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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03545-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03545-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03545-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03545-01
Accionante: Zalka S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato.

Decisión: Confirmar la decisión de negar las pretensiones de la acción de tutela
por no demostrarse los defectos alegados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 18
de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual
negó las pretensiones de la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La sociedad Zalka S.A.S. manifestó que fue reconocida como cesionario de los
exsocios de la Clínica Santiago de Cali S.A., dentro del trámite arbitral promovido
con ocasión del presunto incumplimiento del Contrato 023 de 2013, celebrado
entra dicha sociedad y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia.

3. El Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cali, mediante laudo del 12 de agosto
de 2022, reconoció la legitimación de los exsocios y accedió a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de ordenar el pago de los perjuicios a favor de Zalka
S.A.S.

4. El Fondo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promovieron
acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento y la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la expedición del laudo arbitral del 12 de agosto de 2022 y de la

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Accionante: Zalka S.A.S.

providencia del 7 de septiembre de 2023, mediante las cuales, respectivamente,
se reconoció la legitimación de los exsocios de la Clínica Santiago de Cali S.A.
para formular las pretensiones derivadas del contrato y se declaró infundado el
recurso extraordinario de anulación interpuesto contra dicho laudo.

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela. Sin embargo, en sede de apelación, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 31 de julio de 2024, amparó los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, dejó sin efectos el laudo arbitral y ordenó proferir una nueva
decisión en la que se realizara un análisis riguroso de la legitimación sustancial de
los convocantes y de la responsabilidad contractual, sin fundamentarla
exclusivamente en su condición de exsocios.

6. En el trámite del estudio del cumplimiento de dicha decisión, el Tribunal de
Arbitramento profirió un primer laudo de reemplazo el 26 de septiembre de 2024.
No obstante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia del 29 de agosto de 2025, ordenó emitir un nuevo laudo con
estricto acatamiento de lo dispuesto en la sentencia del 31 de julio de 2024, al
considerar que este no atendía las directrices impartidas en el fallo de tutela.

7. El 3 de diciembre de 2025, el Tribunal de Arbitramento profirió un nuevo laudo,
en el que declaró de oficio la falta de legitimación sustantiva de la parte
convocante, desestimó las pretensiones y se abstuvo de imponer condena en
costas. Por su parte, Zalka S.A.S. solicitó la nulidad de las actuaciones
adelantadas para verificar el cumplimiento, al considerar que no había sido
notificada de dicho trámite.

8. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto
del 5 de diciembre de 2025 rechazó de plano la solicitud de nulidad, al considerar
que las actuaciones cuestionadas estaban dirigidas a verificar el cumplimiento de
la sentencia de tutela y que no se había iniciado formalmente un incidente de
desacato contra los árbitros. En la misma providencia, concluyó que el Tribunal de
Arbitramento había dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 31 de
julio de 2024.

9. Zalka S.A.S. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica contra
dicha decisión. Sin embargo, mediante auto del 24 de marzo de 2026, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó los recursos
por improcedentes, al considerar que el carácter sumario de la acción de tutela
impide extender por analogía las reglas del Código General del Proceso y que el
Decreto 2591 de 1991 no contempla recursos contra las decisiones adoptadas
durante el trámite incidental.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte accionante aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Defecto procedimental absoluto: al omitir notificar la providencia del 29

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de agosto de 2025 a la parte demandante en el proceso arbitral, pese a que
esta era beneficiaria del laudo y, por tanto, tenía interés directo en la acción
de tutela y en el incidente de desacato.

• Defecto orgánico: pues al tramitar el incidente de desacato excedió su
competencia al modificar o ampliar el alcance de la orden impartida en la
sentencia de tutela. En particular, cuestionó un supuesto análisis de la
pertinencia de la doctrina probable y de las normas comerciales utilizadas
por los árbitros, asunto que correspondería exclusivamente al Tribunal de
Arbitramento como juez natural del proceso.

2.3. Pretensiones

11. La parte accionante solicitó:

«Primero: Que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
con ponencia del consejero JORGE EDISON PORTOCARRERO
BANGUERA, mediante Auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), proceso con radicado 11001031500020240037402,
incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial -incidente de desacato-, específicamente en un defecto
orgánico por cuanto modificó contenido sustancial de la orden proferida en
la sentencia de tutela objeto del desacato.

