergencia, sino únicamente sobre aquellas que por su contenido normativo
y por su fuente habilitante, materializan facultades extraordinarias derivadas del
régimen excepcional.

32
“Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los
siguientes casos: (…) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”.

10

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La Resolución 46901 de 2026 es un acto administrativo de carácter general

38. El primer presupuesto se encuentra acreditado. La resolución posee un
contenido normativo propio, con efectos jurídicos abstractos e impersonales, en la
medida en que expresa la voluntad unilateral de la administración de fijar, con
efectos erga omnes, los criterios de focalización, identificación, priorización,
selección, asignación, monto, periodicidad y esquema de dispersión de la
transferencia monetaria no condicionada de la línea de emergencias, reglas
aplicables de manera impersonal a cualquier hogar o unidad de intervención
indígena que cumpla la condición objetiva de estar incorporado en los censos
oficiales de damnificados de los municipios afectados.

39. El acto no consolidó situaciones jurídicas particulares ni reconoció derechos
subjetivos a personas previamente individualizadas, pues la determinación concreta
de los beneficiarios es el resultado de la aplicación posterior de las reglas generales
que el propio acto instituye, a través del ciclo operativo en él regulado, lo que
confirma su naturaleza general y descarta que se trate de un acto de contenido
particular excluido de este medio de control.

El acto fue dictado en ejercicio de la función administrativa por autoridad
competente

40. También concurre el segundo presupuesto. El DPS es el organismo rector
del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, al que el
ordenamiento asigna la formulación, dirección, coordinación y ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la
inclusión social y la atención a grupos vulnerables, así como la coordinación del
Sistema de Transferencias, y al que los artículos 65 y 66 de la Ley 2294 de 2023
atribuyeron de forma privativa la administración, ejecución y reglamentación del
programa Renta Ciudadana33. El director general de la entidad tiene a su cargo la
formulación de las políticas, planes y programas de competencia del departamento
administrativo y la dirección de la ejecución de los programas de inversión social
focalizada, de modo que la expedición de la reglamentación operativa de una línea
de intervención del programa Renta Ciudadana se inscribe con naturalidad en el
ámbito funcional ordinario de la entidad y de su representante legal.

41. A ese marco competencial ordinario se suma la habilitación extraordinaria del
Decreto Legislativo 245 de 2026, cuyo artículo 1, parágrafo 1, ordenó a la entidad
reglamentar mediante acto administrativo los criterios de identificación, focalización
excepcional, priorización, selección, asignación, dispersión y verificación aplicables
a los hogares damnificados, y cuyo artículo 3 la autorizó para reconocer y entregar
la transferencia monetaria extraordinaria, atribuyéndole la definición de sus
condiciones operativas34.

33
Decreto 4155 de 2011, artículos 2 y 4; Ley 2294 de 2023, artículos 65 y 66; Decreto 017 de 2025, artículos 4, 5, 8 y 10.
34
“Autorizar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS para reconocer y entregar la transferencia
monetaria extraordinaria a hogares damnificados, destinada a contribuir a la satisfacción inmediata del mínimo vital y la
estabilización del consumo básico. Parágrafo 1. El monto, número de hogares beneficiarios, criterios de priorización, forma
de entrega y condiciones operativas de la transferencia serán definidos por el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, con base en el último corte oficial de hogares damnificados; la disponibilidad presupuestal; y, la capacidad

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42. Los aspectos regulados en la Resolución 46901 de 2026 se subsumen
rigurosamente en ese doble marco competencial, y el acto fue suscrito por quien
ejercía legítimamente el cargo de director general de la entidad para la fecha de su
expedición, según se acreditó en los antecedentes allegados al expediente, de
manera que el presupuesto de la función administrativa y el requisito de la
competencia de la autoridad emisora se encuentran plenamente satisfechos.

El acto constituye desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante
el estado de excepción

43. Este presupuesto también se cumple, pues tanto la motivación como el
articulado de la resolución evidencian que el acto desarrolla directamente las
habilitaciones previstas en el Decreto Legislativo 245 de 2026, expedido en el marco
de la emergencia declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. Su
epígrafe y su artículo 1 invocan expresamente ese marco excepcional, su ámbito
territorial se articula con la delimitación de la declaratoria, su objeto materializa la
intervención autorizada por el artículo 3 del Decreto Legislativo 245 de 2026 y sus
reglas de focalización, priorización, tratamiento de datos y dispersión desarrollan los
artículos 1, 2, 3 y 8 del mismo decreto. Existe, por tanto, una relación de derivación
normativa directa, y no meramente ocasional, entre el acto controlado y la
habilitación legislativa extraordinaria que le sirve de fuente inmediata.

44. Aunque la Resolución 46901 fue expedida con posterioridad al vencimiento
del término de la declaratoria, ello no excluye su control inmediato de legalidad ni
afecta su fuente competencial, pues el Decreto Legislativo 245 de 2026, expedido
durante el estado de emergencia, defirió expresamente al DPS la reglamentación
operativa de las medidas extraordinarias y previó la remisión de los actos
administrativos generales correspondientes al Consejo de Estado. Así, en este
caso, lo determinante no es exclusivamente que el acto administrativo haya sido
expedido dentro del término de vigencia de la declaratoria, sino que constituya
desarrollo directo de un decreto legislativo dictado durante el estado de excepción
y llamado a ser ejecutado mediante reglamentación administrativa posterior.

45. En este punto, se advierte que no toda relación entre un acto administrativo
y los decretos legislativos de la emergencia habilita este medio de control. En este
sentido, no son objeto de control jurisdiccional bajo este mecanismo: (i) los actos de
mera ejecución, esto es, aquellos que si bien refieren y se sustentan en normas
expedidas con ocasión del estado de excepción, no las desarrollan, sino que
simplemente se limitan a darles cumplimiento, materializando mandatos ya creados
y definidos por aquellas sin superar, exceder o disponer aspectos adicionales a los
que estas determinan y definen; y, (ii) los actos proferidos en ejercicio de
competencias ordinarias, aun si se expiden bajo el contexto o con ocasión de los
hechos que propiciaron el estado de excepción, comoquiera que este mecanismo
está dirigido al examen exclusivo y excluyente de las actuaciones que descansen

operativa de dispersión. Parágrafo 2. La transferencia podrá entregarse mediante abono a producto financiero, billetera digital,
giro u otro mecanismo que garantice trazabilidad, seguridad y oportunidad”.

12

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en las facultades extraordinarias conferidas u ordenadas por los decretos
legislativos.

