Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03552-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03552-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03552-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03552-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide
la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 25 de
junio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que el señor Helver
Manuel Mora Montoya instauró una acción de cumplimiento contra la Contraloría
de Bogotá D.C., con el propósito de obtener el reporte a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, en adelante CNSC, de la totalidad de vacantes definitivas
relacionadas con el Proceso de Selección núm. 1358 de 2020, invocando como
incumplidas las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083
de 2015, el artículo 3 del Decreto 051 de 2018 y el artículo 11 del Acuerdo 019
de 2024.
3. Mediante sentencia del 8 de abril de 2026, el Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento al concluir que la entidad accionada actuó conforme al régimen
jurídico aplicable y que las controversias planteadas por el actor correspondían a
un debate sobre legalidad y motivación de actos administrativos, ajeno al ámbito
1
Presentado el 8 de mayo de 2026.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
propio de dicho mecanismo constitucional.
4. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de
impugnación, insistiendo en que la Contraloría omitió reportar la totalidad de las
vacantes definitivas existentes con anterioridad al Decreto Ley 409 de 2020 y que
el juez de primera instancia dejó de valorar pruebas que, en su criterio,
demostraban la existencia de un número superior de vacantes a las reportadas
ante la CNSC.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
2
A , mediante sentencia del 5 de mayo de 2026, modificó parcialmente el fallo
impugnado para declarar improcedente la acción respecto del artículo 6 de la Ley
1960 de 2019 por ausencia de constitución en renuencia y negó las restantes
pretensiones, al considerar que la controversia propuesta excedía el contenido
de las normas cuyo cumplimiento se reclamaba.
2.2. Fundamento jurídico
6. El actor consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
al estimar que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció el material probatorio recaudado, omitió el ejercicio de facultades
oficiosas previstas en la Ley 393 de 1997 y resolvió la controversia mediante una
interpretación normativa que, en el sentir de la parte accionante, desconoce el
principio del mérito y el régimen de transición aplicable al Proceso de Selección
núm. 1358 de 2020.
7. Alegó configurado un defecto procedimental absoluto, porque el Tribunal,
según sostuvo, no estudió integralmente los argumentos expuestos en la
impugnación de la acción de cumplimiento, omitió decretar pruebas de oficio y
dejó de esclarecer aspectos que consideraba indispensables para determinar
cuántas vacantes definitivas existían antes de la entrada en vigencia del Decreto
Ley 409 de 2020.
8. Igualmente, reprochó la existencia de un defecto fáctico, por cuanto, en su
criterio, la autoridad judicial omitió valorar adecuadamente los planes anuales de
vacantes, los reportes institucionales y demás elementos que acreditaban la
existencia de un número superior de vacantes definitivas respecto de las 269
incluidas en el Acuerdo 56 de 2024.
2
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-061-2026-00088-01. La autoridad judicial determinó que la acción de
cumplimiento cumplía parcialmente los requisitos de procedibilidad, pero concluyó que respecto del artículo 6 de la Ley
1960 de 2019 no se acreditó adecuadamente la renuencia exigida por la Ley 393 de 1997, razón por la cual declaró
improcedente el mecanismo frente a dicha disposición. Frente a las restantes normas invocadas, precisó que el artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 11 del Acuerdo 019 de 2024 consagran deberes generales de reporte de
vacantes, pero no regulan expresamente los conflictos de competencia surgidos tras la expedición del Decreto Ley 409
de 2020 ni determinan qué autoridad debe recibir los reportes según la fecha de surgimiento de cada vacante. El Tribunal
consideró que la controversia propuesta exigía resolver cuestiones complejas de interpretación normativa, relacionadas
con la coexistencia del régimen general administrado por la CNSC y el régimen especial administrado por la CECAT,
asunto que desborda el ámbito propio de la acción de cumplimiento, destinada exclusivamente a hacer efectivos mandatos
claros, expresos e inobjetables. Asimismo, indicó que, si el accionante estimaba que el Acuerdo 56 de 2024 no reflejaba
la totalidad de vacantes existentes antes del 16 de marzo de 2020, la controversia recaía sobre la motivación y legalidad
de ese acto administrativo, discusión que debía tramitarse mediante los mecanismos ordinarios de control judicial y no
por vía de acción de cumplimiento.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
9. Señaló además que se presentó un defecto sustantivo, pues sostuvo que
las normas cuya observancia reclamó contenían un mandato claro de reporte de
vacantes definitivas y que el Tribunal sustituyó dicho deber por una interpretación
restrictiva que desconoció el alcance del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de
2015, del artículo 11 del Acuerdo 019 de 2024 y de las reglas derivadas de la Ley
1960 de 2019.
