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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03509-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03509-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo invocado, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5 contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03509-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03509-01
Demandante: FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA –
COMPARTIMIENTO 5, ADMINISTRADO POR AVAL
FIDUCIARIA S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
CUARTA Y OTRO.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión de primera
instancia, para en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción constitucional por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 28 de mayo de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A negó la solicitud de amparo por no haberse
configurado vulneración de los derechos fundamentales invocados.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 7 de mayo de 2026, Fondo de Capital Privado Cattleya –
Compartimento 52, actuando por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso y a la igualdad.

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

2 Identificado con NIT.901.288.351-5, constituido mediante apéndice al reglamento radicado ante la
Superintendencia Financiera de Colombia el día 01 de marzo de 2023, del cual es vocera y
administradora la sociedad AVAL FIDUCIARIA S.A.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03509-01

Las anteriores garantías constitucionales las estimó transgredidas, con ocasión de las
providencias del 16 de diciembre y 19 de marzo de 2025 dictadas por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado
18001-33-33-002-2014-00513-00/02.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva decisión respecto
del recurso de apelación interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago
dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 18001333300220140051300,
atendiendo las disposiciones jurídicas y fácticas descritas en la presente acción
constitucional.

CUARTA: Se ordene que, al proferir la nueva decisión, la autoridad judicial accionada
analice de manera expresa, suficiente y motivada la diferenciación entre reajuste
pensional, indexación e intereses moratorios, así como la aplicación del artículo
53 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y los artículos
187, 192 y 195 del C.P.A.C.A., en armonía con el precedente judicial aplicable del
Consejo de Estado, absteniéndose de equiparar dichas figuras como si fueran
incompatibles por definición3 [negrillas del original].

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 5 [en adelante el Fondo], por
contrato de cesión suscrito el 24 de octubre de 2023, adquirió los derechos
económicos de la sentencia del 25 de abril de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por medio de la cual se confirmó
la providencia de primera instancia que reconoció y ordenó el pago de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora Rosalba Jurado Chilito, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-002-2014-
00513-00.

Mediante acto administrativo RS20231220150397 del 20 de diciembre de 2023, la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional reconoció al referido fondo, como
cesionario de los derechos económicos de la señora Rosalba Jurado Chilito.

Con fundamento en lo anterior, promovió proceso ejecutivo contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional ante el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia, dentro del mismo expediente con radicado 18001-33-

3 Transcripción del texto original con posibles errores.

2
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Demandante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03509-01

33-002-2014-00513-00, quien, mediante auto del 19 de marzo de 2025 libró
mandamiento de pago por un valor de capital inferior al solicitado en la demanda
ejecutiva, al considerar que la suma pretendida no coincidía con la liquidación allegada
con el escrito de ejecución.

Contra esa decisión, el 25 de marzo de 2025 el Fondo de Capital Privado Cattleya –
Compartimento 5 interpuso recurso de reposición y, en subsidio, al considerar que el
capital objeto del mandamiento de pago debía fijarse en la suma de $122.264.364 y
no en $102.271.955, toda vez que, en materia pensional, la indexación y los intereses
moratorios no son conceptos excluyentes y que la suma determinada por el juzgado
no incorporó la indexación reconocida en la Resolución No. 0847 de 2020 expedida
por el Ministerio de Defensa Nacional.

Mediante auto del 25 de julio de 2025, el juzgado rechazó el recurso de reposición y
concedió el de apelación.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto del 16 de diciembre de 2025,
confirmó la decisión que libró mandamiento de pago, al considerar que el título
ejecutivo reunía los requisitos exigidos para su ejecución y que el valor fijado
correspondía al capital de la obligación debidamente indexado, sobre el cual debían
liquidarse posteriormente los intereses moratorios. En ese sentido, precisó que no era
jurídicamente procedente reconocer de manera simultánea la indexación y los
intereses sobre un mismo período, por cuanto, una vez determinado e indexado el
capital de la obligación, los intereses de mora solo se causan desde la ejecutoria de
la providencia que lo establece y hasta el pago efectivo de la obligación.

La anterior decisión fue notificada por estado del 13 de enero de 20264.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La actora explicó que se configuró un defecto sustantivo por cuanto, las autoridades
judiciales realizaron una interpretación errónea de los artículos 187 y 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerar
incompatibles la indexación del capital y los intereses moratorios, bajo el entendido de
que su reconocimiento concurrente implicaría un doble pago o un caso de anatocismo.