46. La resolución bajo estudio no se ubica en ninguna de esas dos hipótesis. En
cuanto a la primera, el Decreto Legislativo 245 de 2026 no agotó todos los
elementos operativos ni cerró integralmente el régimen de la transferencia, sino que
defirió expresamente su determinación al DPS, al disponer que esta reglamentaría
los criterios de identificación, focalización excepcional, priorización, selección,
asignación, dispersión y verificación35, así como el monto, el número de hogares
beneficiarios, los criterios de priorización, la forma de entrega y las condiciones
operativas36.

47. Como consecuencia de lo anterior, el acto controlado ejerció genuinos
márgenes de configuración normativa, pues seleccionó dentro del margen habilitado
el referente técnico y operativo para fijar el monto de quinientos mil pesos
($500.000), creó la regla de armonización con el programa de Compensación del
IVA, determinó el número máximo de ciclos y la fecha preclusiva de la intervención,
diseñó el orden de priorización territorial escalonada y sus criterios de desempate,
tipificó las causales de suspensión y retiro con su régimen de notificación y
subsanación, reguló la titularidad de la transferencia y creó las órdenes de no pago,
contenidos, todos ellos, que no estaban predeterminados en la norma habilitante y
que constituyen por ende desarrollo normativo37.

48. En cuanto a la segunda hipótesis, la Sala no ignora que la resolución invoca,
junto a los decretos legislativos, el marco ordinario del programa Renta
Ciudadana38, y que el DPS ostenta competencias ordinarias sobre ese programa en
virtud de los artículos 65 y 66 de la Ley 2294 de 2023, lo que pudiera sugerir que la
entidad se limitó a activar un instrumento ordinario con ocasión de la emergencia.

49. Ese entendimiento, sin embargo, no resiste el examen del contenido del acto,
pues sus reglas medulares solo son jurídicamente posibles al amparo de las
habilitaciones extraordinarias, comoquiera que: (i) la focalización excepcional
mediante el corte oficial de damnificados y los reportes de las autoridades de gestión
del riesgo, como regla especial frente a los instrumentos ordinarios de identificación
y priorización —Sisbén IV, Registro Social de Hogares, listados ordinarios de
población indígena y demás fuentes administrativas—, solo encuentra cobertura en
el artículo 2 del Decreto Legislativo 245 de 2026; (ii) la inaplicación de las exclusiones
del artículo 3.2.3 de la Resolución 079 de 202439 y el levantamiento transitorio de
las condicionalidades de las líneas regulares alteran el régimen ordinario del
programa, modificación que la entidad no habría podido disponer válidamente con
apoyo exclusivo en sus competencias ordinarias; (iii) la excepción al requisito de
35
Artículo 1, parágrafo 1.
36
Artículo 3, parágrafo 1.
37
Distinta es la situación de los actos que se limitan a materializar operaciones ya definidas en su integridad por los decretos
legislativos –como las incorporaciones o desagregaciones presupuestales de recursos cuya creación, cuantía y destinación
provienen íntegramente de aquellos–, los cuales, por carecer de contenido normativo propio, escapan a este medio de control.
38
En particular el capítulo 2 del título 3 de la Resolución 079 de 2024, que contempla la Línea de Intervención para Atención
de Emergencias.
39
“Inaplicación de exclusiones previstas en el artículo 3.2.3 de la Resolución 079 de 2024. Para los efectos exclusivos de la
presente resolución y durante la vigencia de la Línea de Intervención para Atención de Emergencias, no serán aplicables las
exclusiones previstas en el artículo 3.2.3 de la Resolución 079 de 2024, incluidas aquellas relacionadas con la participación
de integrantes del hogar o unidad de intervención indígena en otros programas sociales del Estado”.

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publicidad previa del proyecto normativo descansa en el parágrafo 2 del artículo 1
del mismo decreto; (iv) el acceso a información reservada o clasificada de otras
entidades se apoya en su artículo 8; y, (v) el gasto cuya dispersión regula el acto se
financia con los recursos extraordinarios adicionados por el Decreto Legislativo 241
de 2026 y liquidados por el Decreto 366 de 2026, y no con apropiaciones ordinarias
de la entidad.

50. Así, el acto controlado descansa de manera principal en las habilitaciones
extraordinarias previstas por los decretos legislativos de la emergencia, mientras
que las competencias ordinarias de la entidad suministran el soporte institucional,
técnico y operativo de la línea de intervención, sin erigirse en fuente suficiente de
las reglas excepcionales que el acto contiene. Corrobora esa conclusión la
circunstancia de que el propio decreto habilitante haya previsto la remisión del acto
reglamentario a esta Corporación para el control inmediato de legalidad, lo que
evidencia que el legislador excepcional entendió que la reglamentación ordenada
constituiría un desarrollo de sus mandatos.

51. En consecuencia, la Resolución 46901 de 2026 es un acto administrativo
general expedido en ejercicio de función administrativa y en desarrollo directo de
las habilitaciones extraordinarias previstas en el Decreto Legislativo 245 de 2026,
razón por la cual constituye objeto idóneo del presente medio de control.

La remisión fue oportuna

52. La resolución fue suscrita el 5 de mayo de 2026 y remitida a la Secretaría
General de esta Corporación al día siguiente40, esto es, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136
del CPACA, con lo cual la administración acató el deber de envío inmediato y quedó
descartada la aprehensión oficiosa del conocimiento, prevista para el evento
contrario.

Verificación de la validez formal del acto

53. La resolución satisface los requisitos externos de validez, pues contiene de
forma explícita la fecha de su expedición y la firma del director general de la entidad,
y su epígrafe da cuenta inequívoca de su objeto y de las normas que le sirven de
fundamento.

54. Adicionalmente, su motivación es suficiente y pertinente, pues la parte
considerativa expone con amplitud los fundamentos fácticos y jurídicos de la
medida, edificados sobre: (i) la afectación del mínimo vital de los hogares
damnificados por el frente frío registrado entre el 1 y el 6 de febrero de 2026; (ii) la
declaratoria del estado de emergencia contenida en el Decreto Legislativo 150 de
2026; (iii) la orden perentoria del Decreto Legislativo 245 de 2026 de implementar un
mecanismo de focalización ágil basado en los censos oficiales de la UNGRD 41; (iv)

40
Expediente digital, archivo “008ED_Demanda”.
41
Con reglas excepcionales frente a los instrumentos ordinarios de focalización, incluidos el Sisbén IV, el Registro Social de
Hogares, los listados ordinarios de población indígena y demás fuentes administrativas aplicables.

14

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el alistamiento presupuestal42; y (v) el concepto de la Subdirección Técnica de
Consulta Previa del Ministerio del Interior, según el cual la reglamentación no
requería agotar ese trámite. Existe además una estricta conexidad interna preliminar
entre esa motivación y la parte resolutiva, pues las medidas adoptadas materializan
puntualmente los fines anunciados en los considerandos.

