Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03543-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela / Niega amparo – ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta alguna irregularidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso
de amparo constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de abril de 2026, Jorge Francisco Nieto Rodríguez instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Alcaldía Municipal de Fundación
(Magdalena), en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de
acceso a la información pública, acceso a la administración de justicia, petición,
“control ciudadano de la función pública y moralidad administrativa”.
2.
Como sustento fáctico, relató que en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos presentó demanda contra el aludido ente
territorial ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión de la inclusión
del nombre de un servidor público en el mobiliario urbano instalado en el parque del
barrio Ariguaní y en el bulevar subyacente.
3.
Lo anterior, con el propósito de verificar si la inclusión de dichos elementos
obedeció a una decisión debidamente autorizada dentro del contrato de obra, los
diseños aprobados, la interventoría y la supervisión técnica del proyecto, o si
correspondió a una actuación no prevista dentro de la ejecución contractual de una
obra pública.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.
Sostuvo que, para la fecha de interposición de la acción constitucional, desconocía
el estado del proceso, su número de radicación, el despacho de conocimiento, la
etapa procesal en el que se encontraba y las decisiones adoptadas.
5.
Indicó que junto con la acción popular aportó material fotográfico como soporte de
los elementos instalados en el parque. Sin embargo, no conserva dichos registros,
circunstancia que le impide el acceso a esa información.
6.
Agregó que puso en conocimiento de la Alcaldía Municipal de Fundación los
hechos objeto de relato en el presente asunto.
7.
Adujo que se encuentra en una situación de incertidumbre absoluta, pues a pesar
de haber activado los mecanismos judiciales y administrativos de control, no ha sido
posible conocer el estado del proceso ni la legalidad de las actuaciones relacionadas
con la ejecución de la obra del parque del barrio Ariguaní.
8.
En ese sentido, manifestó que la presente acción se dirige contra la Alcaldía
Municipal de Fundación, por su responsabilidad en suministrar la información
contractual y administrativa relacionada con la mencionada obra pública, y contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por “ser la autoridad competente” para
informar sobre el estado de la acción popular.
9.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordene a la autoridad judicial
accionada: (i) informar el estado actual del proceso en cuestión, precisando el
número de radicado, el despacho competente, la etapa procesal y las decisiones
adoptadas; (ii) certificar si aquel se encuentra activo, archivado o en trámite de
cumplimiento; y, (iii) indicar sobre la existencia de alguna orden encaminada a la
intervención del parque del barrio Ariguaní.
10.
A su vez, pidió que se ordenara a la Alcaldía Municipal de Fundación: (i) entregar
copia del contrato de obra del parque del barrio Ariguaní y el bulevar subyacente; (ii)
remitir planos, diseños arquitectónicos y especificaciones técnicas aprobadas del
proyecto; (iii) remitir actas de interventoría, supervisión y ejecución del contrato; (iv)
informar el responsable contractual, técnico y de interventoría del proyecto; (v)
informar de manera expresa si dentro del diseño, contratación o ejecución de la obra
se autorizó la inclusión de nombres, referencias personales o identificaciones
asociadas a mandatarios o servidores públicos en el mobiliario urbano. En caso
afirmativo, precisar quien emitió la autorización correspondiente y el acto
administrativo que la respalda.
11.
Finalmente, solicitó ordenar la verificación y búsqueda en el expediente
contractual y judicial de los registros fotográficos, actas, planos y documentos que
soporten la ejecución de la obra, incluyendo aquellos que en su momento fueron
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
aportados dentro de la acción popular, aun cuando actualmente no obren en poder
del accionante.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
12.
Inicialmente el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Santa Marta, el cual, por medio de auto del 5 de mayo de 2026, se
abstuvo de conocer la acción, en atención a las reglas de reparto previstas en el
Decreto 1069 de 2015. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta
Corporación.
13.
Mediante auto del 12 de mayo de 2026, se requirió a la parte actora para que, en
el término allí indicado, precisara el actuar al que pretendía atribuir la vulneración de
sus derechos, así como para que aportara: (i) la constancia de radicación de la
acción popular que afirmó haber presentado ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena y/o (ii) la constancia de radicación de alguna solicitud de información ante
las autoridades accionadas.
14.
