RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03541-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03541-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03541-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo respecto de la POLICÍA NACIONAL, la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y los MINISTERIOS DE CULTURA y AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 102 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00 Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia, ORDENAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, al EJÉRCITO NACIONAL, a los DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA y CÓRDOBA, a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, a las UNIDADES PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y NACIONAL DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, den respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo solicitado por el señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS el 25 de febrero de 2026. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 103 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00 Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03541-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

TESIS: DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO DE LA
POLICÍA NACIONAL, EL MINISTERIO DE CULTURA, LA AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. DECLARA
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
FRENTE A LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA. AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN Y ORDENA AL MINISTERIO DEL INTERIOR, AL
EJÉRCITO NACIONAL, A LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y
CÓRDOBA, A LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, A LAS
UNIDADES PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS Y NACIONAL DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL
ORDEN, AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DAR RESPUESTA DE FONDO,
COMPLETA, CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE CON LO
SOLICITADO POR EL ACTOR EN LA SOLICITUD DE 25 DE
FEBRERO DE 2026.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el

señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS contra los MINISTERIOS

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

DEL INTERIOR, CULTURA, AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL y DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL y

EJÉRCITO NACIONAL, los DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA

y CÓRDOBA, las AGENCIAS NACIONALES DE TIERRAS1 y DE

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO2, la SOCIEDAD DE

ACTIVOS ESPECIALES3, las UNIDADES PARA LA ATENCIÓN

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS4 y NACIONAL

DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN5, el

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR6, la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por

los MINISTERIOS DEL INTERIOR, CULTURA, AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL y DEFENSA NACIONAL - POLICÍA

1
En adelante la ANT.
2
En adelante la ANDJE.
3
En adelante la SAE.
4
En adelante la UARIV.
5
En adelante la UNDMO.
6
En adelante el ICBF.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

NACIONAL y EJÉRCITO NACIONAL, los DEPARTAMENTOS DE

ANTIOQUIA y CÓRDOBA, la ANT, la ANDJE, la SAE, la UARIV,

la UNDMO, el ICBF, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por cuanto, presuntamente, no

ha recibido respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que

les envió el 25 de febrero de 2026, en la que pidió información sobre

el “[…] procedimiento de desalojo en contexto de ocupación por

comunidad indígena […]”.

I.2 Hechos

Sostuvo que el 25 de febrero de 2026 radicó derecho de petición

ante las entidades accionadas, consistente en que se le facilitara

“información sobre el procedimiento de desalojo en contexto de

ocupación por comunidad indígena”.

Indicó que dicha petición la dividió en dos bloques, de la siguiente

manera:

I) Un conjunto de “[…] preguntas madre […]” o generales

dirigidas a todas las entidades respecto de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

lineamientos, las rutas institucionales, el enfoque

diferencial y coordinación y,

II) Un bloque de preguntas específicas e individualizadas

para cada entidad, atendiendo estrictamente a sus

competencias funcionales exclusivas.

Destacó que recibió los siguientes números de radicación a las

peticiones:

A. Departamento de Córdoba (Rad. 202620003160).

B. Ministerio del Interior (Id: 712322).

C. ANT (Rad. 202662000556392).

D. Procuraduría General de la Nación (Rad. E-2026-098317).

E. Defensoría del Pueblo (Rad. RUP: 40709163 / IRIS:

202650200101042152).

F. Ejército Nacional (Rad. 1292017).

G. Ministerio de Cultura (Rad. MC08858E2026).

H. SAE (Rad. 20261300390642).

I. Ministerio de Agricultura (Rad. 2026-313-003634-2).

J. Consejo Superior de la Judicatura (CENDOJ) confirmó recepción

y redireccionó el trámite internamente.

Advirtió que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA como

respuesta a su solicitud, mediante comunicación de 17 de marzo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

de 2026, informó que debido a situaciones de orden público con

la minga indígena, solicitaba ampliación de términos, para lo cual

se comprometió a allegar respuesta de fondo a más tardar el 30

de marzo de este año, sin que a la fecha haya emitido

pronunciamiento alguno.

Afirmó que la POLICÍA NACIONAL mediante oficios núms. GS-

2026-009358-SEGEN y GS-2026-001902-CODEH de 1o. de abril

de 2026, dio una respuesta difusa, pues aun cuando proporcionó

un contexto general y normativo de derechos humanos e hizo

alusión a algunos procedimientos, omitió contestar punto por

punto a las preguntas específicas formuladas en el acápite

correspondiente a la institución, utilizando respuestas genéricas

que evaden la especificidad técnica.

Adujo que el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL a través del radicado núm. 2026-420-007369-1 de 10 de

abril de 2026, contestó la solicitud dando evasivas, pues al

plantearle escenarios específicos sobre la suspensión o

coordinación previa, se limitó a señalar que no era posible emitir

un pronunciamiento de forma general, omitiendo dar respuesta de

fondo a la petición.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Finalmente, destacó que transcurridos más de dos meses, las

demás entidades accionadas han guardado silencio, incurriendo

de esta forma en una flagrante vulneración de su derecho

fundamental de petición.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición

invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Gobernación de Antioquia,
SAE, ANT, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas
(UARIV), Gobernación de Córdoba, ICBF, UNDMO, Ejército
Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura,
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación,
Consejo Superior de la Judicatura y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado que, en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
del fallo, emitan una respuesta de fondo, clara, suficiente y
punto por punto frente a los cuestionamientos generales y
específicos radicados el 24 de febrero de 20267.

TERCERO: ORDENAR a la Policía Nacional y al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, COMPLEMENTEN las respuestas emitidas
en los oficios del 1 de abril y 10 de abril de 2026,
respectivamente.

Esta complementación deberá evacuar punto por punto y de
manera concreta y no evasiva el cuestionario específico que
les fue formulado en el documento original […]”.

I.4. Defensa

7
El derecho de petición fue radicado mediante correo electrónico el 24 de febrero de 2026 a las
8:31 p.m, por lo que se entenderá por presentado al día siguiente, esto es, el 25 de ese mes y este
año.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

I.4.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó que se declare la carencia

actual de objeto por hecho superado, toda vez que dio respuesta

de fondo a la petición presentada por el actor mediante las

comunicaciones núms. GS-2026-009358-SEGEN y GS-2026-

001902-CODEH de 1o. de abril de 2026; además, con el ánimo de

generar mayor claridad frente a los interrogantes planteados

procedió a contestarla punto por punto mediante Oficio núm. GS-

2026-01306-SEGEN de 13 de mayo de este año, lo cual fue

notificado al correo electrónico del demandante.

I.4.2.- La SAE informó que mediante Oficio núm.

20263100092961 de 12 de mayo de 2026 dio respuesta a la

solicitud elevada por el actor, detallando punto por punto sus

planteamientos, por lo que no ha incurrido en vulneración del

derecho fundamental de petición invocado y se debe declarar la

carencia actual de objeto por hecho superado.

I.4.3.- El MINISTERIO DE CULTURA afirmó que mediante Oficio

de 13 de abril de 2026, brindó una respuesta oportuna, clara y

completa a cada uno de los puntos expuestos en el derecho de

petición, la cual fue debidamente notificada al actor, por lo que no

ha vulnerado derecho fundamental alguno y solicitó que se declare

o se deniegue el amparo deprecado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

I.4.4.- La ANDJE adujo que en Oficio núm. 202610002066 de 11

de marzo de 2026, dio respuesta a la petición del actor, por lo que

solicitó que se deniegue el amparo solicitado, máxime cuando dio

respuesta de fondo, clara y congruente y la misma fue recibida de

conformidad con lo certificado por la empresa 4-72.

I.4.5.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través

de la PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN DE

ANTIOQUIA solicitó ser desvinculada del presente trámite, toda

vez que no se evidencia la vulneración alegada.

Sumado a ello, allegó el Oficio núm. 03464 de 19 de marzo de

2026, mediante la cual la PROCURADURÍA DELEGADA PARA

ASUNTOS ÉTNICOS, dio respuesta a la petición del actor.

I.4.6.- La ANT indicó que revisada la base de datos de la entidad,

pudo evidenciar que efectivamente la petición se encuentra a

cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos, para lo cual la requirió

sin haber obtenido respuesta alguna.

Por tal motivo, solicitó que se amplíe el término otorgado para dar

respuesta al requerimiento, a fin de proyectar una contestación de

fondo frente a la solicitud del actor.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

I.4.7.- El MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL sostuvo que no es de tal acierto que hubiese emitido una

respuesta evasiva, insuficiente o carente de pronunciamiento

material, pues, por el contrario, mediante Oficio de 10 de abril de

2026, emitió contestación formal, individualizada y motivada

frente a cada uno de los interrogantes planteados por el actor.

En ese orden de ideas, solicitó que se declare la carencia actual

de objeto por hecho superado, comoquiera que dio respuesta a la

petición, por lo que no se advierte vulneración alguna al derecho

fundamental de petición.

I.4.8.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO manifestó que en Oficio

núm. 202600401301524971 de 17 de abril de 2026, dio respuesta

al actor de forma clara y completa a los interrogantes planteados,

lo que evidencia que se configura la carencia actual de objeto por

hecho superado o, en su defecto, se deniegue el amparo

deprecado.

I.4.9.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL solicitó que se

declare improcedente la acción de tutela de la referencia por

configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado,

comoquiera que el 19 de marzo de 2026, dio traslado de la petición

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

al director de la Policía Nacional y al jefe de Estado Mayor conjunto

de las Fuerzas Militares, comoquiera que la actuación

administrativa en el marco de procedimientos de desalojos es

propia de la institución policial.

Adujo que la POLICÍA NACIONAL brindó respuesta a las

preguntas elevadas por el actor mediante Oficio núm. GS-2026-

009358-SEGEN de 31 de marzo de 2026, así como el EJÉRCITO

NACIONAL en Oficio núm. 2026-00008108C01 de 28 de abril de

este año.

Sumado a lo anterior, destacó que mediante radicado núm.

RS20260514107678 de 14 de este mes y año, de manera

individualizada, dio respuesta a las preguntas que le fueron

dirigidas.

I.4.10.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA informó

que mediante Oficio núm. PCSJO26-586 de 21 de mayo de 2026

dio respuesta a la petición del actor, por lo que solicitó que se

declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla
fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

En este punto se advierte que dicha entidad fue vinculada al

presente trámite constitucional, con fundamento en que vulneró

el derecho fundamental de petición del actor, por lo que le asiste

interés en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala

denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 8. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Caso concreto

En el presente caso, el señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS,

actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual,

a su juicio, le fue vulnerado por los MINISTERIOS DEL

INTERIOR, CULTURA, AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL y DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y

EJÉRCITO NACIONAL, los DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA

y CÓRDOBA, la ANT, la ANDJE, la SAE, la UARIV, la UNDMO,

el ICBF, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN y el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, toda vez que, presuntamente, a la fecha de

presentación de la acción de tutela de la referencia, no ha recibido

respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió el

25 de febrero de 2026, en la que pidió información sobre el “[…]

procedimiento de desalojo en contexto de ocupación por comunidad

indígena […]”.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la parte

demandada vulneró el derecho fundamental invocado por el

accionante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Revisados los anexos de la demanda, se advierte que el 25 de

febrero de 2026 el actor presentó derecho de petición ante las

entidades accionadas, para la cual formuló preguntas generales y

específicas para cada una de ellas.

Como contexto de la situación explicó que se tiene conocimiento

de un inmueble rural inscrito a nombre de la SAE, respecto del

cual no se evidencia, según la información pública y registral

consultada, acto administrativo que disponga su incorporación,

constitución, ampliación o saneamiento como parte de un

resguardo indígena legalmente constituido, ni titularidad registral

atribuida a comunidad indígena alguna.

Sin embargo, que en el 2025 una comunidad indígena reconocida

ocupó pacíficamente el inmueble rural administrado por la SAE,

alegando que hace parte de su territorio ancestral, sin que exista

información pública que acredite formalmente su incorporación a

un resguardo indígena mediante acto administrativo. Afirmó que

la ocupación no habría obedecido a procesos de desplazamiento,

retorno, reubicación o cumplimiento de orden judicial, y en el

predio permanecen familias indígenas con presencia de sujetos de

especial protección constitucional. Alegó que tampoco se tiene

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

noticia de mecanismos institucionales de diálogo intercultural,

concertación o verificación territorial posteriores a la ocupación.

Frente a estos hechos, sostuvo que una Inspección de Policía

habría adelantado proceso verbal abreviado por perturbación a la

posesión conforme lo establece la Ley 1801 de 2016, culminando

con orden de desalojo actualmente pendiente de ejecución. Sin

embargo, existe incertidumbre sobre el cumplimiento de garantías

reforzadas de debido proceso, enfoque diferencial étnico,

caracterización de la población y valoración de la posible

naturaleza territorial del conflicto. La situación evidencia una

tensión entre la administración estatal del inmueble y la

reclamación ancestral indígena, lo que podría exceder el ámbito

policivo y requerir intervención de autoridades agrarias o étnicas

especializadas, especialmente ante los riesgos de afectación a

derechos fundamentales, conflictividad social y alteraciones del

orden público derivados de una eventual ejecución de desalojo.

Por lo expuesto, presentó una serie de “preguntas madre” para

todas las entidades, tal como se transcribe a continuación:

“[…] 1) Preguntas “MADRE” (PARA TODAS LAS ENTIDADES)

A. Documentos y lineamientos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

1. Indique si esa entidad cuenta con protocolos, manuales,
guías, circulares, instructivos, rutas, formatos o cualquier
documento interno aplicable a procedimientos de
desalojo/desocupación cuando se ve involucrada una comunidad
indígena o población étnica.
2. En caso afirmativo, relacione cada documento (nombre
completo, fecha, acto de adopción, dependencia responsable,
vigencia) y anexe copia o indique enlace oficial.
3. Si no existe protocolo específico, informe qué lineamientos
generales aplica y qué normatividad usa como referencia.
B. Ruta antes–durante–después
4. Describa, paso a paso, la ruta de actuación de su entidad
ANTES de una diligencia de desalojo con comunidad indígena
(verificaciones, caracterización, coordinación, requisitos
mínimos).
5. Describa la ruta DURANTE la diligencia (roles, presencia
institucional, medidas de protección, registro/actas, manejo de
crisis).
6. Describa la ruta DESPUÉS de la diligencia (seguimiento,
restablecimiento de derechos, monitoreo, reportes, medidas
para evitar reocupación, etc.).
C. Enfoque diferencial étnico y especial protección
7. Indique cuáles son las medidas mínimas de enfoque
diferencial étnico que esa entidad exige o recomienda
(interlocución con autoridades tradicionales, facilitación
intercultural, intérprete, respeto a usos y costumbres, medidas
de no estigmatización, etc.).
8. Indique cómo se garantiza la protección de NNA, mujeres
gestantes, adultos mayores, personas con
discapacidad/enfermedad, y la unidad familiar.
9. Señale si existe matriz de riesgos o metodología para evaluar
riesgo de vulneración de derechos y orden público.
D. Coordinación interinstitucional
10. Indique con qué entidades debe articularse obligatoriamente
(Alcaldía/Inspección, Ministerio Público, MinInterior, ANT, ICBF,
salud, etc.), y si existe mesa/comité o canal formal de
coordinación.
11. Precise quién convoca, quién lidera, y qué actas o planes
deben elaborarse (plan humanitario, plan operativo,
caracterización, etc.).
E. Evidencia, trazabilidad y rendición de cuentas
12. Indique qué documentos deben quedar en expediente:
actas, listados, caracterización, registro audiovisual, inventario
de bienes, rutas activadas, etc.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

13. Señale cuáles son los mecanismos de quejas, control interno,
auditoría y seguimiento (y a dónde se reporta).
F. Capacitación
14. Indique si hay capacitaciones obligatorias para funcionarios
(DDHH, enfoque diferencial étnico, uso de la fuerza, niñez) y
aporte el plan o malla si existe.
G. Competencia
15. Precise el alcance de competencia de su entidad en estos
casos y, si aplica, indique a qué entidad corresponde lo no
cubierto […]”.

Sumado a ello, frente a la POLICÍA NACIONAL, solicitó

expresamente lo siguiente:

“[…] 8. POLICÍA NACIONAL

Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Policía Nacional
informar:
A. Intervención en ejecución de órdenes policivas
1. Indique cuál es el rol institucional de la Policía Nacional cuando
una Inspección de Policía ordena la ejecución material de una
diligencia de desalojo.
2. Precise si la Policía puede ejecutar un desalojo sin que exista
un plan interinstitucional previamente definido.
3. Señale cuál es la cadena de mando y quién asume la
responsabilidad operativa durante este tipo de procedimientos.
B. Uso de la fuerza en desalojos
4. Indique cuáles son los protocolos vigentes aplicables al uso
de la fuerza en el marco de diligencias administrativas de
desalojo.
5. Precise cuáles son los criterios técnicos para determinar:
o nivel de intervención,
o despliegue de personal,
o uso de dispositivos de control,
o empleo de armas menos letales.
6. Señale si existen restricciones especiales cuando se trate de
comunidades indígenas o población en condición de especial
protección constitucional.
7. Indique si la sola resistencia pasiva puede justificar el uso de
la fuerza física o dispositivos de dispersión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

C. Protección de población vulnerable
8. Precise cómo garantiza la Policía Nacional la protección de:
o niños, niñas y adolescentes,
o mujeres gestantes,
o adultos mayores,
o personas con discapacidad, durante una diligencia de desalojo.
9. Indique si existe obligación de coordinar previamente con
ICBF y autoridades de salud antes de ejecutar la orden.
D. Enfoque diferencial étnico
10. Indique si la Policía Nacional cuenta con lineamientos
específicos para intervención en procedimientos que involucren
comunidades indígenas.
11. Precise si el personal desplegado recibe capacitación
obligatoria en:
• enfoque diferencial étnico,
• derechos humanos,
• interculturalidad.
12. Señale si se exige interlocución previa con autoridades
tradicionales antes de iniciar la diligencia.
E. Registro y rendición de cuentas
13. Indique qué documentación debe producirse en una
diligencia de desalojo:
• actas,
• informe operativo,
• reporte de uso de la fuerza,
• registro audiovisual.
14. Precise cuáles son los mecanismos de control interno y
disciplinario frente a eventuales excesos en el uso de la fuerza.
15. Señale si existe obligación de remitir copia del informe a
Procuraduría o Defensoría del Pueblo.
F. Coordinación institucional
16. Indique cuál es el procedimiento de coordinación entre
Policía Nacional y:
• Alcaldía,
• Inspección de Policía,
• Gobernación,
• Ministerio Público,
• ICBF,
• Ministerio del Interior, en estos escenarios.
17. Precise si la Policía puede abstenerse de ejecutar una orden
cuando advierta riesgo inminente de vulneración grave de
derechos fundamentales.
G. Límites competenciales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

18. Precise expresamente el alcance de la competencia de la
Policía Nacional en el marco de actuaciones administrativas de
desalojo.
19. Indique si la Policía tiene facultad para evaluar la legalidad
material de la orden antes de ejecutarla o si su actuación es
estrictamente instrumental.
20. Señale la dependencia responsable dentro de la Policía
Nacional para responder este tipo de asuntos y los canales
institucionales de coordinación […]”.

Para dar respuesta a lo anterior, dicha institución mediante

oficios núms. GS-2026-009358-SEGEN y GS-2026-001902-

CODEH de 1o. de abril de 2026, informó respecto de las

preguntas específicas lo siguiente:

“[…] De acuerdo a los interrogantes 1, 2, 3, me permito indicar
lo siguiente:

1. Rol institucional.
Acompañamiento y seguridad durante la ejecución material de
la orden, sin asumir funciones decisorias.
2. ¿puede ejecutar sin plan interinstitucional?
La Policía no lidera planes interinstitucionales y puede
abstenerse de intervenir cuando advierta ausencia de
condiciones mínimas para la protección de derechos
fundamentales.
3. Cadena de mando y responsabilidad.
Comandante de la unidad: jefe del servicio designado, quien
asume la responsabilidad operativa.
[…]
De acuerdo a los interrogantes 4, 5, 6 y 7, me permito expresar
lo siguiente:
4. Protocolos vigentes
Procedimiento 1CS-PR-0006 y reglamentos institucionales de
uso de la fuerza (Resolución 04240 del 2025 “Por la cual se
desarrolla el modelo para el Uso Diferenciado y Proporcional de
la Fuerza en la Policía Nacional”).
5. Criterios Técnicos
Contexto del riesgo, comportamiento de la multitud y evaluación
permanente de proporcionalidad.
6. Restricciones especiales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Si. En comunidades indígenas y población protegida rige un
estándar reforzado de protección.
7. Resistencia pasiva
La resistencia pasiva no justifica por si sola el uso de la fuerza
física ni de dispositivos de dispersión.
[…]
De acuerdo a los interrogantes 8 y 9, me permito indicarle lo
siguiente:
8. Garantías: activación de policía de infancia y adolescencia y
coordinación con entidades competentes.
9. Coordinación con ICBF y salud: si, cuando se identifique
población vulnerable.
[…]
De acuerdo a los interrogantes 10, 11 y 12, me permito informar
lo siguiente:
10. Lineamientos específicos
Derivados del enfoque de derechos humanos y del carácter
pluriétnico (Resolución 04240 del 2025)
11. Capacitación
El personal recibe formación obligatoria en derechos humanos y
enfoque diferencial.
12. Interlocución previa
Se propicia interlocución con autoridades tradicionales, cuando
sea posible.
[…]
De acuerdo a los interrogantes 13, 14 y 15, me permito indicar
lo siguiente:
13. Documentación
Órdenes de servicio, actas, informe operativo, reporte de uso de
la fuerza y registro audiovisual cuando corresponda.
14. Control disciplinario
Oficina de Control Interno Disciplinario y Procuraduría General.
15. Remisión a Ministerio Público
Obligatoria cuando haya uso de la fuerza o presunta afectación
a derechos.
[…]
De los interrogantes 16 y 17, me permito informar lo siguiente:
16. Procedimiento de coordinación
Siempre liderado por la autoridad que ordena la diligencia, con
participación de la Policía Nacional.
17. Abstención de ejecución
La Policía Nacional puede abstenerse de intervenir si advierte
riesgo grave e inminente de vulneración de derechos
fundamentales.
[…]
De acuerdo a los interrogantes 18, 19 y 20, me permito indicarle
lo siguiente:
18. Alcance
Función preventiva, material y de acompañamiento.
19. Evaluación de legalidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

La Policía verifica requisitos formales y constitucionales
mínimos, sin evaluar el fondo del acto administrativo.
20. Dependencia responsable
Comandos de Regiones, Metropolitanas, Departamentos de
Policía y comandantes de estación y/o subestación.