55. En cuanto a la publicidad, la resolución previó su vigencia a partir del día
siguiente a la publicación en el Diario Oficial, además de lo cual, la eventual falta de
publicación oportuna no constituye un vicio que afecte la validez del acto, pues
incide exclusivamente en su eficacia y oponibilidad frente a terceros. Tampoco
constituye reparo la inaplicación del requisito de publicidad previa del proyecto
normativo para observaciones ciudadanas43, comoquiera que esa excepción fue
expresamente autorizada por el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo
245 de 2026 para los eventos en que la publicidad previa pudiera generar demoras
incompatibles con la urgencia de la atención, condición que la memoria justificativa
acreditó razonadamente frente a una intervención humanitaria cuya dilación
comprometía la satisfacción del mínimo vital de los damnificados.

La temporalidad de la medida

56. El presupuesto de temporalidad reviste una doble connotación, pues exige,
de un lado, que la medida haya sido dictada en desarrollo del estado de excepción
—temporalidad en la expedición— y, de otro, que sus efectos estén sujetos a un
límite en el tiempo, con proscripción de regulaciones de vocación permanente —
temporalidad de la medida—. En el presente asunto, la resolución se expidió el 5 de
mayo de 2026, esto es, con posterioridad al vencimiento del término de treinta días
de la declaratoria contenida en el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026.

57. Para la Sala, esa circunstancia no compromete la procedencia del control ni
la validez de la medida. En primer lugar, el acto no desarrolla directamente la
declaratoria sino los decretos legislativos dictados a su amparo, en particular el
Decreto Legislativo 245 de 2026, expedido dentro del término de la emergencia,
cuyas medidas extraordinarias no agotaron su vigencia con el vencimiento de la
declaratoria sino que fueron concebidas para ejecutarse durante la vigencia fiscal
de 2026, de suerte que la reglamentación administrativa de tales medidas, expedida
mientras estas conservan su fuerza normativa, sigue siendo desarrollo de los
decretos legislativos para los efectos de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y
136 del CPACA. Por otro lado, la distancia temporal entre la habilitación y la
reglamentación obedece a una justificación técnica y financiera verificable, pues la
expedición del acto dependía de manera inexorable de dos hitos previos: la
consolidación del corte oficial de damnificados por la UNGRD, ocurrida el 13 de
marzo de 2026; y el perfeccionamiento del respaldo presupuestal, materializado con
la liquidación efectuada por el Decreto 366 del 7 de abril y la desagregación interna
adoptada por la Resolución 768 del 15 de abril de 2026, de manera que la
administración no podía, sin comprometer la legalidad del gasto, reglamentar la

42
Perfeccionado a través del Decreto 366 de 2026, la Resolución 768 de 2026 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
22026.
43
Numeral 8 del artículo 8 del CPACA.

15

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entrega de recursos que aún no se encontraban disponibles ni identificar
beneficiarios sin el insumo censal vinculante.

58. En cuanto a la temporalidad de los efectos, el acto cumple el mandato de
transitoriedad, pues no instituye una política pública social de vocación indefinida
sino que supedita expresamente su existencia a la superación de la coyuntura,
restringe el auxilio a un máximo de cinco ciclos de pago, sujeta la intervención a la
disponibilidad presupuestal autorizada en el marco del Decreto Legislativo 245 de
2026 y fija una fecha límite preclusiva, el 31 de diciembre de 2026, en respeto del
principio de anualidad presupuestal consagrado en el artículo 14 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto44, al paso que prevé el retorno automático de los hogares
a las líneas regulares del programa una vez finalice la intervención.

59. En consecuencia, el presupuesto de temporalidad se encuentra satisfecho
en sus dos dimensiones.

La incidencia de la sentencia C-191 de 2026 en el parámetro de control

60. Con posterioridad al concepto del Ministerio Público, la Corte Constitucional
decidió, mediante la sentencia C-191 de 202645, la revisión oficiosa del Decreto
Legislativo 150 de 2026, declaratorio del estado de emergencia económica, social
y ecológica. En esa providencia, la Corte consideró que el fenómeno meteorológico
ocurrido entre enero y febrero de 2026, aunque inscrito en el contexto del cambio
climático, constituyó un hecho repentino, inesperado y de impacto significativo sobre
el sistema hidrológico y sobre derechos como la vida, la integridad personal, la
vivienda, la salud y la educación. No obstante, declaró inexequibles los hechos y
consideraciones relacionados con la atención de la crisis financiera de las empresas
de servicios públicos de energía eléctrica, con las facultades de la Agencia Nacional
de Tierras en materia de deslinde y recuperación de baldíos y con la actualización
de los planes de manejo de cuencas hidrográficas, por tratarse de circunstancias
estructurales cuya agravación por el evento no resultó acreditada y que, por ende,
no superaron el juicio de sobreviniencia.

61. En lo relevante para este control, la exequibilidad del artículo 1 del Decreto
150 de 2026 quedó condicionada a que el ámbito territorial de la emergencia se
entienda limitado a los 181 municipios que, según el reporte de la UNGRD,
registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico, y a los demás
municipios respecto de los cuales se demuestre, de manera precisa, una afectación
concreta derivada de la misma causa46. A su vez, la exequibilidad de los artículos 2

44
Decreto 111 de 1996.
45
Corte Constitucional, comunicado 22 del 24 de junio de 2026, mediante el cual se informó el sentido, los condicionamientos
y los fundamentos de la sentencia C-191 de 2026, M.P. Miguel Polo Rosero, Exp. RE-390.
46
Precisó que el estado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales ni de aquellas que tengan por objeto
ejecutar acciones de reconstrucción, a menos que el Gobierno demuestre que estas últimas se encuentran directa y
estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, y distinguió al efecto tres categorías de medidas según las fases
de atención de los desastres46: las medidas de respuesta, esto es, las que se adoptan justo antes, durante o inmediatamente
después de la crisis con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad, asegurar la seguridad pública o atender las
necesidades mínimas de subsistencia de las personas, mediante la provisión de asistencia humanitaria, alimentación,
alojamiento de emergencia y demás acciones necesarias para atender las necesidades inmediatas y de corto plazo de la
población afectada, plenamente compatibles con los estados de excepción; las medidas de rehabilitación, orientadas a la
restauración a corto plazo de los servicios e instalaciones básicos preexistentes y a la superación de las dificultades
económicas generadas por la crisis, igualmente compatibles; y las medidas de reconstrucción, que persiguen restablecer en

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y 3 quedó sujeta a que las facultades excepcionales no se empleen para adoptar
medidas estructurales ni de reconstrucción de mediano o largo plazo, salvo que
estas últimas estén directa y estrechamente vinculadas con la fase de rehabilitación,
así como al cumplimiento de condiciones específicas de destinación, motivación,
trazabilidad y administración separada de los recursos de la emergencia47.

