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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03521-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03521-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 8 Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0352 1 -00 Primero. NEGAR la acción de tutela que instauro el señor Segundo Ignacio Gerenas Quitian. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03521-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03521-00
Accionante: Segundo Ignacio Gerenes Quitian
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Tema: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad. Proceso ejecutivo. Reconocimiento y pago de horas extras,
compensatorios e intereses. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Segundo Ignacio Gerenes
Quitian, mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados con las providencias del 6 de octubre de 2022 y del 29 de enero de 2026,
proferidas dentro del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-42-000-2021-00153-
00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 28 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E declaró la nulidad de los actos demandados y condenó al
Distrito Capital- Secretaría de Gobierno- Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá a que liquide horas extra, diurnas y nocturnas,
compensatorios, festivos y dominicales y recargo ordinario nocturno que hubiere
laborado el actor, entre otros valores. El 6 de mayo de 2015, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B confirmó la decisión de primera instancia.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0352 1 -00

Que el 24 de septiembre de 2021, el Tribunal libró mandamiento de pago parcial en
favor del ejecutante, omitiendo el reconocimiento de los compensatorios por exceso
de horas extra, conforme con el literal c del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de
1978, y las sentencias de recaudo respecto al reconocimiento de las horas extra
nocturnas y la liquidación de intereses, conforme al artículo 177 del CCA. El 6 de
octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó
dicha providencia.

Que el 1.° de marzo de 2023, pidió adición, aclaración y corrección de la providencia
del 6 de octubre de 2022, el 29 de enero de 2026, la Subsección accionada negó
de plano la solicitud.

Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos i) fáctico, por
valorar de forma errónea las sentencias que se ejecutan y en las cuales se ordenó
el reconocimiento de horas extras diurnas y nocturnas, compensatorios y los
intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA; y, ii) sustantivo, por indebida
interpretación de los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 del Decreto 1042 de 1978.

También desconoció los fallos de tutela del 10 de junio de 2021 1 y del 9 de
septiembre de 20212, donde se dio aplicación al literal e del artículo 36 del Decreto
Ley 1042 de 1978, es decir, se reconocieron los descansos compensatorios por
exceso de horas extras a razón de un día hábil por cada 8 horas extras, que exceden
el límite establecido en el literal d ibidem.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos las
providencias del 6 de octubre de 2022 y del 29 de enero de 2026, proferidas dentro
del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-42-000-2021-00153-00 [01]; y, en
consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva
decisión, donde acate los argumentos expuestos en esta acción.

TRÁMITE PROCESAL

El 11 de mayo de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos D.C., como terceros con interés; y se ordenó
notificar a las partes y al vinculado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B adujo que en las
providencias cuestionadas se precisó que el reconocimiento de las horas extras
nocturnas no podía determinarse sin la verificación de la planilla de turnos laborados

1 Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01379-00, consejero ponente Luis
Alberto Álvarez
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 11001-03-15-000-2021-05248-00, consejero

ponente Gabriel Valbuena Hernández

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por el accionante, según la cual prestaba turnos de 24 horas y descansaba otras
24; en la misma parte decisoria de la sentencia de primera instancia se estableció
que se debían deducir los días de descanso remunerado, por lo que el mandamiento
ejecutivo resulta coherente con las sentencias base de recaudo.

Explicó que de la lectura de la sentencia que constituye el título ejecutivo también
se desprende que el pago de los compensatorios estaba condicionado a la
deducción de los días de descanso por exceder la máxima jornada laboral permitida.

Por lo anterior, concluyó que no existía contradicción entre el mandamiento de pago
y las sentencias que comportan el título ejecutivo, ya que se calcularon las horas
extras (que en este caso correspondían a las diurnas) y no se advirtió deuda alguna
respecto de los compensatorios, en atención a los descansos remunerados que
disfrutó el accionante.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela, ya que se pretende utilizar
como una instancia adicional, para reabrir un debate jurídico en torno al
mandamiento de pago.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos D.C., guardó
silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0352 1 -00

fundamentales 3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20054. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»5

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada6.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela8.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el actor estima que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, con las providencias del 6 de octubre de
2022 y del 29 de enero de 2026, al incurrir en los defectos i) fáctico, por valorar de
forma errónea las sentencias que se ejecutan y en las cuales se ordenó el
reconocimiento de horas extras diurnas y nocturnas, compensatorios y los intereses
moratorios conforme al artículo 177 del CCA; y, ii) sustantivo, por indebida
interpretación de los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 del Decreto 1042 de 1978.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-072 de 2018.