Respecto del MINISTERIO DE CULTURA, se advierte que el

actor presentó, además de las peticiones generales, las

siguientes:

“[…] 11. MINISTERIO DE CULTURA
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita al Ministerio de Cultura
informar:

A. Protección de derechos culturales
1. Indique si el Ministerio de Cultura ha emitido lineamientos o
políticas orientadas a la protección de los derechos culturales de
comunidades indígenas en escenarios donde decisiones
administrativas puedan afectar su permanencia territorial.
2. Precise si el Ministerio considera que un procedimiento de
desalojo que involucre una comunidad indígena puede generar
afectación a su identidad cultural colectiva.
3. Señale si existen directrices institucionales para prevenir
afectaciones al patrimonio cultural material o inmaterial en
contextos de conflicto territorial.
B. Salvaguarda del patrimonio cultural
4. Indique si el Ministerio cuenta con mecanismos para
identificar si en el área objeto de controversia existen bienes,
prácticas o manifestaciones culturales susceptibles de protección
especial.
5. Precise si el Ministerio puede emitir conceptos técnicos cuando
una actuación administrativa pueda afectar expresiones
culturales tradicionales.
6. Señale si existe coordinación con el Ministerio del Interior o
con autoridades indígenas para evaluar posibles impactos
culturales antes de ejecutar medidas administrativas.
C. Enfoque intercultural
7. Indique si el Ministerio de Cultura ha desarrollado
herramientas o guías para incorporar un enfoque intercultural en
actuaciones del Estado que involucren comunidades indígenas.
8. Precise si dichas herramientas son de obligatorio
cumplimiento para entidades territoriales o si tienen carácter
orientador.
9. Señale si el Ministerio participa en espacios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

interinstitucionales cuando se presentan conflictos territoriales
con comunidades indígenas.
D. Coordinación con entidades territoriales
10. Indique si el Ministerio articula con Gobernaciones o Alcaldías
la implementación de medidas preventivas cuando puedan
generarse impactos culturales derivados de actuaciones
administrativas.
11. Precise si existe protocolo para acompañamiento técnico en
casos donde se alegue afectación cultural colectiva.
E. Competencia y límites
12. Precise el alcance de la competencia del Ministerio de Cultura
frente a actuaciones administrativas de desalojo.
13. Indique si el Ministerio puede recomendar medidas
preventivas o de mitigación cuando advierta riesgo de afectación
a derechos culturales.
14. Señale la dependencia específica dentro del Ministerio
encargada de asuntos relacionados con pueblos indígenas y
protección cultural […]”.

Dicha cartera ministerial dio respuesta a lo anterior mediante

Oficio de 13 de abril de 20269, en el que informó al actor lo

siguiente:

“[…] 1. Preguntas “MADRE” (PARA TODAS LAS ENTIDADES)

A. Documentos y lineamientos
[…]
Respuesta: El Ministerio no tiene competencia directa para
adelantar ni decidir procedimientos de desalojo o desocupación,
incluso cuando hay comunidades indígenas o poblaciones étnicas
involucradas, en razón a lo anterior; no contamos con
protocolos, manuales, guías, circulares, instructivos, rutas,
formatos o cualquier documento interno aplicable a dichos
procedimientos.
[…]
Respuesta: Los desalojos en Colombia suelen ser competencia
de las Autoridades administrativas locales (alcaldías,
inspecciones de policía), Autoridades judiciales (jueces) y en
algunos casos, entidades como la Policía Nacional, estos
procedimientos normalmente se rigen por normas de policía,
urbanismo, propiedad y derechos fundamentales.
[…]

9
Notificado al actor a través de Servicios Postales Nacionales S.A.S. el 13 de abril de 2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Respuesta: El Ministerio puede intervenir solo en aspectos
culturales y patrimoniales, por ejemplo: en la Protección del
patrimonio cultural material o inmaterial, Salvaguardia de
prácticas culturales de comunidades étnicas y Conceptos
técnicos cuando un territorio o bien tenga valor cultural
reconocido, pero no decidimos sobre la procedencia del desalojo.
B. Ruta antes–durante–después
[…]
Respuesta: La competencia del Ministerio frente a una diligencia
de desalojo que involucre a una comunidad indígena es indirecta,
preventiva y de garantía cultural, no de orden público ni policivo,
es decir; no ejecuta ni ordena desalojos, pero sí tiene funciones
clave para proteger los derechos culturales y étnicos que pueden
verse afectados, actuando únicamente como garante cultural y
asesor técnico, su ruta de atención antes de una diligencia de
desalojo en algunos casos específicos podría ser la Activación de
medidas de protección cultural, Articulación interinstitucional,
Incidencia en la consulta previa y Protección del patrimonio
cultural.

Cuando hay comunidades indígenas o étnicas, entran otras
autoridades con competencias más claras: El Ministerio del
interior; es la entidad clave en estos casos, a través de la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; Emite
lineamientos de consulta previa (obligatoria cuando una medida
afecta comunidades indígenas) teniendo como base jurídica el
Convenio 169 de la OIT, también define protocolos de
relacionamiento con comunidades étnicas e interviene cuando
hay afectación a territorios o derechos colectivos, además tiene
un rol importante en la Certificación de presencia de
comunidades étnicas y Coordinación de procesos de consulta
previa, la Defensoría del Pueblo; vigila la protección de derechos
fundamentales y puede intervenir para evitar vulneraciones en
desalojos y la Corte Constitucional; ha establecido reglas
estrictas sobre desalojos de comunidades vulnerables (debido
proceso, reubicación, enfoque diferencial, etc.) entonces, para
este tipo de poblaciones el procedimiento debe considerar:

• Derecho a la consulta previa (si hay afectación directa)
• Protección reforzada de derechos fundamentales
• En algunos casos, medidas de reubicación digna
• Enfoque diferencial y respeto a la identidad cultural
[…]
Respuesta: Durante el desalojo, el Ministerio actúa como
observador técnico especializado en cultura, Defensor del
patrimonio y prácticas culturales en tiempo real y Actor de
presión institucional para evitar daños irreversibles, Su
presencia puede ser clave para: Frenar actuaciones
desproporcionadas, Introducir el enfoque étnico y Generar
soporte jurídico para suspensiones posteriores.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

[…]
Respuesta: Después de una diligencia de desalojo que involucra
a una comunidad indígena, la competencia del Ministerio se
centra en un rol correctivo, de evaluación, reparación cultural y
garantía de no repetición, no interviene sobre la legalidad del
desalojo en sí, pero sí sobre sus efectos culturales, actuando
como: Evaluador del daño cultural, Diseñador de medidas de
salvaguardia, Soporte técnico para la reparación integral y
Promotor de garantías de no repetición.

Su intervención podría ser clave para que el impacto no se
reduzca a lo material, sino que se reconozca la dimensión
espiritual, simbólica y cultural del territorio indígena.

C. Enfoque diferencial étnico y especial protección
[…]
Respuesta: El Ministerio no tiene un “protocolo único obligatorio”
específico para desalojos, pero sí ha construido lineamientos y
estándares mínimos de enfoque diferencial étnico que deben ser
observados por las autoridades cuando una actuación (como un
desalojo) puede afectar a pueblos indígenas, estas medidas se
desprenden de su función de salvaguardia cultural y de normas
como el Convenio 169 de la OIT y la Ley 397 de 1997.

Las medidas mínimas que el Ministerio impulsa pueden
resumirse en cuatro ejes:

• Reconocer el territorio como espacio cultural
• Garantizar participación y consulta previa
• Proteger prácticas, saberes y objetos culturales
• Aplicar precaución y proporcionalidad reforzada
[…]
Respuesta: La protección se garantiza mediante un bloque
reforzado de derechos fundamentales, enfoque diferencial étnico
y deberes operativos concretos para las autoridades, no es
opcional; es una obligación constitucional y convencional
respaldada por la Corte Constitucional de Colombia.
[…]
Respuesta: Sí existen metodologías y herramientas tipo “matriz
de riesgos”, pero en Colombia no hay una única matriz oficial y
obligatoria para desalojos con comunidades indígenas. Lo que
existe es un conjunto de metodologías institucionales que, en la
práctica, deben integrarse para evaluar los riesgos, la obligación
real es hacer una evaluación integral de riesgos que incluya:
Derechos fundamentales, Enfoque étnico y Orden público.

D. Coordinación interinstitucional
[…]
Respuesta: Las Entidades con articulación obligatoria (Núcleo
mínimo) que deben intervenir o ser convocadas son:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

1. Ministerio del interior: Consulta previa, asuntos étnicos,
enlace con autoridades indígenas.
2. Defensoría del Pueblo: Prevención y verificación de
vulneración de derechos.
3. Procuraduría General de la Nación: Control disciplinario y
vigilancia de la actuación.
4. Autoridad local: Alcaldía, Inspección de policía (quien ejecuta
el desalojo)
Entidades obligatorias según población vulnerable:
1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF);
Obligatorio si hay NNA.
1. Ministerio de Salud y Protección Social (o secretarías de
salud) Atención médica, gestantes, enfermos.
[…]
Respuesta: El convocante principal (obligatorio): es el alcalde
municipal/distrital (primera autoridad de policía) convocando
formalmente a Consejos de Seguridad y Mesas técnicas
interinstitucionales.
Como convocantes complementarios: están el Ministerio del
Interior; cuando hay componente étnico (consulta previa,
diálogo) y la Defensoría del Pueblo puede solicitar convocatoria
urgente cuando hay alerta de riesgo.
El liderazgo del proceso (macro) está en cabeza del alcalde con
la dirección general, la coordinación interinstitucional y el orden
público.
El liderazgo jurídico del desalojo: está en cabeza del inspector
de policía (o autoridad administrativa competente) responsables
del acto administrativo y la legalidad de la diligencia.
El liderazgo por componentes: En el enfoque étnico; está el
Ministerio del Interior, en la garantía de derechos; están la
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y
en el enfoque cultural; le corresponde al MinCultura, estos no
dirigen, pero sí condicionan la validez del proceso.
Planes obligatorios (mínimos exigibles): Caracterización de la
población (REQUISITO PREVIO) la cual debe elaborarse antes de
cualquier decisión, en él deben participar: El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de salud y las
Autoridades indígenas, su contenido mínimo es:
• Número de personas y familias.
• Identificación de NNA, Mujeres gestantes/lactantes, Adultos
mayores, Personas con discapacidad o enfermedad, Pertenencia
étnica y autoridades tradicionales, Condiciones de salud y
educación.

E. Evidencia, trazabilidad y rendición de cuentas
[…]
Respuesta: En un proceso de desalojo con comunidad indígena,
el expediente administrativo debe ser completo, trazable y
verificable, porque de él depende la legalidad del procedimiento
y la defensa frente a acciones (tutela, nulidad, disciplinarias).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

La Corte Constitucional Colombiana exige soporte documental
integral antes, durante y después.
A continuación, el listado mínimo exigible (organizado por
fases):
a. Documentos previos (fase de planeación)
Acto administrativo que ordena el desalojo: Resolución / auto
/decisión del inspector de policía, Soporte jurídico (querella,
proceso policivo, etc.)
Notificaciones: Notificación a la comunidad, Citaciones,
Constancias de comunicación. Debe acreditarse información
previa suficiente.

Caracterización de la población (OBLIGATORIO) Censo
detallado, Identificación de: NNA, Mujeres gestantes, Adultos
mayores, Personas con discapacidad o enfermedad,
Identificación de comunidad indígena y autoridades. Con
participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
sector salud.

Evaluación de riesgos: Riesgo de vulneración de derechos,
Riesgo de orden público, Enfoque étnico, en esta evaluación se
puede incluir insumos de la Defensoría del Pueblo y las
Autoridades locales.

Acta de Consejo de Seguridad: Análisis de viabilidad, Decisión
de ejecución y Entidades participantes.

Acta de coordinación interinstitucional: Distribución de roles y
Validación de planes.

Acta de diálogo con comunidad indígena: Participación de
autoridades tradicionales, Intentos de concertación e
Información previa.

Soporte de consulta previa (si aplica): Certificación del Ministerio
del Interior y Actas del proceso o constancia de no procedencia.

b. Planes obligatorios en el expediente
Plan humanitario (CRÍTICO): Alojamiento, alimentación, salud,
protección de NNA, unidad familiar.
Plan operativo: Cronograma, logística, fuerza pública y PMU.
Plan de contingencia: Manejo de crisis y emergencias.
Plan de manejo étnico-cultural (soporte del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes): Protección de prácticas
culturales y manejo de bienes rituales.

c. Documentos durante la diligencia
Acta de diligencia de desalojo: (OBLIGATORIA) la cual debe
incluir; Autoridad actuante, Hora y lugar, Desarrollo paso a paso,
Entidades presentes, Medidas para población vulnerable, Uso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

la fuerza e Incidentes
Registro de presencia institucional: Listados de asistencia,
firmas e identificación de funcionarios.
Registros probatorios: Fotografías, videos e informes policiales.
Constancias de atención a población vulnerable: Actuación del
ICBF, atención en salud y traslados.
d. Documentos posteriores
Informes institucionales:
• Defensoría del Pueblo: Informe de derechos humanos.
• Procuraduría General de la Nación: Seguimiento disciplinario.
• MinCultura: Informe de afectación cultural.
Reporte de ejecución del plan humanitario:
• Alojamiento efectivo
• Atención brindada
• Seguimiento
Actas de seguimiento
• Evaluación posterior
• Cumplimiento de compromisos

e. Otros documentos relevantes
• Conceptos técnicos (culturales, sociales, de salud)
• Comunicaciones entre entidades
• Alertas tempranas (si existieron)
• Decisiones judiciales (si hubo tutelas)

f. Regla probatoria: El expediente debe demostrar:
• Planeación previa
• Coordinación interinstitucional
• Protección a población vulnerable
• Enfoque étnico
• Ejecución proporcional
[…]
Respuesta: Los mecanismos están claramente distribuidos entre
control interno, control disciplinario, control fiscal y defensa de
derechos humanos. No hay un único canal: existe un sistema
escalonado que permite reportar antes, durante y después.
Quejas y denuncias (acceso directo) Derechos de petición y
quejas
administrativas, para solicitar información, denunciar
irregularidades y pedir suspensión o ajuste, estas se presentan
ante:
• Alcaldía / Inspección de Policía (autoridad que ejecuta)
• Entidades participantes
F. Capacitación
[…]
Respuesta: Si, en Colombia sí existen obligaciones de
capacitación para funcionarios que intervienen en desalojos con
(DD. HH., enfoque diferencial étnico, uso de la fuerza y niñez),
pero no hay una única “malla nacional exclusiva para desalojos”,
la exigencia surge de regímenes sectoriales obligatorios que, en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

conjunto, deben cubrir esos contenidos.
A continuación, tenemos el mapa claro de obligaciones y la malla
mínima exigible en la práctica:
Son obligatorias las capacitaciones, pero por sector, no en un
solo
programa y el incumplimiento puede generar responsabilidad
disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.
• Policía → uso de la fuerza + DD. HH, la entidad responsable de
capacitar es la Policía Nacional.
• Entidades públicas → DD. HH. y enfoque diferencial, la entidad
responsable de capacitar es el Departamento Administrativo de
la Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública
• ICBF → protección de NNA, la entidad responsable de capacitar
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
• Sector Interior/Cultura → enfoque étnico, la entidad
responsable
de capacitar es Ministerio del Interior y Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes.

F. Competencia
[…]
Respuesta: El Ministerio, no tiene competencia para adelantar ni
decidir procedimientos de desalojo o desocupación, incluso
cuando hay comunidades indígenas o poblaciones étnicas
involucradas, su intervención se limita en aspectos culturales y
patrimoniales, por ejemplo: en la Protección del patrimonio
cultural material o inmaterial, Salvaguardia de prácticas
culturales de comunidades étnicas y Conceptos técnicos cuando
un territorio o bien tenga valor cultural reconocido, pero NO
decidimos sobre la procedencia del desalojo.

11. MINISTERIO DE CULTURA

Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita al Ministerio de Cultura
informar:

A. Protección de derechos culturales
[…]
Respuesta: Sí; el Ministerio sí ha emitido y cuenta con
documentos concretos (políticas, guías, lineamientos y
resoluciones) que pueden aplicarse directamente en casos que
estén orientados a la protección de los derechos culturales de
comunidades indígenas, toda actuación administrativa es
inválida por no cumplir los lineamientos técnicos del Ministerio
en materia de salvaguardia del patrimonio cultural.
A continuación, se relaciona un listado estructurado, con
nombre, tipo de documento y utilidad jurídica específica.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

1. Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) política oficial; documento técnico del Ministerio 2009,
actualizado en desarrollo normativo (documento base más
importante), establece la obligación estatal de proteger prácticas
culturales, saberes y territorios asociados, la salvaguardia como
condición para el bienestar colectivo de las comunidades,
argumenta que cualquier decisión administrativa debe evaluar el
impacto cultural para evitar la pérdida de prácticas y saberes
ancestrales dentro de un
territorio.Politica_salvaguardia_patrimonio_cultural_inmaterial.
pdf
2. Guías oficiales del Ministerio emitidas por la Dirección de
Patrimonio para el conocimiento y la gestión del patrimonio
cultural inmaterial; donde se reconoce que este, está ligado a
las comunidades y sus territorios, establece metodologías para
la identificación de prácticas culturales, evaluación de riesgos y
diseño de salvaguardias, además sustentan la obligación de un
diagnóstico cultural previo y la participación de la comunidad
como requisito esencial. Guía conocimiento-web.indd
3. Guía práctica de Planes Especiales de Salvaguardia (PES) es
un documento técnico oficial del Ministerio que sirve como guía
para la elaboración de planes especiales de salvaguardia,
estableciendo como identificar los riesgos de una desaparición
cultural, amenazas territoriales; define las medidas de
protección y las acciones institucionales, permite argumentar
que un desalojo sin identificación de riesgos culturales y medidas
de salvaguardia viola los estándares técnicos del Ministerio.
CartillaPESWeb.pdf
4. Lineamientos para inventarios de patrimonio cultural
inmaterial (PCI) documento metodológico del Ministerio que
establece que el Estado debe conocer el valor cultural del
territorio antes de intervenir mediante una identificación
participativa de la comunidad, la construcción de acuerdos
locales y la creación de una metodología contextualizada. 01
Lineamientos de inventarios para patrimonio inmueble
2018_1.pdf
5. Programa Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural
establece los lineamientos para identificar, documentar y valorar
el patrimonio cultural, sirve como base para decisiones de
manejo, acciones de protección. Programa Nacional de
Inventario del Patrimonio Cultural
6. Instrumentos normativos clave que desarrollan estos
lineamientos. Permiten afirmar que el ministerio tiene
competencia para fijar criterios de protección cultural.
• Decreto 2941 de 2009 (PCI) Reglamenta patrimonio cultural
inmaterial (mencionado en guías)
• Decreto 2358 de 2019 Reconoce que el Ministerio define
lineamientos de salvaguardia.
Decreto 2358 de 2019 - Gestor Normativo -Función Pública
7. Resoluciones de inclusión en la Lista Representativa (LRPCI)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• Ejemplos: Resolución 1645 de 2010 / Resolución 2055 de
2010. Demuestran que el Ministerio reconoce prácticas
culturales como patrimonio y aprueba Planes Especiales de
Salvaguardia, argumenta que el Estado ya reconoce la
dimensión colectiva y territorial de la cultura.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=2
1213&utm_source=chatgpt.com
[…]
Respuesta: Sí. Aunque el Ministerio no tiene un protocolo
exclusivo para “desalojos”, su doctrina técnica y sus políticas de
salvaguardia parten de que cualquier medida administrativa que
implique separación o alteración del territorio indígena puede
afectar la identidad cultural colectiva, se considera (implícita y
técnicamente) que un desalojo puede afectar la identidad
cultural colectiva, debido a que la cultura está ligada al territorio
y el desalojo podría alterar ese vínculo generando riesgo de
desarraigo y pérdida cultural.

[…]
Respuesta: Sí. En Colombia sí existen directrices institucionales
claras por parte del MinCultura orientadas a prevenir
afectaciones al patrimonio cultural (material e inmaterial) en
contextos de conflicto territorial, aunque están dispersas en
políticas, guías técnicas y normas, no en un único protocolo
específico para “conflictos” o “desalojos”.