Afirmó que dicha interpretación pasó por alto, la diferencia existente entre el reajuste
periódico de las mesadas pensionales, la indexación del capital histórico y los
intereses moratorios, figuras que, a su juicio, poseen naturaleza, finalidad y momentos
de causación distintos, así como el precedente judicial que admite su aplicación en
períodos temporales diferentes.

4 Índice 7 de Samai. Radicado 18001-33-33-002-2014-00513-02.

3
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Demandante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03509-01

Precisó que se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional5 y el
Consejo de Estado6 que diferencia claramente, el reajuste anual de las mesadas
pensionales; la indexación del capital histórico hasta la ejecutoria de la sentencia; y
los intereses moratorios causados desde la ejecutoria hasta el pago.

En su criterio, la jurisprudencia ha reconocido que la indexación y los intereses
moratorios no son figuras excluyentes, en la medida en que operan sobre períodos
temporales distintos. No obstante, las autoridades judiciales accionadas las
consideraron incompatibles, lo que condujo a restringir el valor del mandamiento de
pago. Sostuvo que la exclusión de la indexación pretendida no constituye una simple
diferencia de interpretación por parte del juez natural, sino una restricción
jurídicamente injustificada del alcance del título ejecutivo, con afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad en la aplicación judicial del
derecho y al acceso efectivo a la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 8 de mayo de 20267 el magistrado sustanciador de primera instancia
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, ordenó notificar al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia8, al Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión9, como autoridades judiciales accionadas, y vinculó
como tercero con interés en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional10, Ejercito Nacional11.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia12

A través de memorial del 12 de mayo de 2026 allegó copia íntegra digital del
expediente identificado con radicado 18001-33-33-002- 2014-00513-00 omitiendo
pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de amparo.

5Sentencia T-255 de 2013
6 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. 30 de

abril de 2020. Radicación: No. 25000234200020140130201 (231917), y Consejo De Estado Sala De
Lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B. 10 de diciembre de 2024 Radicación:
76001-23-33-000-2016-00521-03 (5805-2024).
7 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
8 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó mediante oficio No. 88332 del 12 de

mayo de2026 al correo electrónico j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó mediante oficio No. 88333 del 12 de

mayo de2026 a los correos electrónicos stradfl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmincaq@notificacionesrj.gov.co, y stectadmincaq@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó mediante oficio No. 88334 del 12 de

mayo de2026 a los correos electrónicos contactenos@mindefensa.gov.co,
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, y notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co.
11Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó mediante oficio No. 88335 del 12 de

mayo de2026 a los correos electrónicos: ceoju@ejercito.mil.co, y sac@ejercito.mil.co.
12 Índice 10 y 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

4
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Demandante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03509-01

1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional13

El apoderado de la entidad vinculada solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que no se satisfacen los requisitos que habilitan su estudio de
fondo.

Sostuvo que la parte actora no desarrolló las causales específicas de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales ni acreditó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados, pues, aunque afirmó que las decisiones
cuestionadas desconocieron tales garantías, no expuso argumentos que sustentaran
esa afirmación.

Asimismo, indicó que tanto el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia como el Tribunal Administrativo del Caquetá realizaron un análisis integral
del material probatorio y de las normas aplicables al caso, con fundamento en los
cuales adoptaron las decisiones cuestionadas. En consecuencia, afirmó que las
autoridades judiciales accionadas actuaron conforme al ordenamiento jurídico y, por
tanto, no vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

1.6.3. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, pese a
que fue debidamente notificado guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia14

Mediante sentencia del 28 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, negó el amparo solicitado al concluir que las providencias cuestionadas
no incurrieron en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente
invocados por la parte actora.

Para sustentar su decisión, señaló que tanto el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia como el Tribunal Administrativo del Caquetá libraron el
mandamiento de pago con fundamento en la liquidación contenida en la Resolución
No. 0847 de 2020, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, en la que ya se
encontraban incorporados el reajuste anual de las mesadas y la indexación del capital
correspondiente a las pensiones retroactivas.