10. Como fundamento adicional, adujo que el Tribunal erró al considerar
inexistente la obligación de reportar las vacantes reclamadas, pese a que, según
su lectura del régimen de transición establecido en el artículo 49 del Decreto Ley
409 de 2020, la CNSC conservaba competencia para culminar integralmente el
proceso de selección y administrar las listas de elegibles correspondiente.
2.3. Pretensiones
11. La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: Conceder la protección al derecho fundamental del Debido Proceso.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN CUARTA - SUB-SECCIÓN
A dentro del proceso de acción de cumplimiento número 11001-33-43-061-2026-
00088-01 fechada del 05 de mayo de 2026, por el cual resuelve MODIFICAR el
fallo emitido por el Juzgado Sesenta y Uno (61) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá en sentencia del 8 de abril de 2026, que resolvió: (…) PRIMERO:
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento presentada por el señor
Helver Manuel Mora Montoya respecto del artículo 6º de la Ley 1960 de 2019, de
conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de cumplimiento presentada por el señor Helver
Manuel Mora Montoya respecto del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y
el artículo 11 del Acuerdo 019 de 2024, de conformidad con los motivos expuestos
en la parte considerativa de esta sentencia (…)
TERCERO: Ordenar a la accionada la expedición de una nueva providencia donde
se evidencie un análisis completo y de fondo, valorando de manera debida e
integral todo el material (fácticos y probatorios); y de ser el caso y ante dudas
adicionales ordenar aplicar, tal como y lo prevé el artículo 27 de la ley 393 de 1997
la práctica de pruebas de oficio.» Sic en toda la cita.
2.4. Intervenciones
12. Mediante auto del 133 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela de
la referencia, se ordenó notificar como accionados, a a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y
vinculó, como terceros interesados en el resultado del proceso al juez 61
administrativo de Bogotá4, al contralor distrital de Bogotá5 y a los presidentes de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Comisión Especial de Carrera de
3
Índice 4 del aplicativo SAMAI
4
Quien dictó la sentencia de primera instancia en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos con radicado 11001-33-43-061-2026-00088-00
5
Quien fungió como demandado en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos con radicado 11001-33-43-061-2026-00088-00/01
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
las Contralorías Territoriales6.
2.4.1. La Contraloría de Bogotá D.C.7 solicitó negar el amparo solicitado y,
subsidiariamente, declarar su improcedencia, al considerar que no existió
vulneración del debido proceso por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Sostuvo que el actor pretendía reabrir, mediante esta acción
constitucional, una controversia ya debatida en el medio de control de
cumplimiento, frente al cual existe decisión con efectos de cosa juzgada.
13. Asimismo, afirmó que la entidad reportó oportunamente a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) las vacantes definitivas surgidas antes
del 16 de marzo de 2020, conforme al Decreto 1083 de 2015, el Decreto 051
de 2018 y el Acuerdo 019 de 2024. Señaló que las vacantes posteriores a dicha
fecha fueron reportadas a la Comisión Especial de Carrera de las Contralorías
Territoriales (CECAT), autoridad competente tras la entrada en vigencia del
Decreto Ley 409 de 2020.
14. Finalmente, señaló que el Proceso de Selección núm. 1358 de 2020
comprendió únicamente las vacantes definitivas existentes antes del 16 de marzo
de 2020, de acuerdo con los pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, los lineamientos de la CNSC, las mesas de trabajo
adelantadas los días 4 y 21 de marzo de 2024 y el Oficio CNSC No.
2026RS061437 del 6 de abril de 2026. En consecuencia, defendió la legalidad
de las actuaciones administrativas desplegadas y negó que existiera
incumplimiento normativo alguno.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca8 sostuvo que la tutela
carecía de relevancia constitucional porque los reparos formulados
correspondían exactamente a los mismos planteamientos debatidos y resueltos
dentro de la acción de cumplimiento.
15. Precisó que la Subsección sí estudió los argumentos y las pruebas
allegadas, concluyendo que la controversia excedía el contenido de las normas
cuyo cumplimiento se pretendía y requería resolver cuestiones interpretativas
ajenas a la acción de cumplimiento.
16. Solicitó negar el amparo invocado y, subsidiariamente, declararla
improcedente, por estimar que el accionante pretendía utilizar el amparo como
una instancia adicional para reabrir una controversia ya decidida en dos
instancias judiciales.