B. Salvaguarda del patrimonio cultural
[…]
Respuesta: Sí. El Ministerio sí cuenta con mecanismos formales
y operativos para identificar si en un área objeto de controversia
existen bienes, prácticas o manifestaciones culturales
susceptibles de protección especial. Estos mecanismos
combinan registros oficiales, metodologías técnicas y
procedimientos participativos.

A continuación, los principales:
• Inventarios del Patrimonio Cultural (principal mecanismo)
• Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI)
• Planes Especiales de Salvaguardia (PES)
• Sistema Nacional de Patrimonio Cultural
• Declaratoria de Bien de Interés Cultural (BIC)
• Conceptos técnicos del Ministerio
• Diagnósticos culturales participativos

Enfoque metodológico del MinCultura; de estos mecanismos se
desprende un estándar; la identificación debe ser participativa,
territorial e intercultural. No depende sólo de registros formales,
también reconoce patrimonio no registrado y saberes vivos; ya
que un bien o una práctica no necesita estar formalmente
inscrito para ser protegido basta con que tenga valor cultural y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

sea reconocido por la comunidad.
[…]
Respuesta: Si, el Ministerio puede emitir conceptos técnicos;
estos son pronunciamientos especializados (no jurisdiccionales)
emitidos por dependencias técnicas del Ministerio,
principalmente la Dirección de Patrimonio, mediante el cual se
analiza si en un área o situación existe valor cultural, se evalúa
el riesgo de afectación y se recomiendan medidas de protección
o salvaguardia, si es el caso.
[…]
Respuesta: Si, existe una coordinación institucional obligatoria
para evaluar impactos culturales antes de ejecutar medidas
administrativas (como desalojos) cuando hay comunidades
indígenas. No es una sola “mesa única”, pero sí un deber jurídico
de articulación previa entre entidades, especialmente con el
Ministerio del Interior y las autoridades indígenas.

C. Enfoque intercultural
[…]
Respuesta: Sí, el Ministerio ha desarrollado herramientas
concretas para incorporar enfoque intercultural, principalmente
a través de:
● Guías de gestión del patrimonio cultural
● Planes Especiales de Salvaguardia (PES)
● Lineamientos de inventarios
● Política de salvaguardia del PCI
[…]
Respuesta: En términos jurídicos, las herramientas del Ministerio
(guías PCI, PES, lineamientos de inventarios, etc.) no son, por
sí mismas, normas obligatorias en sentido estricto para las
entidades territoriales, tienen carácter principalmente
orientador.
Sin embargo, eso no significa que sean opcionales, en la
práctica, su observancia es exigible indirectamente porque
desarrollan normas y derechos de rango superior.
[…]
Respuesta: Sí, el Ministerio participa en espacios
interinstitucionales cuando hay conflictos territoriales con
comunidades indígenas, no somos la entidad que convoca o
lidera por regla general, pero interviene como actor técnico-
cultural dentro de esquemas de coordinación estatal.

D. Coordinación con entidades territoriales
[…]
Respuesta: Sí, el Ministerio sí articula con gobernaciones y
alcaldías para la implementación de medidas preventivas cuando
una actuación administrativa puede generar impactos culturales.
Esa articulación no siempre es automática ni reglada en un único
protocolo, pero sí está prevista en el Sistema Nacional de Cultura
y en los instrumentos de patrimonio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

[…]
Respuesta: No existe un “protocolo único, específico y
obligatorio” del Ministerio exclusivamente para acompañamiento
técnico en casos de afectación cultural colectiva (p. ej.,
desalojos), pero sí existe un esquema institucional claro de
acompañamiento, basado en lineamientos, guías y
procedimientos técnicos que en la práctica funcionan como un
protocolo operativo.

E. Competencia y límites
[…]
Respuesta: El alcance de la competencia del Ministerio frente a
actuaciones administrativas de desalojo es indirecto, técnico y
de garantía cultural, no de dirección ni ejecución. Es decir, no
ordena ni ejecuta desalojos, pero sí interviene para prevenir,
evaluar y mitigar impactos culturales, especialmente cuando hay
comunidades indígenas.
[…]
Respuesta: Sí. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes puede y debe recomendar medidas preventivas y de
mitigación cuando advierte riesgo de afectación a derechos
culturales en casos de desalojo o conflicto territorial, no tiene
poder para ordenar, pero sí cuenta con competencia técnica para
advertir, orientar y activar salvaguardas.
[…]
Respuesta: La dependencia más importante es la Dirección de
Patrimonio y Memoria y de manera complementaria el Grupo de
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), la Dirección de Poblaciones
y en conjunto gestionan la protección cultural indígena, emiten
conceptos técnicos y aplican enfoque diferencial, dentro del
Ministerio no existe una única dependencia exclusiva para
pueblos indígenas como tal (esa
competencia transversal se comparte con el Ministerio del
Interior) […]”.

Ahora, respecto de la ANDJE, el actor solicitó expresamente que:

“[…] 16. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado informar:

A. Prevención del daño antijurídico
1. Indique si la Agencia ha emitido lineamientos o
recomendaciones relacionadas con la prevención del daño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

antijurídico en actuaciones administrativas de desalojo que
involucren comunidades indígenas.
2. Precise si la Agencia considera que este tipo de escenarios
puede generar riesgo alto de litigio constitucional o contencioso
administrativo contra el Estado.
3. Señale si existen criterios técnicos para evaluar el riesgo
patrimonial derivado de:
o uso desproporcionado de la fuerza,
o omisión de enfoque diferencial,
o ausencia de coordinación interinstitucional,
o afectación de derechos territoriales colectivos.

B. Gestión del riesgo litigioso
4. Indique si la Agencia realiza monitoreo o seguimiento a
procesos judiciales relacionados con desalojos colectivos o
conflictos territoriales indígenas.
5. Precise si ha identificado patrones de condena o riesgo
recurrente en este tipo de litigios.
6. Señale si la Agencia ha emitido recomendaciones a entidades
públicas para mitigar el riesgo de responsabilidad estatal en
estos escenarios.

C. Lineamientos a entidades del Estado
7. Indique si la Agencia ha expedido circulares, conceptos o
guías orientadas a entidades administrativas respecto de la
necesidad de aplicar estándares reforzados de derechos
humanos en actuaciones de alto impacto social.
8. Precise si la Agencia puede emitir recomendaciones
preventivas cuando advierta riesgo jurídico elevado en un
procedimiento específico.
9. Señale si la Agencia participa en mesas interinstitucionales
cuando se proyectan actuaciones administrativas que puedan
derivar en litigio estratégico.

D. Coordinación en defensa judicial
10. Indique cuál es la ruta de coordinación entre la Agencia y
entidades como:
• SAE,
• ANT,
• Ministerio del Interior,
• Policía Nacional, cuando se presentan demandas relacionadas
con desalojos.
11. Precise si la Agencia asume directamente la defensa en
casos que involucren posible vulneración de derechos de
comunidades indígenas.

E. Análisis constitucional y convencional
12. Indique si la Agencia ha desarrollado análisis o estudios
relacionados con el estándar constitucional aplicable a
desalojos que involucren pueblos indígenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

13. Precise si la Agencia contempla dentro de sus análisis el
control de convencionalidad y estándares internacionales de
derechos humanos en esta materia.

F. Competencia y alcance institucional
14. Precise expresamente el alcance de la competencia de la
Agencia frente a actuaciones administrativas de desalojo.
15. Indique si puede intervenir preventivamente antes de que
se materialice un litigio.
16. Señale la dependencia responsable dentro de la Agencia
para atender este tipo de asuntos y el canal institucional para
elevar alertas preventivas […]”.

La ANDJE dando respuesta a lo anterior, mediante Oficio núm.

202610002066 de 11 de marzo de 202610, informó al actor lo

siguiente:

“[…] 1) Preguntas “MADRE” (PARA TODAS LAS ENTIDADES)

A. Documentos y lineamientos
[…]
Respuesta:
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informa que
no cuenta con protocolos, manuales, guías, circulares,
instructivos, rutas o formatos internos aplicables a
procedimientos administrativos de desalojo o desocupación que
involucren comunidades indígenas o poblaciones étnicas.
Lo anterior obedece a que, conforme al objeto y funciones
asignadas en el artículo 2 y en los artículos 6, 17C y 18 del
Decreto Ley 4085 de 2011, la Agencia tiene como misión
principal diseñar, orientar y coordinar la política pública de
defensa jurídica del Estado y de prevención del daño antijurídico,
así como prestar apoyo en el ciclo de defensa judicial del Estado.
En consecuencia, la Agencia no ejerce funciones administrativas
relacionadas con procedimientos de desalojo ni con la ejecución
de actuaciones policivas o administrativas sobre ocupaciones del
territorio, las cuales corresponden a otras autoridades
administrativas y territoriales.
[…]
Respuesta:

10
Respuesta remitida por Servicios Postales Nacionales S.A.S. el 11 de marzo de 2026, de
conformidad con la constancia dispuesta a índice 12 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

De conformidad con lo señalado en la respuesta anterior, la
Agencia no ha documentos institucionales específicos
comunidades sobre protocolos o expedido documentos para
procedimientos aplicables a desalojos o desocupaciones que
involucren indígenas, razón por la cual no se cuenta con
relacionar o anexar.

[…]
Respuesta:
La Agencia no aplica lineamientos específicos sobre
procedimientos de desalojo, toda vez que no es autoridad
competente para adelantar o dirigir dichas actuaciones
administrativas.
Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de sus funciones de
prevención del daño antijurídico, la Agencia promueve de
manera general el fortalecimiento de las capacidades
institucionales en materia de defensa jurídica del Estado,
incluyendo el conocimiento de estándares constitucionales y
convencionales aplicables en las actuaciones de las entidades
públicas.

B. Ruta antes–durante–después
[…]
Respuesta:
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no participa
ni interviene en la planeación, ejecución o seguimiento de
diligencias administrativas de desalojo, por lo cual no cuenta con
rutas institucionales de actuación antes, durante o después de
dichas diligencias.
Las actuaciones administrativas relacionadas con desalojos o
recuperación de bienes corresponden a autoridades
administrativas competentes, como autoridades territoriales,
autoridades policivas o entidades sectoriales según el caso.

C. Enfoque diferencial étnico y especial protección
Respuesta:
[…]
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no define ni
exige medidas operativas de enfoque diferencial en
procedimientos administrativos adelantados por otras entidades,
por cuanto no ejerce funciones de regulación, inspección, control
o ejecución de este tipo de actuaciones administrativas.
En consecuencia, la Agencia no cuenta con matrices de riesgo ni
metodologías específicas para evaluar riesgos de vulneración de
derechos en diligencias de desalojo, dado que estas actuaciones
no hacen parte de su ámbito funcional.

D. Coordinación interinstitucional
[…]
Respuesta:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no integra
instancias de coordinación operativa para la ejecución de
diligencias de desalojo o recuperación de bienes.

Su intervención institucional se circunscribe al ciclo de defensa
jurídica del Estado, particularmente en materia de asesoría,
acompañamiento o coordinación cuando se presentan procesos
judiciales o controversias que puedan afectar los intereses
litigiosos de la Nación, de conformidad con el Decreto Ley 4085
de 2011.

E. Evidencia, trazabilidad y rendición de cuentas
[…]
Respuesta:
La Agencia no administra expedientes relacionados con
diligencias administrativas de desalojo ni define los documentos
que deben reposar en dichas actuaciones, por tratarse de
procedimientos adelantados por autoridades distintas a esta
entidad.

F. Capacitación
[…]
Respuesta:
La Agencia cuenta con la plataforma educativa Comunidad
Jurídica del Conocimiento, a través de la cual desarrolla
actividades de formación dirigidas a fortalecer las capacidades
de los actores que intervienen en el ciclo de defensa jurídica del
Estado.
Dentro de esta oferta institucional se incluyen cursos,
conferencias y clases magistrales relacionadas con derechos
humanos, estándares interamericanos, uso de la fuerza y
manifestación pública, orientadas a fortalecer el conocimiento de
los servidores públicos en estas materias.

G. Competencia
[…]
Respuesta:
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informa que
su competencia en asuntos como los consultados no recae en la
dirección, autorización, ejecución o control material de
diligencias administrativas de desalojo o desocupación, ni en la
definición de rutas operativas para su realización. Conforme a su
objeto y funciones, la Agencia tiene a su cargo el diseño de
estrategias, planes y acciones en materia de defensa jurídica del
Estado; la formulación, evaluación y difusión de políticas de
prevención del daño antijurídico; y la asesoría, asistencia,
acompañamiento y recomendaciones a entidades públicas en
asuntos orientados a la protección de los intereses jurídico-
patrimoniales del Estado. Estas funciones se desprenden del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

parágrafo del artículo 5 de la Ley 1444 de 2011 y de los artículos
2, 6, 17C y 18 del Decreto Ley 4085 de 2011.

En ese sentido, el alcance de la competencia de la Agencia frente
a actuaciones administrativas de desalojo se circunscribe, de
manera general, a escenarios de prevención del daño
antijurídico, asesoría legal, acompañamiento técnico y
coordinación dentro del ciclo de defensa jurídica del Estado,
cuando ello proceda y dentro de los límites de sus funciones
legales.
La Agencia no sustituye a las autoridades administrativas o
policivas competentes, ni ejerce funciones de inspección,
vigilancia, control, policía administrativa o restablecimiento
directo de derechos en territorio. Asimismo, las consultas a las
autoridades deben resolverse en relación con las materias a su
cargo, y el traslado por competencia procede cuando la
autoridad receptora identifica a la competente; si la petición ya
fue dirigida a las entidades llamadas a pronunciarse, no resulta
necesario un nuevo traslado.

Por lo anterior, lo no cubierto por la competencia de la Agencia
puede corresponder, según la naturaleza del caso, a las
siguientes autoridades: […]

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado informar:

A. Prevención del daño antijurídico […]
Respuesta:
La Agencia no ha emitido lineamientos específicos sobre
prevención del daño antijurídico en actuaciones administrativas
de desalojo que involucren comunidades indígenas.
[…]
Respuesta:
La Agencia no ha desarrollado pronunciamientos institucionales
específicos sobre escenarios; no obstante, en términos
generales, cualquier administrativa que pueda afectar derechos
fundamentales o colectivos podría eventualmente dar actuación
este tipo de corresponde lugar a controversias judiciales, cuya
valoración a las entidades que adelantan dichas actuaciones.
[…]
Respuesta:
La Agencia no ha expedido criterios técnicos específicos para la
evaluación del riesgo patrimonial en actuaciones administrativas
de desalojo.

B. Gestión del riesgo litigioso
[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Respuesta:
La Agencia realiza seguimiento al comportamiento del litigio del
Estado a través de sistemas de información y análisis
institucionales; sin embargo, no se cuenta con un monitoreo
especializado o categorización específica sobre procesos
judiciales relacionados exclusivamente con desalojos colectivos
o conflictos territoriales indígenas.

[…]
Respuesta:
La Agencia no ha emitido recomendaciones específicas dirigidas
a entidades públicas para mitigar el riesgo de responsabilidad
estatal en escenarios de desalojos de comunidades indígenas.

C. Lineamientos a entidades del Estado
[…]
Respuesta:
La Agencia no ha expedido circulares o guías específicas sobre
estándares reforzados de derechos humanos en actuaciones
administrativas de desalojo.
[…]
Respuesta:
En el marco de sus funciones de asesoría legal, la Agencia podría
emitir recomendaciones de carácter preventivo cuando sea
requerida por una entidad pública, con el fin de contribuir a la
prevención del daño antijurídico.

[…]
Respuesta:
La participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado en mesas o espacios de articulación interinstitucional
debe enmarcarse en las funciones que le fueron asignadas por
el Decreto-Ley 4085 de 2011. En particular, en aquellas
relacionadas con la coordinación, orientación y acompañamiento
a las entidades públicas en el diseño e implementación de
estrategias de defensa jurídica del Estado y en la adecuada
gestión de los intereses litigiosos de la Nación.
En ese sentido, la participación de la Agencia en dichos espacios
procede cuando esté asociada al desarrollo de actividades
propias del ciclo de defensa jurídica del Estado o cuando medie
solicitud de una entidad pública en el marco de procesos
judiciales, mecanismos alternativos de solución de controversias
jurídicas que puedan comprometer los intereses litigiosos de la
Nación.

D. Coordinación en defensa judicial
[…]
Respuesta:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

La Agencia no asume de manera automática la defensa judicial
de todos los procesos contra el Estado. Su intervención depende
de:
• la naturaleza del litigio,
• la entidad demandada,
• y las solicitudes de coordinación o acompañamiento realizadas
por las entidades públicas competentes.

E. Análisis constitucional y convencional
[…]
Respuesta:
La Agencia no ha desarrollado estudios institucionales
específicos sobre estándares constitucionales aplicables a
desalojos de comunidades indígenas.
No obstante, en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado se
aplican, cuando corresponde, los estándares constitucionales y
convencionales en materia de derechos humanos, incluidos los
derivados del control de convencionalidad.

F. Competencia y alcance institucional
[…]
Respuesta:
La Agencia no tiene competencia para intervenir, autorizar o
gestionar actuaciones administrativas de desalojo. La Agencia
eventualmente podría intervenir, brindar asesoría o
acompañamiento a las entidades públicas involucradas en
controversias judiciales por hechos relacionados con actuaciones
administrativas de desalojo, que así lo soliciten, y siempre que,
analizado el caso concreto, se advierta un interés jurídico del
Estado y la necesidad de hacerlo, pues en cualquier caso la
responsabilidad de la defensa frente al litigio está en cabeza de
la respectiva entidad pública.
[…]
Respuesta:
La Agencia, a través de la Dirección de Asesoría Legal, tiene la
facultad de brindar asesoría, asistencia y acompañamiento,
emitir conceptos y brindar recomendaciones con destino a todas
las entidades del Estado, en relación con sus actuaciones y
gestión administrativa, siempre que dicho apoyo tenga como
finalidad la prevención del daño antijurídico y la protección de
los intereses jurídico - patrimoniales del Estado, conforme a lo
previsto en el artículo 17C del Decreto Ley 4085 de 2011 y en el
numeral 1 del artículo 23 de la Resolución 035 de 2026, expedida
por el Director General de esta entidad.

En tal sentido, el apoyo que brinda la Agencia podría contribuir
a evitar eventuales litigios contra el Estado o brindar elementos
que sirvan como insumo para poner fin a los existentes. Además,
por regla general, para el ejercicio de estas competencias,
debería mediar una solicitud de apoyo por parte de una entidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

del Estado, para efectos de tener conocimiento sobre la
existencia del respectivo asunto.

No obstante, en el marco de la función de asesoría legal, la
Agencia no tendría la facultad de hacerse parte e intervenir, de
manera directa, dentro de las actuaciones administrativas de
otras autoridades públicas.
[…]
Respuesta:
Las solicitudes relacionadas con asesoría a las entidades públicas
para prevención del daño antijurídico y en el ciclo de defensa
jurídica del Estado pueden ser atendidas por la Dirección de
Asesoría Legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, de conformidad con el artículo 17C del Decreto Ley 4085
de 2011. Las entidades públicas interesadas pueden formular
solicitudes institucionales a través del correo
agencia@defensajuridica.gov.co.

La Agencia no gestiona ni interviene en relación con “alertas
preventivas”. La ANDJE no coadministra ni tiene funciones de
inspección, vigilancia y control. Su ámbito funcional se desarrolla
exclusivamente en la defensa jurídica del Estado […]”.

Frente al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

RURAL, el peticionario pidió:

“[…] 12. MINISTERIO DE AGRICULTURA
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural informar:

A. Política pública de tierras y comunidades indígenas
1. Indique si el Ministerio ha adoptado lineamientos de política
pública relacionados con la gestión de conflictos territoriales
que involucren comunidades indígenas.
2. Precise si dentro de la política nacional de tierras se
contempla algún enfoque específico para armonizar:
o titularidad formal del Estado,
o reclamaciones de territorio ancestral,
o procesos agrarios en curso.
3. Señale si el Ministerio ha emitido orientaciones a la Agencia
Nacional de Tierras sobre el tratamiento de situaciones en las
que exista tensión entre ocupación material y alegación
territorial étnica.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

B. Armonización entre vía policiva y vía agraria
4. Indique si el Ministerio ha fijado criterios para diferenciar
cuándo un conflicto debe tramitarse por vía policiva y cuándo
debe abordarse mediante procedimiento agrario especializado.
5. Precise si el Ministerio considera que la existencia de un
conflicto territorial indígena puede requerir suspensión o
coordinación especial antes de la ejecución de medidas
administrativas de desalojo.
6. Señale si existen directrices sectoriales para evitar que
actuaciones administrativas generen afectaciones irreversibles
a posibles derechos territoriales en estudio.

C. Prevención de conflictividad rural
7. Indique si el Ministerio cuenta con estrategias de prevención
de conflictividad rural en escenarios donde confluyen propiedad
estatal y reclamaciones étnicas.
8. Precise si existen mecanismos de mediación o diálogo rural
promovidos desde el sector agricultura en este tipo de casos.
9. Señale si el Ministerio lidera o participa en mesas
interinstitucionales cuando se presentan disputas territoriales
de carácter colectivo.

D. Coordinación con entidades adscritas
10. Indique cuál es el alcance de la función de dirección y
orientación del Ministerio frente a la Agencia Nacional de
Tierras en este tipo de situaciones.
11. Precise si el Ministerio puede emitir lineamientos o
recomendaciones a la ANT cuando se adviertan riesgos de
vulneración de derechos territoriales indígenas.
12. Señale si existe coordinación formal entre el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio del Interior en asuntos relacionados
con tierras étnicas.

