Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03509-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03509-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03509-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03509-00
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro.
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia. Proceso ejecutivo- se libró mandamiento de pago por
una suma menor a la pedida. NIEGA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimiento 5, administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A., mediante
apoderado, en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Florencia y del
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados con los autos del 19 de marzo y del 16 de diciembre de 2025,
respectivamente, proferidos dentro del proceso ejecutivo con radicado 18001-33-
33-002-2014-00513-00 [02].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 24 de octubre de 2023, mediante contrato de cesión adquirió los derechos
económicos de la sentencia del 25 de abril de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, por medio de la cual se confirmó la
providencia de primera instancia que reconoció y ordenó el pago de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora Rosalba Jurado Chilito, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-002-
2014-00513-00.
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Que a través del Acto Administrativo núm. RS20231220150397 del 20 de diciembre
de 2023 la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional reconoció al Fondo,
como cesionario de los derechos económicos de la señora Rosalba Jurado Chilito.
Que radicó demanda ejecutiva en contra de las entidades citadas y el 19 de marzo
de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia libró mandamiento de
pago por un valor diferente al solicitado en la demanda. El 25 de julio de 2025, el
Juzgado rechazó el recurso de reposición y concedió la apelación interpuesta por el
fondo accionante y el 16 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Caquetá confirmó la decisión del juez de primera instancia, bajo el argumento de
que «no era procedente la indexación del capital adeudado, hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que,
se configuraría la figura del anatocismo por reconocerse también intereses
moratorios».
Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:
i) sustantivo, porque estructuró el mandamiento de pago a partir de una
interpretación equivocada, ya que confunde «(i) el reajuste pensional previsto en el
artículo 53 de la Constitución y desarrollado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
(ii) con la indexación del capital histórico regulada por el artículo 187 del CPACA, y
(iii) asimilando indebidamente esta última a una hipótesis de anatocismo por la
posterior causación de intereses moratorios».
ii) desconocimiento del precedente, por inobservar las sentencias T 255 de 2013 de
la Corte Constitucional y del 30 de abril de 2020 1 y 10 de diciembre de 2024 2 del
Consejo de Estado, donde se distingue el reajuste pensional, la indexación y los
intereses moratorios como figuras concurrentes en un mismo escenario, pero en
momentos distintos.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos los autos del
19 de marzo y del 16 de diciembre de 2025, proferidos dentro del proceso ejecutivo
con radicado 18001-33-33-002-2014-00513-00 [02]; y, en consecuencia, se ordene
al Tribunal Administrativo del Caquetá proferir una nueva decisión, atendiendo las
disposiciones jurídicas y fácticas de esta acción.
TRÁMITE PROCESAL
1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. 30 de abril de
2020. Radicación: No. 25000234200020140130201 (231917)
2 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B. 10 de diciembre
de 2024 Radicación: 76001-23-33-000-2016-00521-03 (5805-2024)
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El 8 de mayo de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, y se ordenó notificar a las partes y los
vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia remitió link de consulta del
proceso ejecutivo y no se pronunció sobre el escrito de tutela.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Defensa adujo que las autoridades accionadas realizaron un
estudio juicioso de las pruebas allegadas y de las normas aplicables al asunto,
motivo por el cual no existe ninguna vulneración de derechos.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20054. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución.»5
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada6.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela8.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante estima que el Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, con los autos del 19 de marzo y del 16 de diciembre de
2025, respectivamente, proferidos dentro del proceso ejecutivo con radicado 18001-
33-33-002-2014-00513-00 [02], porque incurrieron en los defectos i) sustantivo, por
desconocer los artículos 53 de la Constitución y 187 del CPACA, al negar el
reconocimiento concurrente, por tramos temporales diferenciados del reajuste
pensional, la indexación y los intereses moratorios dentro del proceso ejecutivo; y,
ii) desconocimiento del precedente, por inadvertir las sentencias T 255 de 2013 de
la Corte Constitucional y del 30 de abril de 2020 9 y 10 de diciembre de 2024 10 del
Consejo de Estado.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-072 de 2018.
9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. 30 de abril de
2020. Radicación: No. 25000234200020140130201 (231917)
10 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B. 10 de diciembre
de 2024 Radicación: 76001-23-33-000-2016-00521-03 (5805-2024)
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Valga aclarar que el auto que será objeto de estudio por el juez constitucional es el
del 16 de diciembre de 2025, pues fue la decisión que definió el asunto, en relación
con el mandamiento de pago.
La Subsección observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedencia, ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se
alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales por incurrir
en los defectos citados y el accionante argumentó suficientemente la solicitud; b)
el actor no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se
cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se instauró el 7 de mayo de
2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación del auto del 16
de diciembre de 2025, efectuada mediante estado el 31 de enero de 2026; d) no se
está alegando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de este
requisito; e) se identificaron claramente los hechos y los derechos vulnerados; y f) la
tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal en la providencia cuestionada estableció como problema jurídico
«determinar si ¿es procedente que en materia pensional se aplique indexación e
intereses de forma simultánea?».