Asimismo, precisó que el valor por el cual se libró el mandamiento de pago no
comprendía los intereses moratorios, por cuanto estos debían liquidarse al momento
del pago efectivo de la obligación, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, concluyó que el Tribunal sí aplicó los artículos 53 de la Constitución
Política y 187 del CPACA, toda vez que el capital reconocido ya incorporaba el

13 Índice 12 y 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14 Índice 16 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

5
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reajuste anual y la indexación, razón por la cual no era cierto que dichos conceptos
hubieran sido omitidos.

Finalmente, sostuvo que tampoco se configuró el desconocimiento del precedente
invocado, pues de la motivación de la providencia cuestionada no se evidenciaba que
el Tribunal hubiera confundido las figuras del reajuste pensional, la indexación y los
intereses moratorios ni el momento en que cada una de ellas se causa; por el
contrario, consideró que tales conceptos fueron debidamente tenidos en cuenta al
definir el mandamiento de pago.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 11 de junio de 202615
mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación16

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que interpretó
de manera equivocada el objeto de la controversia constitucional, pues centró el
análisis en la compatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios, cuando el
verdadero debate consistía en establecer si la liquidación contenida en la Resolución
No. 0847 de 2020, tomada como fundamento del mandamiento de pago, incorporaba
efectivamente la indexación del capital o únicamente el reajuste anual de las mesadas
pensionales.

Sostuvo que el juez constitucional dio por demostrado, sin efectuar una verificación
material, probatoria o aritmética, que el capital reconocido ya se encontraba indexado,
pese a que el ejercicio de liquidación aportado por la parte actora evidenciaba que la
suma de $102.271.955 correspondía exclusivamente al valor de las mesadas
reajustadas, mientras que el capital indexado ascendía a $122.264.363,88.

Asimismo, reiteró que la sentencia impugnada mantuvo la confusión entre las figuras
del reajuste pensional, la indexación y los intereses moratorios, al asumir que la
pretensión consistía en incorporar estos últimos dentro del capital de la obligación,
cuando el reproche formulado desde la demanda ejecutiva se limitó a reclamar la
indexación de las mesadas previamente reajustadas hasta la ejecutoria de la
sentencia.

Agregó que el fallo omitió explicar las razones fácticas, jurídicas y aritméticas por las
cuales concluyó que el capital ya se encontraba indexado, sin confrontar la liquidación
efectuada por la entidad con el cálculo presentado por la accionante ni precisar la
fórmula o los índices utilizados para arribar a esa conclusión.

15 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
16 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 11 de junio de 2026

través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 17
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

6
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Insistió en que la decisión desconoció el precedente judicial invocado, al no justificar
suficientemente por qué tuvo por indexado el capital objeto de ejecución.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

En el caso bajo examen, si bien se alude en la tutela a las providencias de primera y
segunda instancia mediante las cuales se libró mandamiento de pago en el proceso
ejecutivo con radicado 18001-33-33-002-2014-00513-00/02, el análisis de este
mecanismo se circunscribirá únicamente a la decisión adoptada por el tribunal
accionado, al ser la que puso fin a la discusión planteada.

Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o
confirma la sentencia del 28 de mayo de 2026 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, para lo cual deberá resolver el siguiente problema
jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, vulneró los
derechos fundamentales de la actora, con ocasión del auto del 16 de diciembre
de 2026 que confirmó la decisión del 19 de marzo de 2025 dictada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, dentro del
procedo ejecutivo identificado con radicado 18001-33-33-002-2014-00513-02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su procedencia.19

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

7
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4 Relevancia constitucional

La Sala anticipa que revocará la decisión del a quo, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción constitucional, dado que la controversia propuesta por la
señora Bienvenida Josefa Ricardo Mejía no tiene relevancia constitucional, puesto que
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202220.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de

20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para

21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.

9
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Demandante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5,
administrado por AVAL FIDUCIARIA S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, y otro
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definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27. (Resaltado de la
Sala)

2.5. Caso concreto

La parte accionante considera que sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, fueron vulnerados con
ocasión del auto del 16 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, mediante el cual, confirmó el proveído del 19
de marzo de 2025 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, que libró mandamiento de pago a cargo de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.