62. Los anteriores condicionamientos integran el parámetro del presente control,
pues el juicio de legalidad de un acto administrativo dictado en desarrollo de
decretos legislativos no puede adelantarse al margen del entendimiento ya fijado
por la Corte Constitucional sobre el decreto declaratorio que sirve de fuente última
a las competencias excepcionales ejercidas. Por ello, la legalidad de la Resolución
46901 de 2026 debe examinarse de manera armonizada con la sentencia C-191 de
2026, tanto en su dimensión territorial como en lo relativo a la naturaleza admisible
de la medida y a las condiciones de ejecución financiera, sin que ello comporte por
sí solo un reproche de validez, dado que el acto fue expedido antes de dicha
decisión y, como se verá, su contenido resulta sustancialmente compatible con esos
condicionamientos.

63. Finalmente, al tratarse de decretos legislativos de desarrollo, los Decretos
241 y 245 de 2026 —este último, norma habilitante directa del acto controlado—
están sometidos al control automático de la Corte Constitucional. Para la fecha de
esta providencia no obra en el expediente decisión de fondo publicada o incorporada
respecto de aquellos. Esa circunstancia no impide a la Sala pronunciarse, en
atención a la autonomía del control inmediato de legalidad y a la presunción de
constitucionalidad y fuerza ejecutoria de los decretos legislativos mientras no sean
retirados del ordenamiento.

Examen material del acto

64. Antes de abordar este análisis, se precisa que el examen se realizará a partir
de un parámetro integrado por la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción48, el Decreto Legislativo 150 de 2026 —en los términos condicionados
por la sentencia C-191 de 2026— el Decreto Legislativo 241 de 2026, en cuanto
norma de financiación extraordinaria, y el Decreto Legislativo 245 de 2026, como
norma habilitante directa de la reglamentación operativa de la intervención. En ese
marco, el control no se dirige a sustituir la valoración técnica de la administración ni
a definir la conveniencia de la política pública adoptada, sino a verificar si las
medidas contenidas en el acto guardan conexidad con la emergencia, resultaban

el mediano y largo plazo las condiciones de vida y la infraestructura a niveles iguales o superiores a los previos, solo admisibles
cuando se demuestre su vinculación directa con la rehabilitación.
47
La configuración y ejecución de las medidas de financiación extraordinarias quedó sujeta a las siguientes exigencias, cuya
implementación debía iniciarse tan pronto se publicara el comunicado de la decisión: (i) las competencias para financiar y
ejecutar recursos al amparo del estado de excepción no pueden extenderse a gastos no relacionados directamente con la
emergencia, con el deber correlativo del Ministerio de Hacienda de recalcular el costo total de aquella; (ii) la entidad con
competencia para ordenar el gasto en cada sector deberá indicar en un acto administrativo las razones por las cuales, en
función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación,
obligación que se extiende a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado; (iii) el Gobierno nacional deberá
establecer, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, mecanismos de distribución de las tareas de financiación;
y (iv) deberá preverse un mecanismo de administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo de la emergencia
absolutamente separado de otras fuentes, que permita su seguimiento y el acceso permanente de los organismos de control
a la información sobre los compromisos asumidos, obligación igualmente extensiva a los recursos no comprometidos o
ejecutados.
48
Ley 137 de 1994.

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necesarias frente a la insuficiencia de los instrumentos ordinarios, son
proporcionales a la gravedad de la afectación, respetan los límites constitucionales
y legales aplicables —incluidos los enfoques diferenciales, la protección de datos y
las garantías procedimentales— y se armonizan con los condicionamientos
territoriales y financieros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia antes
referida.

Juicio de conexidad

65. El juicio de conexidad exige que las medidas adoptadas guarden una relación
directa, específica e inescindible con las causas que motivaron la declaratoria del
estado de excepción y con las finalidades de las normas habilitantes, examen que
en el presente caso arroja resultado positivo en ambas dimensiones.

66. Frente a las causas de la emergencia, la resolución circunscribe su ámbito
material a la entrega de transferencias monetarias no condicionadas para la
protección del mínimo vital y la estabilización del consumo básico de los hogares y
unidades de intervención indígena damnificados por el frente frío, y su ámbito
territorial a los municipios afectados de los ocho departamentos cobijados por la
declaratoria, identificados conforme a los listados y reportes oficiales de la UNGRD
y de los consejos de gestión del riesgo, sin extender el beneficio al resto del territorio
nacional ni incorporar disposiciones ajenas al desastre. La medida se orienta,
además, a la protección de los derechos cuya afectación fundó el presupuesto
valorativo de la declaratoria49 y cuya garantía frente a desastres naturales constituye
un deber del Estado derivado de los artículos 11, 13, 44, 46, 47, 48 y 64 de la
Constitución Política y de los compromisos internacionales en materia de derechos
económicos, sociales y culturales que la propia resolución invoca en su
motivación50.

67. Frente a las normas habilitantes, el acto desarrolla y define los elementos
cuya configuración el Decreto Legislativo 245 de 2026 defirió expresamente al DPS
—monto, número de beneficiarios, criterios de priorización, forma de entrega y
condiciones operativas—, con base en los tres referentes allí señalados, esto es, el
último corte oficial de hogares damnificados, la disponibilidad presupuestal y la
capacidad operativa de dispersión. Además, desarrolla los artículos 1, 2 y 8 del
mismo decreto en materia de focalización excepcional, fuentes de identificación y
tratamiento de datos. Existe, por tanto, una conexidad teleológica directa y suficiente
entre el acto controlado y la habilitación legislativa extraordinaria que le sirve de
fundamento.

68. A idéntica conclusión se llega al confrontar la medida con la tipología fijada
en la sentencia C-191 de 2026, pues la entrega de transferencias monetarias no

49
La vida en condiciones dignas, el mínimo vital y la alimentación.
50
Se indicó que el Estado colombiano, en virtud de los artículos 11, 13, 44, 46, 47, 48 y 64 de la Constitución Política, así
como de los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —aprobado
por la Ley 74 de 1968—, la Convención Americana sobre Derechos Humanos —aprobada por la Ley 16 de 1972— y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de
San Salvador, aprobado por la Ley 319 de 1996—, tiene el deber de adoptar medidas excepcionales y oportunas para proteger
a la población en situación de debilidad manifiesta y garantizar la vida en condiciones dignas, el acceso a la alimentación y el
mínimo vital frente a desastres naturales o eventos climáticos extremos.