A través de proveído del 3 de junio de 2026, se resolvió admitir la demanda,
notificar de su presentación a la Alcaldía Municipal de Fundación y al Tribunal
Administrativo del Magdalena, así como requerir a esta última para que allegara
copia digital del expediente contentivo del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos aludido por la parte actora y comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo del Magdalena2
15.
Informó que la acción popular en cuestión fue tramitada en esa Corporación bajo
el radicado número 47001-23-33-000-2025-00308-00. Indicó que, por auto del 20 de
enero de 2026, se remitió por competencia a los juzgados administrativos;
providencia que fue notificada por estado el 23 de enero siguiente. Mencionó que,
en esa misma fecha, en respuesta a una petición de información elevada por el actor,
le informó sobre la adopción de dicha decisión por medio de correo electrónico.
16.
Señaló que el referido expediente fue enviado a la oficina judicial para el reparto
correspondiente el 2 de febrero de 2026. El 5 de febrero siguiente, dicha
dependencia informó que el proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Santa Marta, comunicación que también fue remitida a la dirección de
correo electrónico del accionante.
17.
Con fundamento en lo expuesto, sostuvo que el señor Nieto Rodríguez ha tenido
conocimiento, desde el primer momento, no solo de los radicados asignados a la
2 Intervención digital contenida en 4 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
demanda que promovió en contra del municipio de Fundación, sino también de los
despachos judiciales a los que les ha correspondido su conocimiento.
18.
Finalmente, manifestó que el accionante ya había acudido al juez de tutela con
fundamento en hechos y pretensiones similares. Indicó que ese asunto fue tramitado
en esta Subsección bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-00045-00; oportunidad
en la cual se resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
decisión que no fue objeto de impugnación.
(ii) Alcaldía Municipal de Fundación3
19.
Ascebeth Ovallos Jaime, quien manifestó obrar en calidad de Asesora Jurídica del
ente territorial, señaló que una vez revisados los canales institucionales dispuestos
para la recepción de peticiones y requerimientos ciudadanos, no se encontró alguna
solicitud radicada por el actor en relación con los hechos objeto de debate.
20.
Agregó que el señor Nieto tampoco allegó algún soporte documental que permita
acreditar la presentación de una petición previa ante dicha entidad. En ese sentido,
esgrimió que su propósito es emplear el mecanismo de amparo para obtener
información que no ha solicitado ante el ente territorial, en desconocimiento del
carácter subsidiario de la acción de tutela.
21.
Con posterioridad a la admisión de la demanda, el accionante presentó varios
memoriales. El 12 de junio de 2026, solicitó: (i) tener por vencido el término
concedido a las entidades accionadas para rendir informe dentro del presente
trámite, (ii) dar aplicación a las consecuencias procesales derivadas de la falta de
contestación, (iii) proferir sentencia con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente, así como (iv) informar sobre el estado actual del proceso y otorgarle
acceso al expediente.
22.
El 17 de junio del año en curso, solicitó nuevamente información sobre el estado
del proceso y acceso al expediente.
23.
El 22 de junio de 2026, reiteró lo solicitado en el escrito presentado el 12 de junio
anterior.
24.
A través de los oficios No. JRB-3737, JRB-3853, JRB-3939 del 16, 18 y 22 de junio
de 2026, respectivamente, la Secretaría General de esta Corporación atendió las
solicitudes relativas a la información sobre el estado del proceso y el acceso al
expediente.
II. CONSIDERACIONES
3 Intervención digital contenida en 3 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
C. Cuestión previa
25.
En atención a las manifestaciones efectuadas por la autoridad judicial accionada,
la Sala estima oportuno precisar que el accionante no incurrió en una conducta
temeraria al instaurar el mecanismo de amparo de la referencia.
26.
Si bien se constató que anteriormente el actor había presentado una demanda de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, en aras de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, no se acreditó que dicho asunto verse sobre los mismos
supuestos fácticos, ni las mismas pretensiones.
27.
En esa oportunidad, el actor sustentó la vulneración de los derechos invocados
en la ausencia de información relacionada con la acción popular que promovió en
contra del municipio de Fundación, particularmente respecto de su radicación y
reparto.
28.