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La Subsección observa que la acción de tutela contra las providencias cuestionadas
cumplen con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia
constitucional, en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en los defectos citados y el accionante argumentó
suficientemente la solicitud; b) el actor no cuenta con otro medio de defensa para
discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción
se instauró el 7 de mayo de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación del auto que resolvió la solicitud de aclaración, adición o corrección,
efectuada mediante mensaje de datos enviado el 4 de febrero del año en curso; d)
se identificaron claramente los hechos y los derechos vulnerados; y e) la tutela no
se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

La Subsección accionada en el auto del 6 de octubre de 2022 citó apartes de la
sentencia que constituye el título ejecutivo y dijo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E libró mandamiento de pago por la
suma de $50.312.035 por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos
dominicales; $83.357.075 por intereses moratorios causados desde la ejecutoria de
la sentencia hasta el 31 de julio de 2021 y, por los intereses que se generen desde
el 1o de septiembre de 2021 hasta la fecha en que se dé cumplimiento a la decisión.

En auto del 29 de enero de 2026, la autoridad judicial accionada precisó que como
la demanda ejecutiva se presentó el 25 de febrero de 2021, la norma aplicable para
la liquidación de la condena y la determinación de los intereses corrientes y
moratorios son las leyes 1437 de 2011, 1564 de 2012 y 2080 de 2021.

Aunado a lo anterior señaló que, si bien en la providencia del 6 de octubre de 2022
no se resolvió sobre el reconocimiento de las horas extras nocturnas y los
compensatorios por exceso de horas extras, lo cierto es que esa autoridad encontró
que el mandamiento de pago estuvo acorde con la orden judicial contenida en el
título judicial.

La autoridad judicial accionada aclaró que la Subsección A de la Sección Segunda
de la corporación ha precisado que el juez de segunda instancia no tiene la
obligación de revisar de manera integral las liquidaciones efectuadas en primera
instancia, sino que el recurrente debe proponer reproches específicos y no replicar
los valores de la demanda.

En relación con las horas extras, la Subsección accionada dijo que revisado el auto
que libró mandamiento de pago observa que en dicha providencia se aseveró que
no había claridad en el título, acerca de la cantidad de horas diurnas y nocturnas,
por lo que se recurrió a la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015, donde
se dispuso que solo es posible conceder 50 horas extras diurnas al mes.

Adujo que el actor en la apelación se limitó a reiterar que conforme a las planillas y
desprendibles de pago se generó un total de capital indexado de $197.388.518, en
el que incluyó las horas extras nocturnas (25 por mes) por $40.544.732, porque el

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fallo de primera instancia ordenó ese emolumento; sin embargo, no desvirtuó la
consideración del Tribunal de que solo era procedente conceder las horas diurnas,
con base en la sentencia antes citada.

Expuso que aunque en el fallo de primera instancia se dispuso liquidar las horas
extras diurnas y nocturnas, los compensatorios, festivos, dominicales y recargo
ordinario nocturno, se ordenó explícitamente con fundamento en los artículos 33,
35, 36 y 39 del Decreto 1042 de 1978 «deduciendo para tal efecto los días de
descanso remunerado, mientras que la regulación de las horas nocturnas se
encuentra prevista en el artículo 37 del mencionado Decreto».

Precisó que en la sentencia de segunda instancia se estableció que las horas extras
no fueron pagadas por la entidad demandada, al haber adoptado el sistema de pago
de recargos, que para su reconocimiento se debía tener en cuenta el límite que
consagra el artículo 36 literal d del Decreto 1042 de 1978, el cual determina que no
se puede pagar más de las cincuenta (50) horas extras mensuales, en armonía con
el literal e del mismo artículo.

