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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03526-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03526-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio del 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Nurvis de la Ossa Meza. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Nurvis de la Ossa Meza Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2026-03526-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03526-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03526-01
Accionante: NURVIS DE LA OSSA MEZA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Tema: Tutela contra providencia judicial — Confirma improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 19 de junio del 2026 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por medio de auto del 11 de mayo del 20262, el a quo admitió la acción
constitucional y mediante providencia del 18 de agosto del 20263 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela

1. El 7 de mayo del del 2026, la señora Nurvis de la Ossa Meza, actuando
en nombre propio, instauró acción de tutela en contra de la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud
de amparo, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la
«Remuneración mínima vital y móvil, Estabilidad en el empleo, Primacía de la
realidad, Situación más favorable y de Los beneficios mínimos laborales no se
pueden negociar ni renunciar».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 005 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que también se dispuso la vinculación como

terceros con interés del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital
de Salud.
3 Índice 034 de Samai. La providencia del 19 de junio del 2026 se notificó el 30 de julio siguiente y la

impugnación se radicó el 3 de agosto de la presente anualidad, la cual se concedió mediante auto del 18
del mismo mes y año.

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Accionante: Nurvis de la Ossa Meza
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03526-01

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 7 de noviembre del 2025, proferida por la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
revocó la providencia del 16 de junio del 2025 dictada por el Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había accedido a las
pretensiones. Esto, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado 11001-33-35-017-2022-00152-00/01, en el
que se pretendió la declaratoria de una relación laboral encubierta.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. proteger el derecho fundamental a Remuneración mínima vital y móvil,
Estabilidad en el empleo, Primacía de la realidad, Situación más favorable y
de Los beneficios mínimos laborales no se pueden negociar ni renunciar
consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional tal como me fue
reconocido en el fallo de primera instancia.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 07 de noviembre de 2025.

3. Ordenar nueva decisión judicial valorando integralmente las pruebas 4.

1.2. Hechos

4. La señora Nurvis de la Ossa Meza demandó en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho al Distrito Capital de Bogotá –
Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, en el que
pretendió que se reconozca la existencia de un contrato realidad y se le paguen
los emolumentos respectivos.

5. En primera instancia, el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia del 16 de junio del 2025 accedió parcialmente a las
pretensiones al encontrar acreditados los elementos para la configuración de la
relación laboral encubierta. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la parte
demandante y demandada.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, a través de fallo del 7 de noviembre del 2025, revocó la decisión
del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones, al considerar que no se acreditó
el elemento de la subordinación porque las labores que desempeñó «giraron en
torno al cumplimiento de algunas funciones asignadas a las dependencias en las
que prestó sus servicios» y no se encontró un cargo con el cual sus obligaciones
se pudieran equiparar.

7. En ese sentido, se determinó que «(i) no allegó prueba diferente a las
certificaciones contractuales para acreditar las condiciones en las que cumplió
sus actividades en los periodos que estuvo en la Subdirección de Inspección,
Vigilancia y Control de Servicios de Salud; y (ii) con relación a los periodos en los

4 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.

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Sección Segunda, Subsección E
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que se desempeñó como profesional especializada en la segunda instancia de la
oficina de Asuntos Jurídicos, se denotó la existencia de una coordinación de
actividades».

1.3. Sustento de la vulneración

8. La accionante argumenta que se incurrió en un defecto fáctico por no
valorar los testimonios pedidos por la parte demandante, con los que se acreditó
de manera inequívoca la subordinación, pues, solo le dio valor probatorio al
testimonio de la contraparte. La Sala precisa que, de la lectura del expediente,
se abstrae que la actora refiere que no se valoró el testimonio del señor Abraham
Baquero Luna.

9. Agregó que el tribunal sostuvo en la sentencia cuestionada lo siguiente:

De los testimonios e interrogatorio de parte recaudados, se tiene que la SDS
dispuso de un puesto de trabajo en sus instalaciones para que la señora de
la Ossa Meza llevara a cabo sus actividades contractuales. A su vez, obra
en el plenario un acta de entrega de bienes por parte de la Subdirección
Bienes y Servicios de la SDS, en la cual, para el año 2019, a la demandante
le fue suministrado un monitor, una CPU, teclado, mouse y una silla.