E. Enfoque diferencial y desarrollo rural
13. Indique si la política de desarrollo rural incorpora medidas
específicas para comunidades indígenas en escenarios de
conflicto territorial.
14. Precise si el Ministerio contempla estrategias de reubicación
concertada o alternativas productivas cuando se presentan
desalojos en zonas rurales.
F. Competencia y límites
15. Precise expresamente el alcance de la competencia del
Ministerio de Agricultura frente a actuaciones administrativas
de desalojo promovidas por autoridades territoriales o
entidades administradoras de bienes estatales.
16. Indique si el Ministerio puede recomendar la adopción de
medidas preventivas cuando identifique posible afectación a
derechos territoriales colectivos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

17. Señale la dependencia específica dentro del Ministerio
responsable de coordinar asuntos relacionados con tierras
indígenas […]”.

Dicha cartera ministerial emitió Oficio núm. 2026-420-007369-1

de 10 de abril de 202611, en el que dio respuesta en los siguientes

términos:

“[…] Al respecto nos permitimos dar respuesta a cada uno de
sus interrogantes, comenzando en primer lugar con las
preguntas que son dirigidas de forma específica al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural: […]

1. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, el Gobierno Nacional
asumió el Acuerdo IT1-7, con el cual se compromete, a través
de una articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de sus funciones
y en coordinación con las entidades competentes construir e
implementar, de manera concertada con los Pueblos Indígenas
en sus instancias representativas, los lineamientos y
herramientas para la prevención y solución de conflictos
territoriales y socioambientales, interétnicos, intraétnicos, e
interculturales, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, Ley
de Origen, Derecho Mayor, Ley Natural y todas las normas
establecidas en el bloque de constitucionalidad, encontrándose
en construcción en este momento.

Ahora bien, en el sector se han desarrollado instrumentos
normativos referentes a la constitución, ampliación,
clarificación de títulos de origen colonial o republicano de los
resguardos indígenas, así como de mecanismos para la efectiva
protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios
ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por
los pueblos indígenas.

Sumado a lo anterior en el año 2025 se expidió la Directiva 01
de 2025 que establece los Lineamientos para la Aplicación de
las Salvaguardas en relación con los territorios indígenas en
zonas donde se avanza en la constitución de territorialidades
campesinas.

11
Notificado al actor el 10 de abril de 2026 a través del correo electrónico dispuesto para el efecto,
de conformidad con lo dispuesto a índice 17 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Igualmente, el Ministerio de Agricultura preside la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas, la cual constituye un espacio
de interlocución y concertación entre los Pueblos Indígenas y el
Gobierno Nacional creada mediante el Decreto 1397 de 1996
con el fin de tratar los temas relacionados a la garantía y goce
efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas
de Colombia.

[…]

2 y 3 […]Para dar respuesta a las dos interrogantes se precisa
que mediante el Decreto 2333 de 2014, modificado por el
Decreto 746 de 2024, se definieron mecanismos para la
efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y
territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o
tradicionalmente por los pueblos indígenas, creándose un
sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de
información predial de los territorios indígenas y un
procedimiento a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, de
medidas de protección de estos territorios.

Igualmente es importante indicar que mediante el Decreto
1392 de 2025 se sustituyó el Capítulo 3 del Título 7 de la Parte
14 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, en lo
relacionado con la dotación y titulación de tierras a las
comunidades indígenas para la constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el
territorio nacional.

Sumado a lo anterior, es importante informar que mediante el
numeral 2 del articulo 61 de la Ley se indicó que la Agencia
Nacional de Tierras podrá comprar las tierras del Frisco: […]

4.[…] Los conflictos derivados de ocupaciones materiales
corresponden a la competencia de las autoridades policivas
conforme a la Ley 1801 de 2016, mientras que los conflictos
relacionados con derechos territoriales indígenas pueden ser
objeto de análisis dentro de los procedimientos agrarios
adelantados por la Agencia Nacional de Tierras en el marco del
Decreto Ley 902 de 2017, el Decreto 2333 de 2014 y así
mismo, cuando se presentan situaciones que puedan involucrar
derechos territoriales indígenas, resulta procedente la
coordinación interinstitucional entre entidades del sector
agricultura, el Ministerio del Interior y las entidades
territoriales, con el fin de evitar afectaciones irreversibles a
derechos territoriales colectivos.

5.[…] No es posible emitir un pronunciamiento de forma
general, en cuanto se debe revisar cada caso en concreto, en
todo cada caso el Ministerio no es competente para suspender

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

procesos administrativos que estén en cabeza de otra entidad
estatal.

6. […] Como se indicó anteriormente el procedimiento creado
por medio del Decreto 2333 de 2014, que fue modificado por
el Decreto 746 de 2024 con la finalidad de optimizar y agilizar
dicho procedimiento, crea mecanismos de protección a los
territorios ancestrales de las comunidades indígenas, mientras
se terminan de adelantar los procedimientos de constitución y
ampliación de resguardos indígenas.

7.[…] Resulta relevante señalar que el Decreto 2333 de 2014,
modificado por el Decreto 746 de 2024, estableció mecanismos
de protección jurídica de los territorios ocupados ancestral o
tradicionalmente por pueblos indígenas, los cuales buscan
precisamente prevenir la materialización de conflictos mientras
se definen las situaciones jurídicas de dichos territorios, así
mismo, conforme a lo expuesto anteriormente se está
trabajando en el cumplimiento del compromiso IT17 del Plan
Nacional de Desarrollo, explicado anteriormente.

8.[…] El Ministerio promueve espacios de diálogo institucional
y coordinación intersectorial como herramientas para contribuir
a la gestión preventiva de conflictividades rurales, dentro del
marco de sus funciones de orientación de la política sectorial.
En este contexto, cuenta con dependencias encargadas de
promover el diálogo territorial y la articulación institucional,
como el Grupo de Diálogo Social, el cual contribuye al
relacionamiento con actores rurales y al acompañamiento
institucional en escenarios de conflictividad territorial, dentro
del ámbito de las competencias del sector.

Así mismo, el Ministerio participa en escenarios de articulación
interinstitucional y espacios de concertación con otras
entidades del Gobierno Nacional y actores territoriales, con el
fin de facilitar el intercambio de información, promover salidas
institucionales y fortalecer la coordinación administrativa en
situaciones que involucren derechos territoriales colectivos.

De igual forma, mediante instancias como la Comisión Nacional
de Territorios Indígenas, se desarrollan procesos de
interlocución entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas
que contribuyen a la gestión institucional de este tipo de
situaciones.

En todo caso, debe precisarse que las actuaciones de mediación
directa o resolución de controversias concretas dependen de
las competencias específicas de las entidades que tengan a
cargo los respectivos procedimientos administrativos o
agrarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

9. […] El Ministerio puede participar en mesas territoriales en
el marco de sus funciones, por lo cual se debe revisar de forma
específica cada mesa con la finalidad de determinar el rol y la
competencia del Ministerio.

10 y 11 […] Para dar respuesta a los interrogantes 11 y 10, es
importante precisar que de conformidad con el marco
normativo del sector agropecuario y de desarrollo rural, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su calidad de
cabeza del sector administrativo, ejerce funciones de dirección
de la política pública, orientación sectorial y coordinación
general respecto de las entidades adscritas y vinculadas,
dentro de las cuales se encuentra la Agencia Nacional de
Tierras.

En este sentido, dicha función se materializa principalmente en
la formulación de lineamientos de política pública, la definición
de directrices generales del sector, la coordinación institucional
y el seguimiento a la implementación de las políticas agrarias,
sin que ello implique la intervención en decisiones
administrativas particulares que correspondan a la
competencia autónoma de la Agencia Nacional de Tierras.

Estas orientaciones pueden estar encaminadas a promover la
debida articulación institucional, la aplicación de los marcos
normativos vigentes en materia de protección de derechos
territoriales indígenas y la prevención de riesgos de
conflictividad territorial.

No obstante, debe precisarse que dichas orientaciones tienen
carácter general y no implican la facultad de intervenir en
decisiones administrativas concretas ni en actuaciones
específicas a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, en
atención al principio de autonomía administrativa de dicha
entidad en el ejercicio de sus competencias legales.

12. […] Si existe coordinación y articulación entre las dos
carteras ministeriales que se da en las diferentes mesas y
espacios donde confluyen, así como en los aspectos que sea
necesario en virtud del principio constitucional de colaboración
armónica.

13. […] La política de desarrollo rural incorpora enfoques
diferenciales dirigidos a la protección de los derechos de los
pueblos indígenas, particularmente en lo relacionado con el
acceso a tierras, la seguridad jurídica de los territorios
ancestrales y la implementación de instrumentos agrarios con
enfoque territorial y étnico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

En este sentido, el sector agricultura cuenta con instrumentos
normativos orientados a garantizar la protección de los
territorios indígenas, como los mecanismos previstos en el
Decreto 2333 de 2014, modificado por el Decreto 746 de 2024,
así como las disposiciones del Decreto 1071 de 2015 en materia
de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de
resguardos indígenas.

De igual forma, la política sectorial contempla la articulación
interinstitucional como herramienta fundamental para abordar
escenarios complejos donde puedan presentarse tensiones
territoriales, promoviendo la coordinación entre entidades
competentes y el respeto de los derechos territoriales
colectivos reconocidos en la Constitución Política y en el bloque
de constitucionalidad.

Así mismo, el Ministerio promueve la incorporación del enfoque
étnico en las políticas de desarrollo rural y ordenamiento social
de la propiedad, reconociendo las particularidades territoriales,
culturales y organizativas de los pueblos indígenas en la
implementación de la política agraria.

14. […] El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tiene
competencia para ordenar o ejecutar procesos de reubicación
derivados de desalojos, ni para adoptar decisiones frente a
dichas actuaciones, las cuales corresponden a las autoridades
administrativas o judiciales competentes según la naturaleza
del procedimiento.

No obstante, el ordenamiento jurídico colombiano sí contempla
distintos instrumentos institucionales que pueden involucrar
procesos de reubicación rural o acceso a tierras en contextos
especiales, dentro de los cuales se destacan:
• Los mecanismos de atención a población afectada por
emergencias o desastres, en el marco de la normativa del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
• Los programas de acceso a tierras y reforma agraria
adelantados por la Agencia Nacional de Tierras en el marco de
la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017 y el Decreto
1071 de 2015.
• Los procesos de restitución de tierras adelantados conforme a
la Ley 1448 de 2011, los cuales pueden contemplar medidas de
compensación o reubicación cuando no sea posible la
restitución material del predio.
• Los programas especiales de dotación de tierras previstos en la
normativa agraria vigente.

En este sentido, el Ministerio, como cabeza del sector, participa
en la formulación de la política pública agraria y rural que
enmarca estos instrumentos, sin que ello implique

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

competencias para intervenir en decisiones particulares de
desalojo o reubicación.

15. […] Es importante precisar que el Ministerio de Agricultura
como cabeza del sector agropecuario y de desarrollo rural, no
tiene competencia frente a resolución de conflictos policivos o
ejecución de desalojos.
16. […] El Ministerio si puede recomendar que se adopten
medidas preventivas, siempre y cuando se respete la
autonomía y las competencias propias de las otras entidades
estatales.

17. […] De conformidad con el Decreto 1985 de 2013, el
Viceministerio de Desarrollo Rural, es la dependencia
competente para “Proponer políticas, planes y programas
dirigidos a la atención de la población rural, teniendo en cuenta
las particularidades de la mujer y joven rural, los grupos
étnicos y en general de la población rural vulnerable, en
coordinación con las demás entidades competentes del Estado”
y la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, la
dependencia encargada de “Diseñar y evaluar las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque
territorial, encaminadas al establecimiento de territorios
colectivos para grupos étnicos”.

Por último, se precisa que a través de las respuestas específicas
anteriormente expuestas se dio respuesta a los interrogantes
de carácter general, en la medida en que se indicaron las
competencias del Ministerio frente a los procesos de desalojo,
los roles de orientación sectorial que ejerce respecto de las
entidades adscritas y vinculadas, así como los principales
instrumentos normativos e institucionales existentes en
materia de política de tierras, protección de derechos
territoriales de comunidades indígenas y coordinación
interinstitucional.

En este sentido, se reitera que el Ministerio no cuenta con
competencias operativas frente a la ejecución de diligencias de
desalojo, pero sí participa desde la formulación de política
pública, la orientación sectorial y la articulación institucional en
los temas relacionados con el ordenamiento social de la
propiedad rural, el acceso a tierras, la protección de territorios
étnicos y la implementación de instrumentos de desarrollo rural
[…]”.

De lo anterior, la Sala no observa vulneración alguna al derecho

fundamental de petición del actor por parte de los MINISTERIOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

DE CULTURA12 y AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL13 y la

ANDJE14, comoquiera que dieron respuesta de fondo, clara,

concreta y oportuna a cada uno de los interrogantes específicos

que les fueron planteados, pues se pronunciaron de manera

específica sobre los aspectos consultados dentro del ámbito de sus

competencias funcionales.

En efecto, las mencionadas entidades explicaron el alcance de sus

atribuciones institucionales, los lineamientos normativos

aplicables, los mecanismos de coordinación interinstitucional

existentes y, en aquellos eventos en que carecían de competencia

directa para intervenir en procedimientos administrativos de

desalojo, justificaron razonablemente dicha circunstancia y

orientaron al peticionario sobre las autoridades llamadas a conocer

de tales asuntos.

Ahora, en lo que respecta a la POLICÍA NACIONAL15, la Sala

destaca que, contrario a lo afirmado por la parte actora, dicha

entidad sí emitió una respuesta de fondo, clara, precisa y completa

frente a los interrogantes formulados. En efecto, atendió de

12
Notificado al actor a través de Servicios Postales Nacionales S.A.S. el 13 de abril de 2026.
13
Notificado al actor el 10 de abril de 2026 a través del correo electrónico dispuesto para el efecto,
de conformidad con lo dispuesto a índice 17 del expediente.
14
Respuesta remitida por Servicios Postales Nacionales S.A.S. el 11 de marzo de 2026, de
conformidad con la constancia dispuesta a índice 12 del expediente.
15
Comunicada al actor a su correo electrónico el efecto el 1o. de abril de 2026, de conformidad con
lo dispuesto a índice 8 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

manera puntual cada una de las preguntas planteadas, ofreciendo

contestación específica respecto de cada requerimiento. Así

mismo, se precisa que el derecho de petición no implica que la

administración deba contestar de manera favorable a las súplicas

del peticionario ni acceder a lo solicitado, sino únicamente brindar

una respuesta oportuna, congruente y suficientemente motivada.

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso advertir que dicha entidad

dentro del informe rendido en la presente acción de tutela, afirmó

ampliar la respuesta al derecho de petición mediante Oficio núm.

GS-2026-01306-SEGEN de 13 de mayo de 2026, no obstante, el

mismo no fue allegado, por lo que no es posible realizar su

verificación.

Ahora, en lo que respecta a la SAE, el actor solicitó además de las

peticiones generales, las siguientes solicitudes específicas:

“[…] 1. SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE

Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Sociedad de Activos
Especiales – SAE informar:

A. Situación jurídica y administración del bien
1. Indique cuáles son los criterios internos que utiliza la SAE para
determinar la procedencia de promover o respaldar una querella
policiva cuando el bien administrado es objeto de ocupación por
parte de una comunidad indígena.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

2. Precise si, antes de autorizar o respaldar un proceso policivo
de desalojo, la SAE realiza algún análisis de riesgo jurídico,
constitucional o de derechos humanos, y en caso afirmativo,
describa el procedimiento aplicado.
3. Indique si la SAE verifica previamente la posible existencia
de:
o reclamaciones de territorio ancestral,
o trámites ante la ANT,
o certificaciones del Ministerio del Interior,
o conflictos agrarios en curso,
antes de impulsar la actuación policiva.

B. Administrador designado y legitimación procesal
4. Describa el procedimiento mediante el cual la SAE designa al
administrador del activo y el alcance jurídico de sus facultades
para actuar como querellante en procesos policivos.
5. Indique si el administrador actúa con instrucciones directas,
lineamientos obligatorios o supervisión jurídica por parte de la
SAE cuando se trata de procesos de desalojo que involucren
comunidades étnicas.
6. Precise si la SAE exige al administrador dejar constancia
escrita de:
o análisis de proporcionalidad,
o evaluación de impacto social,
o intentos de diálogo previo,
o coordinación interinstitucional.

C. Estándares internos de autorización para ejecución
7. Indique si la SAE cuenta con un procedimiento interno de
aprobación o autorización previa antes de solicitar o acompañar
la ejecución material de una orden de desalojo.
8. Señale si la SAE condiciona la ejecución a la existencia de:
o plan humanitario,
o acompañamiento del Ministerio Público,
o presencia de ICBF cuando hay NNA,
o verificación de rutas diferenciales activadas.

D. Gestión contractual y responsabilidad patrimonial
9. Precise si los contratos o actos de designación del
administrador del activo incluyen cláusulas relacionadas con:
o respeto a derechos humanos,
o manejo de conflictos sociales,
o obligación de coordinación institucional,
o responsabilidad frente a actuaciones que puedan generar
litigios contra el Estado.
10. Indique si la SAE cuenta con lineamientos de prevención del
daño antijurídico en escenarios de desalojos que involucren
comunidades indígenas.
11. Señale cómo gestiona la SAE el riesgo de eventuales:
• acciones de tutela,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• acciones de reparación directa,
• medidas cautelares, derivadas de la ejecución de desalojos.

E. Alternativas a la vía coercitiva
12. Indique si la SAE contempla o promueve mecanismos
alternativos previos a la ejecución de desalojo, tales como:
• mesas de diálogo,
• acuerdos temporales de uso,
• reubicación concertada,
• articulación con entidades territoriales.
13. Señale si existe lineamiento interno que priorice soluciones
dialogadas cuando se trate de comunidades indígenas
reconocidas.

F. Información documental específica
14. Indique qué documentación mínima debe reposar en el
expediente interno de la SAE antes de respaldar o ejecutar una
orden de desalojo en estos escenarios.
15. Señale la dependencia específica dentro de la SAE
responsable de:
• autorizar,
• supervisar,
• y hacer seguimiento a estos procesos […]”.

Por su parte, la SAE mediante Oficio núm. 20263100092961 de

12 de mayo de 2026 dio respuesta a la petición, como se precisa

a continuación:

“[…] Respuesta: En atención a los numerales 1, 2 y 3 de su
solicitud, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE se
permite precisar:

Las actuaciones a las que hace referencia su solicitud,
relacionadas con procedimientos de desalojo o desocupación en
el marco de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana), corresponden a competencias
propias de las autoridades de policía, tales como alcaldes,
inspectores de policía y demás autoridades administrativas
facultadas para su aplicación.

En ese sentido, se informa que la SAE no cuenta con protocolos,
manuales, guías o lineamientos internos adoptados en el marco
de la Ley 1801 de 2016, ni con documentos específicos
orientados a regular actuaciones de desalojo bajo dicho régimen

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

normativo, incluyendo aquellos casos en que se encuentre
involucrada población indígena o étnica por lo que no es posible
remitir las copias solicitadas ya que los mismo no existen. Lo
anterior, en la medida en que la entidad no ejerce funciones de
autoridad de policía en los términos del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia, ni le corresponde adelantar los
procedimientos previstos en dicha normativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que la SAE, en su calidad
de administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, cuenta
con instrumentos internos orientados a la administración y,
cuando resulte procedente, recuperación de bienes, en el marco
de sus competencias legales, los cuales se desarrollan bajo
criterios técnicos y con observancia de los derechos
fundamentales, sin que ello implique la adopción de
procedimientos propios del régimen de policía regulado por la
Ley 1801 de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, la SAE, en desarrollo de sus
funciones como administradora del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO,
actúa en el marco de un régimen jurídico y técnico distinto al
previsto en la Ley 1801 de 2016, el cual orienta la
administración, gestión y, cuando corresponde, la recuperación
de bienes.

En este contexto, las actuaciones de la entidad se rigen, entre
otros, por:
• Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio)
• Normas reglamentarias aplicables, incluyendo los Decretos
2136 de 2015 y 1068 de 2015
• Metodología de Administración de Bienes del FRISCO, que
establece criterios técnicos para la administración, conservación,
explotación y disposición de los activos, la cual puede ser
consultada en el siguiente enlace
https://www.saesas.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-
alainformacionpublica/2normativa/21normativadelaentidad/poli
ticaslineamientosymanuales/metodologiadeadministracion-de-
los-bienes-frisco
• Actuaciones bajo el principio de debido proceso, con
observancia de derechos fundamentales y articulación con
autoridades competentes cuando ello resulte necesario.

Ahora bien, en aquellos eventos en los que para la recuperación
material de un bien se requiera acudir a las herramientas
previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (Ley 1801 de 2016), la SAE actúa como solicitante
ante las autoridades competentes, siendo estas quienes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

adelantan el procedimientocorrespondiente conforme a dicha
normativa.

En ese sentido, cualquier actuación que se surta bajo el marco
de la Ley 1801 de 2016 se desarrolla por las autoridades de
policía conforme a sus competencias, sin que ello implique que
la SAE ejerza funciones propias de dichas autoridades o adopte
procedimientos internos bajo ese régimen.

Así mismo, las medidas de carácter social o de atención a
población vulnerable que puedan derivarse de actuaciones
adelantadas por autoridades de policía —incluyendo aquellas
señaladas en la jurisprudencia constitucional—corresponden a
las entidades territoriales y a las autoridades competentes, y no
hacen parte de las funciones asignadas a la SAE.