Indicó que el juez de primera instancia libró mandamiento de pago por la suma de
$102.271.955 y no de $122.264.364, suma solicitada en la demanda.
Precisó que el valor concedido por el Juzgado «no incluye los intereses moratorios
pues tales operan por ministerio de la ley y podrán ser determinados durante el
transcurso del proceso».
Citó la Resolución núm. 0847 de 2020, mediante la cual el Ministerio de Defensa
reportó el valor indexado de los emolumentos ordenados en las sentencias
judiciales; adujo que la suma de dichos valores da $102.271.955, los cuales fueron
calculados hasta el mes de enero de 2020 y, conforme al artículo 192 del CPACA.
Señaló que el mandamiento de pago que libró el juez de primera instancia contiene
el capital del crédito indexado, conforme a las normas y la jurisprudencia y, que el
juez en el auto del 19 de marzo de 2025 precisó que
«(…) primigenia etapa procesal, se librará mandamiento de pago por valor de
CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($102.271.955), lo que corresponde por
concepto de capital, más los valores insolutos correspondientes a los intereses
moratorios que se causen y que deban ser liquidados a la fecha de pago, sin
perjuicio de las modificaciones que en las etapas procesales pertinentes
pudieran realizarse».
Consideró que la forma de librar el mandamiento de pago es correcta, ya que «una
vez establecido el valor a cancelar por pensiones retroactivas, las cuales fueron
indexadas, se determina el valor del capital sobre el cual, una vez en firme la
sentencia judicial, se generarán intereses de mora (negrilla fuera de texto original)»;
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de manera que no es posible cobrar de forma simultánea la indexación y los
intereses, como lo pretende el recurrente.
Como fundamento de lo anterior citó la Sentencia SU 230 de 2015 que establece
que los intereses se deben desde que la obligación es exigible, lo cual ocurre
cuando no existe controversia sobre la cuantía a pagar, también trajo a colación la
Sentencia T 1244 de 2004 que explica la diferencia entre la indexación y los
intereses moratorios.
Conforme a lo expuesto, resaltó que a partir de la ejecutoria de la sentencia se tiene
derecho a recibir el pago de los intereses de mora, como forma de sanción al
incumplimiento de la entidad de acatar la decisión. Además, precisó que no es
procedente «acumular como forma de capital insoluto el valor de la indexación más
el valor de los intereses moratorios causados», pues ello materializa la figura del
anatocismo, lo cual está prohibido en la legislación colombiana, según los artículos
1617 y 2235 del C.C.
Reiteró que es acertada la decisión del Juzgado, dado que determinó el capital
indexado y que, si bien los intereses de mora no fueron determinados, lo cierto es
que sí son determinables al momento del pago y, en consecuencia, confirmó el auto
del 19 de marzo de 2025 que profirió el Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia.
El accionante alega que en el auto cuestionado se configuraron los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, por haber librado mandamiento de
pago por un valor que no contiene los conceptos del reajuste pensional, la
indexación y los intereses moratorios.
Sobre el particular, la Sala advierte que tanto el juez de primera como de segunda
instancia tuvieron en cuenta la liquidación que realizó el Ministerio de Defensa en la
Resolución núm. 0847 de 2020, la cual se expidió en cumplimiento de las decisiones
judiciales.
En ese orden, el Tribunal consideró que en dicha liquidación se efectuó el reajuste
anual que le corresponde al Fondo y, del cual trata el artículo 53 de la Constitución
Política, y, además, que el valor a cancelar de las pensiones retroactivas fue
indexado, este último tema, no fue objeto de discusión en la acción de tutela.
En cuanto a la liquidación de los intereses moratorios, el Tribunal precisó que la
suma por la que se libró el mandamiento de pago no contiene dicho valor, ya que
estos pueden ser determinados al momento del pago.
Conforme a lo expuesto, la Subsección encuentra que no le asiste razón al actor
cuando alega que el Tribunal inadvirtió los artículos 53 de la Constitución Política y
187 del CPACA, pues como bien se explicó anteriormente, dicha autoridad judicial
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tuvo en cuenta el reajuste anual y la indexación en el valor sobre el cual libró
mandamiento de pago.
De igual forma, tampoco se advierte que la decisión controvertida desatienda las
sentencias citadas por el actor, que hacen referencia a la indexación y el reajuste,
pues de la interpretación realizada por el Tribunal no se evidencia que confunda
dichos conceptos y el momento en que se causan; por el contrario, se advierte que
los tuvo en cuenta a la hora de librar el mandamiento de pago.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, al no haberse configurado ninguno
de los defectos alegados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR la tutela promovida por el Fondo de Capital Privado Cattleya –
Compartimiento 5, administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A., conforme a las
consideraciones expuestas.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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