17. Afirmó que reportó oportunamente a la CNSC las 269 vacantes surgidas
antes del 16 de marzo de 2020 y que las posteriores fueron informadas a la
CECAT conforme al régimen especial creado por el Decreto Ley 409 de 2020.
6
Quienes fueron vinculados al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos con radicado 11001-33-43-061-2026-00088-00/01.
7
Índice 17 del aplicativo SAMAI
8
Índice 18 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
2.4.3. La Comisión Especial de Carrera de las Contralorías Territoriales
(CECAT)9 solicitó negar el amparo solicitado al considerar que el Tribunal efectuó
una adecuada valoración probatoria y aplicó correctamente las reglas derivadas
del régimen especial de carrera administrativa.
18. Expuso que la controversia no giraba en torno al número de vacantes sino
a la definición de la autoridad competente para administrarlas, aspecto que ya
había sido delimitado por el Decreto Ley 409 de 2020 y por la jurisprudencia sobre
conflictos de competencia.
2.4.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)10 invocó su falta de
legitimación en la causa por pasiva, argumentando que no intervino en la
adopción de las providencias judiciales cuestionadas y que carece de
competencia para modificar o controvertir las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales.
19. De manera subsidiaria, solicitó declarar la improcedencia del amparo y
expuso que el accionante participó en el concurso para el empleo OPEC 219774,
pero obtuvo 53.03 puntos en la prueba funcional eliminatoria, sin alcanzar el
puntaje mínimo de 65 puntos exigido para continuar en el proceso de selección.
2.6 Sentencia Impugnada11
20. La Sección Cuarta de esta corporación, mediante providencia del 25 de
junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar incumplido
el requisito general de relevancia constitucional exigido para la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales. Precisó que la
controversia sometida a su conocimiento no planteaba un problema
genuinamente constitucional, sino una inconformidad frente a decisiones
adoptadas dentro de la acción de cumplimiento.
21. En tal sentido, precisó que el accionante reiteró en sede de tutela los
mismos argumentos expuestos ante los jueces de cumplimiento, insistiendo en
que la Contraloría de Bogotá omitió reportar la totalidad de vacantes definitivas y
que los jueces omitieron valorar adecuadamente determinadas pruebas
relacionadas con el número real de cargos vacantes existentes antes del 16 de
marzo de 2020.
22. Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó
razonadamente que el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 11
del Acuerdo 019 de 2024 no regulaban expresamente las situaciones derivadas
del cambio de competencia introducido por el Decreto Ley 409 de 2020, razón
por la cual la controversia planteada suponía un ejercicio de interpretación
normativa que excedía el objeto propio de la acción de cumplimiento.
9
Índice 19 del aplicativo SAMAI
10
Índice 20 del aplicativo SAMAI
11
Índice 27 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
23. Finalmente, concluyó que las alegaciones relativas a la falta de valoración
probatoria, la ausencia de pruebas oficiosas y la interpretación de las normas
invocadas no evidenciaban una vulneración autónoma del debido proceso, sino
un desacuerdo con el criterio jurídico adoptado por el juez natural. Por ello, estimó
que la tutela pretendía reabrir un debate ya resuelto en las instancias ordinarias
y, en consecuencia, declaró improcedente el amparo solicitado.
2.7. Impugnación12
24. El accionante adujo que la sentencia de tutela confundió el objeto de la
acción de cumplimiento con el de la acción de tutela, pues mientras la primera
perseguía el cumplimiento de normas, la segunda cuestionaba la
constitucionalidad de la providencia judicial por los defectos reprochados.
25. Insistió en que el Tribunal omitió valorar integralmente las pruebas
relativas al número de vacantes definitivas existentes y dejó de ejercer sus
facultades probatorias oficiosas, pese a que, desde el punto de vista del actor,
existían elementos suficientes para advertir inconsistencias entre los planes
anuales de vacantes y los reportes realizados por la Contraloría de Bogotá.
26. Finalmente, alegó que el a quo aplicó de manera excesivamente restrictiva
el requisito de relevancia constitucional y pasó por alto una prueba sobreviniente
consistente en la tutela decidida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la
cual, en su criterio, respaldaba la tesis jurídica expuesta desde la acción de
cumplimiento.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201913 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
28. Desde una perspectiva metodológica, los defectos procedimental, fáctico
y sustantivo invocados por el accionante no aparecen verdaderamente
diferenciados, pues todos convergen en una misma inconformidad estructural: la
negativa de las autoridades judiciales que conocieron del proceso de
cumplimiento, de aceptar su tesis según la cual la Contraloría de Bogotá estaba
obligada a reportar un número superior de vacantes a las 269 reconocidas dentro
12
Índice 34 del aplicativo SAMAI
13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
del Proceso de Selección núm. 1358 de 2020.