[…]

Respuesta:
4. Ruta ANTES de la diligencia

En relación con las actuaciones previas a una eventual diligencia
de desalojo o recuperación material de bienes en los que se
identifique la presencia de comunidades indígenas o población
étnica, se precisa que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
– SAE no adelanta procedimientos de desalojo en los términos
previstos en la Ley 1801 de 2016.

En los eventos en que la SAE estime procedente acudir a
mecanismos previstos en la Ley 1801 de 2016, lo hace en calidad
de interesada o solicitante, ante las autoridades de policía
competentes, quienes son las encargadas de verificar requisitos,
adelantar el procedimiento y adoptar las decisiones
correspondientes.
La mera actuación de nuestra entidad se limita a la solicitud ante
la autoridad competente mediante oficio.
5. Ruta DURANTE la diligencia
Durante el desarrollo de diligencias de desalojo o desocupación,
se reitera que dichas actuaciones son adelantadas por las
autoridades de policía competentes, en el marco de la Ley 1801
de 2016.
En este contexto, la participación de la SAE, cuando a ello haya
lugar, se circunscribe a:
• Acompañamiento institucional, en calidad de administradora
del bien
• Apoyo informativo o documental, relacionado con la titularidad,
administración o situación del activo
• Coordinación con autoridades intervinientes, en el marco de
sus competencias
Las decisiones relacionadas con:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• Dirección de la diligencia
• Uso de la fuerza pública
• Medidas de protección a la población
• Manejo de situaciones de crisis
• Levantamiento de actas
corresponden exclusivamente a las autoridades de policía y
demás entidades competentes, conforme al marco normativo
aplicable.
Así mismo, las medidas de protección especial a población
vulnerable, incluyendo comunidades indígenas o étnicas, son
adoptadas por las autoridades competentes en materia de
derechos humanos, orden público y atención social.
6. Ruta DESPUÉS de la diligencia
Con posterioridad a las diligencias adelantadas por las
autoridades competentes, la SAE, en el marco de sus funciones
como administradora del FRISCO, desarrolla actuaciones
orientadas a la adecuada gestión del bien recuperado, entre las
cuales se destacan:
• Recepción material del bien, cuando haya lugar a su entrega
• Verificación del estado físico y jurídico del activo
• Adopción de medidas para su administración, conforme a la
Metodología de Administración de Bienes del FRISCO
• Implementación de mecanismos para evitar nuevas
ocupaciones, tales como asignación a depositarios, destinación,
arrendamiento u otras figuras de administración
• Seguimiento y control sobre el bien, en desarrollo de sus
competencias
En lo relacionado con el restablecimiento de derechos, atención
social, reubicación o seguimiento a población desalojada, se
precisa que dichas actuaciones no hacen parte de las funciones
de la SAE, y corresponden a las entidades territoriales y demás
autoridades competentes, de conformidad con el marco
constitucional, legal y jurisprudencial aplicable.

[…]
Respuesta:
7. Medidas de enfoque diferencial étnico
En relación con las medidas de enfoque diferencial étnico, se
precisa que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE no
ha adoptado un protocolo autónomo que establezca un conjunto
de obligaciones específicas dirigidas exclusivamente a
comunidades indígenas o población étnica en el marco de
diligencias de desalojo, en tanto dichas actuaciones
corresponden a las autoridades de policía competentes.

No obstante, en desarrollo de sus funciones como
administradora del FRISCO, y en los casos en que interviene en
procesos que pueden involucrar este tipo de población, la
entidad observa y promueve, dentro del ámbito de sus

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

competencias, lineamientos generales de respeto por el enfoque
diferencial, tales como:
• La identificación y caracterización general de los ocupantes,
cuando ello resulte posible
• La articulación con autoridades competentes, incluyendo
entidades del orden territorial y organismos de control
En ese sentido, aspectos como la interlocución con autoridades
tradicionales, la facilitación intercultural, la provisión de
intérpretes o la aplicación directa de usos y costumbres,
corresponden a las entidades con competencia en materia de
protección de derechos étnicos y de orden público, y no hacen
parte de funciones asignadas a la SAE.

8. Protección de población con especial protección constitucional
Respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres
gestantes, adultos mayores, personas en condición de
discapacidad o enfermedad, y la garantía de la unidad familiar,
se precisa que:
La SAE no es la autoridad competente para adoptar medidas de
protección directa, restablecimiento de derechos o atención
social respecto de dicha población, en el marco de diligencias de
desalojo o desocupación.
No obstante, en el ámbito de sus actuaciones, la entidad:
• Identifica de manera general la presencia de población
vulnerable, cuando ello resulta posible dentro de los procesos de
diagnóstico del bien
• Articula con las autoridades competentes, tales como
entidades territoriales, ICBF, Ministerio Público y demás
instancias encargadas de la protección de derechos
• Pone en conocimiento de dichas autoridades las situaciones
que puedan requerir intervención institucional

En consecuencia, las medidas específicas de protección, atención
humanitaria, reubicación, restablecimiento de derechos o
acompañamiento social corresponden a las entidades
competentes del orden territorial y nacional, conforme al marco
constitucional, legal y jurisprudencial vigente.
9. Matriz de riesgos o metodología para evaluar vulneración de
derechos
Frente a la existencia de matrices de riesgo o metodologías
específicas para evaluar el riesgo de vulneración de derechos o
alteración del orden público en diligencias de desalojo, se
informa que la SAE no cuenta con una herramienta autónoma
orientada a la evaluación de este tipo de riesgos en el marco de
actuaciones propias de la Ley 1801 de 2016, en tanto dichas
valoraciones corresponden a las autoridades de policía y a las
entidades responsables del orden público.

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Respuesta:
10. Entidades con las que se articula y existencia de canales
formales
En relación con la coordinación interinstitucional, se precisa que
las actuaciones de desalojo o desocupación en el marco de la
Ley 1801 de 2016 son adelantadas por las autoridades de policía
competentes, quienes, de conformidad con el ordenamiento
jurídico, determinan las entidades que deben intervenir en cada
caso concreto.
Así mismo, se precisa que la SAE no cuenta con una mesa,
comité o instancia permanente de coordinación interinstitucional
específica para procedimientos de desalojo en el marco de la Ley
1801 de 2016, sin perjuicio de los espacios de coordinación que
puedan ser convocados por las autoridades que lideran las
actuaciones.
11. Convocatoria, liderazgo y documentos asociados
En cuanto a la convocatoria, liderazgo y elaboración de
documentos en el marco de diligencias de desalojo o
desocupación, se precisa que:
• La convocatoria y dirección del procedimiento corresponde a
las autoridades de policía competentes, quienes actúan en
ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 1801 de 2016.
• El liderazgo de la diligencia, así como la coordinación
interinstitucional, recae igualmente en dichas autoridades, en su
condición de responsables del orden público y la convivencia
ciudadana.
En ese contexto, la elaboración de documentos tales como:
• Actas de diligencia
• Planes operativos
• Estrategias de intervención
• Instrumentos de caracterización o atención
corresponde a las autoridades que dirigen el procedimiento y a
las entidades con competencia en materia de protección de
derechos, según corresponda.
Por su parte, la participación de la SAE, cuando a ello haya lugar,
se limita a:
• Suministrar información sobre el bien
• Apoyar la coordinación con las autoridades intervinientes
• Atender lo relacionado con la administración del activo, en el
marco de sus competencias
En consecuencia, la entidad no convoca, lidera ni estructura
planes de carácter operativo o humanitario en el marco de
diligencias de desalojo bajo la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio
de la colaboración que pueda prestar a las autoridades
competentes.

[…]

Respuesta:
12. Documentación que debe reposar en expediente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

En relación con la documentación asociada a diligencias de
desalojo o desocupación, se precisa que los expedientes del
procedimiento adelantado en el marco de la Ley 1801 de 2016
son conformados y custodiados por las autoridades de policía
competentes, en su calidad de responsables de la actuación
administrativa.
En ese sentido, documentos tales como:
• Actas de diligencia
• Registros de intervención
• Listados de ocupantes
• Caracterizaciones poblacionales
• Registros audiovisuales
• Planes operativos
• Activación de rutas institucionales
hacen parte del expediente propio de dichas autoridades y son
elaborados bajo su dirección y responsabilidad.
Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE, en
el marco de sus funciones como administradora del FRISCO,
conserva la documentación asociada a la gestión del bien, dentro
de la cual pueden reposar, según el caso:
• Información jurídica y administrativa del activo
• Registros sobre su estado de ocupación
• Comunicaciones con autoridades competentes
• Actas o soportes de entrega o recibo del bien, cuando haya
lugar
• Inventarios relacionados con el activo recuperado
Lo anterior, sin que ello implique la conformación de un
expediente operativo de desalojo, ni la asunción de
responsabilidades documentales propias del procedimiento
regulado por la Ley 1801 de 2016.
13. Mecanismos de quejas, control interno, auditoría y
seguimiento
Las quejas, investigaciones o controles asociados a la ejecución
de diligencias de desalojo en el marco de la Ley 1801 de 2016
deben ser tramitados ante las autoridades que lideran y ejecutan
dichos procedimientos, así como ante los organismos de control
competentes, según corresponda.
En consecuencia, la SAE realiza seguimiento en lo que respecta
a la gestión del bien administrado, mientras que la supervisión
sobre la legalidad, ejecución y control de los operativos de
desalojo corresponde a las autoridades de policía y a los entes
de control en el ámbito de sus competencias.
[…]
Respuesta:
En relación con las capacitaciones a funcionarios, se informa que
la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE cuenta con
programas de formación institucional orientados al
fortalecimiento de las competencias de sus servidores, en
concordancia con su objeto y funciones como administradora del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen Organizado – FRISCO.

En este contexto, la entidad desarrolla acciones de capacitación
que pueden incluir, entre otros, temas relacionados con:
• Principios de la función pública y debido proceso
• Derechos fundamentales y enfoque de derechos
• Lineamientos institucionales en materia de administración de
bienes
• Fortalecimiento de capacidades técnicas y jurídicas propias de
la gestión de activos
No obstante, se precisa que la SAE no cuenta con un esquema
de capacitaciones obligatorias específico orientado a la ejecución
de diligencias de desalojo en el marco de la Ley 1801 de 2016,
ni en materias como uso de la fuerza o intervención operativa,
en razón a que dichas actuaciones corresponden a las
autoridades de policía
competentes.
Así mismo, los contenidos relacionados con enfoques
diferenciales, protección de población vulnerable, intervención
social o atención humanitaria, son abordados en el marco de las
competencias generales de la entidad, sin constituir un plan de
formación especializado en operativos de desalojo, ámbito que
corresponde a otras autoridades del Estado.

Por lo tanto, no es posible acceder a su petición en el envío del
plan o malla ya que el mismo no existe.

[…]
Respuesta: En ese sentido, la actuación de la SAE se circunscribe
a su rol de administradora de activos, pudiendo articularse con
las autoridades competentes cuando las condiciones del caso lo
requieran, sin que ello implique la asunción de competencias que
han sido asignadas por la Constitución y la ley a otras entidades
del Estado.
En consecuencia, las actuaciones relacionadas con:
• Procedimientos de desalojo o desocupación bajo la Ley 1801
de 2016
• La dirección y ejecución de operativos
• La adopción de medidas de protección a población vulnerable
• La implementación de acciones de atención social, albergue o
reubicación corresponden a las siguientes entidades, según su
ámbito de competencia:
• Autoridades de policía (alcaldes, inspectores de policía):
Encargadas de adelantar los procedimientos de desalojo, dirigir
las diligencias y adoptar decisiones conforme a la Ley 1801 de
2016
• Entidades territoriales (alcaldías y
gobernaciones):Responsables de la atención social, asistencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

humanitaria y medidas como albergue temporal, conforme al
marco constitucional y jurisprudencial aplicable
• Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV, entre otras): Cuando se trate de
población víctima del conflicto armado
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: En lo
relacionado con la protección de niños, niñas y adolescentes
• Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Personerías): En funciones de vigilancia, control y garantía de
derechos

[…]
Respuesta:
1. Criterios para promover o respaldar querella policiva

En relación con los criterios para determinar la procedencia de
promover o respaldar actuaciones ante autoridades de policía,
se precisa que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE,
en su calidad de administradora del FRISCO, no adopta
decisiones orientadas a disponer desalojos como autoridad, sino
que evalúa la necesidad de recuperación material del bien dentro
del marco de la administración de activos.
En este sentido, cuando se identifican situaciones de ocupación,
los criterios que orientan la actuación de la entidad incluyen:
• La situación jurídica del bien y su estado dentro del proceso de
extinción de dominio
• La existencia o no de un título habilitante de ocupación
• El nivel de afectación a la administración, conservación o
productividad del activo
• La viabilidad de mecanismos alternativos de administración,
conforme a la Metodología de Administración de Bienes del
FRISCO
• La necesidad de garantizar la preservación del bien y evitar su
deterioro o pérdida de valor
Cuando, a partir de dicho análisis, se concluye que la ocupación
no cuenta con soporte jurídico y afecta la adecuada
administración del activo, la SAE puede poner en conocimiento
de las autoridades competentes la situación, o acudir a los
mecanismos legales pertinentes, incluyendo los previstos en la
Ley 1801 de 2016, en calidad de interesada, sin que ello implique
sustituir las competencias de las autoridades de policía.
2. Análisis de riesgo jurídico, constitucional o de derechos
humanos
Frente a la realización de análisis previos, se precisa que la SAE
adelanta evaluaciones de carácter jurídico, técnico y operativo
en relación con los bienes que administra, con el fin de adoptar
decisiones informadas dentro del marco de sus competencias.
Dichas evaluaciones comprenden, entre otros aspectos:
• La situación jurídica del activo
• Las condiciones de ocupación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• Los riesgos asociados a la administración del bien
• La necesidad de articulación con autoridades competentes
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se advierten
condiciones de vulnerabilidad o la presencia de población con
especial protección constitucional, la entidad pone en
conocimiento dichas circunstancias a las autoridades
competentes, con el fin de que estas adopten las medidas
correspondientes en el marco de sus funciones.
3. Verificación de reclamaciones étnicas o territoriales
En relación con la verificación de posibles reclamaciones de
territorio ancestral, trámites ante la Agencia Nacional de Tierras
– ANT o certificaciones del Ministerio del Interior, se precisa que
la SAE no es la autoridad competente para definir, reconocer o
validar derechos territoriales de comunidades indígenas o
étnicas, ni para certificar la existencia de tales situaciones.
No obstante, en el marco de las actividades de diagnóstico del
bien, la entidad puede:
• Revisar la información disponible en el expediente del activo
• Identificar la existencia de actuaciones administrativas o
judiciales relacionadas con el bien
• Tener en cuenta información proveniente de otras entidades,
cuando esta repose en los soportes del proceso

En caso de advertirse la posible existencia de reclamaciones,
procesos en curso o situaciones asociadas a comunidades
étnicas, la SAE articula o pone en conocimiento dicha
información a las autoridades competentes, tales como la
Agencia Nacional de Tierras o el Ministerio del Interior, para lo
de su competencia.
En ese sentido, la verificación formal y el pronunciamiento sobre
derechos territoriales, comunidades indígenas o certificaciones
relacionadas corresponde exclusivamente a las entidades
legalmente facultadas para ello, sin que dicha función sea
asumida por la SAE.
[…]
Respuesta:
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE, en su calidad
de administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, designa
administradores de los bienes a su cargo mediante los
mecanismos previstos en la normativa aplicable y en sus
instrumentos internos de administración.
Dicha designación se realiza a través de actos administrativos
y/o instrumentos contractuales, conforme a las modalidades de
administración definidas (por ejemplo, depósito provisional,
arrendamiento u otras), previa evaluación técnica, jurídica y
económica del activo, en el marco de la Metodología de
Administración de Bienes del FRISCO.
En cuanto al alcance de sus facultades, el administrador actúa
como gestor del bien, con funciones orientadas a su custodia,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

conservación, aprovechamiento y adecuada administración,
dentro de los límites establecidos en el acto de designación y en
los lineamientos de la SAE.
En este contexto, cuando se presentan situaciones que puedan
requerir la intervención de autoridades de policía, el
administrador puede poner en conocimiento de dichas
autoridades la situación de ocupación del bien, o adelantar las
actuaciones que resulten procedentes dentro del marco legal, en
calidad de interesado o administrador del activo.
No obstante, se precisa que el administrador no actúa como
autoridad de policía ni sustituye las competencias de estas, y
cualquier actuación que implique la activación de mecanismos
previstos en la Ley 1801 de 2016 es adelantada por las
autoridades competentes.
5. Instrucciones, lineamientos y supervisión de la SAE
En relación con las actuaciones del administrador, se precisa que
su gestión se desarrolla bajo el marco general de:
• Los actos de designación o contratos suscritos
• Los lineamientos institucionales de la SAE en materia de
administración de bienes
• Los mecanismos de seguimiento y control propios del modelo
de administración del FRISCO
En ese sentido, el administrador actúa bajo instrucciones
directas pero siempre, siguiendo las orientaciones generales y
supervisión institucional, en lo que respecta a la gestión del bien.
Sin embargo, en lo relacionado con procesos de desalojo bajo la
Ley 1801 de 2016 —incluyendo aquellos en los que se
encuentren involucradas comunidades étnicas— se reitera que:
• La SAE no imparte instrucciones operativas sobre el desarrollo
de diligencias propias de las autoridades de policía
• La intervención se limita a aspectos relacionados con la
administración del activo y la coordinación con autoridades
competentes
En consecuencia, no existe un esquema de dirección operativa
por parte de la SAE sobre actuaciones policivas, sin perjuicio del
acompañamiento institucional que pueda brindarse en el marco
de sus funciones.
6. Exigencias documentales al administrador
En relación con la exigencia de dejar constancias escritas sobre
aspectos tales como análisis de proporcionalidad, evaluación de
impacto social, intentos de diálogo previo o coordinación
interinstitucional, se precisa que:
La SAE no ha establecido como requisito formal y autónomo para
sus administradores la elaboración de documentos específicos
bajo dichas denominaciones, en el contexto de actuaciones
relacionadas con procesos de desalojo en el marco de la Ley
1801 de 2016.
No obstante, en desarrollo de sus funciones, los administradores
deben:
• Reportar la situación de los bienes bajo su administración

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• Informar sobre condiciones de ocupación, riesgos o
afectaciones
• Mantener trazabilidad de sus actuaciones en relación con la
gestión del activo
• Atender los requerimientos de información por parte de la SAE

En los casos en que se presenten situaciones que involucren
comunidades o población con condiciones particulares,
corresponde a las autoridades competentes valorar aspectos
como proporcionalidad, impacto social y coordinación
interinstitucional, en el marco de sus funciones legales.
[…]
Respuesta:
7. Procedimiento interno de aprobación o autorización
En relación con la existencia de un procedimiento interno de
aprobación o autorización previa para la ejecución material de
órdenes de desalojo, se precisa que la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. – SAE no cuenta con un procedimiento
orientado a autorizar o aprobar la ejecución de diligencias de
desalojo, en tanto dichas actuaciones corresponden a las
autoridades de policía competentes en el marco de la Ley 1801
de 2016.

No obstante, en desarrollo de sus funciones como
administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social
y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, la entidad sí
adelanta procesos internos de análisis y decisión respecto de la
administración de los bienes, dentro de los cuales puede
evaluarse la necesidad de:
• Recuperar materialmente el activo
• Acudir a autoridades competentes
• Poner en conocimiento situaciones de ocupación
Dichas decisiones se adoptan con base en análisis técnico,
jurídico y operativo del bien, conforme a la Metodología de
Administración de Bienes del FRISCO.
En este sentido, la SAE no autoriza la ejecución de desalojos,
sino que, cuando resulta procedente, actúa como interesada
ante las autoridades competentes, quienes son las encargadas
de ordenar, dirigir y ejecutar las diligencias correspondientes.
8. Condicionamientos para la ejecución de diligencias
En relación con los posibles condicionamientos para la ejecución
de diligencias de desalojo, se precisa que la SAE no establece ni
impone condiciones para la ejecución material de operativos en
el marco de la Ley 1801 de 2016, tales como la existencia previa
de planes humanitarios, verificación de rutas de atención o
presencia de entidades específicas.
Lo anterior, por cuanto:
• La planeación, coordinación y ejecución de las diligencias
corresponde a las autoridades de policía competentes
• La definición de medidas como:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

o Plan humanitario
o Acompañamiento del Ministerio Público
o Presencia del ICBF cuando hay niños, niñas y adolescentes
o Activación de rutas de atención diferencial
es responsabilidad de las autoridades que dirigen el
procedimiento, en articulación con las entidades del orden
territorial y nacional competentes en materia de protección de
derechos.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la SAE participa en procesos
en los que intervienen dichas autoridades, propicia escenarios
de articulación institucional y pone en conocimiento la
información relevante sobre el bien, con el fin de que las
entidades competentes adopten las medidas que correspondan
dentro de su ámbito funcional.