El conocimiento de dicho proceso correspondió a esta Subsección, la cual,
mediante sentencia del 13 de febrero de 2026, declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado. Tal determinación obedeció a que, durante el trámite
constitucional, desaparecieron las circunstancias que dieron origen a la solicitud de
amparo. Por un lado, se acreditó que, a través de auto del 20 de enero de 2026, cuya
notificación se surtió a través de un mensaje de correo electrónico remitido el día
siguiente, se declaró la falta de competencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena para conocer de la demanda y se ordenó remitir el expediente a la Oficina
Judicial de Santa Marta, con el fin de que fuera repartido entre los juzgados
administrativos de esa ciudad. Por otro, se verificó que el 2 de febrero del año en
curso, el asunto fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, bajo
el radicado 47001-33-33-004-2026-00022-00.
29.
En tales condiciones, se observa que en lo que respecta al Tribunal Administrativo
del Magdalena, si bien la tutela anterior comparte identidad de partes con el asunto
que ahora se examina, no guardan identidad de objeto ni de causa.
30.
La acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2026-00045-00 fue
promovida el 23 de diciembre de 2025, mientras que la que es objeto de estudio en
esta oportunidad fue presentada el 30 de abril de 2026. En consecuencia, el reclamo
atinente a la falta de información sobre el trámite de la aludida acción popular se
formuló en un momento procesal distinto, lo que implica necesariamente que la
información exigible a la autoridad judicial también pueda variar en función de las
actuaciones adoptadas en cada etapa del proceso.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
31.
Cuando la vulneración alegada se fundamenta en la falta de información sobre el
estado de un proceso judicial, los supuestos de hecho que dan lugar a la presunta
afectación no permanecen inmutables en el tiempo, aun cuando se trate del mismo
expediente. Por el contrario, se trata de una situación que varía conforme avanza el
proceso, por lo que el transcurso del tiempo constituye un elemento determinante en
la modificación de los supuestos fácticos que sirven de sustento a la solicitud de
amparo.
32.
Bajo ese escenario, la Sala encuentra que la presente acción versa sobre
supuestos fácticos diferentes y, por ende, persigue un objeto distinto, lo que descarta
la triple identidad requerida como uno de los presupuestos para que se configure la
temeridad, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
D. Análisis del caso concreto
33.
Esta Subsección negará la solicitud de amparo, tras no encontrar acreditada la
vulneración de derechos que se alega.
34.
Aunque la parte actora omitió atender el requerimiento efectuado en el auto del 12
de mayo de 2026, de los elementos de juicio allegados por la autoridad judicial
demandada, se evidenció que la acción popular cuya falta de información se reclama
fue tramitada inicialmente ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, bajo el
radicado número 47001-23-33-000-2025-00308-00.
35.
También se verificó que, por medio de auto del 20 de enero de 2026, dicha
Corporación declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los
juzgados administrativos del circuito de Santa Marta. Dicha providencia fue notificada
por estado el 23 del mismo mes y año y la remisión efectiva del proceso tuvo lugar
el 2 de febrero del año en curso. El 5 de febrero siguiente, la Oficina Judicial informó
que el expediente había sido repartido al Juzgado Cuarto Administrativo de esa
ciudad, comunicación que también fue remitida a la dirección de correo electrónico
suministrada por el actor.
36.
Tales actuaciones fueron puestas en conocimiento del señor Nieto Rodríguez, no
solo en el marco de la acción popular, sino también en virtud de la acción de tutela
que instauró previamente. De esta manera, se evidencia que para la fecha en que
interpuso la presente acción tenía pleno conocimiento de que el asunto ya no se
encontraba a cargo del Tribunal Administrativo del Magdalena.
37.
En esas condiciones, no es posible atribuir a dicha autoridad alguna vulneración
de derechos por la omisión de suministrar información sobre el estado actual del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por
el actor, pues se trata de un proceso que ya no se encontraba bajo su conocimiento.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
38.
Una vez remitido el expediente, cesó la competencia del Tribunal sobre ese
asunto y, por ende, cualquier deber asociado a su trámite, en particular informar
sobre el estado del proceso o cualquier otra obligación relacionada con la
comunicación de las actuaciones que se surtieran posteriormente.
39.
Tampoco se acreditó que el accionante hubiera dirigido alguna solicitud a dicha
Corporación, con el fin de obtener la información que reclama en esta oportunidad.