29. En ese entendido, el denominado como defecto procedimental se sustentó
en la falta de decreto de pruebas de oficio; el defecto fáctico en la supuesta
omisión de valoración de los planes de vacantes; y el defecto sustantivo en la
interpretación que el Tribunal realizó de las normas invocadas. No obstante,
todos esos reproches se orientaron a demostrar que la autoridad judicial debió
arribar a una conclusión distinta respecto de la obligación de reporte de vacantes.
30. Por tal razón, desde criterios de economía procesal y coherencia
argumentativa, de entrada, resultaría jurídicamente viable estudiar de forma
conjunta los defectos procedimental y fáctico, toda vez que ambos descansan en
la misma premisa: la presunta insuficiencia de la actividad probatoria desplegada
por el juez de cumplimiento. La eventual falta de pruebas oficiosas constituye, en
realidad, un argumento instrumental dirigido a cuestionar la valoración de la
prueba y no un reproche autónomo.
31. Del mismo modo, el defecto sustantivo puede analizarse en estrecha
relación con los anteriores, porque la crítica central del accionante no radica en
la existencia de una norma inaplicable o inexistente, sino en la interpretación que
los jueces hicieron del alcance de las disposiciones invocadas. Por consiguiente,
la discusión sustantiva depende necesariamente del entendimiento que el
Tribunal construyó a partir de los hechos y de las pruebas del expediente.
32. No obstante, previo a adentrarse en el análisis referido, resulta necesario
establecer si la acción constitucional cumple con el requisito de relevancia
constitucional que no encontró cumplido el a quo.
3.3. Problema jurídico
33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, con ocasión de la providencia del 5 de mayo de 2026 proferida
dentro del proceso seguido bajo el medio de control de cumplimiento con
radicado11001-33-43-061-2026-00088-01 incurrió en los defectos fáctico,
procedimental y sustantivo, y si con ellos, trasgredió el derecho fundamental al
debido proceso del accionante.
34. Previo a lo anterior es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular el de relevancia constitucional, echado de menos por la
primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
35. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
36. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
37. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
39. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito14. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
14
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
los procesos ordinarios.
40. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
41. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general15.
42. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación de sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante, sino que debe ir
más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»16. Negrillas de la Sala
43. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»17. Negrillas y subrayas de la Sala.
44. De tal manera, en el caso concreto se advierte que la acción de tutela
no cumple con la carga de relevancia constitucional, por las siguientes
razones.
45. La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que el accionante no plantea una
controversia de naturaleza iusfundamental, sino que insiste en reabrir el
mismo debate jurídico que promovió y agotó dentro de la acción de
cumplimiento radicada bajo el núm. 11001-33-43-061-2026-00088-01.
46. En ese entendido, al revisar el escrito de tutela se evidencia que los
reproches formulados contra la sentencia del 5 de mayo de 2026 coinciden
sustancialmente con los argumentos expuestos ante el Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo de Bogotá y posteriormente ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al sustentar la impugnación del fallo de primera instancia.
15
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
16
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
17
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
47. Visto lo anterior, la inconformidad del actor ha girado de manera constante
alrededor de una misma tesis: que la Contraloría de Bogotá omitió reportar a la
CNSC la totalidad de las vacantes definitivas que, en su criterio, existían antes
de la entrada en vigencia del Decreto Ley 409 de 2020, así como aquellas que
surgieron con posterioridad a la convocatoria del concurso.
48. Asimismo, el accionante insiste en que las autoridades judiciales dejaron
de valorar adecuadamente los planes anuales de vacantes y otros elementos
probatorios que, según afirma, demostraban la existencia de 328, 382 o incluso
más vacantes definitivas que debieron ser reportadas al Proceso de Selección
núm. 1358 de 2020.
49. No obstante, dichas argumentaciones fueron expresamente examinadas
por la autoridad judicial accionada. De hecho, el Tribunal identificó con precisión
que el reproche del actor recaía sobre la supuesta omisión en el reporte de
vacantes anteriores al 16 de marzo de 2020 y explicó las razones por las cuales
estimó que tal controversia excedía el contenido de las normas cuyo
cumplimiento se reclamaba.