[…]
Respuesta:
9. Cláusulas en contratos o actos de designación
En relación con los contratos o actos de designación de
administradores de activos, se precisa que estos instrumentos
establecen obligaciones orientadas a la adecuada
administración, conservación, custodia y gestión del bien,
conforme al marco normativo aplicable y a los lineamientos
institucionales de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. –
SAE.
En este contexto, dichos instrumentos pueden incluir
disposiciones generales relacionadas con:
• El cumplimiento de la normatividad vigente
• La actuación conforme a los principios de la función
administrativa
• La responsabilidad del administrador en el manejo del bien
• La obligación de reportar situaciones que afecten la
administración del activo y articularse con la SAE
Sin perjuicio de lo anterior, los administradores deben actuar
dentro del marco legal vigente y responder por el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, en el ámbito de la
administración del bien.
10. Lineamientos de prevención del daño antijurídico
La SAE desarrolla su gestión conforme a los principios de
legalidad, debido proceso y responsabilidad administrativa, e
incorpora en sus actuaciones criterios de análisis técnico, jurídico
y de riesgo, orientados a la adecuada toma de decisiones en la
administración de los bienes del FRISCO.
En este sentido, la entidad no cuenta con un lineamiento
autónomo y específico de prevención del daño antijurídico
circunscrito a escenarios de desalojo que involucren
comunidades indígenas, en tanto dichas diligencias no son
ejecutadas ni dirigidas por la entidad.
No obstante, la SAE integra la prevención del riesgo jurídico y
patrimonial a través de:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• La evaluación previa de las decisiones de administración del
bien
• La verificación del marco jurídico aplicable a cada actuación
• La articulación con autoridades competentes, cuando se
requiere su intervención
• El acompañamiento de las áreas jurídicas en los procesos
relevantes
Lo anterior, con el fin de mitigar riesgos derivados de la gestión
del activo, dentro de su ámbito de competencia.
11. Gestión de riesgos frente a acciones judiciales
En relación con la gestión de riesgos asociados a eventuales
acciones judiciales, se precisa que la SAE cuenta con
mecanismos institucionales orientados a la defensa jurídica de la
entidad y al seguimiento de contingencias, en el marco del
sistema de gestión jurídica y de control interno.
En este contexto:
• Acciones de tutela
Son atendidas por la entidad mediante los canales institucionales
correspondientes, con el apoyo de las áreas jurídicas,
garantizando la respuesta oportuna y la defensa de las
actuaciones adelantadas dentro de su competencia.
• Acciones de reparación directa
La defensa de la entidad frente a este tipo de acciones se realiza
a partir del análisis de la relación entre los hechos alegados y las
competencias de la SAE, en particular cuando las actuaciones
cuestionadas corresponden a autoridades distintas, como es el
caso de procedimientos policivos.
• Medidas derivadas de desalojos
En los eventos en que se generen actuaciones o decisiones
judiciales relacionadas con desalojos, la SAE:
• Evalúa su alcance frente a las competencias de la entidad
• Da cumplimiento a las órdenes judiciales dentro de su ámbito
funcional
• Coordina, cuando corresponda, con las autoridades
competentes
Se precisa que los riesgos derivados de la ejecución material de
diligencias de desalojo se encuentran vinculados principalmente
a la actuación de las autoridades de policía que las dirigen y
ejecutan, sin perjuicio del análisis particular que pueda
realizarse en cada caso.
[…]
Respuesta:
12. Mecanismos alternativos previos a la recuperación del bien
En relación con la existencia de mecanismos alternativos previos
a la ejecución de diligencias de desalojo, se precisa que la
Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE, en el marco de sus
competencias como administradora del FRISCO, no implementa
ni lidera esquemas formales de intervención social o negociación
colectiva orientados a sustituir los procedimientos adelantados
por autoridades de policía.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

En este sentido, si bien pueden presentarse espacios de contacto
o intercambio de información con los ocupantes, estos no
constituyen mesas formales de diálogo estructuradas ni
esquemas de concertación social en los términos en que son
definidos por otras entidades del Estado.
No obstante, en los eventos en que se desarrollen espacios de
interacción, mesas de trabajo o acercamientos con ocupantes o
terceros, estos se realizan con un alcance limitado a la gestión
administrativa del bien y orientados a su recuperación material
o a la definición de alternativas de administración, sin que
impliquen la adopción de compromisos en materia de política
social, reubicación o soluciones habitacionales.
Así mismo, medidas como la reubicación, acuerdos de uso con
finalidad social o soluciones habitacionales concertadas
corresponden a políticas públicas y competencias propias de las
entidades territoriales y autoridades del sector social, y no hacen
parte de las funciones asignadas a la SAE.
13. Lineamientos para soluciones dialogadas con comunidades
indígenas
Frente a la existencia de lineamientos internos que prioricen
soluciones dialogadas cuando se trate de comunidades indígenas
reconocidas, se precisa que la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. – SAE no cuenta con un instrumento autónomo que
establezca la obligación de privilegiar mecanismos de
concertación o diálogo como política institucional en estos casos.
No obstante, en el marco de la administración de los bienes, la
entidad:
• Valora las condiciones particulares del caso, incluyendo el tipo
de ocupación y las características de la población involucrada
• Promueve la articulación con autoridades competentes, cuando
se identifican escenarios que pueden involucrar comunidades
étnicas
• Actúa bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad, en la toma de decisiones sobre la gestión del
activo

En este contexto, cuando llegaren a presentarse espacios de
interacción o acercamiento con comunidades o grupos ocupantes
—incluyendo eventuales mesas de trabajo—, estos se
desarrollan con un alcance estrictamente limitado a la gestión
administrativa del bien, y en particular orientados a su
recuperación material o a la evaluación de alternativas de
administración que resulten viables dentro del marco legal
aplicable.
En ese sentido, dichos espacios no constituyen instancias
formales de concertación social ni implican la adopción de
compromisos en materia de política pública, reubicación o
reconocimiento de derechos territoriales, aspectos que
corresponden exclusivamente a las entidades competentes en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

materia de derechos de comunidades indígenas, orden público y
política social.
[…]
14. Documentación mínima en el expediente interno de la SAE
En relación con la documentación que debe reposar en los
expedientes internos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
– SAE, se precisa que la entidad no conforma expedientes
orientados a la ejecución de diligencias de desalojo en los
términos de la Ley 1801 de 2016, en tanto dichas actuaciones
son adelantadas y documentadas por las autoridades de policía
competentes.
No obstante, en el marco de la administración de los bienes del
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen Organizado – FRISCO, la SAE mantiene expedientes
asociados a la gestión integral del activo, dentro de los cuales
puede reposar, según el caso:
• Información jurídica del bien (estado del proceso de extinción
de dominio, titularidad, medidas cautelares)
• Diagnósticos técnicos, jurídicos y económicos del activo
• Registros sobre la situación de ocupación del bien
• Informes o reportes del administrador designado
• Comunicaciones con autoridades competentes
• Soportes de actuaciones orientadas a la recuperación o
administración del activo
• Actas de entrega, recibo o inventarios, cuando haya lugar

En ese sentido, la documentación que reposa en la SAE está
orientada a soportar las decisiones administrativas sobre el bien,
y no constituye un expediente operativo del procedimiento
policivo de desalojo, el cual corresponde a las autoridades que
lo dirigen y ejecutan […]”.

En ese entendido, para la Sala es evidente que la SAE dio

respuesta a la solicitud formulada por el actor, de forma

congruente, completa y de fondo, la cual fue notificada al correo

electrónico que para tal fin suministró el peticionario16.

En cuanto al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL se advierte

que el 19 de marzo de 2026 trasladó por competencia la petición

al director de la Policía Nacional (RS20260319064039) y al jefe de

16
Comunicada al correo electrónico info@litigiodiverso.co, de conformidad con la constancia
dispuesta a índice 9 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

(rs20260319064036), teniendo en cuenta que la actuación

administrativa en el marco de procedimientos de desalojos es

propia de la institución policial, y en Oficio núm. 2026-

00008108C01 de 28 de abril de este año, remitió respuesta al

actor de las preguntas formuladas de manera general, tal como se

evidencia a continuación:

“[…] 1) Preguntas “MADRE” (PARA TODAS LAS ENTIDADES)

1. […] Sobre la existencia de protocolos, manuales, guías o
instrumentos aplicables a desalojos con comunidades étnicas, es
preciso destacar que el Comando General de las Fuerzas
Militares no cuenta con protocolos, manuales, guías, circulares,
instructivos, rutas, formatos ni documentos internos aplicables
a procedimientos de desalojo o desocupación de inmuebles,
incluidos aquellos que involucren comunidades indígenas o
población étnica. Lo anterior obedece a que los procedimientos
de desalojo constituyen actuaciones de naturaleza policiva,
reguladas principalmente por la Ley 1801 de 2016, competencia
radica en autoridades de policía administrativa, particularmente
inspectores de policía y autoridades civiles territoriales. En ese
sentido no existe competencia constitucional ni legal asignada a
las Fuerzas Militares para diseñar, reglamentar o ejecutar este
tipo de actuaciones.

2. […] Sobre lineamientos, normatividad o criterios aplicables en
ausencia de protocolos en coherencia con lo expuesto
previamente se reitera que el Comando General de las Fuerzas
Militares no aplica lineamientos ni normatividad específica en
materia de desalojos, por no ser una actividad de su resorte
funcional.

3, 4 y 5. […] Sobre la ruta de actuación antes, durante y
después de un desalojo no es posible describir una ruta de
actuación institucional en fases previa, concurrente o posterior
a procedimientos de desalojo que involucren comunidades
indígenas, por cuanto dichas actuaciones no hacen parte de las
funciones asignadas al Comando General de las Fuerzas
Militares.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

6. […] Las medidas de enfoque diferencial étnico en
procedimientos de desalojo, el Comando General de las Fuerzas
Militares, no es la entidad competente para establecer, exigir ni
recomendar medidas específicas de enfoque diferencial étnico en
procedimientos de desalojo.

7. […] La protección de población vulnerable (niños, niñas,
mujeres gestantes, adultos mayores, personas con
discapacidad) es importante precisar que en el contexto de
desalojos que es la situación expuesta en la petición, no es
competencia del Comando General de las Fuerzas Militares
garantizar medidas de protección, por tratarse de actuaciones
policivas y administrativas.

8. […] En relación a las matrices de riesgo y metodologías de
evaluación de vulneración de derechos en desalojos, el Comando
General de las Fuerzas Militares no dispone de matrices de riesgo
ni metodologías aplicables a procedimientos de desalojo, por no
corresponder a su ámbito funcional.

9. […] Sobre articulación interinstitucional, mesas o comités en
desalojos, si bien existen espacios de articulación
interinstitucional en distintos ámbitos de la administración
pública, el Comando General de las Fuerzas Militares, no lidera
ni participa en instancias específicas orientadas a la planeación
o ejecución de desalojos, en tanto estos no hacen parte de sus
funciones y competencias constitucionales.

10 y 12 […] Respecto a liderazgo, actas, planes operativos,
humanitarios o de caracterización, el Comando General de las
Fuerzas Militares no elabora, lidera ni suscribe planes, actas o
documentos asociados a procedimientos de desalojo ya que
dichos instrumentos corresponden a autoridades civiles y de
policía administrativa.

13. […] En relación a documentos, trazabilidad, auditoría y
rendición de cuentas en desalojos, no corresponde al Comando
General de las Fuerzas Militares, definir documentos de
expediente en desalojos, establecer mecanismos de trazabilidad
de dichas actuaciones, implementar auditorías o seguimiento
sobre procedimientos policivos, desarrollar esquemas de
rendición de cuentas en ese ámbito, por tratarse de
competencias ajenas a su función constitucional

14. […] Respecto a la capacitación en Derechos Humanos
(DDHH) y enfoque diferencial es importante destacar que las
Fuerzas Militares cuentan con procesos obligatorios de formación
y entrenamiento en Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, uso de la fuerza, Enfoque diferencial aplicado en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

las operaciones militares, adicionalmente se cuenta con el
Manual de Educación Conjunto en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario MEC 6-27.2 disponible en el siguiente
enlace(https://esdegue.edu.co/sites/default/files/202505/MEC
%20627.2%20DDHH%20Y%20DIH-4.pdf)

15. […] Sobre la competencia institucional y entidades
responsables se precisa de manera categórica que el Comando
General de las Fuerzas Militares, no tiene competencia en
procedimientos de desalojo o desocupación de inmuebles,
incluidos aquellos que involucren comunidades indígenas. Dado
que la solicitud se fórmula en términos generales, hipotéticos y
no vinculados a una actuación concreta atribuible a esta entidad,
la presente respuesta se emite en el marco del deber de
información, limitada estrictamente a las competencias
constitucionales y legales del Comando General de las Fuerzas
Militares […]”.

Mas adelante, en Oficio núm. RS20260514107678 de 14 de mayo

de 2026, dicha cartera ministerial complementó la respuesta a la

petición formulada, incluyendo la respuesta de las preguntas

específicas que le fueron presentadas:

“[…] «10. MINISTERIO DE DEFENSA
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita al Ministerio de Defensa
Nacional informar:

A. Lineamientos sectoriales generales
1. Indique si el Ministerio de Defensa ha emitido directrices,
políticas o lineamientos sectoriales relacionados con la
intervención de la Fuerza Pública en diligencias administrativas
de
desalojo».
Respuesta: Si, se emitió la Política de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, adoptada mediante
Resolución 3852 del 11 de septiembre de 2024, que establece
lineamientos sobre el uso de la fuerza, los cuales, en lo que
remite a diligencias de desalojo, deben ser apropiados por la
Policía Nacional a través de procedimientos y guías, tal y como
consta en la respuesta a su petición con radicado GS-2026-
009358-SEGEN del 31 de marzo de 2026 (anexo).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

«2. Precise si existen orientaciones específicas cuando dichas
diligencias involucran comunidades indígenas o población en
condición de especial protección constitucional».
Respuesta: Adicionalmente a lo expuesto por el Comisionado de
Derechos Humanos para la Policía Nacional, con radicado GS-
2026-001902-CODEH 31 de marzo de 2026 (anexo), me permito
informar que la Política de Derechos Humanos y DIH del
Ministerio de Defensa Nacional como instrumento que orienta el
cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública,
traza la adopción de enfoques: el enfoque de derechos humanos
y el enfoque diferencial.
«3. Señale si el Ministerio ha adoptado lineamientos sobre la
armonización entre mantenimiento del orden público y
protección reforzada de derechos fundamentales».
Respuesta: En primera medida con relación a lineamientos de
política ministerial, cabe mencionar que, la Política de Seguridad,
Defensa y Convivencia Ciudadana (PSDCC) para la Vida y la Paz
2022-2026, adoptada mediante resolución No. 2703 del 19 de
julio del 2023, se fundamenta en el concepto de seguridad
humana y tiene como propósito principal la protección de la vida
y su objetivo principal se basa en “proteger la vida de todas y
todos los habitantes del país, mediante la generación de
condiciones de seguridad en los entornos urbanos y
particularmente rurales, y la recuperación del control del
territorio para liberar a la sociedad de las violencias”. Bajo los
principios de Prevención, Gradualidad, Integralidad y Derecho
Internacional Humanitario.

De la PSDCC se desprenden estrategias, entre ellas y a saber la
Estrategia para fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública
(integridad, transparencia, derechos humanos y género), la cual
reconoce la importancia de fortalecer la confianza entre la
ciudadanía y la Fuerza Pública, así como de contar un Sector de
Seguridad y Defensa en el cual se promuevan y se avance en la
construcción de procesos internos de integridad, transparencia,
respeto irrestricto por los derechos humanos, así como del
reconocimiento y respeto de la diversidad de género.

La Estrategia para avanzar en el fortalecimiento de la Policía
Nacional a través del Proceso de Transformación Policial +
Humana, dentro del proceso de fortalecimiento y transformación
que adelanta la Policía Nacional, hace especial énfasis en la
promoción y el respeto por los Derechos Humanos, la gestión
eficiente y transparente, además de un fortalecimiento de
capacidades de cara a los nuevos retos en seguridad y
convivencia ciudadana.

Sumado a lo anterior, como fue inicialmente descrito, mediante
la Resolución 3852 del 11 de septiembre de 2024 se adoptó la
“Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Sector Seguridad y Defensa”, en donde se contempla los
principios, enfoques y obligaciones en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho
Internacional Humanitario (DIH), los derechos relacionados con
la misionalidad de la fuerza pública, entre otros aspectos, “en
los que se reitera que la defensa y protección de la vida es la
prioridad de la Fuerza Pública en cumplimiento de su mandato
constitucional” y que la Fuerza Pública “en el marco de sus roles
y funciones, es garante de la integridad, la libertad y la seguridad
personal en cumplimiento de su misionalidad constitucional y
legal”.

Se destaca como pilar el enfoque de derechos humanos y el
carácter excepcional del uso de la fuerza, que se ampara en los
principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
Sumado al principio de dignidad humana, donde el uso de la
fuerza se aplicará dentro de los parámetros constitucionales,
legales y los estándares internacionales, respetando el valor y
los derechos que tienen las personas por el simple hecho de
serlo.

Por su parte el Comando General de las Fuerzas Militares cuenta
con las siguientes instrucciones y órdenes que deben tenerse en
cuenta en las operaciones militares, de acuerdo con los
conceptos operacionales desarrollados en la doctrina militar de
orden operacional, que distinguen marcos de aplicación del
derecho internacional; así mismo, se emiten directrices
continuamente desde el nivel estratégico hasta el operacional y
táctico, en aras de proteger a la población civil y que se
mantenga una política de cero tolerancia a las violaciones de los
Derechos Humanos o infracciones al DIH, así:
✓ Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Militares,
segunda edición (2015), en donde en su anexo IV, titulado
Grupos de Especial Protección Constitucional, además de
definirlos como “aquellas personas que por su labor o condición
se encuentran en una posición vulnerable frente al resto de la
sociedad”.
✓ Circular No. 0123009397602/MDN-COGFM – JEMCO -SEMJI-
DIDOP del 02 de octubre de 2023, que trata, “Políticas en
materia de cumplimiento de las obligaciones de respeto,
protección y promoción de los Derechos Humanos (DDHH) y la
aplicación del DIH frente a la protección de la población civil
dentro del Conflicto Armado No Internacional”.
✓ Circular No. 0124008108502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMJI-
DIDIH- ARPGE, de fecha 17 de julio de 2024, para difundir al
interior de las Fuerzas, la Directiva Presidencial 07/2023
“Respaldo y cumplimiento a la labor de Defensa de los Derechos
Humanos en Colombia”.
✓ Circular No. 0124000038806/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMJI-
DIDIH- ARPGE del 21 de noviembre de 2024, que trata

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

“Lineamientos para fortalecer la promoción, respeto y protección
de los derechos humanos de las comunidades indígenas,
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.
✓ El Comando General de las FFMM emitió la Circular
0124000039606 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMJI-DIDIH-ARGPE,
con fecha del 4 de diciembre de 2024, impartiendo “lineamientos
para fortalecer el respeto, la promoción, prevención y protección
a la labor de defensa de los derechos humanos de los Defensores
de Derechos Humanos, Líderes y Líderesas Ambientales, Étnicas,
Sociales y Políticos, personas en proceso de reincorporación y
sus organizaciones”, emitida por el Comando General de las
Fuerzas Militares, con el objetivo de efectuar “recomendaciones,
tendientes a orientar a los señores Comandantes en todos los
niveles del mando, para que se fomente la cultura de respeto y
promoción a la labor de defensa de los derechos humanos, y se
adopten medidas para el debilitamiento y desmantelamiento de
las estructuras criminales que atentan contra la vida de este
grupo de especial protección constitucional”.
✓ La Directiva permanente – Lineamientos estratégicos en
materia de Derechos Internacional de los Derechos Humanos,
Derechos Internacional Humanitario y Derecho Operacional, de
fecha 07 de octubre de 2025, entre otros.
«B. Doctrina sobre apoyo a autoridad civil
4. Indique cuáles son los criterios doctrinales que rigen la
intervención de Fuerzas Militares en apoyo a autoridades civiles
en actuaciones administrativas.
5. Precise si el Ministerio establece límites claros frente a la
participación de Fuerzas Militares en procedimientos de carácter
no judicial y de naturaleza administrativa».
En respuesta a los puntos 4 y 5, los criterios doctrinales de orden
estratégico y los límites de la actuación de las Fuerzas Militares,
definidos por el Ministerio de Defensa Nacional, corresponden a
los descritos en la Política de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario con fundamento en los estándares
internacionales y nacionales. En ello, por un lado, respecto del
uso de la fuerza y el mantenimiento del orden público, se remite
a la jurisprudencia interamericana, caso Montero Aranguren y
otros (Retén de Catia) vs. Venezuela (2006), con el estándar
ratificado en el Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México
(2018); y, por otro, en materia de intervención de las Fuerzas
Militares, se ubica la jurisprudencia constitucional con la
Sentencia C-872 de 2003, particularmente en lo que ocupa el
carácter instrumental de la finalidad constitucional de las
Fuerzas Militares.
«6. Señale si existen lineamientos diferenciados entre el rol de
la Policía Nacional y el de las Fuerzas Militares en este tipo de
escenarios».
Respuesta: Como se ha descrito, existen roles diferenciados que
son demarcados por la Misión Constitucional de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional (a la luz de los artículos 217 y 218

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

de la Constitución Política), en virtud de la jurisprudencia
constitucional y las disposiciones legales vigentes. En esto, es
claro que los procedimientos de desalojo constituyen
actuaciones de naturaleza policiva, reguladas principalmente por
la Ley 1801 de 2016, cuya competencia radica en autoridades
administrativas de policía, particularmente inspectores de policía
y autoridades civiles territoriales.