No obstante, a pesar de las afirmaciones realizadas por la actora y el testigo
Abraham Baquero Luna relacionadas con la obligación de cumplir un horario
y asistir a las instalaciones de la entidad, del registro de ingreso y salida
aportado por la demandada, el cual no fue tachado por la demandante, se
puede extraer que la señora de la Ossa Meza no acreditó que ejecutó sus
labores bajo dichas condiciones, tal y como lo señaló el testigo Julio Cesar
Lozano Mier.

10. Sin embargo, cuestiona cuál es el motivo o finalidad de entregarle un
monitor, una CPU, un teclado, un mouse y una silla, sino es otra que cumplir con
los horarios de trabajo y estar bajo subordinación de un jefe, al que le rendía
informes, le exigía resultados, corregía trabajos y tenía un estricto control de las
actividades que realizaba la actora.

11. En consecuencia, refirió que se desconoció el precedente de la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 al incurrir en una vía de hecho por omisión
probatoria, al ignorar «los documentos que demuestran órdenes y cumplimiento
de horarios, prefiriendo testimonios aislados, quebrantó el deber de valoración
integral de la prueba».

1.4. Intervenciones

12. El Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
su desvinculación toda vez que el proceso ordinario se adelantó con estricta
sujeción a los términos, principios y reglas previstos en el ordenamiento jurídico
y se garantizó los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad procesal y de defensa y contradicción. Agregó que no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
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intervención del juez constitucional, así como tampoco la configuración de una
actuación omisiva, dilatoria o negligente atribuible al despacho.

13. La Secretaría Distrital de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó
que se niegue la solicitud de amparo, al no cumplir con los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judicial, toda vez la
actora no invocó ninguna de las causales y su pretensión principal es reabrir el
debate probatorio y jurídico, a pesar de existir cosa juzgada. Además, indicó que
la acción de tutela es improcedente por falta de los requisitos de subsidiariedad
por no agotar el recurso extraordinario de revisión y por falta de inmediatez.

14. Posteriormente, solicitó en varios memoriales que se le envié copia del
fallo de tutela, en tanto no era posible descargarlo de Samai.

15. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca pidió que se niegue el amparo. Para tales efectos, explicó que
se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negaron las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
porque, una vez valorados los testimonios, el interrogatorio y las pruebas
documentales aportadas, se concluyó que la señora Nurvis de la Ossa Meza no
prestó sus servicios en las mismas condiciones que narró en los supuestos
fácticos de la demanda. En relación con la no valoración del testimonio del señor
Abraham Baquero Luna, señaló que sí fue valorado:

contrario a lo aseverado por la accionante, el testimonio del señor Abraham
Baquero Luna si fue valorado; sin embargo, su dicho relacionado con la
exigencia del cumplimiento de un horario y obligatoria asistencia a las
instalaciones de la entidad fue desvirtuado con el registro de ingreso y salida
de la señora De la Ossa Meza, el cual acredita que al menos desde el 2 de
junio de 2017 al 15 de octubre de 2021, no prestó sus servicios en las
referidas condiciones.

Vale aclarar que durante los primeros 4 años de la relación contractual (del
2008 al 2012) la accionante en su interrogatorio de parte aseguró que prestó
sus servicios desde su domicilio, por lo que tampoco se podía inferir la
ejecución de sus labores en las mentadas circunstancias.

Lo anterior quiere decir, que de un análisis integral de la prueba documental
referida junto al testimonio del señor Julio Cesar Lozano Mier, quien sostuvo
que la asistencia de la señora De la Ossa Meza a las instalaciones de la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá no era obligatoria como tampoco el
cumplimiento de un horario, se pudo concluir que a la hoy accionante no le
fue impuesto el acatamiento de una jornada laboral.

16. Sumado a lo anterior, manifestó que la actora no probó la existencia de un
control efectivo en el ejercicio de sus funciones, sino una concertación de criterios
cuando se le solicitaba la corrección de productos. Por tanto, indicó que ni el
tiempo que duró la vinculación contractual, ni la asignación de un puesto de
trabajo, son razones suficientes para que se hubiera accedido a sus
pretensiones.