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condicionadas destinadas a la satisfacción inmediata del mínimo vital y a la
estabilización del consumo básico de la población damnificada corresponde, con
exactitud, a la categoría de medidas de respuesta —provisión de asistencia para
atender las necesidades mínimas de subsistencia de las personas afectadas— que
la Corte calificó como plenamente compatibles con los estados de excepción, lo que
descarta cualquier tesis de extralimitación frente a la prohibición de adoptar medidas
estructurales o de reconstrucción no vinculadas a la rehabilitación. En
consecuencia, el juicio de conexidad se supera.

Juicio de necesidad

69. El presupuesto de necesidad impone demostrar que la administración no
contaba con mecanismos ordinarios suficientes para el manejo y atención de la
crisis, de suerte que la expedición del acto excepcional resultaba indispensable. En
su dimensión fáctica, la pérdida masiva de viviendas y medios de subsistencia
generó una amenaza inminente sobre la seguridad alimentaria de las 129.186
familias y 364.061 personas censadas como damnificadas, frente a la cual los
programas sociales ordinarios de la entidad no estaban diseñados para absorber un
choque de esa magnitud de manera instantánea ni contaban con la liquidez
presupuestal para cubrir a los nuevos damnificados sin desfinanciar a los
beneficiarios estructurales, según lo certificó la propia entidad ante el Ministerio de
Hacienda51. Concurría, por tanto, la necesidad material y urgente de una
reglamentación específica para canalizar los recursos extraordinarios hacia la
población afectada.

70. En su dimensión jurídica, la expedición del acto era necesaria para hacer
operativa la focalización excepcional prevista por el legislador de excepción. En
condiciones ordinarias, la identificación y priorización de beneficiarios de los
programas de transferencias de Prosperidad Social se apoya en instrumentos como
el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares, los listados de población indígena y
otras fuentes administrativas, cuya actualización, cruce y validación no resultaban
idóneos para incorporar de manera inmediata a hogares recientemente
damnificados, algunos de ellos sin encuesta vigente o por fuera de los listados
ordinarios. Por ello, con fundamento en el artículo 2 del Decreto Legislativo 245 de
2026, la resolución adoptó como fuente excepcional de identificación de la población
afectada el corte oficial de damnificados consolidado por la UNGRD o por los
consejos de gestión del riesgo, sin perjuicio de las verificaciones de identidad,
consistencia de la información y control de duplicidades previstas en el propio acto52.

51
Memoria justificativa y anexos donde obran las comunicaciones del 15 y 21 de febrero de 2026 al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
52
“Las medidas previstas en el presente decreto se dirigirán a los hogares damnificados por la emergencia en los
departamentos señalados en el Decreto Nacional número 0150 de 2026, incluyendo hogares que, por las condiciones de la
emergencia, no cuenten con encuesta Sisbén vigente o no figuren en los listados ordinarios de programas sociales, siempre
que se encuentren en registros oficiales, censos o listados de afectación expedidos o validados por las autoridades
competentes. Parágrafo 1°. Para efectos de este decreto, constituyen fuentes válidas de identificación y verificación, los
censos o reportes oficiales de la UNGRD y entidades territoriales competentes, los registros administrativos sectoriales, los
listados validados por comités de gestión del riesgo y los instrumentos que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS) determine en su reglamentación, con reglas de auditoría y control para evitar duplicidades. Parágrafo 2°. El
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) deberá incorporar criterios de priorización orientados a sujetos
de especial protección constitucional y a hogares con mayor afectación socioeconómica, conforme a la reglamentación que
expida, sin perjuicio del enfoque territorial y diferencial”.

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71. Si bien podría sostenerse que la entidad disponía de sus instrumentos
ordinarios de intervención, lo cierto es que esos instrumentos, además de carecer
de recursos, estaban jurídicamente atados a procedimientos de focalización
incompatibles con la urgencia, de modo que sin la expedición del acto reglamentario
la ayuda humanitaria ordenada por el legislador excepcional habría resultado
ilusoria. El juicio de necesidad, en consecuencia, también se supera.

72. La conclusión anterior no comporta cruce alguno de competencias,
presupuestos o beneficiarios con la UNGRD. Conforme a la Ley 1523 de 2012, a
esa unidad corresponde dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y consolidar, en la fase de respuesta, los registros oficiales de
damnificados, función que el acto respeta y de la cual se sirve, pues el corte oficial
por ella certificado constituye el insumo vinculante de identificación de los
beneficiarios. La entrega de transferencias monetarias para la protección del mínimo
vital, por su parte, fue atribuida al DPS directamente por el artículo 3 del Decreto
Legislativo 245 de 2026, en atención a su condición de rector del Sistema de
Transferencias y a su capacidad operativa de dispersión, sin que la atención de
emergencias resulte ajena a su ámbito funcional, como lo evidencia la línea de
intervención para atención de emergencias prevista desde el régimen ordinario en
la Resolución 79 de 2024. Cada entidad concurre así en la función que le es propia
—la UNGRD certifica la damnificación y el DPS dispersa la transferencia—, los
recursos extraordinarios que amparan la medida se apropiaron en la sección
presupuestal del DPS mediante el Decreto Legislativo 241 de 2026, y las reglas de
control de duplicidades, la armonización de montos con la Compensación del IVA y
las órdenes de no pago previenen la concurrencia injustificada con los subsidios
ordinarios, que no se suspenden sino que se articulan con la intervención
excepcional.

Juicio de proporcionalidad

73. El principio de proporcionalidad exige que la medida no resulte excesiva
frente a la gravedad de los hechos, que responda a criterios de equilibrio
presupuestal y temporal y que no imponga sacrificios irrazonables a otros bienes
constitucionalmente protegidos. El examen del articulado permite concluir que las
disposiciones de la Resolución 46901 de 2026 satisfacen ese estándar en todos sus
componentes.

74. En primer lugar, el monto de quinientos mil pesos ($500.000) por ciclo
operativo no es una asignación arbitraria sino una definición sustentada en el valor
máximo previsto para la línea de Renta Ciudadana y en un análisis técnico de
suficiencia frente a las necesidades básicas inmediatas de los hogares
damnificados, contenido en el documento técnico de diseño, focalización y
operación y en la memoria justificativa que obran en el expediente, en el cual la cifra
se determinó con referencia a la línea de pobreza extrema per cápita fijada por el
DANE y a la composición promedio de los hogares censados —cerca de 2,8
personas, según el corte oficial—, y se predica por igual de las dos categorías de
destinatarios definidas en el artículo 3 del acto, esto es, el hogar damnificado y la
unidad de intervención indígena damnificada, que tuvo en cuenta la cobertura de

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alimentación, alojamiento temporal, medicamentos y reposición básica de enseres
durante la fase de estabilización, así como su relación con la línea de pobreza
extrema. Esa definición se acompaña de una regla de armonización con el programa
de Compensación del IVA que impide que la sumatoria de ambas transferencias
exceda aquel tope en el mismo ciclo, previsión que evita la duplicidad injustificada
de subsidios y protege las finanzas públicas. En la misma dirección apuntan la
exclusión de pagos retroactivos, el límite de acumulación a un solo pago no cobrado
y la previsión expresa de que ninguna de tales reglas genera derechos adquiridos
más allá del cierre de la intervención.