50. En tal sentido, la providencia cuestionada concluyó que el artículo 2.2.6.34
del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 11 del Acuerdo 019 de 2024 no resuelven
expresamente los conflictos de competencia generados por la expedición del
Decreto Ley 409 de 2020 ni determinan qué autoridad debe recibir el reporte de
vacantes según la fecha de su surgimiento, razón por la cual la discusión
propuesta exigía un ejercicio de interpretación normativa incompatible con la
acción de cumplimiento.
51. Así las cosas, la Sala observa que el accionante no controvierte en
realidad un defecto de la sentencia con un impacto real sobre derechos
fundamentales18
52. Tampoco resulta suficiente enlistar la existencia de los defectos
procedimental, fáctico y sustantivo alegados, cuando tales censuras descansan
sobre una misma inconformidad relacionada con el número de vacantes
existentes y con la interpretación del régimen de transición aplicable al concurso.
La tutela no constituye una instancia adicional para replantear la valoración
jurídica efectuada por los jueces naturales de la causa.
18
Ahora bien, aun si en gracia de discusión se estimara satisfecho el requisito de relevancia constitucional, el amparo
tampoco estaría llamado a prosperar, toda vez que el accionante no demostró la existencia de una actuación judicial
arbitraria o caprichosa, sino que exterioriza su desacuerdo frente a la interpretación jurídica adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de cumplimiento. Tampoco se configura el defecto procedimental ni
el defecto fáctico alegados pues la autoridad judicial accionada estudió los argumentos expuestos en la impugnación,
identificó la discusión relativa al reporte de vacantes definitivas y valoró el material probatorio aportado; no obstante,
concluyó que la controversia planteada excedía el objeto propio de la acción de cumplimiento, por involucrar cuestiones
complejas de interpretación normativa y de delimitación de competencias. De igual manera, no se advierte la
configuración de defecto sustantivo alguno pues la providencia reprochada se sustentó en una interpretación razonada
del artículo 49 del Decreto Ley 409 de 2020, de las decisiones adoptadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado y de las reglas que gobiernan el Proceso de Selección No. 1358 de 2020, ejercicio hermenéutico que
se encuentra dentro del ámbito de autonomía judicial y que resulta incompatible con la intervención excepcional del
juez constitucional. En ese orden de ideas, los reproches formulados por el accionante reflejan exclusivamente su
inconformidad con las conclusiones alcanzadas por el juez natural y con el sentido adverso de la decisión adoptada. Por
consiguiente, aun bajo el supuesto de encontrarse satisfechos los requisitos generales de procedencia, la acción de tutela
igualmente tendría vocación de fracaso por ausencia de los defectos constitucionales invocados.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
53. Adicionalmente, esta Subsección encuentra particularmente relevante que
el actor no acreditó una afectación concreta, actual y diferenciada de sus
derechos fundamentales derivada de la providencia cuestionada. Por el contrario,
obra en el expediente que se inscribió al empleo Profesional Universitario Código
219 Grado 1, OPEC 219774, y que obtuvo un resultado de 53,03 puntos en la
prueba de competencias funcionales, sin alcanzar el puntaje mínimo aprobatorio
exigido para continuar dentro del proceso de selección.
54. En consecuencia, el accionante ni siquiera integró las listas de elegibles
conformadas dentro del Proceso de Selección núm. 1358 de 2020, circunstancia
que evidencia la ausencia de una situación jurídica concreta susceptible de
protección mediante el amparo solicitado y torna aún más tenue el vínculo entre
las órdenes pretendidas y una eventual afectación directa de sus derechos
fundamentales.
55. Por otra parte, la denominada prueba sobreviniente allegada por el señor
Mora Montoya tampoco modifica la conclusión anterior. La sentencia proferida
dentro de la acción de tutela promovida por Nataly Cristina Mesa Agudelo versó
sobre una situación sustancialmente distinta, pues aquella accionante hacía parte
de una lista de elegibles vigente y reclamaba la provisión de vacantes
equivalentes desde una posición jurídica de elegibilidad que no concurre en el
presente asunto.
56. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la presente acción de tutela
carece de relevancia constitucional, dado que persigue reabrir una controversia
eminentemente legal ya resuelta por los jueces naturales de la causa mediante
decisiones debidamente motivadas. Por consiguiente, se impone confirmar la
decisión de primera instancia que declaró la improcedencia del amparo solicitado.
57. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala,
como ya se afirmó, confirmará la providencia impugnada, pues se evidenció que
la misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional toda vez que
la tutelante no fundamentó ni demostró con suficiencia la presunta vulneración
de los derechos fundamentales deprecados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03552-01
Accionante: Helver Manuel Mora Montoya
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.