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17. Finalmente, refirió que la actora indicó que se desconoció una sentencia
de unificación del 9 de septiembre del 2021 del Consejo de Estado, pero no
expuso las razones por las que considera que la providencia cuestionada se
apartó de las reglas fijadas en aquella. Por tanto, considera que los reproches de
la actora muestran una inconformidad con lo decidido y pretende usar la tutela
como una instancia adicional.

1.5. Sentencia de primera instancia

18. Mediante fallo del 19 de junio del 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por no superar el requisito de la relevancia constitucional ya que, el actor
muestra una inconformidad con lo decidido y pretende reabrir el debate legal y
probatorio ya zanjado por el juez natural de la causa.

19. Lo anterior, porque, de la revisión del expediente del proceso ordinario, se
advierte que el tribunal accionado sí valoró integralmente el material probatorio,
particularmente, respecto del elemento de subordinación, y concluyó que este no
se acreditó.

20. Finalmente, señaló que no se evidenció un desconocimiento del
precedente de la Corporación o de la Corte Constitucional, pues, se realizó un
estudio sobre la subordinación o dependencia del trabajador.

1.6. Impugnación

21. La parte accionante impugnó la decisión al considerar que la autoridad
judicial accionada erró al declarar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional porque no pretende reabrir el debate legal y probatorio, sino poner
de presente que se incurrió en defecto fáctico por la falta de valoración integral
de las pruebas determinadas y de una motivación insuficiente respecto de la
revocatoria de la sentencia favorable de primera instancia, lo que compromete su
derecho al debido proceso.

22. Dijo que enunció el defecto, la incidencia en sus derechos fundamentales
y que cumplió con la carga argumentativa necesaria. También refirió que es
equivocada la conclusión relativa a que el tribunal analizó integralmente el
material probatorio porque, estas deben estudiarse conforme a las reglas de la
sana crítica.

23. Argumentó que «no sostuvo que el Tribunal hubiera interpretado
equivocadamente un testimonio aislado ni pretendió que el juez constitucional
sustituyera la valoración realizada por el juez natural. Lo que alegó fue que la
providencia cuestionada no efectuó una valoración integral del acervo probatorio,
pues examinó determinados medios de convicción de manera fragmentada y
omitió integrar en un solo análisis los elementos relativos a la continuidad de la
prestación del servicio, las funciones efectivamente desempeñadas, la

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supervisión ejercida y los demás indicios de subordinación que, apreciados
conjuntamente, habían servido de fundamento a la sentencia favorable de
primera instancia».

24. Asimismo, reprochó la conclusión adoptada frente al desconocimiento del
precedente constitucional, pues aclaró que su censura no consistió en que el
tribunal hubiera omitido citar la jurisprudencia sobre el contrato realidad, sino en
que no aplicó la regla jurisprudencial que exige valorar integralmente el material
probatorio para determinar la existencia de una relación laboral encubierta y que,
además, se apartó del precedente de la Corte Constitucional (sin citar ninguna
sentencia)5 que exige que se haga una carga de transparencia.

25. Aunado a lo anterior, señaló que en la tutela cuestionó que el tribunal no
hubiera motivado suficientemente las razones por las que los elementos
probatorios que llevaron al a quo a acceder a las pretensiones, «dejaban de
conducir a esa misma conclusión al resolver la apelación. Por consiguiente, la
sentencia recurrida no podía limitarse a verificar la existencia de citas
jurisprudenciales, sino que debía examinar si la regla decisoria derivada del
precedente fue realmente aplicada al caso concreto».

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala confirmará la decisión de primera instancia dictada el 19 de junio
del 2026, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora, motivo por
el que se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de la
relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

27. En la impugnación se manifestó que se incurrió en un defecto de decisión
sin motivación suficiente. Sin embargo, como este reproche no se planteó en el
escrito de tutela, la Sala no lo analizará, toda vez que el accionado y vinculados
no pudieron pronunciarse frente al mismo.