75. Asimismo, la medida se sujeta a límites temporales y presupuestales
estrictos, pues la dispersión se restringe a un máximo de cinco ciclos mensuales,
condicionados a la disponibilidad presupuestal autorizada en el marco del Decreto
Legislativo 245 de 2026, con prohibición de adquirir compromisos que superen los
recursos aprobados y con fecha preclusiva al 31 de diciembre de 2026. Además, el
acto no ordenó un gasto carente de respaldo, comoquiera que su expedición estuvo
precedida del alistamiento presupuestal integrado por la adición del Decreto
Legislativo 241 de 2026, la liquidación del Decreto 366 de 2026 y la desagregación
de recursos efectuada mediante la Resolución 768 de 2026, sin perjuicio de la
referencia que el Ministerio Público hizo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 22026 como soporte de disponibilidad para la operación53.

76. El componente de equilibrio presupuestal queda corroborado, además, con
una verificación aritmética elemental sobre las cifras que obran en el expediente. El
costo máximo teórico de la intervención —129.186 hogares y unidades de
intervención indígena censados, por el tope de quinientos mil pesos ($500.000) en
cada uno de los cinco ciclos operativos— asciende a $322.965'000.000, suma
inferior a los $408.560'135.746 adicionados a la sección presupuestal del DPS por
el Decreto Legislativo 241 de 2026 y amparados con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 22026, de manera que la medida no solo cuenta con respaldo formal
sino con margen presupuestal frente a su cobertura máxima. A ello se suman la
regla de armonización con la Compensación del IVA, que reduce el valor
efectivamente girado cuando concurren ambas transferencias, y la prohibición
expresa de adquirir compromisos por encima de los recursos aprobados,
salvaguardas que descartan una asignación de recursos públicos carente de
sustento, sin perjuicio del control fiscal que, en el ámbito de su competencia, ejerza
la entidad correspondiente.

77. Por otra parte, el diseño de focalización y priorización revela una calibración
razonable del universo de beneficiarios, pues ante la eventual insuficiencia de los
recursos frente a la demanda, el acto no acude a criterios de asignación
indiscriminados sino a un orden territorial escalonado que privilegia los municipios
con mayor afectación certificada y, dentro de ellos, a las unidades de intervención

53
Así se dejó consignado en la parte motiva del acto: “Que, mediante el Decreto 0366 de 2026, se adicionó el Presupuesto
General de la Nación, y a través de la Resolución 00768 del 15 de abril de 2026, el DPS efectuó la respectiva desagregación
presupuestal, expidiéndose el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 22026 para amparar el pago de las
transferencias de la Línea de Intervención para la Atención de Emergencias”. La memoria justificativa explica que la
Resolución 768 de 2026 desagregó $327.920’000.000 para el proyecto Sistema de Transferencias y Programa Renta
Ciudadana.

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indígena54 y a los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica, con criterios de
desempate fundados en la clasificación del Sisbén IV o del Registro Social de
Hogares y en la presencia de niños, niñas y adolescentes, personas mayores y
personas con discapacidad, en armonía con el mandato del artículo 2, parágrafo 2,
del Decreto Legislativo 245 de 2026 de priorizar a los sujetos de especial protección
constitucional55. Las reglas sobre población migrante, conforme a las cuales la
ausencia de regularización migratoria no constituye por sí sola causal de exclusión
cuando la damnificación está certificada, resultan igualmente razonables frente al
carácter humanitario de la intervención.

78. Se observa también que el régimen de verificación, suspensión preventiva,
reactivación, retiro y órdenes de no pago dota a la administración de instrumentos
de control sobre la correcta asignación de los recursos públicos sin sacrificar las
garantías de los afectados, pues: la suspensión no implica retiro definitivo; procede
la reactivación una vez subsanada la causal; toda decisión de suspensión debe
notificarse con indicación de la causal específica y del mecanismo de aclaración o
subsanación dentro del término de un mes; y el retiro solo procede ante la falta de
subsanación oportuna, previsiones que preservan el debido proceso administrativo.
La regla de titularidad de los hogares conformados exclusivamente por menores de
edad, que admite la designación de adolescentes entre catorce y diecisiete años
con fundamento en el principio de capacidad legal progresiva y ordena informar al
ICBF cuando se identifique una situación de riesgo, sin excluir al hogar del universo
de potenciales beneficiarios, lejos de constituir un exceso, garantiza que la orfandad
o la ausencia de adultos no se convierta en barrera de acceso a la ayuda
humanitaria, en consonancia con el interés superior del menor.

79. En lo relativo específicamente a los mecanismos de notificación previstos en
los parágrafos terceros de los artículos 10 y 11, su consagración abstracta no
desconoce, por sí misma, el debido proceso, pues la resolución exige informar la
causal específica de suspensión o retiro, el mecanismo de aclaración o subsanación
y el término para ejercerlo. En ese entendido, la habilitación excepcional que
sustenta ese régimen no puede interpretarse como una autorización para prescindir
del conocimiento efectivo de la decisión ni de una oportunidad real de contradicción,
y su aplicación permanece sujeta a los principios de publicidad, eficacia, debido
proceso administrativo y enfoque diferencial. Con todo, el diseño general de la
notificación no permite anticipar su eficacia en los casos de aislamiento geográfico,
falta de conectividad o brecha digital que puedan presentarse durante la ejecución
de la línea de intervención, cuestión que dependerá de las circunstancias concretas
de cada destinatario y corresponderá al control del respectivo acto particular.

54
Al regular las dimensiones de análisis para la priorización, el acto previó que, para las unidades de intervención indígena,
“se presumirá condición de pobreza extrema”; y, en el orden de priorización territorial escalonada, dispuso que dentro del
municipio con mayor afectación certificada se incorporarán primero todas las unidades de intervención indígena damnificadas
y, luego, los demás hogares damnificados residentes en el mismo municipio.
55
La norma ordenó a Prosperidad Social incorporar criterios de priorización orientados a sujetos de especial protección
constitucional y a hogares con mayor afectación socioeconómica, sin perjuicio del enfoque territorial y diferencial. La
identificación de tales sujetos encuentra sustento, entre otros, en los artículos 13, inciso tercero, de la Constitución Política —
personas en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental—; 43 —mujer cabeza de
familia—; 44 —niños, niñas y adolescentes—; 46 —personas mayores—; y 47 —personas con discapacidad—. En armonía
con ese marco, el propio Decreto Legislativo 245 de 2026 señaló que las afectaciones de la emergencia fueron particularmente
severas respecto de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar,
comunidades étnicas y población rural dispersa.