Así mismo, en la órbita de lineamientos diferenciados, son claras
las reglas constitucionales vigentes desarrolladas en la
Sentencia de Unificación SU-016 de 2021, en lo relativo al pleno
respeto de los derechos fundamentales y debido proceso de las
personas desalojadas, las cuales están llamadas a cumplir las
autoridades administrativas de policía.
«C. Uso de la fuerza y derechos humanos
7. Indique si el Ministerio ha emitido directrices específicas sobre
el uso de la fuerza en contextos de desalojos administrativos».
[…]Respuesta: Conforme lo expuesto en preguntas anteriores,
la “Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional del
Sector Seguridad y Defensa”, contempla los principios,
enfoques, obligaciones en el marco del DIDH y el DIH, los
derechos relacionados con la misionalidad de la fuerza pública.
Y cuenta con el pilar fundamental del carácter excepcional del
uso de la fuerza, bajo los principios de legalidad, absoluta
necesidad y proporcionalidad. Así como el principio de Dignidad
Humana, donde el uso de la fuerza se aplicará dentro de los
parámetros constitucionales, legales y los estándares
internacionales, respetando el valor y los derechos que tienen
las personas por el simple hecho de serlo.

Sumado a esto, si se han emitido procedimientos y guías por
parte de la Policía Nacional, como ya se aclaró en apartados
anteriores y se detalla de manera concreta en la respuesta a su
petición que dio Policía con radicado, anexo, GS-2026-009358-
SEGEN del 31 de marzo de 2026, del cual nuevamente me
permito resaltar:
[…]
«8. Precise si existen restricciones o estándares especiales
cuando la población involucrada pertenece a comunidades
indígenas».
Respuesta: De acuerdo con lo expresado por la Policía Nacional
a través del radicado GS- 2026-001902-CODEH 31 de marzo de
2026 (anexo), los estándares especiales parten de la aplicación
de los enfoques diferenciales, que justamente fueron adoptados
por la Política de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de
Defensa Nacional.
Aunado a ello, igualmente se debe tener en cuenta el estándar
de las reglas constitucionales vigentes desarrolladas en la
Sentencia de Unificación SU-016 de 2021, en lo relativo a las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

medidas de protección a población vulnerable en el marco de
procedimientos de desalojo.
«9. Señale si se exige evaluación previa de riesgo de vulneración
de derechos humanos antes de autorizar despliegues en este
tipo de procedimientos».
Respuesta: Por tratarse de un asunto que compete a las
autoridades administrativas de policía, con la materialización del
servicio de policía, nos acogemos a lo informado por la
Secretaría General de la Policía Nacional con el radicado, anexo,
GS-2026-009358-SEGEN del 31 de marzo de 2026. En este
particular, se describe:
[…]
«D. Coordinación interinstitucional
10. Indique si el Ministerio de Defensa establece criterios
mínimos de coordinación entre:
• Policía Nacional,
• Fuerzas Militares,
• autoridades territoriales,
• Ministerio Público, cuando se trata de desalojos con
componente social o étnico».
Respuesta: No corresponde por competencia al Ministerio de
Defensa establecer criterios de coordinación para el desarrollo
de procedimientos de desalojo. En el orden institucional de
delimitación de competencias, la Secretaria General de la Policía
Nacional en el radicado, anexo, GS-2026-009358-SEGEN del 31
de marzo de 2026, informa lo siguiente: […]

«11. Precise si el Ministerio recomienda la existencia previa de
un plan interinstitucional antes de cualquier intervención
operativa».
Respuesta: En términos de intervención operativa relacionada
con el interés de la petición, es de informar que la planificación
y ejecución del servicio de policía es un asunto de estricta
competencia de la Policía Nacional.
Con relación a las órdenes administrativas o judiciales de
desalojo, lo recomendable sería que la autoridad que emite la
orden, de ser el caso, lidere un plan interinstitucional previo.
En este sentido, la Policía Nacional en la respuesta brindada a su
petición con radicado, anexo, GS-2026-009358-SEGEN del 31
de marzo de 2026, precisa lo siguiente: […]
«E. Formación y capacitación
12. Indique si el Ministerio de Defensa ha adoptado lineamientos
obligatorios de capacitación en:
• derechos humanos,
• enfoque diferencial étnico,
• protección de población vulnerable, para el personal de Fuerza
Pública que interviene en este tipo de procedimientos».
Respuesta: Sumado a los planes de capacitación y formación de
miembros de la Fuerza Pública referidos en los oficios GS-2026-
009358-SEGEN del 31 de marzo de 2026, por parte de la Policía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Nacional y el Radicado 2026-00008108C01 del 28 de abril de
2026 (anexo), del Ejército Nacional. Me permito referenciar el
Plan Anual de Capacitación, establecido en la Directiva
Ministerial 011 de 2019, dirigido a las unidades militares y
policiales, el cual contempla una serie de anexos temáticos que
se desarrollan de manera articulada. Entre ellos se destacan:
Anexo “B”: Uso de la fuerza en el marco del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH).
Anexo “C”: Formación de instructores en Derechos Humanos y
estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en
situaciones distintas al Conflicto Armado No Internacional
(CANI) o Conflicto Armado Internacional (CAI).
Anexo “D”: Derechos Humanos enfocados en grupos de especial
protección constitucional, incluyendo:
• Prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas
y adolescentes.
• Protección a la misión médica.
• Asistencia en salud y atención a heridos de la Fuerza Pública.
• Estrategias de no estigmatización, entre otros.
Anexo “E”: Enfoque de género y prevención de la violencia
sexual y violencia basada en género.
Anexo “F”: Defensa ante organismos internacionales.
Anexo “I”: Actividades de difusión de las recomendaciones de la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), dirigidas
al Comando General y a cada una de las Fuerzas Militares.
Aunado a lo anterior se anexa el Plan anual de capacitación
extracurricular y apoyo técnico en DIH y DIDH para el año 2026
y el manual vigente de educación conjunto MEC 6-27.2.
derechos humanos y derecho internacional humanitario para las
Fuerzas Militares de abril de 2024.
«13. Señale si existe evaluación o seguimiento sobre la
aplicación de dichos estándares».
Respuesta: Si existe seguimiento en el marco de la Estrategia
de Educación y Formación que describe la Política de Derechos
Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional.
«F. Gestión del riesgo institucional
14. Indique si el Ministerio de Defensa ha emitido
recomendaciones o lineamientos para la prevención de
responsabilidad estatal derivada de actuaciones de la Fuerza
Pública en desalojos administrativos».
Respuesta: Aunado a lo expuesto en el bloque de preguntas A,
numeral 3, se resalta que el Ministerio de defensa ha emitido la
“Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional del
Sector Seguridad y Defensa”, donde se contempla los principios,
enfoques, obligaciones en el marco del DIDH y el DIH, los
derechos relacionados con la misionalidad de la fuerza pública.
Y
cuenta con el pilar fundamental del carácter excepcional del uso
de la fuerza, bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

y proporcionalidad. Así como el principio de Dignidad Humana,
donde el uso de la fuerza se aplicará dentro de los parámetros
constitucionales, legales y los estándares internacionales,
respetando el valor y los derechos que tienen las personas por
el simple hecho de serlo.
Sumado al principio de Responsabilidad frente al cumplimiento
de la ley, donde el sector Seguridad y Defensa respeta en todo
momento la Constitución y la ley, y será responsable por
infringirla, omitirla o extralimitarse en el ejercicio de las
funciones asignadas.
Acorde con la respuesta que a su petición dio la Policía Nacional,
con radicado, anexo, GS- 2026-009358-SEGEN del 31 de marzo
de 2026, me permito resaltar que: “la Policía Nacional de
Colombia dispone del proceso de Prevención y Control Policial
liderado por la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, el cual
establece los lineamientos doctrinales y operativos para la
actuación institucional en este tipo de escenarios. En ese
contexto, los procedimientos de desalojo deben desarrollarse en
estricto cumplimiento del orden constitucional y legal,
incorporando un enfoque diferencial, étnico y de derechos
humanos. Para ello, la Institución cuenta con un conjunto de
procedimientos y guías que orientan la actuación del personal
uniformado, entre los cuales se destacan: el procedimiento de
Prestación del Servicio de Policía (1PC-PR-0018); apoyo a
desalojos por orden de autoridad competente o por acción
preventiva (1CS-PR-0006); acompañamiento e intervención en
manifestaciones (1CS-PR-0010); control de disturbios (1CS-PR-
0008); atención de casos de violencias basadas en género (1PC-
PR 0001); así como guías relacionadas con actuaciones frente al
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
protección de infancia y adolescencia, y atención en contextos
especiales. Estos instrumentos permiten una intervención
planificada, proporcional y respetuosa de los derechos
fundamentales”.
«15. Precise si existen mecanismos de monitoreo o reporte al
nivel central cuando se presentan operativos que involucren
comunidades indígenas».
Respuesta: Este punto fue trasladado por competencia a la
Policía Nacional y se resolvió con el radicado GS-2026-009358-
SEGEN del 31 de marzo de 2026, del cual me permito destacar:
“(...) Una vez finalizada la diligencia, la actuación policial
corresponde a:
1. Consolidación y remisión de informes, en los que se describan
detalladamente los hechos ocurridos antes, durante y después
de la intervención.
2. Registro institucional de las actuaciones en:
• Libros y sistemas internos.
• Informes dirigidos al mando correspondiente.
3. Reporte al Ministerio Público, cuando:
• Se haya hecho uso de la fuerza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• Existan personas lesionadas o posibles afectaciones a derechos
fundamentales.
El seguimiento social, restablecimiento de derechos, medidas
humanitarias y políticas de no reocupación corresponden a la
autoridad administrativa competente y a las entidades del orden
nacional y territorial, toda vez que excede la órbita funcional de
la Policía Nacional”.
«G. Competencia y límites
16. Precise expresamente el alcance de la competencia del
Ministerio de Defensa frente a decisiones adoptadas por
autoridades administrativas locales en materia de desalojo».
Respuesta: Aunado a lo descrito respecto de las competencias
legales en procedimientos de desalojo, reguladas principalmente
por la Ley 1801 de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional no
tiene alcance ni competencia en las decisiones que puedan
adoptar las autoridades administrativas locales en esta materia.
«17. Indique si el Ministerio puede emitir recomendaciones o
directrices preventivas cuando advierta riesgo alto de afectación
de derechos fundamentales en un procedimiento de esta
naturaleza».
Respuesta: Las competencias del Ministerio de Defensa para
emitir recomendaciones o directrices se enmarcan en las
políticas sectoriales, entre ellas, la Política de Derechos Humanos
y DIH, particularmente en lo que se deriva de las obligaciones
de respeto, garantía y protección de los derechos y libertades
fundamentales, con relación al carácter excepcional del uso de
la fuerza.
«18. Señale la dependencia específica dentro del Ministerio
encargada de formular y supervisar las políticas aplicables en
estos escenarios».
Respuesta: En armonía con lo descrito frente al punto 17, por su
naturaleza y misionalidad, conforme a lo regulado en el artículo
12 del Decreto 1874 de 2021, la dependencia encargada es la
Dirección de Derechos Humanos y DIH.
En mérito de lo expuesto, este Ministerio ha atendido de manera
integral y de fondo la petición, dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales […]”.

Así las cosas, resulta claro que la complementación a la solicitud

presentada por el actor fue resuelta por el referido MINISTERIO

el 14 de mayo de 2026 y comunicada a aquel ese mismo día17.

17
De conformidad con lo dispuesto a índice 20 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Por su parte, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

mediante Oficio núm. PCSJO26-586 de 21 de mayo de 2026 dio

respuesta al actor en los siguientes términos:

“[…] Preguntas "MADRE" (PARA TODAS LAS ENTIDADES) -
Página 7
A. Documentos y lineamientos[…]
En atención a los tres interrogantes anteriormente señalados, la
Corporación no cuenta con protocolos, manuales, guías,
circulares, instructivos, rutas, formatos o cualquier documento
interno aplicable a procedimientos de desalojo/desocupación
cuando se ve involucrada una comunidad indígena o población
étnica.

Ahora bien, sobre la solicitud realizada en el numeral 3 del literal
A, el Consejo Superior de la Judicatura es el órgano
administrativo del Poder Judicial de Colombia que se encarga del
gobierno y la administración integral de la Rama Judicial en
aspectos tales como: la reglamentación de la ley, la planeación,
programación y ejecución del presupuesto, la administración del
talento humano a través de la carrera judicial, la elaboración de
listas de candidatos a los cargos de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, adelantar
programas de formación y capacitación para los servidores de la
Rama Judicial, controlar el rendimiento de los despachos
judiciales, fijar la división del territorio para efectos judiciales,
ubicar, redistribuir y fusionar despachos judiciales, crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos, suministrar sedes y
elementos a los despachos judiciales, llevar el control de
desempeño de los funcionarios y empleados para garantizar el
ejercicio legal de la profesión de abogado.
[…]
En ese orden de ideas se señala que las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura son netamente administrativas y se
encuentran sujetas al marco normativo señalado principalmente
en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y las demás que
regulen sobre la materia. Por lo tanto, no le corresponde emitir
pronunciamientos sobre los procedimientos de
desalojo/desocupación cuando se ve involucrada una comunidad
indígena o población étnica, al ser esta una diligencia de carácter
jurisdiccional.
Es importante destacar que los lineamientos generales y la
normatividad que se aplica para el caso de procesos de desalojo
se encuentran establecidos en el Código Nacional de Policía, Ley
1801 de 2016, específicamente en el artículo 79, en donde se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

establece el ejercicio de las acciones de protección de los bienes
inmuebles.

En el mencionado artículo se señaló que para el ejercicio de la
acción de Policía, en el caso de la perturbación de los derechos,
podrán instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante
el procedimiento único estipulado en el Código Nacional de
Policía: (i) el titular de la posesión o la mera tenencia de los
inmuebles particulares o servidumbres, (ii) las entidades de
derecho público y (iii) los apoderado o representantes legales de
los anteriormente señalados.

En el parágrafo de ese artículo se indica que, en el procedimiento
de perturbación por ocupación de hecho se ordenará el desalojo
del ocupante de hecho si fuere necesario o que las cosas vuelvan
al estado que antes tenía. El desalojo se deberá efectuar dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
[…]
B. Ruta antes-durante-después
[…]
La Corporación no cuenta con una ruta de actuación previa,
concomitante o posterior a las diligencias de desalojo, toda vez
que dichas actuaciones corresponden al ámbito de las
competencias administrativas asignadas a las autoridades de
policía, particularmente a los inspectores de policía en el marco
de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1801 de 2016 – Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–.

En efecto, la citada disposición establece las atribuciones de los
inspectores de policía en relación con el conocimiento y trámite
de los comportamientos contrarios a la convivencia, así como la
adopción y ejecución de las medidas correctivas
correspondientes, dentro de las cuales se encuentran las
actuaciones asociadas a la restitución y recuperación de bienes,
lanzamiento por ocupación de hecho y demás procedimientos
policivos que eventualmente pueden derivar en diligencias de
desalojo. En ese sentido, la planeación, coordinación, ejecución
y seguimiento de dichas actuaciones administrativas recaen
exclusivamente en las autoridades policivas competentes y en
las entidades territoriales que concurren en el marco de sus
funciones legales y constitucionales.
Por lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura como órgano
de Gobierno y Administración de la Rama Judicial no interviene
en la definición de protocolos operativos, rutas de atención o
mecanismos de acompañamiento relacionados con las
diligencias de desalojo, salvo en aquellos casos en los que por
disposición constitucional o legal exista una actuación judicial
específica sometida al conocimiento de los despachos judiciales
competentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

C. Enfoque diferencial étnico y especial protección
[…]
Respecto a la pregunta 7, el Consejo Superior de la Judicatura,
a través de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE)
ejecuta actualmente dos iniciativas contractuales que
operativizan el marco legal sobre las actuaciones que involucran
población indígena, estos son:
• Contrato Jiw-Nükak
Objeto: Diseñar mecanismos y herramientas con enfoque étnico
indígena que mejoren el acceso a la justicia y la coordinación
interjurisdiccional de los pueblos Jiw y Nükak de los distritos
judiciales de Villavicencio y San José del Guaviare.
Productos: Protocolo de coordinación interjurisdiccional (ruta
para servidores judiciales y para indígenas), directorio
georreferenciado de autoridades propias, flujograma del
procedimiento penal con actores institucionales, descripción de
sistemas de derecho propio Jiw y Nükak, piezas de divulgación
culturalmente adaptadas, sesiones de sensibilización a
servidores judiciales y sesiones de socialización en resguardos.
• Contrato Rutas Víctimas Indígenas VBG
Objeto: Construir e implementar rutas para mejorar el acceso
de niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas víctimas de
violencias basadas en género a la justicia ordinaria, con enfoque
multidimensional de mujer, familia y generación, en el marco de
la coordinación interjurisdiccional en 10 departamentos (La
Guajira, Cauca, Nariño, Putumayo, Córdoba, Guainía, Guaviare,
Meta, Vaupés y Vichada).
Productos: Diagnóstico de acceso a la justicia para NNA y
mujeres indígenas víctimas VBG, metodología participativa para
construcción de rutas, rutas de judicialización con enfoque
multidimensional, protocolos de atención con formas de trato
culturalmente apropiadas según género y ciclo vital y estrategias
de divulgación y replicabilidad.
Como resultado se espera la construcción de protocolos para la
articulación interjusrisdiccional que recomiendan los siguientes
elementos para las actuaciones de los jueces y magistrados:
• Interlocución con autoridades tradicionales (Cabildos,
Gobernadores de resguardo).
• Uso de la lengua propia mediante intérprete.
• Trato culturalmente apropiado para los pueblos indígenas.
• Respeto por la cosmovisión y los sistemas de justicia propios.
Es importante precisar que los productos resultantes de estos
contratos no constituyen rutas ni protocolos definitivos son
modelos que sirven como base para su construcción y desarrollo
a nivel territorial.

El régimen de protección de los pueblos indígenas en Colombia
se encuentra plenamente establecido en la ley, los tratados
internacionales y la jurisprudencia. En este sentido, el Consejo
Superior de la Judicatura aplica e implementa las disposiciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

del ordenamiento judicial, por lo que los protocolos, lineamientos
y rutas que se mencionan en esta respuesta son instrumentos
de operativización.

Frente a la pregunta 8, se señala que la protección de estos
sujetos está dispuesta por el ordenamiento jurídico vigente.
Como se mencionó en la pregunta anterior, los contratos que se
vienen adelantando operativizan dicha normatividad. Para NNA
y mujeres indígenas se producen protocolos de atención con
formas de trato culturalmente apropiadas según género y ciclo
vital. El enfoque multidimensional de “mujer, familia y
generación” garantiza que la intervención considere la unidad
familiar indígena.

Para la última pregunta de este acápite se comunica que la
Corporación no cuenta con una matriz de riesgos ni con una
metodología propia para evaluar el riesgo de vulneración de
derechos o de alteración del orden público en el marco de
diligencias administrativas de desalojo, toda vez que estas
funciones no corresponden a su competencia institucional.
Sin perjuicio de lo anterior, los contratos Jiw-Nükak y de Rutas
para Víctimas Indígenas VBG,actualmente en ejecución,
contemplan la realización de un diagnóstico de barreras de
acceso a la justicia, elemento que, sin constituir una matriz de
riesgos en sentido estricto, permiten identificar contextos de
especial vulnerabilidad de pueblos indígenas.

D. Coordinación interinstitucional
[…]
En lo que respecta a la pregunta 10, la coordinación
interinstitucional en materia de Jurisdicción Especial Indígena se
encuentra reglamentada en el Acuerdo PSAA12-9614 del 19 de
julio de 2012, aclarado por el Acuerdo PSAA13-9816 del 22 de
enero de 2013.
En el nivel nacional, el mecanismo formal de coordinación es la
Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional
y la Jurisdicción Especial Indígena - JEI - COCOIN, creada en el
artículo 14 del Acuerdo PSAA12-9614 de 2012 como órgano
permanente de interlocución, concertación, planeación, diseño y
seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial en
materia de JEI.

[…]

Ahora, para atender la pregunta 11, de conformidad con el
artículo 14 del Acuerdo PSAA12-9614 de 2012 y el parágrafo del
artículo 18 bis del Acuerdo PSAA13-9816 de 2013, la
convocatoria y el liderazgo institucional se distribuyen así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

83

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

En el nivel nacional, la Comisión Nacional de Coordinación es
presidida por el Magistrado Coordinador de la JEI del Consejo
Superior de la Judicatura. La Secretaría Técnica está a cargo de
un delegado de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y un
delegado de la ONIC, quienes son responsables de convocar con
ocho días de antelación, llevar las actas y la agenda de la
Comisión. El Plan de Acción anual en materia de JEI es el
principal instrumento de planificación que se elabora para el
funcionamiento del espacio.

En el nivel territorial, los Consejos Seccionales de la Judicatura
son los responsables de la organización, convocatoria y
seguimiento de las mesas departamentales de coordinación
inter-jurisdiccional conforme al parágrafo del artículo 18 bis del
Acuerdo PSAA13-9816 de 2013. Los documentos mínimos que
deben producirse en el marco de estas mesas incluyen:
actas de cada sesión, registros de asistencia de los miembros,
planes de acción departamentales para el fortalecimiento de la
coordinación JEI-jurisdicción ordinaria, e informes de
seguimiento a los compromisos adoptados.

E. Capacitación
[…]
En el marco de las competencias vinculadas con la misionalidad
de esta Unidad, nos permitimos manifestar lo siguiente. Las
actividades de formación bridadas por la Escuela Judicial son de
libre concurrencia y no tienen carácter obligatorio, dado que el
servidor judicial elige de manera autónoma las actividades de su
interés en procura de la adquisición de competencias necesarias
para dar respuesta a los núcleos problémicos detectados en la
práctica judicial.

