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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03511-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03511-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03511-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03511-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
LA ENTIDAD ACCIONADA DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR
LA PARTE ACTORA.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante Consejo.
2
En adelante Dirección.

2

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Actor: LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental de petición, el cual estima vulnerado por el CONSEJO

y la DIRECCIÓN, por cuanto, presuntamente, no ha recibido una

respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió el 25

de marzo de 2026, en la que pidió información respecto de su historia

laboral.

I.2.- Hechos

Señaló que se vinculó al servicio de la Rama Judicial desde antes del

1o. de enero de 2013, desempeñando sucesivamente como

sustanciador nominado y profesional especializado grado 33, en el

Consejo de Estado.

Mencionó que durante ese período percibió mensualmente la

bonificación judicial creada por el Decreto núm. 383 de 2013, la cual

no fue reconocida como factor salarial.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la DIRECCIÓN, con el fin de obtener el

reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la

liquidación de las prestaciones sociales.

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Actor: LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO

Aseveró que las pretensiones de demanda resultaron favorables, por

lo que, para hacer efectiva la condena a su favor, el pasado 25 de

marzo de 2026 radicó vía correo electrónico ante las accionadas

derecho de petición solicitando unos documentos relacionados con su

historia laboral.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela

de la referencia no había recibido respuesta clara y de fondo por parte

de las accionadas, circunstancia que vulnera flagrantemente su

derecho fundamental de petición.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Tutelar el derecho fundamental de petición de LUIS
CAMILO MARTÍNEZ TORO, vulnerado por la inacción de la Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

SEGUNDA: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo, dé respuesta de fondo, clara, precisa y congruente al
derecho de petición radicado el 25 de marzo de 2026 (código
EXTDEAJ26- 25168), remitiendo al accionante la documentación
solicitada, a saber: (i) kardex laboral desde 2013 a la fecha; (ii)
certificado de cargos desempeñados; (iii) certificación sobre situación
actual en nómina; y (iv) certificación sobre el ingreso de la novedad
de bonificación judicial.

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TERCERA: Cualquier otra medida que el honorable Tribunal estime
procedente para hacer efectivo el amparo del derecho fundamental
invocado […]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN señaló que mediante Oficio núm.

DEAJRHO26-1620 de 12 de mayo de 2026, la Unidad de Talento

Humano emitió respuesta al actor y le adjuntó las certificaciones

solicitadas y, además, le informó de la inclusión de la novedad de la

sentencia relacionada con la bonificación judicial.

Mencionó que la citada respuesta y sus anexos fueron remitidos al

actor en la misma fecha a los correos electrónicos

mluiscamilo@gmail.com y lmartinezt@consejodeestado.gov.co.

Por lo tanto, infirió que al emitir una respuesta completa, clara y de

fondo, en el asunto se configuró la carencia actual de objeto por

hecho superado.

I.5.2.- El CONSEJO solicitó ser desvinculado del presente trámite

constitucional, por cuanto la vulneración de los derechos

fundamentales invocados por el actor no deviene de una acción u

omisión que le sea atribuible.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el CONSEJO solicitó ser desvinculado de la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el CONSEJO fue vinculado como

accionado al presente trámite constitucional, en atención a que el

actor formuló pretensiones en su contra, la Sala denegará la solicitud

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,

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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor instauró la acción

de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental

de petición, el cual estima vulnerado por el CONSEJO y la

DIRECCIÓN, por cuanto al parecer no ha recibido una respuesta de

fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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25 de marzo de 2026, en la que solicitó documentos relacionados con

su historia laboral.

Los disensos del actor radican en que hasta la fecha de la

presentación de la acción de tutela de la referencia, no había recibido

respuesta clara y de fondo por parte de las accionadas.

Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala

hará mención del marco legal del derecho fundamental de petición,

para luego abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos

4
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno

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de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 5 se

5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación con las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

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respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a

realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el actor

presentó, vía electrónica, la petición objeto de la solicitud de amparo

el 25 de marzo de 2026, a través de la cual pidió lo siguiente:

“[…] Bogotá D.C. 25 de marzo de 2026

Señores
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
gruposentencias@deaj.ramajudicial.gov.co
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co

Radicado: 11001333502820170028402
Demandante: Luis Camilo Martínez Toro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Derecho de Petición - Solicitud de Documentos

Cordial saludo,

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LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1130615879, actuando en nombre propio como
extremo procesal del expediente de referencia y como de la manera
más atenta y respetuosa, haciendo uso del derecho de petición
consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia
como derecho fundamental, regulado por la Ley 1755 del 30 de
junio del 2015, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
5 ,13 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, me permito
manifestar lo siguiente: […]

En virtud de lo expuesto de la manera más respetuosa me permito
solicitar las siguientes:

PRETENSIONES

Me sean remitidos por vía digital los siguientes documentos con el
fin de realizar la respectiva verificación y la validación de la historia
laboral dentro de la entidad.

1. Kardex de LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO desde el año 2013 y
hasta la fecha.

2. Certificado de los cargos desempeñados por el señor LUIS
CAMILO MARTÍNEZ TORO durante su tiempo laboral en la
entidad.

3. Certificación de talento humano donde indique si LUIS CAMILO
MARTÍNEZ TORO se encuentra activo en nómina o retirado y a
partir de qué fecha.

4. Certificación expedida por talento humano donde indique si a la
fecha ya se ingresó la novedad de bonificación en nómina de mi
titularidad. Teniendo en cuenta que en la actualidad desempeño el
cargo de Magistrado Auxiliar […]”. (Destacado pertenece al texto).

Así mismo, se observa que la DIRECCIÓN al contestar la demanda

informó que la solicitud presentada por el actor fue atendida por la

Unidad de Talento Humano, de la siguiente manera:

• A través del Oficio núm. DEAJRHO26-1620 de 12 de mayo de

2026, el cual fue notificado debidamente en esa misma fecha

a los correos electrónicos suministrados por el actor, estos

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son, mluiscamilo@gmail.com y

lmartinezt@consejodeestado.gov.co.

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En consecuencia, para la Sala es evidente que la DIRECCIÓN a

través de la Unidad de Talento Humano, otorgó respuesta a la

solicitud del actor el 12 de mayo de 2026, esto es, estando en

trámite la presente acción constitucional6, razón por la que se

advierte que las circunstancias fácticas que generaron la presunta

vulneración fueron atendidas por la DIRECCIÓN.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

6
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de mayo de 2026. Índice núm. 2 aplicativo de
consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026035
11001100103

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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»7. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”8. (Se resalta).

7
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
Ibídem.

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En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la accionante, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”9.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto, toda vez que

la solicitud presentada por el actor ya fue atendida, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 14 abril de 2016, Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00061-
01(AC).

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19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03511-00
Actor: LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.

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20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03511-00
Actor: LUIS CAMILO MARTÍNEZ TORO

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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