2.2. Caso concreto

5 «La sentencia impugnada concluyó que no se configuró el desconocimiento del precedente constitucional

porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo referencia a la jurisprudencia relacionada con el
contrato realidad y el elemento de subordinación. Con el debido respeto, esa conclusión no responde al
cargo formulado en la demanda de tutela. La accionante nunca sostuvo que el Tribunal hubiera omitido citar
la jurisprudencia constitucional. El reproche consistió en afirmar que, aun haciendo referencia a
determinados precedentes, la providencia cuestionada no aplicó de manera suficiente la regla
jurisprudencial (ratio decidendi) que exige valorar integralmente el acervo probatorio para determinar si
existió una verdadera relación laboral. La Corte Constitucional ha reiterado que el precedente judicial tiene
carácter vinculante y que el juez que decide apartarse de la regla previamente fijada debe asumir una carga
reforzada de transparencia y suficiencia argumentativa. No basta con mencionar una sentencia; es
indispensable explicar por qué la regla allí establecida no resulta aplicable o por qué existe una razón
constitucional suficiente para apartarse de ella. En el presente asunto, la tutela cuestionó precisamente que
la sentencia del Tribunal, según lo expuesto en la demanda, no ofreció una motivación suficiente para
explicar por qué los elementos probatorios que llevaron al Juzgado de primera instancia a reconocer la
existencia del contrato realidad dejaban de conducir a esa misma conclusión al resolver la apelación […]».

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La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

28. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

30. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

31. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

32. La Sala advierte que la señora Nurvis de la Ossa Meza está legitimada en
la causa por activa al ser la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. De igual manera, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está legitimado en la
causa por pasiva porque fue la autoridad judicial que profirió la sentencia que se
cuestiona en esta acción constitucional.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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33. Además, se observa que el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá solicitó su desvinculación y el a quo constitucional no lo resolvió. En
ese sentido, la Sección negará su solicitud, al ser la autoridad judicial que resolvió
la primera instancia del proceso ordinario y, en consecuencia, le asiste un interés
en las resultas del caso sub examine.

34. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretenden reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

35. Revisado integralmente el expediente, la Sala advierte que, a juicio de la
accionante, se incurrió en un defecto fáctico porque se omitió valorar el testimonio
del señor Abraham Baquero Luna, con el que se acreditaba la subordinación
laboral, elemento para que se configure una relación laboral encubierta. También
cuestionó que el tribunal hubiera referido que el haberle dado monitor, una CPU,
un teclado, un mouse y una silla no probaba dicho carácter, toda vez que, para
ella, la entrega de estos materiales no podía ser otra que la de cumplir horario y
estar bajo la supervisión y subordinación de su jefe, a quien le debía rendir
informes y él le exigía resultados, le pedía corregir trabajos y tenía un estricto
control sobre sus actividades.

36. En ese orden de ideas, para la Sala, como lo concluyó el a quo
constitucional, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, porque la señora Nurvis de la Ossa Meza pretende
controvertir el análisis probatorio que efectuó la autoridad judicial accionada de
los medios probatorios y, en particular, el valor que le otorgó al testimonio del
señor Abraham Baquero Luna, para desestimar la conclusión de que no se
acreditó el elemento de la subordinación.

37. Aunado a lo anterior, tal como se consignó en el acápite de sustento de la
vulneración, la accionante ni siquiera refirió el nombre del testigo, sino que la Sala
lo infirió de la revisión del expediente.

38. Adicionalmente, si bien la tutelante indicó que se desconoció el precedente
de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado, lo
hace para señalar que incurrió «en una vía de hecho por omisión probatoria», es
decir, como parte de la argumentación del defecto fáctico. Sin embargo, si se
tiene como un reproche independiente, tampoco se cumple con la carga mínima

10 Sentencia SU-215 de 2022.

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argumentativa, toda vez que no expuso en qué consiste la similitud fáctica y
jurídica entre ambos casos, ni la regla de derecho aplicable. Aunado a ello, de
analizarse el cargo solo como desconocimiento del precedente, la accionante no
indica en forma alguna por qué el recurso extraordinario de unificación no sería
idóneo y eficaz en este caso y, en esa medida, por qué ello debería ser resuelto
por el juez de tutela.

39. En tales términos, se evidencia que la parte accionante más allá de
proponer un debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía
constitucional, en realidad, expone su discrepancia con el análisis probatorio que
efectuó la Subsección E de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en consecuencia, con lo decidido en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Esto desborda la naturaleza de la acción
de tutela contra providencias judiciales y da cuenta de su improcedencia.

40. Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius-fundamental.

2.3. Conclusión

41. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
proferida el 19 de junio del 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio del 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Nurvis de la Ossa
Meza.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

9
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Accionante: Nurvis de la Ossa Meza
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03526-01

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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