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80. Las reglas sobre fuentes de información y tratamiento de datos personales
se mantienen dentro del marco de la habilitación del artículo 8 del Decreto
Legislativo 245 de 2026, pues el acceso y el intercambio se limitan a la información
estrictamente necesaria para la identificación, verificación, focalización y control de
duplicidades, con sujeción a los principios de finalidad, circulación restringida,
seguridad y confidencialidad previstos en las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008 56,
así como a los criterios de necesidad y proporcionalidad derivados de la habilitación
excepcional y de la finalidad estrictamente humanitaria de la medida, sin
levantamiento general de reservas legales ni autorización de usos distintos de los
previstos. Además, las reglas de transparencia imponen la anonimización de los
datos en las publicaciones, de modo que el diseño concilia la publicidad de la gestión
con la protección de los datos personales de una población en situación de extrema
vulnerabilidad.

81. Tampoco se advierte desconocimiento del principio de igualdad o de la
prohibición de discriminación. La resolución no distribuye la transferencia con
fundamento en categorías sospechosas, sino a partir de una condición objetiva —
la damnificación certificada por fuentes oficiales— y de criterios de priorización
vinculados con la mayor afectación territorial y la vulnerabilidad socioeconómica.
Las reglas diferenciadas a favor de unidades de intervención indígena, niños, niñas
y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres cabeza de
hogar y población migrante damnificada cumplen una función de protección
reforzada y no de exclusión, por lo que resultan compatibles con el enfoque
diferencial previsto en el Decreto Legislativo 245 de 2026.

82. En suma, el acto no incurrió en excesos regulatorios ni impuso cargas
irrazonables, sino que configuró una medida calibrada para conjurar los efectos de
la calamidad, por lo que el juicio de proporcionalidad igualmente se supera.

El ajuste temporal de condicionalidades y la inaplicación transitoria de
exclusiones

83. Los artículos 19 y 20 de la resolución merecen una mención particular, en
cuanto modifican transitoriamente el régimen ordinario del programa Renta
Ciudadana. El artículo 19 dispuso que la vinculación de un hogar a la línea de
emergencias no implica retiro, suspensión ni pérdida del cupo en las líneas
regulares del programa y que, durante la vigencia de la intervención, no le serán
exigibles las verificaciones, compromisos ni condicionalidades propias de aquellas,
con retorno automático a la línea regular una vez esta finalice. Para la Sala, tal
previsión lejos de constituir una alteración permanente del régimen ordinario,
corresponde a una regla de coordinación estrictamente temporal, razonable frente
a la situación de los damnificados, a quienes mal podría exigirse el cumplimiento de
corresponsabilidades diseñadas para condiciones de normalidad —asistencia
escolar, controles de salud, gestiones de bancarización— mientras subsisten los

56
La primera consagra, como principios rectores del tratamiento de datos personales, entre otros, los de finalidad, acceso y
circulación restringida, seguridad y confidencialidad; la segunda, aplicable al habeas data financiero, crediticio, comercial, de
servicios y proveniente de terceros países, prevé igualmente los principios de finalidad, circulación restringida, seguridad y
confidencialidad, conforme a los cuales la información debe administrarse para fines legítimos, con acceso limitado a los
usuarios autorizados y bajo medidas que garanticen su reserva e integridad.

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efectos del desastre que comprometieron su vivienda y sus medios de vida, y cuya
inobservancia forzada, de mantenerse la exigencia, conduciría a la paradoja de que
la misma emergencia que justifica el auxilio provocara la pérdida del cupo en el
programa ordinario.

84. El artículo 20, a su turno, inaplicó para los efectos exclusivos de la línea de
emergencias y durante su vigencia las exclusiones del artículo 3.2.3 de la
Resolución 079 de 2024, incluidas las relacionadas con la participación de
integrantes del hogar en otros programas sociales, y declaró la compatibilidad de la
transferencia con otros apoyos derivados de la misma situación de emergencia,
salvo disposición legal o reglamentaria en contrario. Esa regla encuentra
fundamento directo en la habilitación de focalización excepcional del Decreto
Legislativo 245 de 2026 y responde a la lógica de la intervención humanitaria, pues
las exclusiones ordinarias persiguen evitar concentraciones injustificadas de
subsidios en condiciones de normalidad, finalidad que cede transitoriamente ante la
necesidad de asegurar la cobertura universal de la población damnificada
certificada, sin que por ello se desprotejan las finanzas públicas, comoquiera que
subsiste la regla de armonización de montos con la Compensación del IVA y el tope
máximo por hogar y ciclo, que operan como salvaguarda frente a la duplicidad de
beneficios de idéntica naturaleza. Ambas disposiciones, en consecuencia, se
mantienen dentro de los límites de la habilitación y superan el juicio de
proporcionalidad.

La ausencia de consulta previa no vicia el acto

85. Aunque la resolución incorpora reglas específicas para las unidades de
intervención indígena, su expedición sin agotamiento del trámite de consulta previa
no configura vicio alguno, toda vez que dicho mecanismo solo resulta exigible frente
a medidas legislativas o administrativas susceptibles de generar una afectación
directa, específica y constitucionalmente relevante sobre comunidades étnicas, esto
es, cuando inciden en su territorio, identidad cultural, estructuras propias de
gobierno, formas de vida, fuentes de subsistencia o condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales57.

86. En este caso, además de que la Subdirección Técnica de Consulta Previa
del Ministerio del Interior conceptuó previamente que la reglamentación proyectada
no requería consulta previa por no generar una afectación directa, específica y
diferenciada sobre comunidades étnicas58, la Sala advierte que el contenido del acto
no interviene ni modifica la autonomía, las autoridades propias, los usos y
costumbres o el territorio de las comunidades indígenas. Por el contrario, la
resolución establece una medida humanitaria, excepcional y temporal, dirigida a
hogares y unidades de intervención indígena damnificados, reconoce los listados
de las autoridades propias como fuente de acreditación, presume respecto de
dichas unidades la condición de pobreza extrema y les otorga prelación dentro del

57
Al respecto puede consultarse, entre otros: Corte Constitucional, sentencias C-030 de 2008, C-175 de 2009, SU-123 de
2018, C-369 de 2019, SU-121 de 2022 y C-276 de 2024.
58
Concepto técnico-jurídico Rad. 2026-2-002410-011155 del 25 de marzo de 2026, emitido por la Subdirección Técnica de
Consulta Previa del Ministerio del Interior.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

orden de priorización, de manera que el enfoque diferencial opera en beneficio de
la población étnica afectada y no como una afectación directa que active el deber
de consulta previa.