Segundo: Que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
con ponencia del consejero JORGE EDISON PORTOCARRERO
BANGUERA, mediante Auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), proceso con radicado 11001031500020240037402,
incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial -incidente de desacato-, específicamente en un defecto
procedimental absoluto por cuanto pretermitió la notificación de la
providencia que resolvía el incidente y omitió la garantía del derecho de
contradicción y defensa de tercero interesado.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, DEJE SIN EFECTOS el Auto
del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proceso con
radicado 11001031500020240037402, con ponencia del consejero JORGE
EDISON PORTOCARRERO BANGUERA, Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado por las razones anotadas o por las que el despacho
encuentre pertinentes.

Cuarto: En virtud de la orden anterior, DEJE SIN EFECTOS el laudo arbitral
-tercer laudo arbitral- del tres (3) de diciembre de 2025 dictado con
fundamento en el Auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco
(2025) aquí cuestionado y todos los demás actos u órdenes dictados a su
amparo.

Quinto: Se declare que no hubo incumplimiento de la orden de tutela dictada
por le Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero
JOSE ROBERTO SÁCHICA y calendada a treinta y uno (31) de julio de dos
mil veinticuatro (2024), proceso con radicado 11001-03-15-000-2024-00374-
01 Sexto: Las demás que el despacho considere pertinentes y conducentes
para el restablecimiento del orden jurídico».

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2.4. Intervenciones

12. Por medio del auto del 12 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado como accionado y a la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, al Tribunal de Arbitramento integrado por un Tribunal que sesionó en el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Cali, a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Sociedades, al
Procurador 166 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. en liquidación
por adjudicación y a la Fiscalía General de la Nación como terceros con interés en
el resultado del proceso.

13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal
de Arbitramento, la Superintendencia de Salud solicitaron su desvinculación del
presente asunto, al considerar que la acción de tutela se dirige contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

14. La Procuraduría Judicial Ciento Sesenta y Seis delegada ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca describió las actuaciones adelantadas en el
curso del proceso arbitral y de la acción de tutela cuestionada.

15. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa y por el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez. Subsidiariamente, pidió negar el amparo, al considerar que no se
configuraron los defectos procedimental ni orgánico alegados.

16. Señaló que contra el laudo arbitral del 3 de diciembre de 2025 la sociedad
accionante interpuso recurso extraordinario de anulación. Asimismo, sostuvo que
no existió defecto orgánico, pues el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 faculta
al juez de tutela para verificar el cumplimiento de sus decisiones.

17. Explicó que el auto del 29 de agosto de 2025 se limitó a reiterar lo dispuesto en
la sentencia del 31 de julio de 2024, incluida la regla según la cual la sola condición
de exsocio no habilitaba para reclamar derechos derivados de la calidad de
contratista de la sociedad.

18. Finalmente, precisó que el auto del 5 de diciembre de 2025 aclaró que no se
había iniciado un incidente de desacato, sino un trámite de verificación de
cumplimiento conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en el que el
obligado era el Tribunal de Arbitramento y no se requería la intervención de
terceros.

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19. La Fiscalía Doscientos Catorce delegada ante los Jueces Penales del
Circuito informó que adelantó la indagación identificada con el radicado
110016000050202340852, por el presunto delito de peculado por apropiación, a
partir de una denuncia que posteriormente fue inactivada el 20 de mayo de 2024
para ser acumulada al radicado NUNC 110016099069202150258, a cargo de la
Fiscalía 216 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por tratarse
de los mismos hechos. En consecuencia, el 25 de mayo de 2026 remitió la acción
de tutela a dicha dependencia, al considerar que era la competente para
pronunciarse.

2.5. Sentencia impugnada

20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de junio
de 2026, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la
providencia respecto de la cual se alega indebida notificación no corresponde al
trámite del incidente de desacato, sino a la verificación del cumplimiento del fallo
de tutela.

21. Además, señaló que el requerimiento al Tribunal para que profiriera un laudo
arbitral de reemplazo, en el que diera estricto cumplimiento a la orden impartida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se derivó de la
facultad del juez de realizar la verificación consistente en dictar medidas
necesarias encaminadas a remover los obstáculos que impidan el acatamiento del
fallo.

22. Por otro lado, estimó que la falta de notificación no tiene efectos en el caso
concreto, en la medida en que dicha actuación se dispuso respecto de los árbitros
que conformaban el Tribunal de Arbitramento, quienes eran responsables de
acatar el fallo y, en todo caso, no se dio apertura al incidente de desacato ni se
moduló la orden de tutela.

23. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada estaba facultada para
pronunciarse respecto a los argumentos referentes a la legitimación de la sociedad
convocante desarrollados en el laudo arbitral de reemplazo, más aún cuando lo
que se ordenó en el fallo de tutela fue que se desarrollara un nuevo estudio de la
legitimación en el que no se tuviera en cuenta la calidad de exsocios y que este
debía ser serio y riguroso, para lo cual era necesario un estudio de las
consideraciones desarrolladas en el nuevo laudo arbitral.

2.6. Impugnación

24. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la decisión judicial
anterior, pues consideró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta los argumentos
presentados en el escrito de acción de tutela, por lo que negó las pretensiones de
la acción de tutela.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

26. Teniendo en cuenta que la Sección Cuarta del Consejo de Estado estimó
cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, esta
Subsección ase abstendrá de efectuar su análisis.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en los defectos procedimental absoluto y orgánico, al expedir la
providencia del 29 de agosto de 2025, al interior del trámite de incidente de
desacato con radicado 11001-03-15-000-2024-00374-02.

3.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

29. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial
idóneo para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela
tiene un carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros
mecanismos judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

31. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.

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32. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

33. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.5. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

34. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido1. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto2.

35. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 3 o porque
iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales”4 […]».

36. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la

1
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
2
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
3
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.

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situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales5.

3.5.1. Análisis del presunto defecto procedimental absoluto en el caso
concreto

37. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto procedimental absoluto al omitir notificar la providencia del 29 de agosto
de 2025 a la parte demandante en el proceso arbitral, pese a que esta era
beneficiaria del laudo y, por tanto, tenía interés directo en la acción de tutela y en
el incidente de desacato.

38. Esta Subsección observa que, mediante providencia del 29 de agosto de
2025, se ordenó al Tribunal de Arbitramento que, en el término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de dicha decisión cumpliera la orden
impartida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia del 31 de julio de 2024, en los siguientes términos:

«DEJAR SIN EFECTOS el laudo arbitral de 12 de agosto de 2022, con el fin de
que los árbitros accionados, dentro de los 30 días siguientes a la notificación
de esta sentencia, profieran una nueva decisión con fundamento en las
precisiones aquí consignadas, en la cual el estudio de la legitimación sustantiva
de los demandantes se aborde (i) deslindándolo del análisis de la legitimación
formal, (ii) prescindiendo de la aplicación de los artículos 68 del Código General
del Proceso y 1634 y 1637 del Código Civil para sustentar la misma, y (iii)
presentando un análisis serio y riguroso de la responsabilidad contractual y de
quienes están habilitados para formular pretensiones con fundamento en ésta,
el cual no podrá limitarse a verificar la condición de ex socio de uno de los
contratantes para reconocer dicha legitimación».

39. En efecto, esta decisión se notificó al Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Cali, en representación del Tribunal de Arbitramento obligado al
cumplimiento de la orden; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en calidad
de accionantes.

40. Asimismo, fue notificada a los respectivos apoderados judiciales de la Agencia
y del Fondo, así como al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
calidad de autoridad judicial accionada. Empero, no se surtió la actuación respecto
de Zalka S.A.S, quien actuó como tercero interesado en el resultado del proceso.
Por lo anterior, resulta indispensable determinar si en el trámite del incidente de
desacato resultaba imperativo notificar a Zalka S.A.S.

41. El incidente de desacato se encuentra previsto en el artículo 27 del Decreto
2591 de 1991 como el mecanismo mediante el cual el juez de tutela puede
asegurar el cumplimiento de las órdenes impartidas en una decisión judicial. Para
tal efecto, está facultado para adoptar las medidas necesarias, incluida la
imposición de sanciones, y conservar su competencia hasta tanto se restablezcan
los derechos cuya vulneración fue amparada o desaparezca la amenaza que dio
lugar a la protección.

5
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.

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42. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional 6 ha precisado
que la finalidad primordial del incidente de desacato no radica en sancionar al
obligado por la desobediencia de la orden judicial, sino en propiciar su
cumplimiento efectivo. Así, la sanción constituye un instrumento de coerción
orientado a obtener la ejecución de la orden de tutela y, con ello, la protección
efectiva de los derechos fundamentales amparados.

43. En el caso concreto, el incidente de desacato tenía por objeto verificar el
cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuya orden estaba dirigida al
Tribunal de Arbitramento, al que se le impuso el deber de proferir una decisión de
reemplazo. En consecuencia, resultaba imprescindible su notificación y
vinculación al trámite incidental, en tanto era el destinatario directo de la orden
cuyo cumplimiento se pretendía verificar.