Consideró que para el reconocimiento de las horas extras nocturnas se debe
verificar la planilla de turnos laborados por el accionante, de la cual se desprende
que prestaba turnos de veinticuatro (24) horas y descansaba otras veinticuatro (24).
Dado que en la sentencia de primera instancia se estableció que se debían deducir
los días de descanso remunerado, además, de las vacancias, licencias, permisos y
demás emolumentos estimó que el mandamiento ejecutivo era coherente con las
sentencias de recaudo.

En cuanto a los compensatorios por exceso de horas extras a razón de un día por
cada ocho (8) horas en exceso de las cincuenta (50) horas mensuales, advirtió que
en el mandamiento de pago se precisó que dicho emolumento ya fue reconocido
por la entidad demandada, «pues como se indica en la sentencia objeto de
ejecución, el actor prestaba el servicios (sic) por turnos de 24 horas y descansaba
por otras 24, lo que implica que no hay lugar a su compensación en dinero».

Indicó que en la sentencia que constituye el título ejecutivo se ordenó cancelar los
compensatorios, lo cual quedó condicionado al descuento de los días de descanso
remunerados, es decir, a la verificación de las planillas de turnos, situación que fue
corroborada por el Tribunal tanto en el proceso ordinario como en el ejecutivo.

Con base en lo expuesto, la Subsección accionada consideró que no existe
contradicción entre el mandamiento ejecutivo y las sentencias que comportan el
título ejecutivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que en las providencias
cuestionadas la Subsección B de la Sección Segunda de la corporación valoró en
debida forma las sentencias que constituyen el título ejecutivo, lo que le permitió
concluir que i) el título no era claro en cuanto a la cantidad de horas diurnas y

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nocturnas que se debían liquidar, por lo que tuvo que recurrir a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015, y con base en ello
justificó la exclusión de las horas extras nocturnas; ii) no hay deuda pendiente por
concepto de compensatorios, pues de la verificación de la planilla de turnos se
evidenció que laboró por el sistema de turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas
de descanso; y, iii) la liquidación de los intereses no se realiza con base en el CCA,
sino en las leyes 1437 de 2011, 1564 de 2012 y 2080 de 2021.

En ese orden, no le asiste razón al actor cuando alega que la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico por no valorar en debida forma el título
ejecutivo, pues como bien se mencionó dichas providencias fueron analizadas e
interpretadas de manera racional.

De igual forma, se evidencia que la Subsección accionada interpretó en debida
forma los artículos 33, 35, 36 y 39 del Decreto 1042 de 1978 y los analizó conforme
a las pruebas que obraban en el expediente, lo que le permitió dilucidar que al actor
no le asiste derecho al pago de las horas extras nocturnas y los compensatorios.

En los fallos de tutela que cita el actor como desconocidos se estudió la violación
del derecho al debido proceso y la omisión del principio de la cosa juzgada, debido
a que el juez ordinario aplicó las reglas fijadas en la sentencia del 12 de febrero de
2015 proferida por el Consejo de Estado, para establecer el monto adeudado por
concepto de compensatorios por exceso de horas extras, situación que el juez
constitucional estimó que desborda el margen propio del proceso ejecutivo y reabre
un debate que ya fue zanjado en el proceso ordinario.

Sobre el particular, la Sala evidencia que si bien las decisiones citadas tratan sobre
el reconocimiento y pago de horas extras y compensatorios por exceso de horas
extras, lo cierto es que no hay identidad de sustentos fácticos y jurídicos, pues en
este caso, el actor no discutió, en el recurso de apelación contra el mandamiento de
pago o en esta acción, el hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y la autoridad judicial aquí accionada hubieran
recurrido a la sentencia del 12 de febrero de 2015, para pronunciarse sobre el
reconocimiento de las horas extras, motivo por el cual no es un precedente
vinculante en el asunto y, por ende, no existe tal desconocimiento.

En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
alegados ni cualquier otro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0352 1 -00

Primero. NEGAR la acción de tutela que instauro el señor Segundo Ignacio
Gerenas Quitian.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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