87. A lo anterior se agrega que la línea de intervención regulada constituye una
medida de respuesta en los términos de la sentencia C-191 de 2026, de suerte que
no comprende medidas estructurales —incompatibles con el estado de excepción—
ni acciones de reconstrucción, esto es, la reedificación y restauración a mediano y
largo plazo de infraestructuras, servicios, viviendas y medios de vida de las
comunidades afectadas, intervenciones que, además de estar sujetas a la
demostración de su vínculo directo con la fase de rehabilitación, sí podrían generar,
cuando recaigan sobre territorios o comunidades étnicas, la afectación directa que
activa el deber de consulta previa.

88. De esta forma, el componente diferencial incorporado en la resolución no
opera como una regulación autónoma del régimen jurídico, territorial o cultural de
los pueblos indígenas, sino como un criterio reforzado de acceso y priorización
dentro de una medida general de atención humanitaria. En esa medida, las
referencias a las unidades de intervención indígena no transforman el acto en una
medida étnica susceptible de consulta previa, sino que concretan el mandato de
protección reforzada previsto en el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo
245 de 2026, al asegurar que la población indígena damnificada no quede excluida
de la respuesta estatal y que su identificación se realice con apoyo en sus propias
autoridades59.

La armonización del ámbito territorial con la cosa juzgada constitucional
condicionada

89. Establecida la sujeción material del acto a las normas habilitantes, resta
armonizar su ámbito de aplicación con el condicionamiento territorial de la sentencia
C-191 de 2026. Sobre el particular, la Sala destaca que el artículo 2 de la resolución
no adoptó una cobertura indiscriminada de los ocho departamentos, sino que la
restringió, desde su expedición, a los municipios identificados como afectados por
el evento hidrometeorológico conforme a los listados y reportes oficiales de la
UNGRD y de los consejos de gestión del riesgo, y que el artículo 3 ancló la
identificación de los beneficiarios al corte oficial de damnificados certificado durante
la vigencia de la emergencia y hasta el 13 de marzo de 2026, criterios que coinciden
sustancialmente con el fijado por la Corte Constitucional, cuyo condicionamiento se
construyó precisamente sobre el reporte de la UNGRD que registró afectaciones en
181 municipios60.

59
El acto determina que la pertenencia a una unidad de intervención indígena se acredita mediante los listados emitidos por
las autoridades propias del respectivo pueblo certificadas por el Ministerio del Interior, las unidades indígenas gozan de
prelación en el orden de priorización de cada municipio y respecto de ellas se presume la condición de pobreza extrema,
previsiones que materializan el enfoque diferencial ordenado por el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 245 de
2026 en beneficio, y no en detrimento, de la población étnica damnificada.
60
En la sentencia C-191 de 2026, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 1 del Decreto 150 de 2026 a que el ámbito
territorial comprenda los 181 municipios afectados según reporte de la UNGRD y los demás respecto de los cuales se
demuestre afectación concreta derivada del fenómeno.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

90. Con todo, en garantía de la cosa juzgada constitucional, de la seguridad
jurídica y de la correcta ejecución de la intervención, la declaratoria de legalidad se
hará en el entendido de que el ámbito territorial del acto se circunscribe a los
municipios comprendidos por la declaratoria de emergencia según el
condicionamiento fijado en la sentencia C-191 de 2026, esto es, los 181 municipios
que registran afectaciones según el reporte de la UNGRD y los demás respecto de
los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada
del fenómeno que originó la declaratoria, precisión que no altera el contenido
normativo del acto —cuyos criterios de identificación son compatibles con aquel
entendimiento— pero sí excluye cualquier lectura expansiva que pretendiera
extender la intervención a municipios de los departamentos carentes de afectación
certificada o demostrada.

Las condiciones de ejecución financiera fijadas por la Corte Constitucional

91. Finalmente, comoquiera que la ejecución de la intervención se prolongará
durante la vigencia fiscal de 2026 y que las condiciones de ejecución financiera
fijadas en el ordinal segundo de la sentencia C-191 de 2026 se extienden
expresamente a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado,
la Sala advertirá al DPS que la ejecución de los recursos que amparan las
transferencias reguladas en el acto deberá sujetarse a tales condiciones, en
particular a la exigencia de que la entidad ordenadora del gasto indique en un acto
administrativo las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y
la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de
financiación —exigencia que en el presente caso encuentra soporte material en la
memoria justificativa y en las certificaciones de insuficiencia presupuestal que obran
en el expediente sin perjuicio de su formalización en los términos dispuestos por la
Corte— y al deber de administración separada de los recursos de la emergencia
que permita su seguimiento adecuado y el acceso permanente de los organismos
de control a la información sobre los compromisos asumidos.

V. PARTE RESOLUTIVA

92. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés (23) Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la legalidad de la Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026,
proferida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, en
el entendido de que su ámbito de aplicación territorial se circunscribe a los
municipios comprendidos por la declaratoria del estado de emergencia económica,
social y ecológica conforme al condicionamiento fijado en la sentencia C-191 de
2026 de la Corte Constitucional, esto es, los ciento ochenta y un (181) municipios
que registran afectaciones según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres - UNGRD y los demás municipios respecto de los cuales

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03507-00 (5479)
Autoridad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Acto: Resolución 46901 del 5 de mayo de 2026
Asunto: Control inmediato de legalidad

se demuestre, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno
que originó la declaratoria.

SEGUNDO: ADVERTIR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
• DPS que la ejecución de los recursos que amparan las transferencias reguladas
en la Resolución 46901 de 2026, en cuanto no se hayan comprometido o ejecutado,
deberá sujetarse a las condiciones de ejecución financiera fijadas en el ordinal
segundo de la sentencia C-191 de 2026 de la Corte Constitucional, en particular a
la expedición del acto administrativo en el que la entidad ordenadora del gasto
indique las razones por las cuales no es posible acudir a medios ordinarios de
financiación y al deber de administración separada de los recursos de la
emergencia.

TERCERO: PRECISAR que esta sentencia produce efectos de cosa juzgada
relativa, circunscrita a las normas superiores y a los aspectos analizados en esta
providencia, y que no impide los efectos que se deriven de la decisión que adopte
la Corte Constitucional en la revisión oficiosa de los Decretos Legislativos 241 y 245
de 2026.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Ministerio Público, en la forma prevista en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

QUINTO: ARCHIVAR el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

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