De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de
esta Unidad, realiza de manera permanente el diagnóstico de
necesidades de formación que sustenta el diseño y
estructuración del Plan de Formación. Este proceso se nutre de
diversas fuentes de información, tales como normas, decisiones
judiciales, solicitudes de despachos judiciales y dependencias
administrativas, entre otras, y se fundamenta en la planificación
y participación de la comunidad judicial. A partir de la
identificación de dichas necesidades, se construye la malla
curricular que integra los diversos programas y subprogramas
contemplados en el mencionado Plan. Con relación al plan o
malla curricular, nos permitimos adjuntar los planes de
formación correspondientes, junto con sus respectivos enlaces
de acceso:
Plan de Formación 2022 de la Rama Judicial
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/Pl
an%20de%20Formacion%20Rama%20Judicial%202022%20Di
agramado.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Plan de Formación 2023-2024 de la Rama Judicial
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/Pl
an%20de%20Formacion%202023-2024%20%281%29.pd
Plan de Formación 2025-2026 de la Rama Judicial
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/Pl
an%20de%20Formaci%C3%B3n%202025-
2026%20%28r%29.pd
F. Competencia
[…]
Como se mencionó anteriormente, el Consejo Superior de la
Judicatura es el órgano administrativo del Poder Judicial de
Colombia que se encarga del gobierno y la administración
integral de la Rama Judicial, en aspectos tales como: la
reglamentación de la ley, la planeación, programación y
ejecución del presupuesto, la administración del talento humano
a través de la carrera judicial, la elaboración de listas de
candidatos a los cargos de magistrado de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, adelantar programas de
formación y capacitación para los servidores de la Rama Judicial,
controlar el rendimiento de los despachos judiciales, fijar la
división del territorio para efectos judiciales, ubicar, redistribuir
y fusionar despachos judiciales, crear, suprimir, fusionar y
trasladar cargos, suministrar sedes y elementos a los despachos
judiciales, llevar el control de desempeño de los funcionarios y
empleados para garantizar el ejercicio legal de la profesión de
abogado.
No ostenta funciones jurisdiccionales que le permitan emitir
pronunciamientos de fondo respecto de controversias sometidas
al conocimiento de otras autoridades, ni intervenir en asuntos
propios de la autonomía e independencia judicial

15. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - Página 33
A. Competencia jurisdiccional en conflictos territoriales indígenas
1. Indique cuáles son los criterios de distribución de competencia
cuando un conflicto involucra simultáneamente:
• Una orden policiva de desalojo,
• y una alegación de territorio ancestral por parte de una
comunidad indígena.
2. Precise qué jurisdicción resulta competente para conocer
controversias relacionadas con la legalidad material de una
orden de desalojo que pueda afectar derechos territoriales
colectivos:
• Jurisdicción contencioso administrativa
• Jurisdicción ordinaria civil
• Jurisdicción constitucional
• Jurisdicción especial indígena
3. Señale si la existencia de una decisión policiva en firme
excluye el control judicial posterior por parte de la jurisdicción
contenciosa o constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

85

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Las funciones atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura son
de naturaleza eminentemente administrativa y de gobierno
judicial, delimitadas por el marco constitucional y legal vigente
particularmente por lo dispuesto en los artículos 256 y 257 de la
Constitución Política, así como en el artículo 85 de la Ley 270 de
1996 —Ley Estatutaria de la Administración de Justicia—
modificada por la Ley 2430 de 2024.
Las citadas disposiciones establecen que corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura adoptar medidas orientadas a la
administración, planeación, organización, modernización y
vigilancia de la Rama Judicial, así como garantizar el adecuado
funcionamiento de la administración de justicia mediante el
ejercicio de funciones de carácter administrativo, presupuestal,
estadístico y de gestión judicial. Dentro de dichas competencias
no se encuentra prevista la facultad de conocer, dirimir o
resolver controversias jurídicas concretas ni conflictos de
competencia entre autoridades judiciales o administrativas,
funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades
investidas de jurisdicción en los términos establecidos por la
Constitución y la ley.

[…]
B. Jurisdicción especial indígena
4. Indique cuál es el alcance de la jurisdicción especial indígena
cuando se presentan controversias relacionadas con
permanencia territorial o conflictos derivados de ocupación
alegada como ancestral.
5. Precise si puede generarse conflicto de competencia entre
jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial indígena en este tipo
de escenarios.
6. Señale cuál es el procedimiento para resolver un eventual
conflicto de competencias entre jurisdicciones.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo
241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del
Acto Legislativo 02 de 2015, la competencia para dirimir los
conflictos que se susciten entre las distintas jurisdicciones fue
atribuida expresamente a la Corte Constitucional, por lo que
corresponde exclusivamente a dicha Corporación determinar la
autoridad judicial competente para conocer un asunto cuando
exista controversia entre jurisdicciones, en el marco de las reglas
constitucionales y jurisprudenciales aplicables. Ni el Consejo
Superior de la Judicatura ni sus dependencias cuentan con
facultades constitucionales o legales para emitir
pronunciamientos de fondo o adoptar decisiones relacionadas
con este tipo de conflictos toda vez que tales competencias
fueron radicadas de manera expresa en la Corte Constitucional
por mandato superior.
C. Control judicial de actuaciones policivas
7. Indique cuáles son los mecanismos judiciales idóneos para
cuestionar:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

86

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

• la legalidad de la actuación policiva,
• la ejecución material del desalojo,
• posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
8. Precise si la acción de tutela puede proceder de manera
preventiva para suspender la ejecución de una orden
administrativa en estos escenarios.
9. Señale si la jurisdicción contencioso administrativa puede
adoptar medidas cautelares frente a la ejecución de una orden
policiva.
Como se ha señalado en las respuestas a los literales anteriores,
las funciones atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura son
de naturaleza eminentemente administrativa y de gobierno
judicial, por lo que esta Corporación no se encuentra facultada
para emitir pronunciamientos sobre la legalidad de actuaciones
policivas, determinar los mecanismos judiciales procedentes
frente a situaciones particulares, definir la viabilidad o
procedencia de la acción de tutela en casos concretos, ni
pronunciarse acerca de la adopción de medidas cautelares
dentro de procesos judiciales adelantados en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Tales asuntos corresponden
exclusivamente a la órbita funcional de las autoridades judiciales
competentes, quienes, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial consagradas en la Constitución Política,
son las llamadas a valorar las circunstancias específicas de cada
caso y adoptar las decisiones a que haya lugar conforme al
ordenamiento jurídico aplicable.
De igual manera, corresponde al juez competente, como director
del proceso, determina en cada asunto concreto la idoneidad de
los mecanismos judiciales existentes, la eventual procedencia
excepcional de la acción de tutela, así como la necesidad,
pertinencia y alcance de las medidas cautelares que puedan
solicitarse dentro de las actuaciones respectivas. Por tal razón,
cualquier análisis o decisión sobre los aspectos consultados en
los numerales 7, 8 y 9 debe ser objeto de valoración por parte
de la autoridad judicial competente en el marco del proceso
correspondiente.
D. Acceso a la justicia y garantías reforzadas
10. Indique si existen lineamientos jurisprudenciales relevantes
sobre el deber de los jueces de aplicar enfoque diferencial étnico
en este tipo de controversias.
11. Precise si la condición de comunidad indígena implica
estándares probatorios o procesales diferenciados en
actuaciones judiciales.
Teniendo en cuenta las facultades constitucionales y legales
atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura, las cuales son de
Gobierno y Administración de la Rama Judicial, no se encuentra
facultado para revisar, modificar o controvertir las decisiones
jurisdiccionales adoptadas por los jueces de la República.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

87

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

La Corporación carece de competencia para pronunciarse sobre
el contenido material de las providencias judiciales, evaluar los
criterios jurídicos, probatorios o argumentativos utilizados por
los funcionarios judiciales al momento de proferir sus decisiones,
o analizar el eventual impacto derivado de las mismas en casos
concretos. Tales actuaciones hacen parte del ámbito propio de
la función jurisdiccional y se encuentran amparadas por los
principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política.
Corresponde exclusivamente al juez natural, en su calidad de
director del proceso, valorar las pruebas allegadas, interpretar
las normas aplicables, definir el alcance de los derechos en
discusión, aplicar los lineamientos jurisprudenciales, aplicar los
enfoques diferenciales o de género y adoptar las decisiones
judiciales que considere ajustadas al ordenamiento jurídico y a
las circunstancias particulares de cada asunto sometido a su
conocimiento. En consecuencia, cualquier inconformidad
respecto de una decisión judicial debe tramitarse a través de los
mecanismos y recursos previstos en la ley ante las autoridades
judiciales competentes, y no mediante pronunciamientos
administrativos del Consejo Superior de la Judicatura.
E. Estadísticas y seguimiento
12. Indique si el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con
información estadística relacionada con acciones judiciales
derivadas de desalojos colectivos o conflictos territoriales
indígenas.
13. Precise si existe mecanismo institucional para monitorear
este tipo de litigios de alto impacto social.

Respecto a estas dos preguntas, de manera atenta me permito
comunicarle que el Sistema de Información Estadística de la
Rama Judicial – SIERJU acopia la información sobre el
movimiento consolidado de procesos de los despachos del país
por tipo de proceso, sin que ello permita desagregar de manera
detallada los datos que identifiquen los casos concretos de su
petición, toda vez que el sistema recauda la estadística de
gestión de procesos sin incluir información individualizada de
cada asunto judicial que permita conocer los procesos por
desalojos colectivos o conflictos territoriales indígenas. Por lo
tanto, no se dispone de los datos específicos que requiere,
debido a las limitaciones en la estructura de las bases de datos.
F. Competencia y alcance institucional
14. Precise el alcance de la competencia del Consejo Superior de
la Judicatura en materia de orientación sobre conflictos de
competencia jurisdiccional.
15. Señale si puede emitir lineamientos orientadores cuando se
identifiquen vacíos de coordinación entre jurisdicciones en estos
escenarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

88

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

16. Indique la dependencia o sala competente para atender
consultas relacionadas con conflictos de competencia entre
jurisdicciones.
El Consejo Superior de la Judicatura no es la autoridad
competente para resolver los conflictos de competencia, sus
funciones son de carácter administrativo y de gobierno de la
Rama Judicial.
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del
Artículo 241 de nuestra Carta Política, corresponde a la Corte
Constitucional resolver los conflictos que se presenten entre las
diferentes jurisdicciones […]”.

De conformidad con lo anterior, para la Sala es dable concluir que

mediante Oficio núm. PCSJO26-586 de 21 de mayo de 2026,

comunicada ese mismo día al actor18, el CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA dio respuesta a los planteamientos

formulados en la petición de 25 de febrero de la presente

anualidad.

Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia

fue radicada el 7 de mayo de 2026, a través de la ventanilla

virtual de SAMAI y los oficios núm. 20263100092961 de 12,

RS20260514107678 de 14 y PCSJO26-586 de 21 de mayo de

2026, fueron debidamente notificados mediante correo electrónico

ese mismo día, esto es, estando en trámite la presente acción

constitucional, la Sala declarará la carencia actual de objeto

por hecho superado respecto de la SAE, el MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA

18
Visible a índice 23 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

89

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

JUDICATURA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar

alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que

le han sido encomendados»19. Y en la misma sentencia se precisó

que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a

través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración
a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo

19
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

90

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta
inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que,
en la actualidad, no se encuentran afectados ni
amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”20 (Negrilla
fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto
que justifica la intervención preferente del juez constitucional.
Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se
presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y
el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la
afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde
su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual

20
Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

91

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”21.

En conclusión, debido a que los hechos que originaron la presente

acción de tutela respecto de la SAE, el MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, han sido superados, se declarará la carencia actual

de objeto del amparo solicitado frente a dichas entidades, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Frente a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se

observa que el actor, además de las pretensiones generales,

formuló las siguientes:

“[…] 14. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Procuraduría
General de la Nación informar:

A. Vigilancia preventiva de la función pública
1. Indique cuál es el rol de la Procuraduría en ejercicio de la
función preventiva cuando se proyecta la ejecución de un
procedimiento administrativo de desalojo que involucre a una
comunidad indígena.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 2016-00061-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

2. 3. Precise si la Procuraduría puede intervenir antes de la
ejecución material de la diligencia mediante advertencias,
requerimientos o acompañamiento preventivo.
Señale si existe lineamiento institucional para el seguimiento
preventivo de actuaciones administrativas que puedan implicar
riesgo de vulneración de derechos fundamentales colectivos.
B. Intervención del Ministerio Público
4. Indique si la intervención del Ministerio Público es obligatoria
en diligencias de desalojo donde existan sujetos de especial
protección constitucional.
5. Precise cuál es el alcance de la intervención del Procurador
Delegado o del agente del Ministerio Público durante la
diligencia.
6. Señale si la ausencia del Ministerio Público podría afectar la
validez o regularidad de la actuación administrativa.
C. Control disciplinario
7. Indique si la Procuraduría ha emitido lineamientos sobre
posibles faltas disciplinarias derivadas de:
o uso desproporcionado de la fuerza,
o desconocimiento del enfoque diferencial étnico,
o omisión de activación de rutas de protección,
o incumplimiento de deberes de coordinación interinstitucional.
8. Precise si la Procuraduría puede iniciar actuación disciplinaria
preventiva cuando advierta riesgo alto de vulneración de
derechos fundamentales.
9. Señale cuáles son los mecanismos para denunciar
irregularidades cometidas durante diligencias de desalojo.
D. Enfoque diferencial y protección reforzada
10. Indique si la Procuraduría ha adoptado lineamientos
internos sobre el deber de aplicar un debido proceso reforzado
cuando la actuación administrativa involucre comunidades
indígenas.
11. Precise si ha emitido conceptos o circulares relacionados
con la armonización entre mantenimiento del orden público y
protección de derechos territoriales colectivos.
E. Coordinación interinstitucional
12. Indique si la Procuraduría participa en mesas
interinstitucionales preventivas cuando se presentan conflictos
territoriales con comunidades indígenas.
13. Precise si puede recomendar suspensión temporal de una
diligencia cuando advierta riesgo grave de afectación a
derechos fundamentales.
F. Prevención del daño antijurídico
14. Indique si la Procuraduría ha emitido lineamientos
orientados a prevenir responsabilidad disciplinaria y estatal en
escenarios de desalojos colectivos.
15. Precise si realiza seguimiento posterior a diligencias de alto
impacto social.
G. Competencia y límites

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

93

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

16. Precise expresamente el alcance de la competencia de la
Procuraduría frente a actuaciones administrativas de desalojo.
17. Señale la dependencia específica encargada de ejercer
vigilancia preventiva en estos casos.
18. Indique si la Procuraduría puede actuar de oficio cuando
tenga conocimiento de un procedimiento de desalojo con
componente étnico […]”.

La PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ÉTNICOS,

dio respuesta a lo anterior en Oficio núm. 03464 de 19 de marzo

de 2026, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

94

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

De conformidad con lo anterior, se advierte que aun cuando la

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ÉTNICOS dio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

95

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

contestación a las preguntas específicas formuladas por el actor,

no lo hizo frente a las mencionadas “preguntas madre”, por lo que

solicitó ampliación del término por 10 días, no obstante, revisadas

las pruebas allegadas al expediente de tutela, se advierte que

cumplido dicho plazo no se emitió complementación de la

respuesta, lo que deja en evidencia la vulneración del derecho

fundamental de petición del actor.

En lo que respecta a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, el actor

formuló las siguientes peticiones específicas:

“[…] 13. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Además de las preguntas generales formuladas a todas las
entidades, respetuosamente se solicita a la Defensoría del
Pueblo informar:

A. Rol preventivo y acompañamiento
1. Indique cuál es el rol específico de la Defensoría del Pueblo
cuando se proyecta la ejecución de un procedimiento
administrativo de desalojo que involucra a una comunidad
indígena.
2. Precise si la Defensoría puede intervenir preventivamente
antes de la ejecución material de la diligencia y bajo qué
condiciones.
3. Señale si la presencia del Ministerio Público es obligatoria o
recomendable en este tipo de actuaciones.

B. Sistema de Alertas Tempranas
4. Indique si un escenario de desalojo que involucre población
indígena podría activar el Sistema de Alertas Tempranas.
5. Precise cuáles son los criterios para emitir:
o informe de riesgo,
o alerta temprana,
o recomendación preventiva, cuando se advierte posible
afectación de derechos fundamentales colectivos.
6. Señale si la Defensoría ha emitido lineamientos específicos
frente a desalojos colectivos o conflictos territoriales étnicos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

96

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

C. Estándares constitucionales y convencionales
7. Indique cuáles son los estándares constitucionales mínimos
que deben observar las autoridades en un desalojo que
involucre comunidades indígenas.
8. Precise si la Defensoría considera que la sola existencia de
una orden policiva en firme exonera a las autoridades de aplicar
un debido proceso reforzado con enfoque diferencial.
9. Señale si ha emitido recomendaciones relacionadas con:
o proporcionalidad,
o razonabilidad,
o gradualidad,
o protección reforzada de sujetos vulnerables, en este tipo de
actuaciones.

D. Protección de población vulnerable
10. Indique qué medidas recomienda la Defensoría para
garantizar protección de:
• niños, niñas y adolescentes,
• mujeres gestantes,
• adultos mayores,
• personas con discapacidad, en diligencias de desalojo
colectivo.
11. Precise si la Defensoría considera necesario contar con plan
humanitario previo en estos escenarios.

E. Coordinación interinstitucional
12. Indique si la Defensoría participa en mesas
interinstitucionales previas a la ejecución de desalojos con
componente social o étnico.
13. Precise si puede recomendar suspensión temporal de una
diligencia cuando identifique riesgo alto de vulneración de
derechos fundamentales.

F. Seguimiento posterior
14. Indique si la Defensoría realiza seguimiento posterior a
diligencias de desalojo cuando hay comunidades indígenas
involucradas.
15. Precise si emite informes públicos o recomendaciones
posteriores a estos eventos.

G. Competencia y facultades
16. Precise el alcance de la competencia de la Defensoría frente
a actuaciones
administrativas de desalojo.
17. Indique si puede requerir información inmediata a
autoridades territoriales antes, durante o después de la
diligencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

97

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

18. Señale la dependencia específica dentro de la Defensoría
encargada de estos asuntos y los canales institucionales para
solicitar acompañamiento preventivo […]”.

Frente a los anteriores interrogantes, la DEFENSORÍA DEL

PUEBLO emitió las siguientes respuestas en Oficio núm.

202600401301524971 de 17 de abril de 202622:

22
El cual fue comunicado a través del correo electrónico dispuesto por el actor, de conformidad con
lo expuesto a índice 15 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

98

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

99

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

Situación similar ocurre respecto de la DEFENSORÍA DEL

PUEBLO, que si bien es cierto dio respuesta a los interrogantes

específicos planteados por el actor, no lo hizo respecto de las “[…]

preguntas madre […]”, por lo que se advierte que la petición

formulada no fue resuelta completamente y deja en evidencia la

vulneración del derecho fundamental invocado.

Finalmente, en lo que respecta al MINISTERIO DEL INTERIOR,

el EJÉRCITO NACIONAL, los DEPARTAMENTOS DE

ANTIOQUIA y CÓRDOBA, la ANT, la UARIV, la UNDMO y el

ICBF se advierte que dentro del trámite de la presente solicitud

de amparo guardaron silencio y, además, no obra prueba en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

100

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

expediente que acredite que hubieran dado respuesta de fondo,

clara, precisa y congruente frente a la solicitud de 25 de febrero

de 2026, presentada por el actor.

La Sala destaca que aun cuando la ANT al rendir informe solicitó

que se ampliara el término otorgado hasta el 15 de mayo de la

presente anualidad para dar respuesta al requerimiento, a fin de

proyectar una contestación de fondo frente a la solicitud del actor,

se destaca que cumplido dicho plazo no se observa memorial

alguno que evidencie que esta y/o a través de sus dependencias

diera respuesta a la petición de 25 de febrero de 2026.

En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado

que se haya dado respuesta a la solicitud efectuada por el actor

respecto de dichas entidades, la Sala concederá el amparo al

derecho de petición y, en consecuencia, se ordenará al

MINISTERIO DEL INTERIOR, al EJÉRCITO NACIONAL, a los

DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA y CÓRDOBA, a la ANT, a la

UARIV, a la UNDMO, al ICBF, a la PROCURADURÍA GENERAL

DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que, en el

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación

de esta providencia, respondan de fondo y de manera clara,

precisa, completa y congruente el contenido de la petición

presentada por el señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS el 25 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

101

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

febrero de 2026, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo respecto de la

POLICÍA NACIONAL, la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA

JURÍDICA DEL ESTADO y los MINISTERIOS DE CULTURA y

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO

POR HECHO SUPERADO frente a la SOCIEDAD DE ACTIVOS

ESPECIALES, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

102

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del

actor y, en consecuencia, ORDENAR al MINISTERIO DEL

INTERIOR, al EJÉRCITO NACIONAL, a los DEPARTAMENTOS

DE ANTIOQUIA y CÓRDOBA, a la AGENCIA NACIONAL DE

TIERRAS, a las UNIDADES PARA LA ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y NACIONAL DE

DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN, al INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la

DEFENSORÍA DEL PUEBLO que, en el término de cuarenta y

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,

den respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente con

lo solicitado por el señor JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS el 25 de

febrero de 2026.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

103

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03541-00
Actor: JHON ESTEBAN LEÓN PAVAS

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de

2026.

PABLO ANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIAMARGOTH PEÑAGARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.