En su criterio, la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo al interpretar
erróneamente los artículos 53 de la Constitución Política y 187 del CPACA, pues se
consideró improcedente el reconocimiento concurrente de la indexación y los
intereses moratorios dentro del proceso ejecutivo. Asimismo, sostuvo que la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta el precedente fijado en la sentencia T-255 de
2013 de la Corte Constitucional y en las sentencias del 30 de abril de 202028 y del 10
de diciembre de 202429 del Consejo de Estado.

En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque concluyó que no
se configuraban los yerros alegados por el accionante contra la providencia enjuiciada.

Para sustentar su determinación, señaló que el Tribunal Administrativo del Caquetá
no desconoció los artículos 53 de la Constitución Política y 187 del CPACA, en la
medida en que tuvo en cuenta el reajuste anual y la indexación al determinar el valor
por el cual se libró el mandamiento de pago. Asimismo, estimó que tampoco se
configuró el desconocimiento del precedente invocado, pues de la motivación de la
decisión censurada no se evidenciaba una confusión entre las figuras del reajuste
pensional y la indexación ni respecto del momento en que cada una de ellas se causa;
por el contrario, advirtió que tales conceptos fueron considerados al momento de librar
el mandamiento de pago.

Sin embargo, en el escrito de impugnación, el Fondo iteró que la providencia
cuestionada incurría en los vicios aludidos, por lo que insistió en que se acceda al
amparo.

Frente a lo planteado, la Sala advierte que la controversia propuesta por la parte
accionante se contrae a expresar su desacuerdo con la interpretación efectuada por
el Tribunal Administrativo del Caquetá acerca del alcance de la liquidación que sirvió
de fundamento para librar el mandamiento de pago y de las figuras del reajuste
pensional, la indexación y los intereses moratorios.

27 Ibid.
28 Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: No. 25000234200020140130201 (231917)
29 Ejecutivo. Radicación: 76001-23-33-000-2016-00521-03 (5805-2024).

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Aunque el actor insiste en que el capital reconocido no incorporó la indexación prevista
en el artículo 187 del CPACA y que dicha circunstancia no fue verificada por los jueces
de conocimiento ni por el a quo constitucional, tales planteamientos evidencian una
discrepancia con la solución jurídica adoptada y con la valoración realizada en el
proceso ejecutivo, mas no la existencia de una decisión arbitraria, irrazonable o
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico que comporte la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

En este sentido, la Sala no avizora un argumento sólido que demuestre la transgresión
de sus garantías constitucionales que permitan superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; y (ii) no se observa afectaciones a derechos fundamentales como el debido
proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y
contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso ejecutivo.

Valga recordar que lo expuesto por la tutelante no deviene de la alegación sobre un
actuar de la autoridad accionada que haya transgredido el acceso a la administración
de justicia, toda vez que no dirigió su argumentación a demostrar el desconocimiento
del trámite procesal adelantado, del cual pudiera derivarse una vulneración del debido
proceso.

En este sentido, es evidente que la controversia planteada por la accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte que la administración de
justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia
en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar
sus decisiones vía tutela.

De otro lado, respecto del precedente constitucional que, según la parte actora, fue
desconocido por el tribunal accionado y que fue reseñado en el sustento de la
presunta vulneración; se indica que dicho cargo tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto la sentencia T-255 de 2013 corresponde a una
acción de tutela, cuyos efectos son inter partes y por lo cual, no constituyen
precedente para el tribunal accionado.

Asimismo, en relación con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado invocada, se
advierte que, aunque identificó las sentencias30, que, en su criterio, fueron
desatendidas por el tribunal omitió desarrollar la carga argumentativa mínima

30 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. 30 de

abril de 2020. Radicación: No. 25000234200020140130201 (231917), y Consejo De Estado Sala De
Lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B. 10 de diciembre de 2024
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00521-03 (5805-2024).

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necesaria para estructurar el cargo, pues no precisó la (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia

Por tanto, se resalta que el juez de tutela no puede realizar nuevamente el análisis
que respaldó la providencia proferida por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en
cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

Se precisa que los cargos, al enmarcarse en tutela contra providencia judicial, exige
con mayor énfasis que se ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de
forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Conforme lo expuesto, se revocará el fallo del 28 de mayo de 2026 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo y, en su
lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo invocado, para en
su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el Fondo de
Capital Privado Cattleya – Compartimiento 5 contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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