44. No ocurría lo mismo respecto de Zalka S.A.S., pues la orden impartida en el
fallo de tutela no estaba dirigida a dicha sociedad, ni el requerimiento efectuado al
Tribunal de Arbitramento tenía la potencialidad de afectar sus derechos
fundamentales. En efecto, dicha actuación se limitaba a establecer si la autoridad
judicial había dado cumplimiento a la orden impartida. Por consiguiente, no
resultaba necesario notificar a Zalka S.A.S. de la actuación incidental. Finalmente,
una vez constatado que la orden había sido efectivamente cumplida, se dispuso el
archivo de las diligencias.

45. Así las cosas, esta Subsección considera que la autoridad judicial accionada no
incurrió en un defecto procedimental absoluto, ni vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante al no disponer la notificación de la
providencia encaminada a verificar el cumplimiento de la orden dirigida al Tribunal
de Arbitramento de proferir una decisión de reemplazo.

3.6. El defecto orgánico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

46. En lo que atañe al defecto orgánico, la Corte Constitucional sostuvo, en la
sentencia T-643-2017, que se refiere a un vicio relacionado a la competencia, es
decir que la autoridad que profirió la providencia cuestionada carece de
competencia para conocer del asunto a resolver. Tiene como fuente principal el
artículo 121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del Estado solo
pueden ejercer las funciones que les asigna la Constitución y la ley.7

47. Al respecto, la misma Corte, en la sentencia SU 072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a
una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro
mecanismo de defensa como es el caso de una decisión que está en firme y fue
dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia, y
cuando (ii) en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las

6
Sentencia SU 034 de 2018.
7
Corte Constitucional SU072 de 2018.

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Accionante: Zalka S.A.S.

circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los
jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios,
validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente 8.

48. Según la Corte Constitucional9, este defecto tiene un (i) carácter funcional
cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y por el contrario
interfieren en ámbitos funcionales que no les corresponden de acuerdo a lo que
dicta la Constitución Política y la ley, y extralimitan su ejercicio quebrantando el
derecho fundamental al debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la
autoridad a pesar de contar con atribuciones para realizar determinada conducta,
lo hace por fuera del término consagrado para ello10.

3.6.1. Análisis del presunto defecto orgánico en el caso concreto

49. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto orgánico, pues al tramitar el incidente de desacato excedió su competencia
al modificar o ampliar el alcance de la orden impartida en la sentencia de tutela.
En particular, cuestionó un supuesto análisis de la pertinencia de la doctrina
probable y de las normas comerciales utilizadas por los árbitros, asunto que
correspondería exclusivamente al Tribunal de Arbitramento como juez natural del
proceso.

50. Sin embargo, de la lectura de la providencia del 29 de agosto de 2025, esta
Subsección advierte que la autoridad judicial accionada se limitó a verificar si el
Tribunal de Arbitramento cumplió la orden impartida en la sentencia de tutela del
31 de julio de 2024, es decir, si realizó un análisis serio y riguroso de la legitimación
sustancial de los demandantes para reclamar derechos derivados de la
responsabilidad contractual, sin limitarse a su condición de exsocios de la sociedad
liquidada.

51. Una vez efectuado el estudio, concluyó que la orden de tutela no fue cumplida
integralmente, pues, aunque el Tribunal modificó los fundamentos jurídicos de su
decisión e invocó normas del Código de Comercio y jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, terminó reconociendo nuevamente la legitimación de los
demandantes con fundamento esencialmente en su condición de exsocios.
Además, señaló que las providencias invocadas correspondían a supuestos
fácticos distintos y no permitían concluir que los exsocios estuvieran legitimados
para reclamar los derechos contractuales de una sociedad liquidada.

52. Por consiguiente, esta Subsección considera que la autoridad judicial accionada
no incurrió en el defecto orgánico alegado. Tal como lo señaló la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en primera instancia, aquella se limitó a verificar si el
Tribunal de Arbitramento había proferido la decisión de reemplazo en estricto
cumplimiento de los criterios establecidos en el fallo de tutela. Para ello, resultaba
necesario determinar la legitimación sustancial de los demandantes para reclamar
los derechos derivados de la responsabilidad contractual, sin que bastara con
atender a su condición de exsocios de la sociedad liquidada.
8
Ibidem.
9
Sentencia T-267-2013.
10
Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03545-01
Accionante: Zalka S.A.S.

53. En consecuencia, al no encontrarse configurados los defectos procedimental
absoluto y orgánico, ni evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, se confirmará la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.

54. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó las pretensiones de
la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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