De ahí que no pueda predicarse algún actuar omisivo por parte de dicha autoridad
judicial susceptible de comprometer los derechos fundamentales cuya protección
solicita el actor.
40.
La eventual afectación derivada de la falta de información sobre el trámite de la
acción popular debía dirigirse, en principio, contra la autoridad judicial que con
posterioridad asumió el conocimiento del asunto y no contra el Tribunal.
41.
Pese a ello, el tutelante optó por acudir nuevamente al juez constitucional,
insistiendo en que el Tribunal Administrativo del Magdalena era la autoridad
competente para suministrar la información requerida, cuando ya no tenía injerencia
alguna en el trámite, lo que merece especial censura si se tiene cuenta que, para
ese entonces, ya tenía pleno conocimiento sobre el traslado del expediente por
competencia a otro despacho judicial.
42.
Igual conclusión se impone frente a la Alcaldía Municipal de Fundación, por cuanto
el accionante no acreditó haber radicado una solicitud ante el ente territorial,
encaminada a obtener la información que ahora solicita en sede de tutela.
43.
En reiterada jurisprudencia4, la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar
que si bien toda persona tiene derecho a elevar peticiones respetuosas ante la
administración o los particulares, cuando se pretende invocar su protección es
requisito ineludible demostrar, siquiera de forma sumaria, la presentación de la
solicitud.
44.
No basta con la simple afirmación de no haber obtenido información sobre
determinado asunto, sino que es necesario que esta se encuentre respaldada con
elementos que permitan verificar la existencia de un requerimiento previo y, en
consecuencia, la configuración del deber de respuesta cuya omisión se reprocha;
carga que no fue acreditada en el caso bajo estudio.
45.
Incluso, aun con el requerimiento dirigido a la parte actora para que allegara
constancia de radicación de la solicitud de información que presuntamente habría
4 Al respecto, ver sentencia T-1160 de 2001, T-997 de 2005 y T-329 de 2011, entre otras.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presentado ante las accionadas, hizo caso omiso, circunstancia que fue corroborada
con la información suministrada por el ente territorial.
46.
Así las cosas, no existe algún presupuesto del cual se pueda deducir que la
Alcaldía Municipal de Fundación se encontraba en la obligación de suministrar al
actor la información que pretende obtener vía tutela. De modo que el demandante
no puede pretender que se disponga la protección de un derecho fundamental a
partir de una conducta que no resulta exigible a la entidad. Por consiguiente, en lo
que respecta a dicho ente, también se negará la solicitud de amparo.
47.
En cuanto a los cuestionamientos relacionados con la supuesta extemporaneidad
de las contestaciones allegadas durante el presente trámite y la aplicación de la
presunción contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, debe precisarse
que la consecuencia derivada de no rendir el informe o hacerlo tardíamente no
supone la concesión automática del amparo solicitado, ni releva al juez constitucional
de su deber de verificar la existencia de los presupuestos fácticos mínimos que
sustentan vulneración de derechos que se alega.
48.
La presunción de veracidad no puede ser empleada para suplir la ausencia de
elementos probatorios indispensables para estructurar el reproche constitucional,
menos aun cuando se trata de acreditar la existencia misma del actuar al que se
atribuye la afectación de los derechos cuya protección se solicita.
49.
Por ende, so pretexto de aplicar dicha presunción, no puede prescindirse del
análisis integral del material probatorio obrante en el expediente, ni deben tenerse
por demostrados hechos que el propio accionante estaba en condiciones de acreditar
y respecto de los cuales se incumplieron las cargas mínimas que le asisten.
50.
Finalmente, si bien se descartó la configuración de un ejercicio temerario, la Sala
considera necesario llamar la atención sobre el uso ponderado y responsable del
mecanismo de amparo, pues este no fue concebido para trasladar al juez de tutela
cargas mínimas de diligencia que corresponden al propio interesado, como el
seguimiento de los procesos en los que interviene, cuyas actuaciones están
disponibles a través del aplicativo dispuesto para el efecto o el agotamiento de los
instrumentos que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para el acceso a la
información, sino para la protección efectiva de derechos fundamentales.
51.
Por lo reseñado en precedencia, la Sala negará el amparo solicitado en la
demanda ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03543-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
52.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
5 VF
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